Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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La organización SOMOS solicitó intervenir en el caso para impugnar el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Este es un paso más allá de denuncia del acuerdo de reestructuración al que llegaron la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico, por ser “un intento más por descargar sobre las familias trabajadoras el pago de una deuda”.
En conferencia de prensa, el licenciado Manuel Rodríguez Banchs, miembro de SOMOS, reiteró las denuncias que han manifestado otras organizaciones de que el acuerdo no es una buena transacción para Puerto Rico. El acuerdo aumenta la tarifa para los consumidores durante décadas, tiene condiciones demasiado generosas para los bonistas, mientras que para los consumidores representa el sacrificio, y desalienta la transición de la energía renovable, lo cual es un asunto ineludible si se quiere atender la crisis climática que existe en Puerto Rico, que afecta también el planeta. Además, no provee el alivio que necesita la AEE para que se pueda recuperar y pueda operar sin tener que recurrir a mediano plazo a reestructurar la deuda nuevamente.
La solicitud se presentó el miércoles 5 de junio, la fecha límite para solicitar intervención. Los informes periciales deben presentarse el 17 de junio y la vista será el 24 de julio. Todas esas acciones ocurrirán en la sala de la juez Laura Taylor Swain, del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico.
Rodríguez Banchs informó que además de la intervención en el tribunal, SOMOS se estará sumando a la convocatoria que hizo la organización Un Pueblo Unido, para una manifestación mientras se esté dando la vista, el 24 de julio, frente al Tribunal Federal en la calle Chardón. “Queremos dejarle saber a la juez y a todos los acreedores que rechazamos ese acuerdo que va a condenar a futuras generaciones a sufrir carencias de un derecho humano, como lo es el acceso a la energía eléctrica”.
Mientras, Josué McGrath Rosario, también de la junta de directores de SOMOS, reclamó que el interés en acudir al tribunal es darle voz a la mayoría de la población, que ha estado excluido de todos estos procesos de quiebra que se han estado realizando, al presentarles un estudio de peritaje y las iniciativas educativas y de movilización de otras organizaciones.
Rodríguez Banch recalcó que además de la intervención legal es importante la movilización en la manifestación y votar en el referéndum que, como parte del proceso de quiebra, se supone lleve a cabo el tribunal en algún momento. Aunque indicó que todavía no se ha definido el contenido de la clase que pueda votar, se supone que esta sea los consumidores.
Un acuerdo en contra de los servicios esenciales
El economista José I. Alameda, quien es asesor de SOMOS y que sirvió de perito para la intervención de la UTIER y PROSOL UTIER en el caso de COFINA, denunció que el acuerdo de la AEE se parece mucho al de COFINA en que Puerto Rico no puede pagar su deuda. Citó que estudios como el de Espacios Abiertos, de los economistas Martín Guzmán y Josepf Stigliz, han señalado que Puerto Rico lo más que podría pagar de una deuda es de 30 a un 35%.
“Aquí lo estamos haciendo al revés. El pago a los bonistas es de 70% y estamos recortando un 30%, en vez de un 70%. Ese tipo de condición nos lleva a que fundamentalmente estamos garantizando el pago total cuando debería ser mucho menor, menos generoso”, denunció Alameda.
Además de Alameda, trabajaran en el caso el Centro para la Nueva Economía y el Instituto de Competitividad, organización que agrupa a industriales. El economista censuró que aun cuando la Ley PROMESA mandata que se definan servicios esenciales, esto no se ha hecho. Destacó la importancia de que una vez definidos, eso es intocable. “Eso se sabe. Pero en Puerto Rico no se ha hecho, por lo que se están atacando servicios esenciales y están entrando en acuerdos muy onerosos, como en este caso, y parece que se va a seguir con esa misma metodología en las obligaciones generales”, es decir los llamados GBO”. Alertó de que continuar con este tipo de acuerdos generará un detrimento en la calidad de vida.
Alameda comentó que la demanda por la energía está bajando y que según baje la demanda los puertorriqueños vamos a tener que pagar una cantidad exorbitante de dinero. Según sus estimaciones, por ahora, esta cifra podría estar por encima de los $4 mil millones, lo que afectaría mayormente a las personas con menos ingresos. Explicó que el aumento en la tarifa se ve como un impuesto regresivo, al ir aumentando de dos a cinco centavos. Expresó que, “es obvio que ante este escenario, cualquier institución que se respete y quiera el bienestar de los puertorriqueños tiene que rechazar un tipo de acuerdo de esta naturaleza. Que hay que pagar sí, pero las condiciones que estamos pagando son muy generosas con los bonistas que han incurrido en riesgo de comprar bonos”.
Respecto al cargo de transición y su impacto en la economía explicó que esta no es una estructura de precios basada en los costos de producción, sino basada en una estructura del servicio de deuda. Se garantizan los intereses, provocando que a largo plazo el pago sea mayor de lo que se debe. Expresó que espera que el estudio que está trabajando junto a otros economistas sirva de muro de contención para un acuerdo de esta naturaleza, que es nefasto para la economía y la ciudadanía puertorriqueña.
La privatización voló en cantos
A preguntas de CLARIDAD de cómo negociar el pago de la deuda en medio de un proceso de privatización, Alameda reaccionó: “Lo que pasa es que la privatización siempre viene en las cajas mágicas. La deuda la pagan los consumidores, los costos y la ganancia se la lleva el privatizador”.
Explicó que la estructura diseñada para el pago de la deuda es una en donde se le elimina el riesgo al que privatiza. Denunció que, de hecho, el problema de la AEE es que el proceso de privatización “voló en cantos”. En ese sentido, expuso que la AEE genera el 65% de la energía, AES de Guayama produce el 14%, ECO Eléctrica, el otro 14%, y otras pequeñas empresas, las llamadas cogeneradoras, producen energía que se la venden a la AEE, se supone, que a un costo debitado de centavos. Estas empresas cogeneradoras no invierten en la transmisión, que es lo más caro. Eso lo tiene que hacer la AEE. Afirmó que con la privatización lo que van hacer es un concesionario y no van a vender la AEE, sino que lo que se va hacer es un alquiler. Ni siquiera será una alianza público privada porque en una alianza el capital lo trae la empresa privada.
Alameda denunció que lo que harán los “privatizadores”, será usar el dinero que viene de los fondos federales, por lo que cuestionó qué riesgo tendrían, si en efecto ya la generación está privatizada y hasta ahora ningún privatizador ha comprado ninguna planta. Explicó que privatización es coger el activo público, pasarlo al sector privado y que sea el sector privado quien determine.
El economista afirmó que la ley de privatización ha dejado cosas sueltas como qué va a pasar con los subsidios a los municipios y a quién le cobran los pasos de servidumbre que están en manos de la AEE y se los renta al sector privado. Agregó que aquí es que surge el problema, porque el privatizador viene y monta una planta y hace un contrato con la AEE y le vende a 11 centavos el kWh a quien sea que vaya a transmitir; pero el pago de esa deuda no está en manos de ese privatizador, ya que no está en la estructura de costos de producción, sino que será un cargo adicional a todos los consumidores para pagar en un bolsillo aparte.
Al coincidir en que ni la negociación de COFINA ni la de la AEE, alcanzados por la JCF son buenas para el país, Alameda criticó al gobernador y al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal Christian Sobrino por que en un proceso de quiebra, en ninguna deuda no asegurada, se recobra tanto como lo que se está haciendo en Puerto Rico, “es una perogrullada decir que hemos hecho un gran acuerdo. Decir que de 100 dólares que les debíamos a los bonistas les vamos a pagar 70… ¡gran cosa!”, concluyó.
