Fotos Víctor Birriel
Como ha sucedido en otras ocasiones, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schazt, se negó a posponer la aprobación de un proyecto de ley y atender los reclamos de diversos sectores de la sociedad civil. En cambio, sometió a votación por descargue el proyecto sustitutivo del Senado para una reforma de permisos.
Desde temprano en la mañana del 13 de octubre, organizaciones ambientales, comunitarias y grupos profesionales realizaron una manifestación frente al Capitolio para expresar su rechazo al Proyecto Sustitutivo, P. del S. 1173 y al P. del S. 1183, y reclamar que se llevaran a cabo vistas públicas sobre este.
Tras la manifestación que culminó alrededor de las 11:30 de la mañana, varios portavoces de las organizaciones intentaron reunirse con el presidente del Senado, quien no concedió ninguna entrevista. El proyecto fue aprobado con 16 votos de la mayoría del PNP, 8 en contra entre el PPD y el PIP y tres ausentes.
Hernaliz Vázquez Torres, directora de Sierra Club Puerto Rico, una de las organizaciones convocantes, señaló: “La mal llamada reforma de permisos amenaza con debilitar las protecciones ambientales, reducir la participación ciudadana y facilitar proyectos sin suficientes garantías para nuestras comunidades. Nos venden esta reforma como progreso; pero el verdadero progreso no desplaza comunidades, no privatiza lo que es de todos ni sacrifica nuestras protecciones para favorecer intereses privados. El desarrollo no puede estar por encima de nuestros derechos”.
Denunció que el proyecto sustitutivo fue presentado el jueves pasado y que no ha podido ser evaluado ni por los propios senadores que solicitaron tiempo adicional para poder evaluarlo por ser un documento de sobre mil páginas. Vázquez Torres reveló que la documentación obtenida por los grupos reafirma que se privilegió el acceso de determinados sectores privados al proceso de elaboración de la reforma, mientras las comunidades y otros sectores afectados han tenido que reclamar información y participación.
La líder ambiental insistió en que el proyecto sustitutivo pudiera mantener y hasta ampliar el poder del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) al colocar bajo su estructura funciones de planificación, permisos, atención de querellas y revisión administrativa.
“El departamento encargado de promover la inversión tendría también bajo su control mecanismos llamados a evaluar y limitar sus consecuencias sobre el territorio y las comunidades. Están poniendo a los cabros a velar las lechugas”, añadió.
Por su parte, un total de 60 profesionales, entre planificadores, biólogos, arqueólogos, manejadores de reservas forestales, arquitectos y de otros campos relacionados con la conservación y el desarrollo, también cursaron días antes una carta al Senado con la misma petición de que el proyectos se llevara a vistas públicas.
“El Proyecto presentado el 7 de octubre contiene 868 páginas con información técnica y compleja sobre el proceso de planificación de usos de terrenos, la conservación de los recursos naturales y el trámite de evaluación de permisos para la construcción de obras y edificaciones. Este proyecto de ley, por lo tanto, tendría unos efectos que incidirían dramáticamente sobre el quehacer diario de todos los residentes de Puerto Rico a corto y largo plazo. Por lo tanto, una medida de esta naturaleza debería estar disponible en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía y contar con el insumo del mayor número de organizaciones y sectores, tal y como aspiramos los que promovemos vivir en una sociedad plenamente democrática”, lee la misiva.
Entre los firmantes se encuentran Ariel E. Lugo, Ecólogo y exdirector del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Federal Forestal; Carlos J. Carrero Morales, historiador, planificador, explanificador omunitario para FEMA y especialista en conservación ambiental y cultural para FEMA; Concepción Rodríguez Fourquet, ecóloga, catedrática retirada de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón e investigadora científica independiente; Ingrid M. Vila Biaggi, ingeniera ambiental; Luis Jorge Rivera Herrera, planificador, 2022 FEMA Administrator’s Award – Climate Resilience y 2022 FEMA Leadership Recognition Award; Pedro A. Gelabert, geólogo, exsecretario ejecutivo de la Comisión de Minería, expresidente JCA, exsecretario DRNA y exdirector de Oficina del Caribe, USEPA.
En horas de la madrugada, antes de la manifestación, el activista conocido como Tito Kayak desplegó en una de las astas del Capitolio una bandera que leía “No a Esencia”, en referencia al proyecto multimillonario que se pretende levantar en las costas de Cabo Rojo.
Se supone que ahora la medida pase a la consideración de la Cámara de Representantes. Según han divulgado medios de prensa, su presidente, Carlos Méndez Núñez, dijo que esperaba recibir la medida para “una evaluación detallada”.
