CLARIDAD
El exgobernador ofrece asesoría legal en múltiples casos de expropiación forzosa
El exgobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla asesora al Municipio de Cayey en múltiples casos de expropiación forzosa, posiblemente acelerando el proceso de adquisición e incumpliendo con el Código Municipal de Puerto Rico al omitir cláusulas medulares, de acuerdo con las investigaciones de la organización Alerta Cayey y los registros del Municipio de Cayey y la Oficina del Contralor.
De acuerdo con contratos registrados en el portal de la organización, el exmandatario representa al municipio bajo dos firmas privadas: Alejandro García LLC y Santana & García LLC. De al menos 11 ordenanzas de expropiación que aparentemente omiten detalles clave, la fuente identificó siete contratos en los que participa alguna de las firmas de García Padilla.
Cinco de ellos contemplan un pago total de $212,500, mientras los otros dos mencionan “honorarios contingentes”. Todos tratan casos de ordenanzas municipales, adquisición de inmuebles y expropiación forzosa. CLARIDAD constató, al menos, nueve contratos vinculados con García Padilla en el Registro de Contratos del Contralor. Las ordenanzas, por su parte, están disponibles en el portal de la Oficina de Servicios Legislativos.
Alerta Cayey reseñó que el Código Municipal exige la identificación de la propiedad a expropiar, el propósito público de la adquisición, las cantidades de justa compensación y los fondos disponibles para pagarlas.
“Son requisitos legales que deben cumplirse al autorizar la expropiación, no asuntos que el Municipio pueda dejar sin resolver hasta que decida acudir a los tribunales. Una cosa es que la compensación definitiva pueda ser objeto de controversia judicial. Otra es que el gobierno autorice una adquisición forzosa sin incorporar la información económica y presupuestaria exigida por la ley”, reparó la organización comunitaria.
Del mismo modo, criticó la falta de transparencia en las contrataciones de las firmas del exgobernador y exigió mayor escrutinio con las ordenanzas que expide Cayey. Arguyó que la legislatura municipal está compuesta mayormente por personas afines con la agenda de Rolando Ortiz Velázquez, alcalde del Municipio, y cuestionó su rol fiscalizador dentro del gobierno cayeyano.
“¿Los legisladores verifican las tasaciones y los fondos reservados antes de aprobar los proyectos, o confían en que la administración municipal ya examinó su legalidad porque cuenta con asesoramiento jurídico especializado de un exgobernador? La Legislatura Municipal no debe funcionar como un sello de aprobación de los proyectos del alcalde”, aseguraron.
Advirtió, por otro lado, que estos posibles incumplimientos pueden poner en riesgo cualquier futuro pleito que trate el caso. Si un tribunal resuelve que estas ordenanzas resultan infundadas, explicó, la ordenanza queda nula y los terrenos bajo el mismo dueño. En el entretanto de estos casos, que puede tomar años, las ordenanzas pueden generar incertidumbre económica, desalentar a compradores o detener la inversión de un proyecto. Así sucedió, en 2005, cuando Cayey expropió 33 cuerdas de la Cueva de Doña Avina para un proyecto que hoy no existe.
“En Carrasquillo, durante la década de 2010 se adquirieron propiedades y demolieron viviendas para proyectos viales y de transporte. Al día de hoy los terrenos continúan vacíos, sin que se completen las obras anunciadas. Posteriormente, el Municipio propuso desarrollar un parque urbano”, agregó.
En mayo de 2025, el Senado aprobó una petición de información que exigía, precisamente, la identificación de propiedades, las tasaciones, la justa compensación, los fondos y la planificación del proyecto. Un mes después, cuenta la fuente, García Padilla firmó otra propuesta de servicios relacionada con ordenanzas municipales y expropiación forzosa.
La más reciente tiene fecha de agosto de este año, y denuncian que no establece las tasaciones correspondientes ni fondos reservados.
“Lo particularmente preocupante es que García Padilla aparece como abogado del Municipio en un procedimiento relacionado con una propiedad identificada en una ordenanza que presenta precisamente las deficiencias jurídicas y presupuestarias que sus servicios profesionales especializados deberían permitir detectar”, concluyó.
