Grupos ambientalistas y comunidades se mantienen a la expectativa de si el gobernador Pedro Pierluisi firmará o no el proyecto PC 474 de Legitimación Activa Ambiental, cuyo plazo límite para firma o veto de bolsillo por el Primer Ejecutivo expira el próximo 18 de diciembre. Un veto de bolsillo significaría que el mandatario no tendría que dar explicaciones sobre por qué vetó el proyecto.
Esta medida buscar remediar lo que se considera un abuso y prejuicio contra individuos, grupos ambientales y comunidades cuando reclaman ante agencias y tribunales, y se les desestima bajo la doctrina de falta de legitimación activa. Esta es una doctrina comúnmente utilizada para desestimar reclamaciones o querellas por individuos o grupos a los que las agencias y tribunales no consideran participantes legítimos en controversias presentadas ante dichos foros.
Hernaliz Vázquez Torres, organizadora de Justicia Ambiental, del Sierra Club de Puerto Rico (SCPR), confirmó a Claridad que no conocen las razones específicas por las cuales el gobernador aún no ha firmado el proyecto, aunque sí saben que se cuestiona si la medida está dirigida a frenar el desarrollo. Vázquez rechazó tajantemente que la medida tenga que ver con el desarrollo. Sí tiene que ver con remediar la falta de acceso de las comunidades para presentar querellas ante agencias y tribunales que sean aceptadas para resolverse en sus méritos y no rechazadas de plano por falta de legitimación activa.
Tanto SCPR como otras organizaciones dijo que se preparan para presentarle al gobernador sus puntos de vista. La organizadora del SCPR expresó su preocupación por el futuro de la medida, ya que conocen de otras medidas aprobadas, como el PS 446, para trasladarle la legitimación activa a los Municipios, lo cual le proveería una excusa al Gobernador para que vete el PC474 amparándose en la legitimación ya reconocida para los Municipios.
“Esto no sería lo mismo, porque no necesariamente el municipio objetaría un proyecto como ha ocurrido en casos como las ventas de parques y los choques de visiones sobre el turismo, como es el caso del municipio de Carolina. Darle legitimación exclusiva a los Municipios no asegura el verdadero acceso a la justicia de los individuos, grupos y organizaciones”. Vázquez Torres fue enfática en rechazar que se le dé legitimación activa a los municipios y se les niegue al resto. “Si el discurso es que hay una política pública de defensa del ambiente, hay que cuestionar quiénes son los que tienen derecho a defenderse. Si todos los bienes son comunes, las playas y los recursos naturales, entonces todo el mundo debería tener la posibilidad de defenderlos”, reclamó. Trajo el ejemplo de la planta de New Fortress Energy en San Juan, la cual se construyó sin ningún tipo de permiso, por lo que el Sierra Club y otras organizaciones y comunidades acudieron al tribunal, y luego de lograr que les dieran todos los documentos del proyecto les negaron la legitimación activa para objetar la instalación. “Eso no es tener acceso a la justicia”, señaló Vázquez.
Una barbaridad
En expresiones por separado, Francisco Cintrón Moscoso, director de El Puente-Enlace Latino, otra de las organizaciones que respaldan el PC 474 describió como “una barbaridad” que el Gobernador no la firme. Resaltó que para El Puente la aprobación es algo más que atender una controversia ambiental porque se trata de un asunto de derecho y de ampliar la participación de los grupos e individuos que están interesados en participar en la protección del ambiente y la falta de legitimación activa les limita su participación. Señala que la medida es una forma de corregir esa injusticia.
“Nos parece increíble que el gobernador, que siempre alude a la ley y el orden, y que dice que hay que respetar la participación, se haya tardado tanto en firmar esta Ley. Nos preocupa porque parecería que está dejando que pase el término para vetarla sin tener que dar explicaciones. Históricamente, la lucha ambiental le debe mucho a los grupos comunitarios y ambientales, y esta ley hace justicia a esa historia y ese compromiso. Para nosotros es fundamental que la firme. Sinceramente sería una barbaridad que no la firme”.
Otra entidad que aboga por la firma del proyecto es el Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia (RLC, siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Contrario a la “preocupación” del ejecutivo de que la medida va contra del desarrollo, el RLC explica la importancia de la medida para la protección del ambiente, el desarrollo económico y la resiliencia. En un documento oficial, RLC establece que el fomento de políticas ambientales, como la legitimación activa, entre otros aspectos: diversifican el mercado y atraen nuevas inversiones, fomentan nuevas tecnologías y crean empleos, mejoran la industria del turismo, reducen costos y aumentan la productividad, reducen los efectos del cambio climático y aumentan la resiliencia a los desastres naturales.
La publicación también presenta ejemplos sobre cómo la protección del ambiente ha contribuido a la economía sostenible en Estados Unidos, como por ejemplo el estado de Oregon, el cual apostó por la restauración de sus recursos naturales e invirtió en la recuperación de una especie protegida de salmón, lo que ha generado empleos e impactado de manera positiva la economía. Hawaii es otro ejemplo que tiene como meta alcanzar el 100% de energía renovable para el 2045, y así crear empresas y empleos en los campos de la energía y la construcción. Por último llama la atención hacia el peligro de que los ecosistemas vitales colapsen. Actualmente, 51 países experimentarán una caída general de su Producto Interno Bruto (PIB) del 10-20% para fines de esta década a causa del colapso de sus ecosistemas.
