Pensionados exigen  protección

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Ante el inicio de la primera sesión legislativa de  2026, el Frente en Defensa de las Pensiones (FDP), exigió  que se apruebe el Proyecto de la Cámara PC 45, Ley Protectora del Poder Adquisitivo de las Pensiones del Gobierno, a la vez que denunció  la falta de acción afirmativa tanto de la gobernadora, Jenniffer González Colón, como de la Asamblea Legislativa.

Los pensionados y los portavoces de las 11 organizaciones que  representan  a los más de 160,000 jubilados y jubiladas del magisterio, la judicatura y el gobierno central de Puerto Rico efectuaron una conferencia de prensa frente al Capitolio, el 12 de enero.

Los portavoces denunciaron que la población pensionada enfrenta una realidad insostenible a casi dos décadas de pérdida continua del poder adquisitivo de sus pensiones, consecuencia del aumento sostenido en el costo de vida y la ausencia de mecanismos de ajuste automático. El Frente exige que se establezcan  ajustes automáticos a las pensiones, similares a los existentes en el Seguro Social federal, como mecanismo justo y responsable para contrarrestar los efectos de la inflación.

Según expusieron, el PC 45 representa, al presente, el mecanismo más viable y efectivo para proteger el poder adquisitivo de las pensiones y evitar que la población jubilada continúe deslizándose hacia condiciones de precariedad e indigencia. Los pensionados exigieron que se cite a vistas públicas y se consideren las recomendaciones de las agencias fiscales pertinentes, incluida la AAFAF, el Departamento de Hacienda, los sistemas de retiro y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

De igual forma, censuraron el que los pensionados se vean forzados a reincorporarse al mercado laboral como alternativa a la pérdida de poder adquisitivo y plantearon que ello no puede considerarse una solución estructural, en particular cuando muchos enfrentan condiciones de salud o limitaciones propias de la etapa de retiro.

“La aprobación del PC 45 no puede continuar postergándose. Se trata de una medida de justicia social y responsabilidad pública con quienes sostuvieron por décadas el funcionamiento del gobierno y los servicios esenciales del país”.