El Departamento de Educación argumenta una mejoría en los servicios prestados
CLARIDAD
Carmen Warren ocupa su viernes apoyando a una madre con su hijo. El pequeño, registrado en el Programa de Educación Especial, espera por una cita con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, para ver qué remedio le ofrecen tras 57 referidos en el Departamento de la Familia. Es la tercera cita que le dan. Entonces CLARIDAD telefonea a la presidenta del Comité Timón para discutir las irregularidades en el sistema Remedio Provisional y ella, en medio de la espera que se retrasó media hora, revela “la verdadera noticia”:
El Departamento de Educación (DE) solicitó, la semana pasada, reducir las multas diarias que impuso el tribunal por incumplimiento con las estipulaciones del pleito de clase Rosa Lydia Vélez de $11,000 a $1,000, arguyendo que la agencia cumple con gran parte de los servicios que presta a esta población. Pero en el medio centenar de referidos a Familia, la agencia resolvió que el problema del estudiante radica en los servicios que ofrece el DE.
La petición, de acuerdo con Carmen Warren, surge en respuesta al informe de la propia monitora y la orden del comisionado del caso, quienes argumentaron que Educación aún incumple con múltiples de las condiciones del pleito y, por ende, debe pagar más dinero en multas. Para la presidenta del Comité Timón, la solicitud de la agencia supone “un absurdo y un escándalo”.
“En este tiempo en que se habla del maltrato a los adultos mayores, a los adultos con impedimentos que después de los 22 años no reciben servicios de ninguna agencia, estamos encontrando montones de casos de envejecidos con sus hijos con impedimentos en sus casas, solos, muertos, sin atención de nadie. Y este pleito tiene dos fases para atender el problema: una que tiene que ver con los servicios actuales en incumplimiento y otra que tiene que ver con la indemnización por daños a la clase”, nos compartió Warren.
En las dos fases, elaboró la portavoz, el Estado incumple. Mientras Educación impugna un posible aumento en multas, la última (¿vez?)que se habló de indemnizar a los padres y estudiantes de Educación Especial sucedió hace dos años, cuando la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico ofrecieron $5,100 a cada una de las familias incluidas en la demanda colectiva. En 2016, las familias afectadas habían solicitado $150,000 por concepto de servicios no prestados.
“Por todos los daños. Solamente a menos de 6,500 familias, que fueron los que reclamaron sus daños. Aquí hay un superávit que se decide repartir sin haber cubierto las deudas que tiene el Departamento de Educación y el gobierno con estas familias. Porque supuestamente estamos en quiebra y el país no tiene dinero, dicen que las 6,100 familias deben aceptar el dinero, y puede ser que se les asigne $5,100. Pero el Gobierno de Puerto Rico paga más de $40 millones en multas, en multas diarias de $11,000”, agregó Warren.
La presidenta del Comité Timón resaltó que estas cantidades de fondos contempladas no consideran a aquellos estudiantes que, por años, no recibieron servicios adecuados por parte del Estado. Es decir, existen miles de estudiantes graduados de Educación Especial que, sin haber recibido una educación integral, tampoco verán una compensación, indemnización o enmienda profunda por parte del sistema educativo.
“La alegación del Departamento es que han mejorado, pero esa mejora es administrativa. Es técnica, de los propios documentos que ellos someten. En la calle, en los salones, en las escuelas, esa es otra cosa. ¿Por qué los papás tienen que estar haciendo querellas, mandamus, uno tras otro, por los propios incumplimientos del Departamento? Ellos insisten en seguir gastando el dinero del pueblo en cosas que no tienen valor”, adujo.
La negligencia estatal sume a estas familias en condiciones de mayor precariedad. De acuerdo con Warren, la mayoría de los estudiantes que atraviesan Educación Especial pertenecen a hogares que dependen del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), ingresos de personas mayores y la Asistencia Temporal de Familia Necesitadas (TANF). Sin embargo, la portavoz advierte que muchas familias no cuentan con estos recursos de apoyo social.
“Aquí hay mucha carencia de atención. Por ejemplo, el Departamento de Salud tiene la obligación de seguirles brindando servicios de salud y servicios terapéuticos, y no se les dan. Deben proveerles equipos médicos que pudieran necesitar, como los pañales desechables que son sumamente costosos. Muchos adultos con impedimentos físicos o discapacidades intelectuales los necesitan y son costosos. No se los consiguen. Así pasa con Obras Públicas y el transporte, con Vivienda y las viviendas, con Recreación y Deportes. Porque ellos tienen derecho a recrearse y mejorar su calidad de vida”, denunció Warren con relación a este patrón de ignorar a esta población.
Del mismo modo, Warren alertó de que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón quiere cambiar la secretaría de Educación Especial por “un programa”. El cambio, explicó, conlleva el cierre de los canales de comunicación en que los padres y las organizaciones como el Comité Timón articulan sus querellas y asuntos. Sin una secretaría que formalice los asuntos fiscales, el manejo de Educación Especial queda sin una estructura que haga valer la ley del programa.
“No se debe plantear, de manera segmentada, ninguna revisión al pleito. Creo que hay que verlo de manera integral porque, después de cuarenta años de litigio y del pago de millones de dólares en multas, el Departamento no ha entendido que tiene que cumplir. No lo ha entendido porque ningún funcionario tiene que pagar consecuencias individuales. ¿Cuarenta años y nadie ha pasado un ratito en calabozo por desacato al tribunal cuando sabemos que hay violaciones todos los días? Las cosas más simples… La revisión de la función del pleito debe hacerse de manera integral”, opinó, por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón.
Ambas fuentes coincidieron en una pregunta: ¿Pagas la multa, pero sigues incumpliendo? ¿Para qué?
