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Postemporada de Grandes Ligas 2021

 

Especial para CLARIDAD

El béisbol de Grandes Ligas es uno de grandes tradiciones y mucha historia. Así cada vez que se quieren introducir cambios, hay una gran resistencia por parte de los puristas que le gustaría que el béisbol se quede lo más fiel posible a las tradiciones. Aún así han habido muchos cambios, a veces provocados por circunstancias particulares, como recientemente con la pandemia del COVID, u otros que son el resultado de la evolución natural del deporte.

Con la expansión de equipos vino el aumento de divisiones. De antes ser dos divisiones por Liga, aumentaron a tres. Y con las tres divisiones vino la ampliación de la postemporada. Mientras antes los líderes divisionales de cada liga avanzaban a la serie de campeonato de cada liga, de donde salían los dos equipos que luego participarían en la serie final (llamada Serie Mundial). Pero luego de la expansión se implementó el nuevo sistema, conocido como comodín o “wild card”. Inicialmente en el 1994, pero implementado por primera vez en el 1995 por la huelga de jugadores del 1994. Con las tres divisiones por liga, cada uno de los líderes pasaba automáticamente a la postemporada, mientras que el segundo lugar con mejor record recibía un boleto de comodín. Así fue que se añadió una tercera ronda a la postemporada, lo que conocemos como Series Divisionales. Dentro del comodín hubo algunas variaciones menores, pero la mayor surgió en el 2011 cuando se implementó un segundo equipo a la ecuación. A fines del 2011 las Grandes Ligas anunció que añadiría dos equipos adicionales, uno por liga. Así los dos equipos de comodín de cada liga se enfrentan en un solo juego de postemporada, el ganador del mismo se enfrenta al clasificado número uno de las divisiones. Este sistema empezó en la temporada del 2012. Desde el 2012 hasta el 2020 se mantuvo este formato. Solo cambió en el 2020 cuando por la pandemia todo el formato de Grandes Ligas se transformó para esa temporada.

Es importante resaltar que este cambio, como muchos otros, se hizo motivado por la audiencia que tuvo un juego de desempate para decidir el equipo que iba a jugar por el comodín y esto le dio la idea a las Grandes Ligas de añadir este único juego donde estos dos equipos se juegan el pase a la próxima parte de la temporada.

Los ganadores de los comodines han llegado a varias Series Mundiales, como los Marlins de Florida en el 1997 y en el 2003, los Angelinos de Anaheim en el 2002, las Medias Rojas de Boston en el 2004, los Cardenales de San Luis en el 2011, los Gigantes de San Francisco en 2014 y Nacionales de Washington en 2019. Desde el 2002 al 2007 un equipo del comodín apareció en la final. Y del 2002 al 2004 tres títulos consecutivos fueron por equipos de comodín.

Cuando los Medias Rojas de Boston se enfrenten a los Yankees de Nueva York será la octava vez que estos equipos lleguen al comodín, siendo los equipos que más veces han estado. Esto añade un capítulo en la larga rivalidad de estos equipos.

La división este de la Liga Americana ha estado últimamente bien reñida, por lo cual de ahí han salido tantos comodines recientemente. Este año de los cinco equipos de esta división, cuatro estuvieron hasta el último momento en pelea. Luego de que Tampa Bay asegurara el liderato de su división, hasta el último día los Azulejos de Toronto, las Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York tuvieron oportunidad de entrar a la postemporada. Con las victorias de Nueva York y Boston en el último día, Toronto se quedó fuera de la posibilidad de entrar a la postemporada, la cual hubiera sido a través de un juego de desempate, el cual no se dio.

Esta temporada del 2021 ha sido histórica, no solo por todo lo que ha significado en la pandemia. Cómo comenzó con pocos aficionados y poco a poco fueron aumentando hasta capacidad máxima, y esto llegó a la cuasi normalidad con la que terminó la temporada. Y las últimas semanas fueron bien intensas y reñidas y hasta el último día y en algunos juegos hasta la última entrada se vino a finiquitar la temporada. Al final no hubo juego de desempate y luego de los dos juegos de comodines de cada liga se definirán los ocho equipos.

En la postemporada hay boricuas activos. De los Astros de Houston estarán presentes: Carlos Correa y Martin “Machete” Maldonado. Yadier Molina estará presente una vez más en la postemporada cuando los Cardenales de San Luis se enfrenten a los Dodgers de Los Ángeles en el juego por el comodín de la Liga Nacional. Por los Bravos de Atlanta, está Eddie Rosario. Y por las Medias Rojas de Boston está el dirigente Alex Cora, y los jugadores Kike Hernández y Christian Vázquez. En los Yankees está el joven puertorriqueño del Bronx Andrew Velázquez.

Sin duda esta temporada será inolvidable y de la manera que terminó la temporada regular esperamos que sea un preámbulo de cómo será la postemporada.

Revisando su carpeta

 

Especial para En Rojo

A Carlos Alberty Fragoso, que hubiera cumplido sesenta y cuatro el 8 de octubre.

Llegué a las carpetas porque escribía sobre la huelga universitaria del 81 y quería aclarar unos datos. Yo no tengo carpeta a pesar de que pasé una temporada con gente que estaba en la mirilla. Carlos sí que tenía, desde que se unió a la FEPI en 1974 con un entusiasmo adolescente que llamó la atención del guardia Israel Santos y del célebre informante de ingrata recordación, Alejandro González Malavé. No es una carpeta muy valiosa para la historia del movimiento independentista ni para el análisis de la persecución política en Puerto Rico. Las debe haber muchísimo más singulares, enjundiosas e interesantes, pero a mí me servía para repasar datos de esos años que además fueron los primeros que pasé en su compañía.

Yo conocí a Carlos en 1979, cuando empecé a andar con la gente de teatro junto a mi amiga Rocío en la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras. Él estaba de salida de la FUPI, por razones que ahora no recuerdo, pero continuaba vigilado por el Negociado de Investigaciones por su actividad en la Facultad, por manifestarse como independentista y porque, como averiguamos después, esos guardias no perdían la costumbre de velar gente. Acababa de unirse al grupo de teatro Tablazos, continuador del trabajo del Teatro de Guerrilla, del cual Carlos había formado parte, y al que yo también me había integrado junto a mi amiga Rocío.

La carpeta de Carlos cubría un periodo de doce años desde una reunión de la FEPI el 11 de abril de 1974, cuando todavía no había cumplido los diecisiete, hasta su asistencia a una protesta por el ataque a Libia el 19 de abril de 1986 en el Viejo San Juan, mientras trabaja en su tesis doctoral. Fue el año en el que regresamos temporalmente a Puerto Rico porque su papá estaba moribundo, y pronto nos volveríamos a Amherst por dos años más, a terminar los estudios.

La carpeta tiene dos volúmenes, y es bastante monótona. Comprende, para quien no haya visto una, mayormente de informes de asistencia a mítines, marchas, conferencias y protestas. Las fechas, día por día, revelan una intensa actividad de parte suya y una estrecha vigilancia de parte de los encubiertos. Hay varios resúmenes, formularios y tarjetas preparados para esos fines, con firmas de mecanógrafas, guardias e informantes. Los documentos se vuelven repetitivos y van revelando las fórmulas que utilizaban rutinariamente para la redacción. Los de 1974-1975 registran reuniones y actividades de los jóvenes de la FEPI, algunas fiestas (casi siempre en casa de Javier Colón Morera), algún desvío a la playa (un Viernes Santo que debían pasquinar) y hasta un rumbón-protesta por las escuelas secundarias públicas del área de San Juan. A partir de su ingreso a la UPR y, por lo tanto, a la FUPI, en 1976, hay informes pormenorizados de discusiones y debates en las reuniones, más listas de asistencia a piquetes, algunos relatos sobre eventos de la huelga y una vista disciplinaria a la que fueron sometidos varios fupistas por pintar las paredes de la Facultad.

El 1ro de octubre de 1976 analizan unos documentos, no dice de dónde los sacaron, pero Carlos los había dado por perdidos una noche de juerga en el Festival de Claridad. Me contó que se había montado en una machina con una amiga y al regresar a su casa de madrugada descubrió que los había perdido. Años después los encontraría en las carpetas: el carnet rojo de militante del PSP, su licencia de aprendizaje, la tarjeta de seguro social, la identificación de estudiante de la UPR y su programa de clases del primer semestre de 1976. Lo que no recordaba haber perdido era un «diario de su propiedad» que investigó la policía con detenimiento, y en el que hacía anotaciones de actividades y ponía nombres de personas con sus teléfonos. El resumen del diario hasta el 20 de noviembre incluye: anotaciones para sí mismo («Pasar por el local a recoger libro») y citas para ensayos, asambleas, ventas de Poder Estudiantil y Claridad, y guardias en el comité central de 7am a 6pm.

La carpeta me revela otras sorpresas. Encuentro un curioso informe de una sesión de crítica y autocrítica del 13 de noviembre de 1975, y lo que se dice de Carlos me hace sonreír: «Su trabajo político es satisfactorio. Suele hacer bromas que no se pueden entender como comentarios serios o como bromas». Quienes lo conocieron deben recordar muy bien esa manía suya de comentar irónicamente sin procurar que lo siguieran o lo entendieran, como para un interlocutor imaginario, característica que debió haber provocado, sin que él lo advirtiera, más alarma en quienes lo vigilaban. Posiblemente, por ejemplo, este comentario impertinente, consignado en el informe de la reunión del 31 de agosto de 1974, fue malentendido porque aún no conocían su humor: «Estuvieron informando la situación en cada escuela. Carlos Alberty comentó que si nadie conocía un contacto de explosivos, etc., para tirar la verja de la Esc. Osuna y le contestaron que eso no se debía discutir allí en esa reunión; que evitaran esos comentarios.»

De vez en cuando, el relato revela la tierna juventud de todos los concernidos: «Opinaron que no era correcto salir a pasquinar por la visión que pudieran crearle al público al realizar este acto un viernes santo. Decidieron irse a la playa. […] Salieron hacia la playa de Isla Verde. Estuvieron hasta aproximadamente 3:45PM. Regresaron y fueron a comer pizza en Joe’s Pizza». Entre los asistentes estaba Alejandro González Malavé, que seguramente rendía el informe, y pienso en lo cerca que están a veces en la vida el candor y lo tremendo.

Yo rebuscaba principalmente entre los papeles de 1981-1982, cuando ya estábamos estudiando en Amherst, Massachusetts, lo que se registraba allí de sus actividades, porque las suyas eran posiblemente las mías durante esas vacaciones invernales que vinimos a Puerto Rico, durante la huelga de 1981.

Después de un rato, lo encontré. Gracias al espía que nos seguía, hallé constancia de mi presencia en la asamblea estudiantil del 20 de enero de 1982. Debía ser yo la tal «Sonia, la novia de Alverti» [sic] que aparecía en la lista de cuarenta subversivos de entre los cuatro mil estudiantes que asistieron ese día. Revisé el documento y encontré nombres de conocidos que, además, luego nos acompañaron el resto de la vida, al menos de la suya, que concluyó en mayo del 2019 y a cuyo funeral asistieron numerosos «subversivos» de esos años.

De entre todos los documentos del 81, me pareció curioso el relato que hace el informante de la marcha contra la Marina en Vieques, el verano antes de irnos a Amherst y que comenzara la huelga en la UPR. Tengo recuerdos fragmentados de esos tres días. Fue una locura, pero éramos jóvenes entusiastas e íbamos con amigos, sin saber que también iba el misterioso delator. Fue una jornada agotadora, pero recuerdo que nos divertimos a pesar del cansancio, que nos reímos mucho, que llegamos desbaratados a Vieques, que acampamos en la playa demasiado cerca del agua y nos dio trabajo regresar en la oscuridad. El informante parece que, aunque hizo el recorrido, no cogió la lancha, porque informa solamente hasta Fajardo. Es interesante el recuento que hace, a veces en plural, en el que se refiere a los «muchachos» como si acompañara a un grupo de excursionistas: «El viernes, 5 de junio de 1981, se salió de la Plaza Pública de Río Piedras, a las 8:00 a. m. Tomaron toda la 65 de Infantería. Se hicieron como promedio de siete paradas en el trayecto hasta Luquillo, para tomar agua, descansar y a las 12:15 p. m., una parada para almorzar. Luego seguimos el trayecto hasta Luquillo. Los muchachos pernoctaron en el Parque de Luquillo, algunos regresaron a sus casas. Se llegó a Luquillo a las 7:00 p. m. Después de bañarse y cenar se acostaron en casetas de campaña y en una carpa que se había preparado para dormir. Se acostaron a eso de las 11:00 p. m.»

Después de un rato revisando aquellas hojas y recordando detalles de esos días, cambió mi humor. Me fui indignando a medida que me llegaban a la memoria los relatos de otra gente que no sólo aparecía en esas listas, sino que además recibieron intimidaciones, insultos, falsas acusaciones, maltratos y hasta tiros. Me pregunté muchas cosas: si la gente más joven estaría consciente de esa historia y las implicaciones que tuvo para nuestras vidas; si se ha investigado lo suficiente quiénes serían estos informantes, funcionarios, secretarias que producían y firmaban estos documentos, dónde estarían ahora, que pensarían ahora sobre todo esto. Recordé a David Noriega y su trabajo en la Legislatura, a mi madre cantaleteando en aquellos años: no vayas, no hables, no digas, cuidado. La recordé a ella, empleada del gobierno, sufriéndose la intimidación de la que fue objeto como independentista durante el Romerato, y por nada, porque ni activista era, por tener un Betances en su oficina, por decir lo que pensaba.

Un año antes de que regresáramos a Puerto Rico, en 1987, fue cuando David Noriega presentó el asunto de las carpetas en la Cámara de Representantes. Al año siguiente llevaría el caso contra el gobierno y se declararía la práctica inconstitucional. Poco después se entregaron las carpetas, nosotros regresamos a Puerto Rico, y Carlos recuperó aquel delirante archivo que conservó entre sus documentos personales, como supongo que habrá hecho mucha gente.

Hoy guardo este curioso memorial junto a sus objetos más valiosos, como evidencia de pasadas ignominias pero también como recuerdo de una alegre y combativa juventud, plena de amistades verdaderas, gente buena y valiosa que fue forjando junto a él una idea de País.

Ahora, fuera del bosque, afuera. El afuera no es sino adentro.

 

Ana Marina Rúa

Ahora, fuera del bosque, afuera. El afuera no es sino adentro.

Ambos están ahora ahí, en el espacio de muros lisos. Ahí en la cámara donde moran las líneas del límite albo, el que muda en jaspe cuando se le toca justo y preciso. Todo ahí es límite, de hecho: los objetos existen en un blanconegro duro y liminal que no es permitido en otros espacios. Cazador ha construido esta guarida con sumo afecto y cuidado; la ha guardado de acechos varios y falsos adeptos. A ella les ha permitido entrada a sólo unos pocos, y no olvida sus desaciertos. En ella custodia, receloso, los artefactos de su oficio.

Y es aquí donde la trae a Ella.

Cazador quisiera poder hablarle fijo, quisiera que su palabra arribara sin veta ni error. Algo en él maldice el duelo del verbo fallido, del eco que pierde voz tan pronto se lanza, y por eso prefiere callar, no emitir palabra y en vez esperar, en ese aire pesado y frágil a la entrada de la cámara, que se le entienda.

Cazador no sabe que Ella ha entendido cada palabra, cada una de ellas clara y maciza, cada una de tierra y de miel, portadora de su tristeza en madera y metal, desde la primera vez que conoció la ceguera. Ella quisiera poder contestarle fijo, quisiera que su respuesta arribara sin nube ni tardanza.

Entran ahora.

Esta vez es la primera y es la repetida, la que se supo. Cazador la sienta en el diván.

Mientras él busca el objeto que ha escogido ya con sumo esmero, Conejo mira a su alrededor. Con los ojos repasa cada superficie: inmersa en el juego que le ha dado tanto placer desde que empezó a existir, no se da cuenta del sonido de los pasos, ni de la puerta que abre y cierra cerca de ella, ni del correr líquido, repentino. Pero tan pronto mira a lo largo de estos muros lisos, siente lo visto en piel: la imagen retumba en carne y se clava certera en nervio y pupila.

Aunque no repara en los sonidos a su alrededor, Ella sabe, o intuye, o siente, así, del modo que se le enseñó a estar y ser del mundo, a su Cazador. Sabe lo que él necesita que haga y ansía hacerlo con un conato animal. Ahora sólo queda esperar.

Cazador regresa con su presente: un collar de color de hierro que esplende bajo la luz de la cámara. Con el cuidado preciso con el que acicala su arco le pone el collar. Sonríe, y Ella siente el derrame que llega al germen.

La lleva, dulce y con sumo cuidado, al plato que ya está servido. Ella repta, siente el olor del cuero, ve el tensar breve de la correa que la hala a su alimento. Cazador se ha vertido ahí hace apenas un momento.

Entonces la palabra, la orden clara, hace su arribo. Ella lo mira por un instante blanco.

Bebe. Sin saber cuándo volverá a tomar su presente, lame hasta la última gota.

Abre el lente, y la cámara estalla en luz quieta.

 

Tétrico el panorama con el Plan de Ajuste de Deuda

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Un país inviable.

Eso es lo que nos espera si el Senado de Puerto Rico, al igual que ya lo hizo la Cámara de Representantes, aprueba el proyecto  PC 1003,  la Ley Habilitadora para el Plan de Ajuste de Deuda (PAD). En tan solo dos días, este lunes y martes (el 4 y 5 de octubre), el Senado se disponía a presentar y aprobar la medida, que no es otra cosa que el PAD preparado por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Ese es el escenario que pronosticaron los ponentes del foro ¿Cómo el Plan de Ajuste de Deuda te afecta? Mitos y Realidades,  auspiciado por la Comisión Ciudadana para la Auditoria de la Deuda Integral del Crédito Público (CCACP), Espacios Abiertos (EA), y el Colegio de  Abogados y Abogadas (CAPR), presentado el jueves 30 de septiembre en la cede del CAPR. Escuchar a los  economistas, Daniel Santamaría Ots, José Alameda, al licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez y a la planificadora Cristina Miranda Palacios, de la organización Liga de Ciudades de Puerto Rico (CPR), deja a una entre la indignación y coraje.

Para comenzar, el analista de Política Pública de EA, Santamaría Ots trajo a la atención que hay un problema de confiabilidad en los datos que presenta la JCF en su plan. Afirmó que después de más de cinco años de la puesta en marcha de la Ley Promesa  y habiendo gastado alrededor de $939 millones del pueblo de Puerto Rico entre consultores, abogados, y demás expertos financieros, la Junta presentó un plan cuyos datos no han podido ser verificados por ninguna entidad independiente. Ello sucede porque no existen estados financieros auditados para los años 2019, 2020 y 2021.

“Además del sobre costo que paga hoy el contribuyente en primas de riesgo por no tener los estados financieros al día, para la nueva emisión de bonos inherente al proceso de reestructuración, el pueblo también será el responsable pecuniario de cualquier nueva obligación que pudiera aparecer tras los procesos de auditoría que restan pendientes”, puntualizó.

Desmintió el argumento de la JCF de que el Plan solo compromete 7.6 centavos de cada dólar para  pagar lo que llama “política de deuda”. Explicó que antes de reestructurar la deuda, el gobierno central tenía comprometidos cerca de 26.5 centavos de cada dólar de sus ingresos para deuda. Esta carga  –indicó– resultó ser insostenible y fue lo que nos llevó al impago y a la quiebra.  Ahora, para  hacer contraste y presentar el plan más atractivo para su aprobación, la Junta indica que el plan compromete 7.6 centavos por dólar, sin embargo, no menciona, ni contempla en ese análisis la carga de la nueva modalidad de pago de las pensiones, el “pay as you go”.

“En realidad, la dimensión total de deuda y obligaciones nos acercaría a tener comprometidos 19.5 centavos de cada dólar de nuestros ingresos, o sea, que se nos plantea un “fin de quiebra” con una cantidad de obligaciones que está más cerca de la carga (26.5 centavos de dólar) que nos llevó a la quiebra, y que dista bastante de los 7.6 centavos que plantea la Junta en el Plan”.

El recorte a la deuda propuesto por la JCF fue otro de los aspectos cuestionados por Santamaría Ots. Rebatió una vez más que no es suficiente un recorte de un poco más del  50% a la deuda de $72,200 millones como alega la JCF. Recordó que los estudios realizados en enero del 2018 por los economistas Pablo Guzmán, Martín Guzmán y Joseph Stiglitz concluyeron que para que Puerto Rico pudiera enfrentar su deuda, el recorte debía ser entre cerca del 80% al 90% ($7,200 millones y los $14,400 millones).

“Insistimos otra vez en que la Junta debe incorporar un análisis de sostenibilidad, que refleje un parámetro realista de escenarios (desde el más optimista al más pesimista), para cada uno de los próximos 30 años sobre los futuros pagos contingentes de deuda (CVIs)” Reiteró  que, al día de hoy, siguen vigentes las conclusiones del estudio de la  insostenibilidad  de la deuda.

Mencionó que en el plan se contemplan únicamente el exceso en los recaudos del 5.5% del IVU certificado en el Plan Fiscal de 2020 y sobre el exceso en los recaudos del ron estipulados en el Plan Fiscal certificado en 2021. Espacios Abiertos entiende que es fiscalmente, poco responsable e insuficiente calcular el valor presente de los pagos contingentes basándose en las proyecciones del último Plan Fiscal certificado en 2021.

La reducción de las pensiones

En cuanto a los pensionados se denunció que la JCF coartó los derechos democráticos  de los pensionados puertorriqueños al limitar la votación de la reducción de las pensiones solo al grupo de pensionados que recibe un recorte del 8.5%, pese a reconocer que el congelar los ajustes por inflación afectará al 100% de los retirados.

Santamaría Ots expresó que EA insiste en que la totalidad de los pensionados afectados por los recortes de la Junta, que según los últimos datos públicos asciende a 318,483, entre 166,510 retirados y 151,973 que todavía trabajan o cotizan, deberían participar en la consulta y tener derecho al voto. Sin embargo, la Junta únicamente permitirá que voten unos 24,074 retirados, aquellos con pensiones mayores a $2,000.

Añadió que el propio plan de la JCF establece que el impacto mayor a los pensionados será por el congelamiento de los ajustes por inflación. La mayoría de los retirados de Puerto Rico no reciben ajustes por inflación desde 2007. En concreto, entre 2007 y 2019 estos sufrieron un 19% de reducción de su poder adquisitivo y recibirán otro ajuste en su poder de compra del 39% durante los próximos 30 años.

En reacción a la aprobación del proyecto por parte de la Cámara, el analista de EA comentó  que  cuando se escuchan argumentos como el coste de la Junta de $339 millones, “el coste real de la Junta son las medidas de austeridad, son las reformas estructurales como por ejemplo la Ley 80 del despido libre que, aunque está en suspenso, ese es el costo real, no solamente eso, la Junta va a estar en Puerto Rico  hasta que haya cuatro presupuestos balanceados y la capacidad de tener acceso a los mercados a tazas razonables, así que durante ese tiempo vamos a estar con la Junta”.

Santamaría Ots,  recalcó que el argumento del costo de la JCF se esfuma y advirtió que de imponerse el proyecto, “el crecimiento económico se va a quedar en el aire porque estamos pagando deuda insostenible, ese es el real costo  para el pueblo de Puerto Rico, eso se les explicó en distintos foros y desafortunadamente no ha calado en la Cámara, esperemos que el Senado tome nota de estas”.

No es cierto que con la aprobación del PAD se vaya la Junta

Por su parte, el experto en la ley Promesa, Emmanuelli Jimenez, aclaró que no es cierto que con la aprobación del PAD la Junta cese y se vaya. Primero, señaló que se supone que la JCF deje cuatro presupuestos balanceados y los presupuestos no son balanceados hasta tanto y en cuanto no esté incluido el servicio –el pago– a la deuda. Hasta ahora ningún PF  tiene el pago.

Le sigue que habrá que esperar la confirmación del plan por parte de la jueza Taylor Swain y eso no exime el que se pueda apelar por parte de algún acreedor. El licenciado Emmanuelli Jiménez afirmó que  de seguro algunos de los acreedores que están opuestos al plan van a apelar. De haber una apelación y el tribunal la acepte, eso podría alargar el proceso, el cual, como quiera, va a hacer más largo de lo anticipado porque no es solo que tengan los cuatro presupuestos balanceados y el acceso a los mercados, sino que mientras el Tribunal de Circuito esté resolviendo el caso la sentencia no es final y firme, por tanto, los acuerdos no se pueden materializar.

Otro aspecto que trajo a la atención es el asunto de quien va a administrar el plan, que se supone es la JCF. Es decir, que hasta tanto no se enmiende la ley Promesa –cosa improbable– se requiere la presencia de la Junta. Insistió en que “ahí habría que aprobar cuatro presupuestos balanceados si los acreedores están peleando por la implantación del plan y por los pagos hay toda una serie de controversias que  provocan que la Junta se quede más tiempo. Así que el argumento de que si se aprueba esto ahora (se refiere al proyecto) no tiene base porque hay otras contingencias y coincido con Daniel que el costo más grande es el costo humano que es el que se vive día a día”.

Emmanuelli Jiménez, dio énfasis a que el Congreso de Estados Unidos, dejó en la ley Promesa  un sólo pequeño reducto de poder que es el  Título 3 que es el proceso del ajuste de la deuda. Este dispone que es a la Legislatura de Puerto Rico a quien único corresponde aprobar o confirmar la ley habilitadora del PAD para que la Junta,  “implante todas esas medidas de austeridad y saque todo ese dinero de nuestra economía para pagar a los bonistas”, denunció.

Advirtió en tono enfático que sin crecimiento económico y sin sostenibilidad de la deuda los pensionados van a ir a la miseria y que tal vez más cerca que lejos va a llegar el momento en que no se va a poder hacer el pago de la deuda, y debido a que la  transacción –es decir el PAD– implica unas legislaciones y poderes de una sentencia judicial en donde se van a establecer unas prelaciones, en las cuales los servicios esenciales y nuestros pensionados van a estar últimos en la lista.

Recalcó que el PAD parte de unos supuestos de una economía basada en el liberalismo que “nos quieren hacer creer que eso va a traer un crecimiento económico y es total fantasioso porque una colonia que no tiene herramientas, con altos niveles de pobreza, imponerle mayor austeridad va a llevar a la miseria. Caer en la miseria, comernos hasta las raíces, no hay fondo, las colonias en las que el esquema jurídico y económico es para la extracción de la riqueza no hay fondo, llegaremos hacer como Haití, no estoy exagerando porque no hay ninguna expectativa de que con esta situación haya crecimiento económico”.

 

Hay que aprobar el proyecto para una nueva ley universitaria

 

CLARIDAD

Que se apruebe el Proyecto de Reforma Universitaria (PS 172) y que se investiguen las denuncias presentadas por el expresidente de la Universidad de Puerto Rico Jorge Haddock Acevedo contra la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico son los reclamos de distintos sectores de la comunidad universitaria.Según Haddock Acevedo, su despido se debió a que no cedió a presiones político-partidistas.

Al reaccionar a las denuncias la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU), en comunicado de prensa, advirtió el que las influencias político-partidistas sobre la UPR, denunciadas por el expresidente, son parte de un patrón nocivo que lleva ocurriendo hace décadas en la UPR y que la Legislatura puede ayudar a frenar mediante el Proyecto del Senado 172 (P. del S. 172).

El Proyecto, que al presente se encuentra bajo evaluación en el Senado, fue presentado el cuatro de febrero de este año por 14 senadores y senadoras de tres partidos políticos y el por el senador independiente José Vargas Vidot, a petición de la CMRU. En el momento de su presentación CLARIDAD dio a conocer que el entonces presidente Haddock Acevedo, junto a los 11 rectores, se reunió con miembros del Senado del Partido Nuevo Progresista (PNP) en oposición al Proyecto.

El PS 172 fue un trabajo de dos años en el que participó toda la comunidad universitaria. El doctor Juan Carlos Martínez Cruzado, representante docente del Recinto Universitario de Mayagüez ante la CMRU, defendió el “que UPR es un motor para la economía, sobre todo, en estos tiempos de crisis y, particularmente, para el desarrollo de las regiones donde están ubicados los recintos universitarios. ¿Cuánta más evidencia se necesita para demostrar que este bien público del pueblo puertorriqueño requiere una legislación contundente que evite se siga usando como botín por los partidos políticos de turno? ” Indicó que la medida propone procesos rigurosos de consulta y de evaluación, a la vez que establece términos fijos para la incumbencia de gerentes universitarios que no coincidan con períodos eleccionarios, entre otras medidas que buscan fortalecer y darle mayor estabilidad al primer centro docente del país.

La doctora Isar Godreau, representante docente de la UPR en Cayey ante la CMRU, agregó que “la demanda del expresidente da cuenta de una larga historia en el uso indebido de presiones político partidistas para remover o nombrar gerentes universitarios. Si bien es importante dar a conocer el problema, también es necesario darle visibilidad a la solución. Ahora contamos con un proyecto desarrollado por la propia comunidad universitaria para cambiar estas prácticas que tanto daño le han hecho a la Universidad y al país”.

Por su parte, la Confederación Estudiantil que agrupa a organizaciones de estudiantes de los once recintos igual urgió a que se apruebe el PS 172. “Los alegatos presentados por el Dr. Haddock ponen en relevancia nuevamente la necesidad de una UPR que no esté atada al vaivén partidista, el cual moldea los objetivos de la institución a la agenda e intereses del partido que esté en el poder, lejos de ponerla al servicio del Pueblo. Nuestro desacuerdo con el Dr. Haddock y sus decisiones en el pasado no impiden reconocer que hay un problema de intromisión por parte de allegados al Gobierno y el partido de turno, lo cual puede constituir una ilegalidad.” afirmó Mario Toro, secretario ejecutivo de la Confederación.

En tanto el Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras solicitó a los presidentes de la Asamblea Legislativas a que inicien una investigación formal sobre las alegadas actuaciones del designado secretario de Estado Omar J. Marrero Díaz, detalladas en la demanda presentada por el expresidente.

De acuerdo con la demanda, entre las imputaciones que se le atribuyen al licenciado Marrero Díaz se encuentra la de exigirle al ingeniero Haddock Acevedo, aduciendo que eran órdenes directas de la Fortaleza, que removiera al licenciado Rubén Colón Morales de su posición como representante de la UPR ante la junta de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).

El CGE denunció que las presiones indebidas provenientes de las más altas esferas universitarias y del mundo de la política partidista para remover al representante de la UPR ocurrieron luego de que este se sostuviera en oponerse a la designación de la Mabel Jiménez para la dirección de la COSSEC, según expone el propio licenciado Colón Morales en una carta con fecha del 4 de agosto de 2021 enviada a la decana de la Facultada de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras.

“Toca al tribunal confirmar o negar la argumentación del doctor Haddock Acevedo. Sin embargo, intromisiones político-partidistas basadas en beneficios individuales son las que han puesto nuestra Universidad en el panorama que hoy se encuentra. La comunidad universitaria requiere una dirección que se enfoque exclusivamente en el desarrollo y la democratización de los once recintos que componen la Universidad de Puerto Rico. Hay que erradicar el pillaje y la corrupción de los cuerpos rectores de nuestra universidad”, expresó Delvin Caraballo Rodríguez, representante estudiantil ante la Junta Universitaria del Recinto de Río Piedras.

Los estudiantes precisaron que el proceder del licenciado Marrero Díaz pudiera constituir una posible violación al estándar número siete sobre gobernanza institucional exigido por la Middle States Commission on Higher Education.