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Mientras la Junta de Control Fiscal iba de la amenaza a la manipulación, pasando por el aviso del apocalipsis, buscando detener las protestas contra su acuerdo con los tenedores de la deuda, nuestra juventud más alerta estaba en la calle, con los estudiantes como vanguardia, dando un testimonio vivo de que hay futuro. Las catástrofes encadenadas durante los últimos cinco años –quiebra, huracán, emigración, terremoto y pandemia- dejaron una nota de pesimismo y hasta de fatalidad. Sin embargo, las escenas que vimos en los pasados días, con la juventud en las calles, enfrentándose a la Junta y sus aliados, anuncian esperanza. “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”.

El aguijonazo que hizo vibrar las calles y cerró todos los recintos de la UPR, se veía venir y, de primera intención, parecía haber sido tomado con resignación. Con su acostumbrado secretismo, la Junta había anunciado su acuerdo “final” con los acreedores que, según ellos, pondría fin al proceso de quiebra. La negociación la hizo un grupo de extranjeros con acreedores también extranjeros, pero el pronto pago de $10 mil millones lo haremos nosotros, que también cargaremos con la nueva hipoteca a 40 años. A pesar de la dureza del acuerdo y gracias al apoyo del gobernador del PNP y del liderato legislativo del PPD, los procónsules daban por seguro que obtendrían una ratificación rápida, para “pasar la página”. La experiencia con otra porción grande de la deuda, los llamados “bonos de Cofina”, alimentaba su optimismo. Allí también asumimos una nueva hipoteca a 40 años e, igual que ahora, era necesario acción de legislativa. A pesar de las protestas, Legislatura y Gobierno, ambos bajo el PNP, aprobaron sin demora la negociación de la Junta.

Los efectos del nuevo plan de ajuste en torno a los llamados “bonos de obligación general, que representan una proporción mayor de la deuda pública, serán más onerosos que los que Puerto Rico ya asumió en Cofina. Además del enorme pago inicial, lo negociado por la Junta nos obligarían a separar una porción significativa del presupuesto anual para el pago a los bonistas previo a atender cualquier necesidad. La austeridad extrema que hemos estado enfrentando desde 2016 se prorrogaría por largos años. Instituciones ya golpeadas, como la UPR, enfrentarías recortes aún mayores. Todo esto para pagarle a fondos de inversión que adquirieron sus acreencias a precios de remate.

No es casualidad que a la vanguardia de la actual movilización ciudadana estén los estudiantes universitarios. Desde la década del 60 del pasado siglo, han sido el grupo social más solidario, y más dispuesto a la movilización y el sacrificio. A esa disposición natural, se añade lo que las medidas de austeridad impuestas por la Junta han representado para nuestro sistema universitario, cuyo presupuesto ha estado reduciéndose año tras año, mientras aumenta la carga económica de la población estudiantil.

La lucha en las calles aplacó de un día para otro la arrogancia de la Junta. Su primera reacción fue lanzar un ultimátum, dándole 24 horas a la Legislatura para ratificar su plan. Cuando esta, cercada por las protestas, no actuó, recurrieron a su medio de prensa, El Nuevo Día, que de inmediato anunció el apocalipsis. “Auguran caos económico para Puerto Rico”, rezaba la portada de ese diario del viernes 22 de octubre. Simultáneamente, los fondos buitres, por conducto de algunos “abogados analistas”, amenazaron con reiniciar pleitos para intentar cobrar su acreencia por vía judicial. Como ante esas amenazas la protesta tampoco amainó, al siguiente día el tono era distinto. Ahora la Junta decía que está dispuesta a negociar un nuevo acuerdo con los bonistas.

Pero aun con esa disposición de la Junta a volver a la mesa de negociaciones, el liderato del PNP-PPD, buscó la manera de contemporizar. Reunidos durante el fin de semana en Dorado, donde los gritos de protesta no llegaban, decidieron aprobar el plan de la Junta. El lunes siguiente, los líderes de ambos cuerpos legislativos y el gobernador Pierluisi, aceptaron como buenos sujetos coloniales los regaños de una juez de Nueva York que tiene prisa por limpiar su calendario. Todo indica que, tras algunos retoques para intentar salvar cara, el plan de la Junta será aprobado por la Legislatura y el Gobernador. Tras ese acuerdo se emitirá nueva deuda que estaremos pagando por otros 40 años.

El golpe a las finanzas públicas será grande. Sólo esperamos que esa acción de entrega sea el último golpe que el binomio PNP-PPD le asesta al país. Durante 52 años se han turnado en el poder de la colonia acumulando muchas sombras y pocas luces. Además de disponer del presupuesto anual con pobre administración y, en muchas ocasiones para beneficiar a los amigos de la casa, acumularon la enorme deuda pública. Ahora cierran el medio siglo aceptando un “plan de ajuste” de esa misma deuda con una nueva hipoteca a largo plazo.

No obstante, las protestas en las calles con el movimiento estudiantil a la vanguardia anuncian que el País ya es distinto. Hace apenas dos años, ese movimiento popular obligó a la renuncia de un gobernador. Año y medio después, el resultado electoral de noviembre de 2020 dio las primeras señales de cambio. El binomio PNP-PPD logró mantenerse del poder colonial, pero su agarre es precario. Lo que está sucediendo en el otoño de 2021 los lanzará en caída libre.

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ccotto@claridadpuertorico.com

Si algo evidencia el hecho de que la Oficina de Asuntos Legales de la Administración de Tribunales (AT) determinara que no existe prueba para iniciar un proceso disciplinario contra las juezas Sonya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez por la manera en que atendieron el caso de la joven Andrea Ruiz Costas es que la Rama Judicial todavía tiene la tarea pendiente de educarse en cuanto a lo que es la violencia doméstica o de género.

Los resultados de la investigación de esa oficina fueron dados a conocer por el administrador de la AT, Sigfredo Steidel Figueroa, quien ordenó el archivo de las quejas presentadas por la madre de Ruiz Costas, Olga Costas Rodríguez.

El caso de la joven Ruiz Costas provocó una fuerte indignación pública tras ser encontrada asesinada el 29 de abril de este año. La joven había acudido el 25 de marzo al tribunal para solicitar una orden de protección contra su expareja, Miguel Ocasio Santiago. La juez Nieves Cordero le negó la orden, y al día siguiente, la juez Alvarado Rodríguez determinó que no había causa para ordenar el arresto de Ocasio Santiago. Lo sucedido en las sala del tribunal fue conocido por una grabación de Ruiz Costas en su celular y divulgada por una amiga, en la cual esta se expresaba decepcionada y angustiada por lo ocurrido en el tribunal. Otros testimonios de la joven y las conductas de las juezas fueron saliendo a la luz pública. Luego de su arresto, el asesino confeso de Ruiz Costas se suicidó en la cárcel.

Para la abogada Amarilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva del Proyecto Matria, organización que brinda servicios de apoyo a mujeres en situación de violencia doméstica, la determinación de la investigación de la AT evidencia que la Rama Judicial todavía tiene la tarea pendiente de educarse sobre lo que es la violencia doméstica.

Señaló que si se está hablando de un espacio en donde tenían que evaluar las acciones de las jueces a la luz de los cánones de ética judicial, esos mismos cánones exigen un nivel de diligencia en el manejo de los casos, que no se descuiden los niveles del cargo y que se aquilate la prueba. Si se interpretan los cánones de ética judicial sin tomar en cuenta la perspectiva de género o los elementos de la violencia de género, se podría llegar a una conclusión similar a la que llegó la AT y decir que las juezas tomaron una decisión a base de la evidencia que tenían frente a ellas.

Destacó que el problema es que de las mismas transcripciones de la vista y de los testimonios que se ven en los documentos que publicó la misma AT, se ve que había banderas rojas que apuntaban a que había violencia de género, y no solo eso, sino que había banderas rojas de alto nivel de letalidad. Y las juezas simplemente no las vieron. Cuando tuvieron a la víctima ante sí no vieron las banderas.

“A lo que voy es a que cuando hablamos de los cánones de ética judicial, al año 2021 en Puerto Rico, tenemos que comenzar a interpretarlos a la luz del deber de las juezas y los jueces de conocer con profundidad el tema de la violencia de género: cuáles son los indicadores, cuáles son las banderas rojas, cuáles son las señales de peligro. Si las juezas y los jueces no se preparan para identificar esos elementos vamos a seguir viendo otros casos de Andrea Ruiz y vamos a seguir pensando que no se violó ningún canon judicial cuando realmente, del punto de vista ético, en casos de esta naturaleza, una jueza debería ser conocedora del tema”.

El informe de la AT exhorta las juezas a “una autoevaluación y reflexión sobre lo acontecido”, por lo que Pagán considera que de manera implícita es una admisión de que actuaron de forma indebida. A su juicio, la AT no se atrevió a hacer esa conexión y decir que es una falta ética juzgar casos de violencia doméstica sin conocer qué es la violencia de género.

“De eso es lo que se trata. Ellas estuvieron sentadas en una sala evaluando un caso de violencia de género, pero sin tener los elementos, las capacidades intelectuales, para identificar la violencia de doméstica y saber manejarla”.

La directora ejecutiva de Matria puntualizó que ese conocimiento va más allá de tomar un curso. Dijo estar segura de que esas juezas tomaron algún curso, como los han tomado fiscales y policías. Pero insistió en que eso no es suficiente. “Eso requiere un interés genuino de su parte, como profesional, de continuar estudiando y preparándose en el tema. Para mí, y aquí volvemos al asunto ético, si tú sabes que tienes en tus manos la vida de una persona por un caso de violencia de género, que en tu trabajo esos casos van a estar llegando donde ti, tú tienes la obligación ética de conocer con profundidad el tema. Eso no te lo da un taller ni dos talleres, eso te lo da el estudio, la observación de casos, el diálogo profundo con gente que sabe del tema”. Subrayó que ya hay literatura e investigaciones, aquí mismo en Puerto Rico, sobre el tema y que según se estudian las reglas de procedimiento civil y el derecho aplicable, hay que estudiar la violencia de género, cómo se manifiesta, cómo se comportan las victimas y cómo se comportan los agresores.

Pagán Jiménez reconoce que la Rama Judicial ha hecho un trabajo en torno a este tema de la violencia de género a raíz de este caso, al cual, dijo, hay que darle seguimiento. Se refirió, en particular, a las acciones tomadas por la juez presidenta del TS. “No nos debemos desanimar por el hecho de que la decisión haya sido esa. Lo que hay que mirar es cómo se va a seguir comportando el sistema y la Administración de Tribunales, al interior, para evitar que esto vuelva a ocurrir con otras juezas y jueces”.

Para Lisdel Flores Barger, directora ejecutiva de Casa Ruth, otra organización que trabaja con el problema de la violencia contra la mujer, la decisión envía un mensaje nefasto a las víctimas de violencia doméstica. “Es ver nuevamente cómo el sistema, ante una muerte como la que vivió Andrea, ante unos audios que todo el país fue testigo de lo poco que se pudo filtrar, donde hubo una apatía total a escuchar un testimonio de una víctima que fue intachable, que narraba un proceso de acecho, un proceso de miedo por la vida y seguridad, no tomó en consideración estos aspectos”, censuró.

Agregó que la prisa y la manera en que se despachó el caso y cómo fue atendida Andrea “deja un sinsabor en todas las que trabajamos con esto día a día. Ciertamente, la Rama Judicial y los jueces tienen un rol objetivo dentro de los procesos, pero dentro de la objetividad debe existir la sensibilidad de entender lo que una víctima de violencia pasa y atraviesa y lo duro que es para una mujer pararse frente a un estrado y habar sobre sus procesos íntimos”.

Flores expresó que el testimonio de Ruiz Costas fue uno magistral al exponer lo que estaba viviendo sin obviar detalles, lo que es un proceso difícil para víctimas de violencia doméstica, y reiteró que la manera en que se despachó evidencia denota que las juezas no tenían conocimiento de lo que es el ciclo de violencia doméstica.

Aun cuando atribuyó que la decisión de la Administración de Tribunales envía un mensaje a las víctimas de preguntarse si vale la pena acudir al tribunal y denunciar a su agresor o acosador, aun así, dijo que quería dejar bien claro que apuesta y tiene la esperanza “en que sigamos insistiendo y persistiendo, en que el sistema pueda validar y escuchar a las víctimas y afinar el oído a lo que es la violencia doméstica y entender el proceso por el que pasan las víctimas para poder llegar a ante un juez”.