Inicio Blog Página 517

Not Your Tax Haven Puerto Rico No Se Vende

Por
candida-cotto
-

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El movimiento Puerto Rico No Se Vende,  liderado por una coalición de organizaciones comunitarias, llega a Estados Unidos con la campaña “Not Your Tax Haven”, promovida por la organización Centro  para la Democracia Popular (CPD). El propósito es que el Congreso, en particular el Senado, investigue la evasión contributiva federal de beneficiarios en Puerto Rico de la Ley 22, ahora Ley 60.

Marilyn Goyco, gerente de organización del CPD, explicó que  Not Your Tax Haven surgió en apoyo  a la coalición en la isla de Puerto Rico No Se Vende. Esto es parte de la estrategia para atender algunos de los flancos que tiene la Ley 22, entre ellos la exención contributiva federal.

Aunque la campaña fue lanzada en días recientes, Goyco detalló que en el 2021 el  Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, en inglés) lanzó una campaña de fiscalización bajo el  supuesto principal de que tenían información de que los beneficiaros de la Ley 22  no cumplían con el requisito de residencia, que son seis meses y un día. En el transcurso, el IRS empezó a solicitar información del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico para determinar si había evasión contributiva. Hasta el momento, el único memo que el IRS ha podido publicar lo que dice es que no han tenido mucho éxito debido a que no han tenido  colaboración del DDEC. En el memo establecen que, en efecto, el Congreso de Estados Unidos podría apoyar y dar visibilidad a este problema de la residencia.

El CPD  comenzó a reunirse con varios congresistas para ver si tenían interés en el tema de la evasión contributiva federal. Como ya se ha visto,  la respuesta de las oficinas de la congresista Nydia Vázquez,  del presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wayden, y de Chuck Schumen, ha sido buena. Estos ya han dicho públicamente que están interesados en atender el asunto.

La gerente de organización del CPD dio a conocer que están trabajando en un plan de acción de visitas a los congresistas para lograr que se complete una investigación del Senado para determinar si hay evasión contributiva por parte de los beneficiarios de la ley 22. Hasta el momento, no se han reunido con la comisionada residente de Puerto Rico, Jennifer González, aunque sí lo tienen en planes.  “Creo que la comisionada residente estaría  muy interesada en saber si se está evadiendo la contribución federal”, dijo.

Respecto a la acogida de la campaña por parte del público estadounidense, Goyco expresó a CLARIDAD que sorprende que no han tenido una mala reacción a la campaña, sino que ha sido muy bien recibida tanto por la diáspora como por el público en general. “Creo que ha sido la falta de transparencia  gubernamental y de rendición de cuentas por parte del Gobierno. Esta ley se aprobó en el 2012 y todavía en el 2023 no conocemos el impacto real de la ley”.

Más  allá de promocionar a Puerto Rico como un destino para mudarse, el Gobierno no ha fiscalizado la ley, e incluso el DDEC  ha dicho que no cuenta con la capacidad para fiscalizar los decretos, censuró la gerente de organización del CPD:  “Yo diría que es en sumo preocupante que mientras esto está ocurriendo, y el DDEC ha dicho que no cuenta con la capacidad para fiscalizar los decretos, el Departamento de Hacienda ha dicho que si la tuviera estaría muy dispuesto, aunque la ley no los autoriza. En las proyecciones del último informe de gastos tributarios, Hacienda  dijo que proyecta que en ingresos no tributados han perdido $2.2 millones entre el 2017 y 2023. Es una cifra en medio de una crisis económica, y una reestructuración de deuda nos debería preocupar a todos”.

La campaña en Puerto Rico

 La campaña Puerto Rico No Se Vende está integrada por sobre una decena de organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria directamente afectadas por la Ley 22. Además del CPD, la integran  Construyamos Otro Acuerdo, VAMOS Puerto Rico, Mi Patria, Proyecto Metamorfosis, Proyecto Revivir PR, Puerta de Tierra No Se Vende, Abolish Act 60, Residentes de Puerta de Tierra, Asociación de Residentes del Viejo San Juan, Escambrón Unido, Asociación de Titulares de Condominios, Asociación de Residentes Machuchal Revive y Puerta De Tierra Se Defiende, entre otros.

En conferencia de prensa celebrada frente a la sede de la Compañía de Turismo, en el Paseo de la Princesa, la coalición denunció  que en el último Informe de Gastos Tributarios del DH se proyecta $342 millones en ingresos no captados para este año 2023, por concepto de la Ley 22.

Una de las participantes en la conferencia, Sandra Cruz, portavoz de VAMOS, expresó que, “durante estos últimos 12 años, la población de Puerto Rico se ha reducido en un 12 %. Alrededor del 40 % de la población puertorriqueña vive bajo el nivel de pobreza y las personas se van porque continuamos recortando servicios esenciales y derechos laborales, supuestamente para pagar la deuda del país. No obstante, y a pesar de la crisis económica, continuamos otorgando estas exenciones contributivas sin ningún requerimiento mínimo de inversión en la isla y manteniendo la carga económica sobre la población que permanece en Puerto Rico”.

La coalición precisó que aún no existen datos oficiales sobre el impacto de la Ley 22 y las inversiones y compras realizadas por los tenedores de decretos en el mercado de vivienda local y en el desplazamiento físico y social de comunidades a través del país, a pesar de las continuas denuncias realizadas por los puertorriqueños afectados.

En esa dirección, la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, licenciada Adriana Godreau, anunció que estarán colaborando en la abogacía por el derecho a la vivienda mientras exigen la fiscalización y la rendición de cuentas. “El Gobierno endosó un sistema que facilita especular con la vivienda y promover desplazamientos sin beneficio o consideración alguna por el desarrollo económico equitativo o el derecho al techo de la gente que hoy no puede pagar una renta o hipoteca. Ante la inseguridad de la vivienda y la preferencia de inversionistas sobre las comunidades, nuestro rol es defender a las familias y abogar por eliminar esta política.”

Aniversario del nacimiento de dos extraordinarias colegiadas

Por
josefina-pantoja-oquendo
-
De izq, a derecha Manuel Maldonado Denis, Juan Mari Brás, Nilita Vientós Gastón, José Milton Soltero y Rubén Berríos. Foto: Archivo CLARIDAD

 

 

La distinguida abogada, escritora, profesora universitaria, defensora de la Patria y del derecho de nuestro Pueblo a la libre determinación e independencia, Nilita Vientós Gastón, hubiera cumplido el 5 de junio, 120 años. Nació en San Sebastián del Pepino y estuvo entre las primeras cien abogadas que fueron admitidas a la profesión y al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.  Con sus acciones, Nilita abrió camino para las mujeres en muchas instancias.  Fue la primera mujer que ejerció como abogada en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, donde ocupó el puesto de procuradora auxiliar general.  También fue la primera fémina que presidió el Ateneo Puertorriqueño.  Como excelente litigante y con un compromiso sin límites por Puerto Rico, defendió el español exitosamente en el foro judicial, como el idioma oficial de la nación puertorriqueña.  Afirmó con valentía y de forma inclaudicable las ideas y posiciones que guiaban su vida, la visión de mundo que tenía, los derechos de todas las personas. Si una puerta se cerraba para ella, luchaba para que otra se abriera, como lo demostró cuando perdió los derechos de la revista Asomante que fundó y dirigió, la cual tuvo un gran impacto en la cultura puertorriqueña.  Sin amilanarse, creó la revista Sin Nombre, con el mismo empeño y buenos resultado.  Como integrante de la más que centenaria institución de la clase togada, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, siempre estuvo comprometida con el gremio y fue oradora en la asamblea del 2 de septiembre de 1978, durante la presidencia del Lcdo. Graciany Miranda Marchand.  Uno de los salones de la sede lleva su nombre.  Allí hay memorabilia y fotografías que hacen recordar sus importantes aportaciones.

La Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico tiene la responsabilidad de adjudicar la medalla Nilita Vientós Gastón a la abogada o abogado cuya vida reúna los valores que la caracterizaron, según ella misma indicó:

“ Desde mis tiempos de estudiante mi vida se ha regido por tres principios que los considero de tal calidad que los califico de virtudes: inconformidad con todo lo que debe mejorarse, la disidencia con todo lo que ofenda la dignidad humana y deba cambiarse y entusiasmo sin límites para luchar por los inconformes y los disidentes.”

Foto Alina Luciano

La Comisión de la Mujer del Colegio tiene el nombre de María Dolores (Tati) Fernós López- Cepero.  Así fue aprobado en la Segunda Asamblea de Abogadas de Puerto Rico, determinación que fue ratificada por la Junta de Gobierno de la Institución.  Hay grandes coincidencias entre Nilita y María Dolores Fernós.  Tati cumpliría 77 años el 6 de junio.  También fue una abogada destacada, defensora de la libre determinación e independencia de la amada Patria, activista por los derechos humanos, especialmente de aquellos que reivindican la equidad de género y una vida digna para las mujeres y las personas más vulnerables y desventajadas.  Fue una excelente litigante y promotora del Derecho como herramienta de cambio social, labor que ejerció con pasión en Servicios Legales de Puerto Rico durante sus primeros veinte años en la profesión legal.  Se especializó en el área del Derecho relacionada con vivienda y sentó jurisprudencia en el Tribunal Supremo y en Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, que favoreció a las personas de escasos recursos económicos.   Fue profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en las materias de Constitucional, Administrativo y Género.  Prolífera escritora e investigadora, amante de la cultura y militante defensora de las causas justas, cofundó múltiples organizaciones.  Al igual que Nilita, fue valiente en el verbo y en la acción, por lo que ambas fueron carpeteadas.  Defendió con firmeza el Colegio, al cual perteneció desde que juramentó como abogada y presidió la Comisión de la Mujer de la institución.

Como primera Procuradora de las Mujeres, Tati también marcó el sendero para adelantar la reivindicación de los derechos de la población femenina del País. Por tener presente en su vida los valores que encarnó Nilita recibió la medalla que lleva el nombre de ésta, como uno de los más significativos reconocimientos del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.  También le fue dedicada la Asamblea número 181 de la Institución.

En ocasión de que se le otorgara la distinción de Profesora Emérita, dirigió un mensaje a la clase graduanda 2021 de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico para que influyeran desde su profesión, en la construcción de una sociedad más equitativa.  Entre los flagelos que sirven de obstáculos para lograrlo, la Lcda. Fernós mencionó:

“…La marginación por razón de raza, la violencia por razón de género y la exclusión perpetua de quienes nacen y parecen condenados a no salir de la miseria, de la inhumana pobreza”.

Tati fue una admiradora y seguidora de los valores de Nilita Vientós Gastón.  Siendo Procuradora de las Mujeres, dispuso que ese sería el nombre de la sala de lectura y de reuniones de la Procuraduría.

Celebremos las vidas de estas dos abogadas y patriotas puertorriqueñas, con muchas coincidencias, pero también con extraordinarias particularidades que nos motivan a admirarlas y a emularlas para ser mejores personas.

 

En San Juan, Puerto Rico a 5 de junio de 2023.

Comisión de la Mujer María Dolores (Tati) Fernós López- Cepero

 

 

Un PAD- AEE  que favorece  a los buitres y ahoga a Puerto Rico

Por
editorial
-

El próximo lunes, 12 de junio, vence el plazo para que el pueblo puertorriqueño, junto a una amplia coalición multi sectorial de organizaciones e individuos, presenten sus objeciones al Plan de Ajuste de Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE), el cual la Junta de Control Fiscal (JCF) se propone defender ante la jueza Laura Taylor Swain del Tribunal del Título III de la Ley PROMESA. Las vistas para la discusión y aprobación del PAD se celebrarán del 17 al 28 de julio de 2023, y su resolución será una decisión crucial para el presente y el futuro de Puerto Rico.

La JCF defenderá el PAD 

que ya había presentado al Tribunal en febrero de 2023, cuando la Jueza le ordenó continuar con el proceso de mediación para acordar una mejor versión que el Tribunal pudiese aprobar. El PAD presentado impondrá nuevos cargos a la tarifa eléctrica que pagan los abonados comerciales y residenciales en Puerto Rico, lo cual significará condenar a nuestro pueblo a pagar por 35 años una deuda insostenible, lo cual sería devastador.

Actualmente, y más aún después de la entrada de la privatizadora  LUMA Energy a manejar el sistema de transmisión y distribución eléctrica, el costo del kilovatio hora de energía en Puerto Rico se ha disparado hasta colocarse en más de 28 centavos, lo cual es más del doble que en las principales jurisdicciones de Estados Unidos. El elevado costo de la energía que ya pagamos , aún sin aprobarse el PAD- AEE,  se ha convertido en un problema que afecta de forma directa la competitividad económica de Puerto Rico, el costo y la calidad de vida de nuestra gente, y la viabilidad y sostenibilidad de nuestro futuro como país. Nos atrevemos a afirmar que en Puerto Rico nadie está satisfecho con el  sistema eléctrico, y que el mismo se ha convertido en un impedimento para nuestras operaciones diarias, y nuestro desarrollo,  porque es inestable, ineficiente y demasiado caro. No hay que imaginar mucho para anticipar las consecuencias de mayores aumentos en la tarifa eléctrica.

Economistas puertorriqueños de gran peso, como los doctores José Alameda y Ramón Cao, entidades de análisis económico que gozan de amplio prestigio , como Espacios Abiertos y CAMBIO Puerto Rico,  y aliados como el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEFAA) , además de organizaciones puertorriqueñas de los más amplios sectores, incluso algunos de los principales gremios empresariales, como la Asociación de Industriales y el Centro Unido de Detallistas, se han unido para oponerse a la aprobación de un PAD-AEE injusto, que cargará y penalizará a los negocios en Puerto Rico y a cientos de miles de abonados residenciales de la AEE, por una deuda de la cual estos no son responsables. En su declaración a los medios el grupo expresó: «Todos los firmantes de esta declaración  hemos llegado a la misma conclusión: Puerto Rico no puede costear las tarifas de luz propuestas en el plan actual para el ajuste de deuda de la AEE. El plan debe retirarse o enmendarse para recortar sustancialmente el pago propuesto de la deuda, el cual es insostenible para el pueblo de Puerto Rico.»

La negociación de este PAD-AEE y sus descartadas versiones anteriores, han sido parte de un proceso arbitrario y cargado a favor de unos bonistas, principalmente conglomerados de Estados Unidos, que, desde el principio, se han sublevado y negado a asumir las pérdidas por su inversión riesgosa, a pesar de que invirtieron a sabiendas de que la misma nunca fue garantizada. Zorros viejos que, amparados en su poder y conexiones en el mundo de la política y las finanzas en Estados Unidos, insisten irrazonablemente en cobrar lo que Puerto Rico no puede pagar. El supuesto recorte de 50 por ciento de la deuda que la JCF alega haber negociado con los conglomerados de bonos no es suficiente para que el pago de la misma sea sostenible para Puerto Rico, y asi ha quedado evidenciado en los múltiples análisis y estudios realizados por economistas y expertos en asuntos de energía. Sin asumir la deuda de AEE, el pueblo de Puerto Rico apenas puede pagar ahora sus costos energéticos.

Sin embargo, la JCF no cede. Se mantiene empeñada en defender el PAD-AEE y ha anunciado su lista de 10 testigos a favor del mismo. En esa lista figuran, entre otros, el propio David Skeel, presidente de la JCF, así como representantes de entidades tales como Citigroup Global Markets, Kroll Restructuring Administration, Ernst & Young, Brattle Group Inc., Berkeley Research Group y McKinsey & Company, una caravana de los » sospechosos usuales» en los embrollos financieros donde siempre triunfa el gran capital. Todos representan intereses ajenos y contrarios a los de Puerto Rico. Son testigos de encargo, cuya intervención es la mejor prueba de que enfrentamos un PAD- AEE diseñado y estructurado para favorecer a los buitres, aunque Puerto Rico se ahogue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homenaje a la “Junta de Redacción” de 1960

Por
manuel-de-j-gonzalez
-
Comisión Política del MPI. Francisco Manrique Cabrera, Lorenzo Piñeiro, César Andreu Iglesias, Pedro Baigés Chapel,Ramón Arbona, Juan Mari Brás, Norman Pietri, Jaime Luciano,Julio Vives Vázquez, Fran Cervoni y José Paraliticci. Foto Archivo CLARIDAD

 

CLARIDAD

Claridad cumple 64 años y tanto sobre su humilde origen como de su azarosa existencia se ha escrito bastante. También hemos escrito mucho (aunque nunca es demasiado) de la visión de sus fundadores, en particular de César Andréu Iglesias y Juan Mari Brás. Creo que ahora debemos empezar a hablar de otros grupos de abanderados que durante ese largo tiempo han asumido la tarea de hacer este periódico, porque cada época ha tenido sus héroes. Empecemos por un primer grupo.

¿Quiénes integraban la “Junta de Redacción” de Claridad a exactamente un año de su fundación? En la segunda página de la edición correspondiente al 22 de junio de 1960 encontramos el listado: Lorenzo Homar, Francisco Manrique Cabrera, Norman Pietri, Carlos Raquel Rivera, Antonio Maldonado, René Marqués, Julio Vives Vázquez, Emilio Díaz Valcárcel, Dina Orlado y Carlos Osorio. Al listado le faltan al menos dos nombres, los de Mari Brás y Andréu Iglesias. Ambos habían sido responsables de confeccionar la primera edición del periódico el 1ro de junio de 1959 y seguían aportando a sus ediciones, pero no aparecen como integrantes de la Junta.

Ese listado de la Junta de Redacción de junio de 1960 necesariamente nos retrotrae a una anécdota que Mari Brás contaba, y que dejó escrita, sobre la primera edición de Claridad. Cuenta el fundador que, tras imprimir el “periódico” en un viejo mimeógrafo donado por Gabriel Vicente Maura, acudió junto a César a una tertulia de escritores y artistas en la galería La Pintadera a presentar su obra. Entre comentarios y risas escuchó que uno de los presentes, seguramente artista, le comentaba en voz baja a Toni Maldonado: “¡Pero qué mamarracho!”. Luego creyó oír la voz de Maldonado, quien ya era un destacado artista producto de la “escuela mexicana” de pintura, decirle al amigo que en lugar de criticar debían disponerse a tratar de mejorar la novel publicación.

Pues, como prueba el listado que componía la Junta de Redacción para junio de 1960, muchos de los que estaban en aquella tertulia en La Pintadera efectivamente se unieron al llamado de Maldonado, incluyendo al propio artista. En ese grupo que asumió la tarea en 1960 están varios de los más auténticos representantes de la producción artística y literaria puertorriqueña, no sólo de ese momento, sino de su historia. Cuatro pintores que están entre los más destacados de célebre Generación del 50 (Homar, Carlos Raquel, Maldonado y Osorio) y tres escritores (Manrique Cabrera, René Marqués y Emilio Díaz Valcárcel).

Carlos Raquel Rivera. Foto Archivo CLARIDAD

No hay más que mirar las ediciones que siguieron al original “mamarracho” -un humildísimo boletín producido en un mimeógrafo viejo y gastado- para ver la gran aportación de este grupo de destacados creadores artísticos. Aun en las ediciones que siguieron confeccionándose en el mimeógrafo que Vicente Maura regaló, que representaba un gran reto técnico para añadir gráfica, ya encontramos aportaciones de Homar o de Maldonado. Meses después se logró la adquisición de una pequeñe imprenta “offset” que mejoró significativamente la calidad de impresión. Entonces las aportaciones de este grupo de artistas pudieron apreciarse más. De hecho, varios de los grabados más conocidos de Homar y Carlos Raquel Rivera, se publicaron inicialmente en las ediciones de Claridad de aquellos primeros años.

En la Junta de Redacción de 1960 sobresalen también los escritores. El listado comienza con Francisco Marique Cabrera quien para entonces era catedrático de literatura hispana en la Universidad de Puerto Rico y, además, un destacado poeta. A Cabrera le debemos su Historia de la Literatura Puertorriqueña que sigue siendo un libro indispensable. Más adelante en la década del ´60 Marique Cabrera asumió el cargo de Director General del Movimiento Pro Independencia.

Además de Manrique, en la Junta de junio de 1960 encontramos a René Marqués y Emilio Díaz Valcárcel. En ese momento ya Marqués era un reconocido escritor que también dirigía la División de Educación de la Comunidad (DIVEDCO) del Departamento de Instrucción Pública. Algunas de sus obras, como La Carreta, ya eran consideradas un clásico de nuestra literatura nacional. Díaz Valcárcel, diez años más joven que Marqués, ya era conocido como narrador, pero el grueso de su producción literaria llegaría en la siguiente década. En las ediciones del periódico de principios de los ´60 se publicaron varios de sus cuentos.

Los otros integrantes de la Junta de Redacción de 1960 -Norman Pietri, Dina Orlando y Julio Vives Vázquez- se destacaron en el MPI desde sus inicios y aportaban otras experiencias. Dina era abogada mientras Norman, fundador de la FUPI en 1956, más adelante sería director en propiedad de Claridad. Vives Vázquez, ingeniero y abogado, ocuparía el cargo de presidente del Partido Socialista (PSP) a partir de 1971. Siempre fue un buen escritor, de esos que en un breve texto puede decir mucho.

CLARIDAD ha tenido una larga vida y esa persistencia ha requerido sudor, lágrimas y en ocasiones también sangre. Afortunadamente siempre ha contado con la colaboración entusiasta de hombres y mujeres que, con sus aportaciones, ocupan sitiales importantes en la historia de nuestro país. El grupo que asumió la tarea en 1959-60 sentó la norma.

 

 

Buscan llevar a la quiebra a la Universidad de Puerto Rico

Por
candida-cotto
-

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Una acción temeraria es lo que evidencia la acción de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (JG) de acudir ante la jueza Laura Taylor Swain a solicitar que la UPR sea puesta bajo el Título III de la Ley PROMESA.

La petición de la Junta de Gobierno se produjo el pasado 24 de mayo, un día antes del que se supone se viera en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan una demanda en su contra presentada por la UPR  para impedir que la esta implemente un nuevo plan de pensiones de contribución definida. Tras la petición de la JG, el proceso ante el TPI quedó archivado.

Por su parte, la jueza que ve el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA le dio a la JG hasta el próximo14 de junio para que presente  sus argumentos de por qué debería remover el caso del Tribunal y acoger su petición.

El presidente de la Junta de Retiro del Sistema de Pensiones, Luis Vicenty Santini, expuso a CLARIDAD sus preocupaciones por la contestación de Swain y por las consecuencias que tendría para la Universidad si la jueza decide acoger la petición. “Si esa es una movida bien temeraria de la Junta de Síndicos de la UPR, más preocupante es lo que dijo la juez. Les dijo que le digan por qué ella no debe desestimar la petición, porque ella lo que ve son casos bajo el Título III de Quiebra y la UPR no está bajo el Título III”.

Las consecuencias que tendría colocar a  la UPR  bajo el Título III de PROMESA incluyen la pérdida de acreditación, lo que a su vez impediría el acceso a las becas Pell, el acceso a fondos de investigación y a fondos federales de Educación. Dijo que lo próximo sería un proceso de cómo acomodar a los estudiantes de la UPR en otras universidades. La quiebra sería para todos los recintos.

El presidente de la Junta trajo a la atención que cuando la Junta de Retiro ganó la fiducia del sistema en el 2020, la entonces directora de la JCF, Natalie Jaresko, hizo una consulta con el Departamento de Educación de Estados Unidos para ver si se podía hacer una quiebra consensuada bajo el Título III para  que la UPR no perdiera el acceso a los fondos federales, y le contestaron terminantemente que no. Este considera que la decisión de acudir ante la jueza Swain fue de la expresidenta de la UPR, Mayra Velasco, de Emilio Colón y  el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau. Denunció además que la decisión no fue sometida al pleno de la Junta de Gobierno, aun cuando se supone que la Junta es un cuerpo colegiado.

Uno de los argumentos de la Junta de Gobierno para pedir colocar a la UPR bajo el Capítulo de Quiebra de PROMESA es que supuestamente tiene que cumplir con el Plan Fiscal impuesto por la JCF. No obstante, es sabido que desde el 2017 la JCF presiona a la Junta de Gobierno para que cambie el sistema de retiro. Otro de los razonamientos de la JG para cambiar el plan de pensiones para los empleados nuevos es que el Plan de Retiro se va a queda insolvente. Vicenty Santini desmintió que esto sea cierto y afirmó que el último estado financiero del Retiro establece que el plan tiene solvencia, por lo que cuestiona las motivaciones para insistir en el cambio.

A su juicio, el cambio responde a aspectos ideológicos. Agregó que ya los tribunales de Puerto Rico  removieron a la JG de la UPR de la fiducia del Plan de Retiro, por lo que técnicamente y legalmente se supone que la JG no tiene ninguna participación sobre el plan y su única participación es su aportación. Para cerrar el plan se requiere la anuencia del fiduciario, que es la JRSP, que él preside. Una  de las razones por las cuales el tribunal  le quitó la fiducia a la JG fue porque esta le condonaba pagos a la UPR,  indicó.

El presidente de la Junta del Sistema de Retiro manifestó aprehensión por que la jueza coloque a la UPR bajo Título III, porque prácticamente estaría dejando al país sin universidad y se pregunta “si eso es lo que están que buscando el presidente y la Junta de Gobierno de la UPR: llevarla a la quiebra y que la UPR deje de existir. Eso es lo que va a pasar”.

Por su parte, el representante legal de la Junta de Retiro, Rolando Emmanuelli Jiménez,  describió la acción de la JG de la UPR como una desesperada, la cual crea un problema porque la Universidad no es ningún deudor.  Eso significa que no hay jurisdicción del Título III. Este señaló que es por eso que la jueza le ordenó a la UPR  mostrar causa por la cual tendría que ir el caso al tribunal, porque el asunto no tiene nada que ver con PROMESA.

Este también observó que de haberse podido someter a la UPR bajo el Título III de PROMESA, la JCF  lo hubiese hecho; pero el caso es que la UPR estaba cumpliendo con el pago de su deuda, por lo que la JCF hubiese tenido que mostrar causa para ello, algo que deben saber los abogados de la JG.

El licenciado Emmanuelli Jiménez se expresó confiado en que no hay méritos en la petición de la JG. De parte de su cliente esperan presentar su contestación en esta semana. Recalcó que ya la jueza emitió una opinión de que no tiene jurisdicción, por lo que no hay manera de que la UPR explique o justifique su petición.

El meollo del caso, comentó, es que la ley de  la UPR dice que la Universidad tendrá un plan de retiro, no dos, y la JG quiere abrir otro plan de retiro que le va hacer un hueco al existente debido a que los empleados nuevos no van a estar aportando, y eso va a menoscabar  el plan. Por demás el  actuario ha señalado  que sale más caro el nuevo plan que el actual. Al la  acción de la JG ser contraria a la Ley Universitaria, si quiere tener ese otro plan, tendrá que enmendar la ley, anticipó.

 

 

 

 

 

1...516517518...1.874Página 517 de 1.874