CLARIDAD
De emergencia nacional y ofensiva para reducir o eliminar protecciones ambientales y beneficiar a unos sectores económicos y políticos poderosos catalogó Pedro Saadé Lloréns, el conjunto de proyectos presentados en la Legislatura relacionados con las protecciones a recursos naturales y los proceso de permisos.
En entrevista, el profesor de Derecho Ambiental argumentó que los proyectos el PC 310, ahora Ley 82 del 2026, el PC 025 para redefinir la zona marítimo terrestre (ZMT), el PC 1079 sobre la zona del Karso y los proyectos de la llamada reforma de permisos, el PC 1213, que es el de la gobernadora Jenniffer González Colón, y el PS 1183, del presidente del Senado Thomas Rivera Shazt, todos tienen un hilo en común.
Uno de esos hilos es la postura ideológica de los que impulsan que las protecciones ambientales de planificación, de protección de zonas o áreas arqueológicas, naturales y de bienestar en general es lo que causa la dilación en los permisos o, inclusive, la crisis económica.
El licenciado Saadé Lloréns denunció que esta postura es una gran falsedad. Considera que, por el contrario, las dilaciones que no son aceptables con relación a algunos permisos se deben a falta de recursos o por la corrupción e influencias políticas. “No son culpa del bienestar social, ni del medio ambiente ni de lo arqueológico”, defendió.
El otro hilo en común que señaló tienen el PC 1079 y los llamados proyectos de reforma de permisos es que resaltan que el derecho que se está protegiendo es el de la propiedad privada. Saadé Lloréns calificó eso de visión incorrecta porque la propiedad privada está y ha estado por mucho tiempo en la Constitución, por lo que la intención de resaltarlo ahora no es más que un argumento falaz debido a que el derecho constitucional de propiedad privada no incluye el derecho a desarrollar de una forma particular o ubicar un negocio en una zona residencial. “Eso es una visión extrema que ha sido importada de los movimientos conservadores de Estados Unidos y otros lugares. Sencillamente es una deformación que enfatiza la propiedad privada y se olvida del bienestar y los bienes comunes”.
El experto en Derecho Ambiental recalcó que esa es una visión de muchas consecuencias, que coloca el asunto de la propiedad privada en una perspectiva totalmente incorrecta, ya que trastoca el derecho: no hay bienestar común ni medio ambiente, sino que es el derecho particular.
En esa línea, denunció que los sectores en Puerto Rico que se van a beneficiar de esta visión son los sectores que aportaron mediante super pac a algunos candidatos políticos, en particular en las pasadas elecciones. Uno de esos políticos, señaló, es el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez. El presidente de la Cámara fue el que sometió el PC 025, el PC 310 y el PC 1213, la reforma de permisos de la Gobernadora.
Vale señalar que el presidente de la Cámara Méndez, también radicó en la pasada sesión el proyecto PC 862 que pretendía crear un Consejo de Desarrollo Económico (CDE) para los 15 pueblos del este de Puerto Rico a petición de la organización, Foundation for Puerto Rico (FFPR). La medida fue retirada.
El otro punto en común de los proyectos es la privatización de las playas, que son bienes de dominio público, mediante una nueva demarcación de la ZMT. El PC 025 ya se aprobó en la Cámara de Representantes y al momento se encuentra bajo examen del Senado. Saadé Lloréns advirtió que, en paralelo, la Gobernadora insertó dicho proyecto en su reforma de permisos el PC 1213. Aseguró que una vez más se utiliza la dilatación de los permisos como justificación para hacer cambios profundos, quitar derechos y protecciones ambientales.
El PC 1079
En el caso del PC 1079, argumentó que está impulsado por los mismos intereses. La ley actual de protección de la zona karso (Ley 82 de 1999) reconoce el karso no solo como de valía para el agua, sino de gran valía ecológica, en términos de las especies en peligro de extinción y otros valores ecológicos. Además, la ley creó un mecanismo para identificar las áreas que no debieran ser objetos de construcciones, como canteras, urbanizaciones, etc.
El PC 1079 lo primero que hace es eliminar el concepto de que el karso tiene valor ecológico, elimina el concepto de que deben haber áreas que no sean objeto de desarrollo. El tercer cambio significativo, enfatizó, es que metieron el derecho a la propiedad privada como guía de los usos en el karso. “Es de las cosas más crudas que uno puede ver. Esas características hace del proyecto uno sumamente malo y peligroso”, aseguró.
A lo anterior se suma que se cambia el valor del karso como zona de recurso del agua. Ahora se visualizan el área como una fuente de materia prima. Eso quiere decir que se puede explotar para canteras, relleno y otros usos.
En términos del Derecho Ambiental, Saadé Lloréns expuso que todos estos proyectos representan, en definitiva, un retroceso de las protecciones ambientales aun con todas sus deficiencias. Se busca removerlas y adoptar una ruta un proyecto, que no cree que el pueblo apruebe, el más obvio, el del proyecto que limitaría la ZMT.
El ambientalista indicó que los proyectos más abarcadores son los de la reforma de permisos, por lo que más de 60 organizaciones, entre ambientales y comunitarias y otros expertos, solicitaron a ambos cuerpos legislativos mediante carta que se extendieran las vistas públicas. De parte de la Cámara no han recibido respuesta a la petición de forma alguna. Por parte del Senado, la respuesta ha sido extender hasta el 5 de junio el término para someter comentarios por escrito. Acotó que eso no es suficiente cuando se ve la complejidad de los dos proyectos: el de la gobernadora y el presidente del Senado. Considera que es sumamente complicado examinarlos.
Otro asunto que trajo a la atención es que hay muchas cosas sucediendo a la vez, como el debilitamiento de las agencias y su desarticulación. En particular, señaló al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). “Colocar a la cabeza del DRNA una persona que no tiene interés real en proteger los valores ambientales ni los recursos naturales, ni defender el Departamento lo ha demostrado. Desde las primeras horas que aprobó la resolución de la Parguera, su trayectoria ha sido consistente. Por eso digo que es un ataque frontal y amplio; el pueblo tiene que reaccionar”.
La conclusión de Sadeé Lloréns es que, en su conjunto todos estos proyectos representan impedimentos para que los ciudadanos cuestionen decisiones del gobierno sobre los recursos. No obstante, destacó, el derecho ambiental va a continuar siendo relevante e importante, precisamente, a pesar de esas aprobaciones. “Los procedimientos que queden disponibles se hacen más importantes aun”.
