CLARIDAD
En política pública se puede definir la corrupción como la toma de decisiones en que se abusa del poder para beneficio privado, se toman decisiones que van en contravención de unas formas legales, sociales, de formas culturales que tiene un país.
“No siempre hay que presumir que se violó una ley para que ocurra un acto de corrupción, puede haber corrupción ilegal y corrupción no ilegal”, describió el economista Iyari Ríos, al analizar lo que es corrupción gubernamental frente al escenario de acusaciones y denuncias entre el ahora ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Secretario de la Gobernación que han provocado investigaciones judiciales, dos por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OFEI) y una investigación senatorial. Apuntó a que hay diferentes maneras en que el aparato gubernamental legaliza acciones no legales. Un ejemplo reciente dijo de esta administración fue la intención de aprobar una normativa para legalizar las casas de la Parguera, algo que era ilegal.
El economista que también estudia la corrupción gubernamental señaló que existen diferentes teorías que permiten explicar los motivos que podría tener una persona para realizar un acto corrupto. En el caso concreto de Francisco Domenech indicó que como secretario de la gobernación, la gobernadora Jenniffer González, aprobó una Orden Ejecutiva que le otorga unos poderes extraordinarios que le concentran una serie de facultades, un amplio poder de discreción para tomar decisiones sobre una amplia cantidad de asuntos. Ese amplio nivel de discreción lo coloca en una posición para poder beneficiarse él o la su antes corporación Politank.
Describió que el amplio poder de discreción otorgado a este funcionario sobre las cosas que puede hacer y que a la vez no tiene que rendirle cuentas a nadie es un escenario idóneo para beneficiarse económicamente. En ese sentido se puede visualizar que las vistas que está llevando a cabo el Senado, sobre son una forma de que el secretario de la gobernación rinda cuentas sobre las acciones que está tomando.
Un aspecto que dijo era importante señalar es que en términos históricos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico ha existido una relación muy estrecha entre lo que podríamos llamar las elites económicas y las instituciones gubernamentales desde las cuales se ejecutan políticas públicas para intereses económicos. Esa relación entre las elites políticas y económicas, incluso en ocasiones incluyen la relación de apellidos.
Cuando se logra una articulación entre las decisiones gubernamentales y los intereses de los grupos de poder puede ocurrir una perdida de autonomía del gobierno para la formulación de políticas publicas. A ese fenómeno en la literatura se le conoce como la “captura del estado”. Ejemplos de esa captura del estado que podemos estar percibiendo en Puerto Rico en estos momentos son los proyectos de reforma de permisos, y el proyecto PC 115 para eliminar la Ley de Salario Mínimo.
Otro hilo de corrupción que podemos observar es el tema del cabildeo empresarial. No dejo pasar por alto la firma de cabilderos Politank representó a acreedores de la deuda de Puerto Rico y su contrato establecía que el beneficio que iba a derribar Politank iba a ser mayor en la medida que el recorte a la deuda fuese menor y por lo tanto que Puerto Rico tuviese que pagar mas y ahora el que era su dueño es el secretario de la gobernación.
En lo que respecta a los entes fiscales, Ríos, advirtió a que es menester traer a colación el que por un lado la propia captura del estado podría implicar que en dichos entes fiscalizadores se coloquen a personas para que su función sea facilitar, permitir, o por lo menos a que no fiscalicen ese tipo de comportamiento. También se puede dar el debilitamiento institucional, cosa que ha ocurrido en el país como resultado de las políticas de austeridad de las pasadas dos décadas y que ha reducido la cantidad de recursos no solo en presupuesto, sino en personas, que imposibilita que puedan cumplir sus funciones de forma adecuada. En esa línea expresó que un planteamiento medular en esta coyuntura que vive el país es la necesidad de fortalecer las instituciones existentes para que puedan llevar a cabo sus propósitos.
“Esto es un asunto de relevancia para el país porque estas practicas por un lado provocan una perdida de eficiencia gubernamental y por otro lado precariza las condiciones de vida. En la medida en que recursos públicos deberían destinarse a necesidades colectivas como salud, educación vivienda se redirigen para atender los intereses de unos grupos en especifico, estas practicas afectan la estabilidad institucional, laceran la credibilidad del gobierno y la confianza de la ciudadania en sus instituciones y funcionarios”.
