CLARIDAD
Para el exrepresentante Víctor García San Inocencio, quien participó de varias investigaciones sobre actos de corrupción cuando estuvo en la Cámara de Representantes, las denuncias entre funcionarios públicos de las más alta jerarquía —el secretario de la Gobernación y el exdirector del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)— y sus consecuencias constituyen un escándalo que probablemente nunca se habían visto en la historia de Puerto Rico.
Sobre las denuncias entre los funcionarios y las simultáneas investigaciones, el exrepresentante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) puntualizó que nadie que no tenga la prueba puede llegar a ninguna conclusión ahora mismo sobre quién tiene la razón, “si es que alguien la tiene en ese carnaval de denuncias. Lo que sí sabemos es que han sido denuncias de suficiente peso para activar la asignación de dos fiscales especiales independientes”.
El licenciado García San Inocencio se refiere a la supuesta intervención del secretario de la gobernación, Francisco Domenech, y del entonces director de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar, en un proceso de adjudicación de subasta. Al presente, hay asignados dos fiscales especiales independientes, uno para investigar la denuncia del exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón, contra el exdirector de la OGPe, Norberto Almodóvar, y otro para investigar la denuncia del secretario de la gobernación contra Sebastián Negrón.
Hay que separar lo legislativo de lo penal, porque ni siquiera todavía hay elementos que lleven a decir que hay configurada una acción penal debido a que la investigación no ha concluido, prosiguió. En el caso de estas investigaciones penales, por tratarse de funcionarios de alta jerarquía, podrían desembocar (lo que muchos estiman probable) en consecuencias que van más allá del ámbito legislativo o el ámbito político.
En lo que respecta a la investigación senatorial, el exlegislador atribuyó su origen a uno político, lo que puede traer repercusiones de otra índole. No le cabe la menor duda de que la investigación es secuela del proceso legislativo previo en la que el Senado investigó sobre Francisco Domenech y la compañía que dijo que vendió. A su juicio, la nueva investigación sobre el secretario de la gobernación, a raíz de la denuncia del exsecretario del DDEC, lo que hace es avivar y alimentar una investigación que ya estaba abierta, lo que se torna más complejo por el carácter de la denuncia, en la que se imputa la utilización de un cargo público para favorecer a personas que fueron objeto ya de una acción preventiva.
Sobre la escalada de la intervención del secretario de la gobernación, hizo la observación de que si fuese cierto y probado que el secretario de la gobernación pretendió manipular un proceso interno dentro del DDEC y que algunas empleadas se sintieron presionadas o cohesionadas por dicha acción, se le añade el elemento más reciente de que la compañía Politank ha estado, alegadamente, incumpliendo con los requisitos para disfrutar de un decreto que otorga el DDEC. Esto tiene todos los elementos que son componentes, de probarse alguno, que van mucho más allá de poner en entredicho a la persona que está nombrada secretario de la gobernación.
En este contexto, el formato más conveniente para extraer información es la celebración de una vista pública que consuma tiempo, de seis a siete horas, en la cual cada legislador que participe de la comisión a la que se le encomiende la investigación pueda interrogar de manera extensa, traer diferentes testigos y, de ser necesario, citar a una segunda comparecencia.
García San Inocencio señaló que el Senado debiera informar al país de qué es lo que se propone con estas vistas públicas e, incluso, que se debió activar la Regla 14 del Senado, que es un procedimiento más formal de investigación de una comisión legislativa en la cual participan las minorías con sus investigadores y cuyos resultados pueden provocar, no una, sino una variante de acciones que pueden ser de carácter administrativo, civiles y otras de naturaleza penal si se descubre y prueba la comisión de alguno de los actos imputados.
En fin, ante las imputaciones que ha hecho Domenech al exsecretario del DDEC y su esposa, y ante otras declaraciones de una y otra parte, García San Inocencio expresó creer que aquí se han juntado las peores prácticas imaginables de gobernanza de parte de una gobernadora que nunca se caracterizó por la laboriosidad. En esa línea de mala gobernanza, apuntó a la presencia de las puertas giratorias que dan acceso privilegiado a organismos discrecionales con información privilegiada, la influencia de los cabilderos y el inversionismo político partidista, lo que significa tremendo caldo de cultivo para conductas y decisiones cuestionables.
El exlegislador estima que la situación debiera llevar a que se cree un ente regulador de las actividades de cabildeo en todo el gobierno, que incluya a municipios, corporaciones públicas, agencias del ejecutivo y legislativo, en una sola entidad con una reglamentación robusta, y que se prohíba modalidades de cabildeo en que el cabildero cobra de manera contingente según los millones que consiga para el proyecto o exención que sea, o para el contrato, y que las tarifas sean razonables, por hora, refrendadas por un organismo de Estado.
