El desarrollo de Puerto Rico debe partir de una realidad ineludible. Somos una isla con recursos limitados, una infraestructura de agua cada vez más vulnerable y un sistema eléctrico que continúa mostrando señales de fragilidad. Sin embargo, gran parte de la planificación territorial reciente parece avanzar como si estas limitaciones no existieran. Autorizar megaproyectos sin demostrar que existen la capacidad hídrica y energética para sostenerlos no representa una visión de futuro; representa el riesgo de trasladar los costos de ese crecimiento al resto del país mediante mayores racionamientos, apagones y una presión adicional sobre los recursos naturales.
Esta desconexión entre la planificación y la capacidad real de la infraestructura se refleja en proyectos de gran escala propuestos para zonas ambientalmente sensibles. El Proyecto Esencia, en Cabo Rojo, con una inversión estimada de más de $2,600 millones, plantea un desarrollo intensivo precisamente en una región que durante años ha enfrentado condiciones de sequía y estrés hídrico. De igual forma, las propuestas en Punta Bandera, Luquillo, y en los terrenos adyacentes a la Reserva Natural Playa La Esperanza, en Manatí, reabren el debate sobre el futuro de los humedales, las áreas de recarga de acuíferos y la resiliencia costera. Cada nuevo desarrollo implica una mayor demanda sobre los sistemas de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. La pregunta esencial es si el país realmente cuenta con la capacidad para absorber ese crecimiento sin afectar a las comunidades que ya experimentan interrupciones frecuentes en estos servicios.
Esta situación exige una reflexión profunda sobre el rumbo que ha tomado la política pública. La Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Legislatura y las demás agencias con responsabilidades sobre el ordenamiento territorial tienen el deber de asegurar que el desarrollo responda a criterios de sostenibilidad y no únicamente a oportunidades de inversión. El Plan de Uso de Terrenos fue concebido precisamente para armonizar el crecimiento urbano con la protección de los recursos naturales y la capacidad de la infraestructura. Cuando esa función pierde fuerza frente a presiones económicas o decisiones reglamentarias, también se debilita la capacidad del país para enfrentar el cambio climático y garantizar servicios esenciales.
Diversas medidas legislativas y reglamentarias han generado preocupación entre sectores profesionales, ambientales y comunitarios por su posible efecto acumulativo sobre la planificación. Entre ellas se encuentra la Ley 82-2026, que establece requisitos económicos para solicitar la paralización judicial de proyectos y que, según sus críticos, podría dificultar el acceso de las comunidades a los tribunales. De igual forma, el Proyecto de la Cámara 25 ha sido objeto de controversia por proponer modificaciones a la delimitación de la Zona Marítimo-Terrestre, mientras que las sucesivas revisiones al Reglamento Conjunto y la aplicación de la Ley 161-2009 han sido señaladas por distintos sectores por agilizar procesos de permisos y reducir el nivel de análisis ambiental requerido en determinados proyectos. Más allá del debate jurídico de cada medida, persiste una pregunta fundamental que rara vez ocupa el centro de la discusión pública: ¿puede la infraestructura de Puerto Rico sostener el crecimiento que se está autorizando?
La planificación moderna no puede limitarse a evaluar si un proyecto cumple con los requisitos de zonificación. También debe preguntarse si existen fuentes suficientes de agua potable, si los embalses podrán suplir la nueva demanda durante periodos de sequía, si la red de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados posee la capacidad necesaria y si el sistema eléctrico podrá responder sin incrementar la vulnerabilidad de toda la población. Ignorar esas variables significa trasladar el costo del desarrollo a quienes ya enfrentan interrupciones de agua, apagones recurrentes y tarifas cada vez más elevadas.
Puerto Rico necesita inversión, empleo y desarrollo económico, pero también necesita una planificación responsable que reconozca los límites físicos del territorio. El crecimiento no debe medirse únicamente por la cantidad de concreto que se construye, sino por la capacidad del país para sostener ese desarrollo sin comprometer sus recursos naturales ni deteriorar la calidad de vida de quienes ya viven aquí. En una isla donde el agua comienza a convertirse en uno de los recursos más escasos y la estabilidad energética continúa siendo incierta, el verdadero progreso será aquel que garantice primero el acceso al agua, la energía y un ambiente saludable para las generaciones presentes y futuras.
El autor es geógrafo, planificador y consultor en manejo de desastres.
