CLARIDAD
De acuerdo con un estudio realizado por la organización Espacios Abiertos (EA), Puerto Rico enfrentaría una crisis de salud sin precedentes ante la reducción de casi el 90 % del financiamiento del Gobierno Federal de Estados Unidos al programa Medicaid.
El riesgo de la pérdida de financiamiento es conocido y se ha estado debatiendo desde la aprobación por el Congreso de EE. UU.. en diciembre del 2022. de la ley llamada Ley de Apropiaciones Consolidadas (Consolidated Appropriations Act, 2023). La ley fijó fondos temporales y un pareo federal (FMAP) del 76 % para el programa de Medicaid en Puerto Rico con fecha de expiración definida para el próximo 30 de septiembre de 2027.
El informe El costo de la incertidumbre: Medicaid en Puerto Rico y las brechas en financiamiento federal, publicado por EA en semanas recientes, advierte que la expiración del acuerdo vigente reduciría de un aproximado de $4,000 millones a menos de $500 millones dicha aportación, reduciendo de manera drástica el porcentaje federal de asistencia médica (FMAP) del 76 % al 55 %. Esta reducción obligaría al Gobierno de Puerto Rico a asumir hasta $4,849 millones adicionales para sufragar los gastos del programa. El no poder sufragar esa cifra, sugiere EA, significa recortar servicios esenciales, lo que pondría en riesgo la cobertura médica de cientos de miles de personas.
En Puerto Rico, cerca de 1.3 millones de residentes dependen de Medicaid y del Plan Vital (el plan de salud del Gobierno), principalmente menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidades y pacientes con enfermedades crónicas.
“El problema no es únicamente la insuficiencia de fondos; sino la incertidumbre constante bajo la que opera este programa en Puerto Rico, ya que el país sigue dependiendo de extensiones temporeras que impiden la planificación a largo plazo y limitan la capacidad del sistema de salud para responder adecuadamente a las necesidades de la población”, señaló Ataveyra Medina Hernández, portavoz de EA.
La subdirectora de Investigación de EA, Angélica Marrero, señaló que Medicaid es la columna vertebral del sistema de salud en Puerto Rico. “Gran parte de los servicios de salud pública cubre a casi cuatro de cada diez residentes de la isla. Más de la mitad de los beneficiarios son menores de 20 años o mayores de 61 años, poblaciones particularmente vulnerables ante cualquier interrupción en la prestación de servicios».
El estudio de EA modeló tres posibles escenarios para el año fiscal federal 2028, ante las decisiones que pudiera tomar el Congreso de EE. UU. El primer escenario es de un “precipicio fiscal”. De no haber ninguna acción por parte del Congreso, el Gobierno de Puerto Rico tendría que aportar cerca de $4,849 millones para mantener la cobertura actual. Esta cifra equivaldría al 35.4 % del Fondo General, lo que EA considera es un aumento dramático respecto al esfuerzo fiscal actual.
“Ante una carga de esa magnitud, el Gobierno tendría opciones extremadamente limitadas: recortar gastos en otras áreas esenciales, como educación y servicios públicos o reducir beneficios y cobertura médica, explicó Marrero.
El estudio de EA cita que otros informes también han advertido que una reducción severa podría poner en riesgo la cobertura de entre 700,000 y 1,000,000 de personas, además de afectar las finanzas municipales y la estabilidad del sistema de salud.
El segundo escenario sería la extensión del financiamiento actual ajustado por la inflación. El impacto fiscal para el país de este ajuste resultaría menor; pero todavía la aportación alcanzaría los cerca de $1,396 millones, lo que equivale al 10.2 % del Fondo General. Aun así, EA concluye que esta alternativa no resolvería el problema estructural debido a que el gasto de Medicaid en Puerto Rico crece más rápido que el índice utilizado para ajustar el tope federal. Como resultado, la brecha de financiamiento continuaría ampliándose con el tiempo.
El tercer escenario sería la paridad parcial con los estados, una aportación equivalente al 83 % del gasto estimado en Medicaid, similar a la fórmula solicitada por el Gobierno de Puerto Rico. Bajo esta alternativa, el impacto fiscal para la isla se reduciría en aproximadamente 6.6 % del Fondo General, lo que permitiría preservar los niveles actuales de cobertura y servicios.
El informe concluye que una reducción significativa del financiamiento podría afectar a cientos de miles de beneficiarios y generar consecuencias económicas y sociales de gran alcance.
Frente a este panorama, EA exhortó al Congreso de EE. UU. a aprobar una solución permanente que elimine las disparidades actuales en Medicaid para Puerto Rico; que se elimine el tope anual de financiamiento federal para Puerto Rico y se aplique la misma fórmula de pareo utilizada en los estados, permitiendo una aportación federal de hasta 83 % sin límite anual. En caso de aprobarse una extensión temporera, garantizar que sea de al menos cinco que refleje el crecimiento real del gasto en Medicaid y que incluya fondos para cubrir nuevas exigencias federales.
En cuanto al Gobierno de Puerto Rico, Espacios Abiertos, recomendó tanto a la Administración de Seguros de Salud (AES) y al Departamento de Salud (DS) que desarrollen y publiquen un plan de contingencia ante posibles reducciones federales; que se divulgue de manera periódica y centralizada la información financiera, de cobertura y calidad del programa; que se evalué y se haga público el impacto potencial sobre los municipios y que se haga un estimado formal del costo de alcanzar plena paridad con los estados en elegibilidad, cobertura y financiamiento.
