CLARIDAD
Puerto Rico, un país cuya población se proyecta cada vez mayor, promediando los 65 años o más, no cuenta con una política pública que atienda de manera planificada esta realidad demográfica. La actual legislación y reglamentación del Estado se limita, de acuerdo con una voz experta, a privilegiar otros sectores que no guardan el mismo peso en ese panorama, sometiendo a las personas de esta edad a negligencias por parte del gobierno, los hogares de cuidado y las propias familias.
Para la Dra. Carmen Delia Sánchez Salgado, exprocuradora de las Personas de Edad Avanzada, se trata de una situación arrastrada hace décadas, pero que se ha agravado desde su salida de la Procuraduría, en 2024. A juicio de la gerontóloga, la política actual desoye la creciente población mayor y, de forma paralela, no integra a todas las agencias y los recursos necesarios para ampliar sus derechos.
“Ellos (las personas mayores) viven en una sociedad donde interactúan varias agencias, varios elementos para poder atender las necesidades de esta población. Hay que verlo como un todo y hay que verlo como que esta población sigue aumentando y con unas necesidades particulares. Además, está aumentando y viviendo más tiempo. Y si bien es cierto que la vejez no es sinónimo de enfermedad, el vivir más tiempo nos hace más vulnerable”, expresó Sánchez Salgado a CLARIDAD.
La exprocuradora coincidió con José Acarón, presidente de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, en inglés), en que el cuidado integral de las personas mayores no es deber único del Estado. Aunque el gobierno guarda una “responsabilidad particular”, las familias, la comunidad y los centros de cuidado suponen enlaces en los apoyos que reciben estas personas.
“Está la comunidad, está la familia, pero tiene que haber ese enlace. Y dentro del Estado, ese enlace son las diferentes agencias que tienen que atender, de forma distinta, las necesidades de esta población que conforma una cuarta parte del país”, destacó la doctora.
La fiscalización de las condiciones en que viven las personas mayores, agregó, recaen en agencias como Vivienda, Salud, Trabajo y Recursos Humanos, más allá del Departamento de la Familia. Sánchez Salgado recordó la reciente noticia de adultos mayores desplazados de sus apartamentos para fines ilícitos, en residenciales como Monte Hatillo y Ernesto Ramos Antonini. La exprocuradora cuestionó, en este sentido, la respuesta de Vivienda.
“Eso es solo un ejemplo de cómo las agencias, todas, tienen que trabajar. El Estado tiene que trabajar en conjunto, pero las personas mayores están aisladas: la familia, la comunidad, el Estado, las diferentes agencias. Esto tiene que ser compartido, esto es una responsabilidad compartida”, agregó.
Asimismo, Sánchez Salgado aseguró que faltan recursos –sobre todo, personal– por asignarse en el país. Sin una cantidad saludable de trabajadores que fiscalicen los hogares, los centros de cuidado y los hospitales, las personas de edad avanzada quedan desamparadas ante la desidia. Muchos de los recursos, centralizados en el área metropolitana, no llegan a tiempo a todas las regiones del país.
«Tiene que haber más urgencia para atender los casos. Aquí no se puede esperar, y eso es un reto para la política pública actual. Tienen que darle más atención a esta población, tienen que reclutar personal. Sí hay dinero, pero se utiliza para cosas que son innecesarias. Se duplican cosas, presupuestos para favorecer a quien sea; pero no se recluta, no se adiestra, no se sensibiliza el personal necesario para esta población. Es una prioridad ignorada”, continuó.
Contrastes entre las promesas y la realidad
El 21 de mayo de este año, durante su segundo mensaje de Estado, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la asignación de $15 millones para fortalecer el servicio de amas de llaves en todo el país. Más de 1,200 nuevas amas de llaves que beneficiarían a 1,501 “participantes” (así les llamó la mandataria en su alocución). La promesa añadió que, para el presupuesto de 2027-2028, se sumarían $20 millones para ampliar los recursos que atienden este sector.
“En mi gobierno, nuestros viejos no están solos y no los vamos a abandonar. Los departamentos de Familia y Salud crearon un protocolo para manejar maltrato o negligencia contra un adulto mayor en hospitales”, se adjudicó la gobernadora como logro administrativo.
Menos de dos meses después, en julio de este año, un estudio de la trabajadora social y gerontóloga Erika Colón Ortega reveló que más de 1,000 personas mayores enfrentan situaciones de salud en hospitales y centros de salud sin la compañía de familiares o alguna red de apoyo.
El estudio de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPRRP) también apuntó que el abandono de este sector corresponde, en gran parte, a las limitaciones económicas de las familias y concluyó coincidiendo con las posturas de Sánchez Salgado y la AARP: la culpa es compartida entre los componentes que atienden a esta población.
“Los municipios dan la cara, pero el Estado no les da los recursos. Ellos son los primeros que responden y, muchas veces, sus amas de llaves son las que están presentes. Ellos hacen lo que pueden, pero hay que asignarles más recursos. Cuando yo estuve en la procuraduría, me consta que había, por lo menos, 20 amas de llaves disponibles, que no se podían reclutar más, que no tenían dinero. Pero lo que no hay es prioridad. No hay una prioridad para los municipios, para estos servicios. Se promete y no se da”, opinó la doctora.
La exprocuradora entiende que el gobierno prioriza a otros sectores con menor proyección de crecimiento – como la niñez–, mas reparó en que existen los recursos para atender a todos los sectores. El problema radica en que no existe un proyecto político que planifique a largo plazo para esta población. La realidad se agrava, de acuerdo Sánchez, cuando se considera que la expectativa de vida continúa aumentando.
“Ya la gente no se muere a los 65 años, se muere a los 97, a los 98, pasan los ciento y pico de años. Eso es lo que hay que ver. Que la gente sigue durando más, que se sigue cuidando, que son una cuarta parte del país y que se les tiene que atender. Para el 2050, esto va a seguir creciendo y creciendo. El Estado tiene que reconocer estas cosas y reconocer que tiene un deber compartido”, concluyó la experta.
