Aprobado ya en el Senado, el PS 1062 debilita las protecciones de información confidencial y facilita intervenciones migratorias sin garantías constitucionales adecuadas a la niñez inmigrante, denunció la Unión Americana de Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico (ACLU-PR). El proyecto pasó a la consideración de la Cámara y aún se desconoce qué comisión examinará la medida y si, a diferencia del Senado, será sometido a vista pública.
El proyecto en el Senado fue aprobado por la mayoría del PNP y PPD. Tuvo votos en contra de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y de los senadores independientes Eliezer Molina y Joan Rodríguez Veve.
La directora ejecutiva de ACLU-PR, licenciada Annette Martínez Orabona, advirtió en declaraciones a la prensa, que el propósito original de la medida era establecer mayores salvaguardas para estudiantes inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, así como proteger la confidencialidad de su información y sus datos personales. Resaltó que, por el contrario, las enmiendas introducidas por la Comisión de Gobierno y Educación del Senado desvirtuaron la intención y abren la puerta a intervenciones indebidas de agentes federales de inmigración contra menores de edad que se encuentran bajo el cuidado y la responsabilidad del Departamento de Educación (DE), sin exigir de forma clara una orden judicial válida.
Martínez Orabona precisó que las enmiendas al PS 1062 en los artículos 3, 6, 7 y 8 equiparan indebidamente las órdenes administrativas con las judiciales, eliminan salvaguardas esenciales para la divulgación de información confidencial y establecen restricciones que podrían impedir al personal escolar ejercer de manera adecuada su responsabilidad de proteger los derechos de sus estudiantes. sAdvirtió que estas disposiciones comprometen el derecho constitucional a la educación pública, las protecciones contra registros y allanamientos irrazonables, el derecho a la intimidad y las garantías de seguridad y protección que cobijan a toda la niñez, independientemente de su estatus migratorio.
Una orden administrativa no sustituye una orden judicial
La ACLU-PR subrayó que una orden administrativa de inmigración, expedida por funcionarios de agencias ejecutivas como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no equivale a una orden judicial emitida por un tribunal y firmada por un juez.
Con igual énfasis sostuvo que el acceso de agentes federales de inmigración a espacios escolares protegidos para intervenir con menores de edad debe estar sujeto a garantías constitucionales estrictas, incluida la presentación de una orden judicial válida. Esta exigencia adquiere particular importancia cuando se trata de estudiantes que se encuentran separados de sus padres, madres o personas encargadas y bajo la custodia y responsabilidad de las autoridades escolares.
La licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública de la ACLU-PR, subrayó que “permitir intervenciones migratorias sobre la base de una orden administrativa o de expresiones ambiguas como ‘cualquier documento’ coloca a directores, maestros y administradores escolares ante directrices contradictorias, sin criterios objetivos suficientes para determinar la legalidad de los requerimientos federales».
ACLU-PR destacó, además, que la medida enmendada reduce protecciones ya contempladas en el Protocolo para el Manejo de información e intervención con personal y estudiantes ante la posible llegada de personal de seguridad de agencias federales o estatales, adoptado por el propio Departamento de Educación, que exige una orden judicial firmada por un juez ante intervenciones de agentes de inmigración.
En cuanto a los artículos 7 y 8, ACLU-PR señaló que, aunque contemplan mecanismos como la notificación al secretario de Educación, la consulta al Departamento de Justicia, el aviso a los padres y el acompañamiento del menor, establecen que estas gestiones no podrán impedir, obstaculizar o retrasar las intervenciones de las autoridades federales. Estas “salvaguardas”, indicó ACLU, podrían convertirse en trámites proforma, sin eficacia real para garantizar los derechos de los estudiantes.
En la práctica, apuntó, el personal escolar podría verse presionado a permitir una intervención antes de recibir asesoría legal o de completar las gestiones necesarias para proteger al menor, por temor a que cualquier demora sea interpretada como una obstrucción a las autoridades federales.
La ACLU advirtió que la legislación no debe colocar a las comunidades escolares en una posición de vulnerabilidad ni generar incertidumbre sobre su responsabilidad de garantizar los derechos constitucionales de los estudiantes.
Menos protecciones para la información confidencial de estudiantes y familias
Al respecto, se cuestionó la eliminación, en el artículo 6, del requisito de asesoría legal previa a la divulgación de información o datos de los estudiantes. Esta modificación debilita una salvaguarda fundamental para prevenir la entrega indebida de información confidencial o sensible a las autoridades gubernamentales, particularmente cuando los requerimientos son imprecisos o no cuentan con las garantías legales correspondientes. Además, la ausencia de una evaluación jurídica previa aumenta el riesgo de divulgaciones contrarias al derecho a la intimidad y a las normas aplicables de protección de datos personales, con posibles consecuencias para estudiantes y sus familias.
La ACLU-PR insistió en que las escuelas públicas deben constituir espacios seguros para el aprendizaje y el desarrollo de la niñez y no escenarios en los que el temor a intervenciones migratorias comprometa el ejercicio del derecho a la educación. Sostuvo que ninguna legislación dirigida a proteger a la niñez inmigrante debe terminar facilitando las mismas intervenciones de las que originalmente procuraba protegerla.
Por su parte, en declaraciones a la prensa, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) también expresó su rechazo a la aprobación del proyecto. Calificó de injustificable el que en “medio de la peor ola de intervenciones de ICE que estamos viviendo, la delegación del PPD y PNP en el Senado se mueven en la oscuridad de la noche a aprobar la eliminación de protecciones ya contempladas en los propios protocolos del Departamento de Educación que garantizan un debido proceso de ley ante cualquier visita de ICE”.
El MVC calificó de particularmente acomodaticia la postura del comisionado residente y presidente del PPD, Pablo José Hernández, quien mientras su delegación en el Senado se hace cómplice de la crueldad del PNP, pretende que aceptemos como sinceros sus alegados esfuerzos en el Congreso Federal.
Al igual que ACLU, el MVC señaló las consecuencias de los artículos, 7, 8 y 6. El MVC es parte del Frente de Organizaciones en contra de las Políticas Migratorias de Trump. Sus legisladores y legisladoras municipales han presentado proyectos de ordenanza para proteger a la comunidad migrante en San Juan, Trujillo Alto, Vieques, Quebradillas, Vega Baja y Guayanilla.
El PIP igual se expresó en rechazo a la aprobación del proyecto. En el Senado, la portavoz de la delegación del PIP, licenciada María de Lourdes Santiago, expuso que ya el DE tiene un protocolo con el aval del Departamento de Justicia, adoptado en enero del 2025.
Mientras, en declaraciones circuladas en las redes sociales, su secretario general, licenciado Juan Dalmau Ramírez, en una actividad junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvo al respecto:
“Puerto Rico no puede convertirse en territorio de persecución contra nuestros hermanos caribeños y latinoamericanos. Condenamos las intervenciones de ICE contra familias migrantes y rechazamos la medida aprobada con votos del PPD y el PNP en el Senado que abre las puertas de nuestras escuelas a intervenciones migratorias. ¡Las escuelas deben ser espacios de educación y protección, no escenarios de miedo, persecución y separación de familias! Este no es un asunto de partidos ni de nacionalidades. Es un asunto de principios, de humanidad y de solidaridad”.
