Varias voces expertas advirtieron de una incertidumbre creada a raíz de la nueva ley
CLARIDAD
Aprobada el 3 de noviembre, la nueva Ley Núm. 222 de 2026– mejor conocida como la Reforma Judicial– transfiere los poderes de la jueza presidenta del Tribunal Supremo al pleno de la alta corte, elimina la figura de Juez Municipal y establece, de modo obligatorio, una traducción al inglés de procesos públicos.
Ideado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el nuevo estatuto distingue entre la figura de Juez Presidente, el Tribunal Supremo y las responsabilidades que descansan en cada una. La Reforma alude a una supuesta “doble delegación” entre la presidencia y el pleno, aduciendo que las leyes anteriores favorecían la posición de Juez Presidente.
“La Ley de la Judicatura de 2003 le confirió al Juez Presidente ciertas facultades administrativas de carácter exclusivo que, en la práctica, transgredieron la letra y el espíritu de nuestra Constitución… concentró en una sola figura poderes que debían administrarse… entre el Tribunal Supremo en Pleno y el Juez Presidente. Estos poderes han sido considerados por algunos miembros del Tribunal Supremo como una modalidad de administración equivalente a “una monarquía”, lee la pieza.
Del mismo modo, asegura que la Constitución establece la reglamentación del sistema como responsabilidad del pleno del Tribunal, mientras que la Jueza Presidenta administra las reglas que pauta el resto del cuerpo. A juicio de la ley, esta era la intención original de la Convención Constituyente, en 1952, que quedó malograda con otras medidas como la Ley de la Judicatura de 2003.
Por otro lado, la Reforma Judicial elimina la categoría de juez municipal. De este modo, todos cuantos ejercen este cargo podrán hacerlo hasta que acabe su término, aunque desde el cargo de Juez Superior.
“Con esta ley no se le retiran o eliminan poderes a la figura del Juez Presidente y mucho menos se pretende coartar sus facultades. Todo lo contrario, lo que se pretende es reconocer la doble delegación de poderes en la administración de los tribunales, conferidos por el Pueblo de Puerto Rico en la Constitución, al Tribunal Supremo y al Juez Presidente”, asegura la pieza en su exposición de motivos.
No obstante, la exjueza Superior Lauracelis Roques Arroyo advirtió, una semana antes de convertirse en ley, que la Reforma Judicial buscaba restarle poderes a la figura de la Jueza Presidenta. Además, que los poderes de esta posición estaban protegidos, precisamente, por el propio artículo que la Reforma utiliza como argumento. Es decir, que el nuevo estatuto quitaría los poderes administrativos que la Constitución separaba.
“Ya había asuntos que la Jueza Presidenta trabajaba, que se han trabajado históricamente, como lo vio la Convención Constituyente en su momento. Los asuntos relacionados con jueces administradores, escoger al director administrativo del tribunal… eso lo trabaja ella. Ahora, básicamente, ella es como una Jueza Presidenta de nombre porque aunque ella puede seguir escogiendo, quien le delega las funciones es el pleno”, explicó Roques Arroyo el 26 de octubre, en NotiUno.
Empero, lo que más preocupa a la exjueza es la eliminación de la categoría de Juez Municipal puesto que supone la conversión de 85 plazas en nuevos Jueces Superiores. La licenciada comparó esta posición a las salas de emergencia de los hospitales: los Jueces Municipales atienden, de primera mano, todo tipo de orden de protección, causa para arresto y otros procesos elementales. Comentó, además, que no se sabe en qué quedarían los tribunales municipales.
“Ahora, ¿qué se va a hacer? Se elimina esa plaza y toda esa carga de trabajo se va a redistribuir a los jueces superiores. Eso (la eliminación de tribunales) no lo dice la ley. Pensaría que, si no se eliminan, pues esa carga de trabajo municipal y esa infraestructura la tendrá que hacer un Juez Superior. No hubo período de transición. Aquí no se dijo ‘vamos a trabajarlo por fases’”, agregó.
Con relación a la eliminación de jueces municipales, la Reforma Judicial se limita a mencionar que ejercerán sus funciones hasta el término de su nombramiento y que no fungirán como jueces superiores. La ley no menciona qué ocurrirá con los tribunales municipales. En Puerto Rico hay 13 regiones judiciales, y cada una opera con varias salas y tribunales.
Por otro lado, las preocupaciones de Roques Arroyo coinciden con la de los 102 profesores universitarios que pidieron a la gobernadora Jenniffer González Colón vetar el proyecto. Las tres escuelas de Derecho del país reunieron un centenar de expertos que acusaron la nueva de inconstitucional. A juicio de los docentes, la Reforma propone una enmienda al diseño jurídico, algo que amerita una enmienda a la propia Constitución.
“No estamos ante un asunto meramente organizacional. Administrar los tribunales requiere tomar decisiones oportunas sobre recursos, personal y servicios en las distintas regiones judiciales. Nos preocupa que los cambios aprobados introduzcan incertidumbre en estos procesos y afecten la capacidad institucional de atender las necesidades de las personas que acuden a nuestros tribunales”, opinó, por su parte, la Jueza Presidenta, Maite Oronoz Rodríguez.
