Nada de alivio por ahora. De aquí al próximo enero cuando entre en vigor el nuevo Congreso en Estados Unidos, debe esperarse un recrudecimiento aún mayor de las políticas del Gobierno Federal contra las comunidades migrantes en los 50 Estados y 5 territorios (colonias) de Estados Unidos. Esto, a pesar de que uno de los asuntos que más movilizó el voto hispano en Estados Unidos en las recién concluidas elecciones de medio término, fue precisamente el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump. De hecho, en las encuestas previas a dichas elecciones, el 57 % de las personas encuestadas dijeron no estar de acuerdo con las prácticas excesivas, ni con las redadas violentas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Pero eso no detiene a Trump. Apenas un día después de haber recibido un castigo monumental en las urnas, nombró como su Jefe de Gabinete al arquitecto y principal ideólogo de las duras políticas antimigratorias actuales de su administración, Stephen Miller, un personaje de comprobada inclinación de ultra derecha, que ha sido elevado, de golpe y porrazo, a la segunda posición con más poder en la Casa Blanca.
Con Miller al mando, se puede predecir que no habrá tregua en las redadas de ICE, algunas de las cuales han culminado en el asesinato de opositores de sus métodos violentos y violatorios de derechos. Las muertes a manos de ICE de la madre y poeta, Renee Goode y del enfermero intensivista, Alex Pretti, en enero pasado en Minneapolis ocasionaron intensas y masivas manifestaciones populares que trajeron a la palestra la inhumana tarea de sacar a la fuerza de Estados Unidos a aquellos y aquellas que el gobierno de turno llama «ilegales».
Esa práctica vil ha llegado con toda su fuerza también a Puerto Rico, donde agentes de ICE campean por sus respetos en áreas y barrios de alta concentración de migrantes, utilizando amenazas, violencia indiscriminada, forzando su entrada a residencias privadas y negocios e incluso violentando la centenaria tradición de que las iglesias son santuarios, como ocurrió con la incursión intempestiva y no consentida a la Iglesia de San Antonio de Padua de Río Piedras.
Para nuestra vergüenza colectiva, en Puerto Rico el gobierno de Jenniffer González y el PNP ha colaborado voluntariamente con ICE, «poniéndole en bandeja de plata» la información necesaria para que puedan localizar, amedrentar y sacar a la fuerza migrantes de nuestro país y así congraciarse con Trump y sus personeros. Les han entregado listas con nombres, direcciones e información personal en poder del gobierno, que personas migrantes accedieron a brindar confiando en la discreción y buena voluntad de nuestros oficiales públicos. Así, cada vez que ICE comete un abuso contra un migrante hoy, se lacera la mutua confianza y solidaridad que debe existir entre personas civilizadas que conviven en un mismo lugar, sobre todo la histórica hermandad que ha existido entre las poblaciones caribeñas y antillanas. Incluso activistas boricuas de la Colectiva Feminista en Construcción, que educan a los migrantes sobre sus derechos, fueron amenazadas por agentes de ICE en medio de las redadas en Río Piedras.
Pero, más allá del drama humano, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico el trabajo y la presencia de migrantes enriquecen la economía y la vida colectiva, y así se siente entre diversos sectores económicos. Por ejemplo, en la agricultura en Estados Unidos y en la construcción y los servicios en Puerto Rico, entre otras áreas donde el trabajo de migrantes es crucial. Por eso, las políticas migratorias del gobierno de Trump no pueden prevalecer. No sólo son inhumanas, sino anti históricas y contrarias al movimiento y desarrollo evolutivo de las personas y las sociedades.
