A los aumentos en feminicidios e intentos de feminicidios, se unen la incertidumbre de qué pasará y las consecuencias que tendrían la falta de fondos por las políticas de recortes de presupuestos y las políticas migratorias del presidente Trump en las organizaciones que ofrecen servicios a mujeres en situación de violencia doméstica.
Esa es la tensión que viven actualmente los albergues que prestan servicios a mujeres que enfrentan una situación de violencia de género. La presidenta de la Red de Albergues, Coraly León, señaló en entrevista con Claridad que el enfoque en estos momentos es allegar recursos para fortalecer los albergues existentes. Por ejemplo, tienen un albergue que tiene 24 camas pero para que tenga la capacidad de alojar a todas las víctimas que puede atender necesita contar con un equipo de profesionales, facilitadoras que permitan un acompañamiento efectivo.
“Si los albergues no tienen los recursos suficientes para poder atender a las mujeres, no pueden atender a su capacidad porque hay un asunto también de responsabilidad de la organización para que haya un acompañamiento efectivo, para que tengan acceso a los servicios y necesidades que tienen”.
Destacó que, en este contexto histórico, no están pidiendo más albergues sino que haya un compromiso de parte del estado para fortalecer los existentes. De estos albergues solo hay nueve, todos iniciativas de organizaciones feministas no gubernamentales.
León denunció que, históricamente, no ha habido una asignación de fondos estatales recurrente para los albergues y cada año tienen que acudir a la Legislatura a competir con otros tipos de organizaciones para lograr alguna asignación del Fondo Legislativo. “Los albergues pasamos el Niagara en bicicleta para garantizar la continuidad de nuestros servicios”. Eso significa -dijo- que tienen que desarrollar una veintena de propuestas para poder identificar fondos estatales o federales que sean asignados a una agencia estatal para entonces a través de estas solicitar.
Al reiterar que históricamente no ha habido una prioridad para sostener estos servicios, ahora con las políticas de Trump hay mucha incertidumbre. Reveló que, recientemente, el Departamento de Justicia de EEUU cerró unas convocatorias que regularmente están abiertas en este periodo, para asignar fondos en septiembre para que se comiencen a trabajar en octubre. El cierre de estas convocatorias podría tener implicaciones sobre los fondos federales que llegan a las agencias locales, en términos de saber a dónde se asignan.
“Las organizaciones estamos muy preocupadas por lo que eso pueda significar. Tenemos que esperar a junio 30 y cuando se acabe el periodo de septiembre”, expresó.
Ante el reclamo de que se asigne un presupuesto recurrente, indicó que la senadora Ada Álvarez Conde, radicó una resolución conjunta, la RS-11 para que anualmente se asigne la cantidad de $1 millón para ser distribuidos entre los albergues que pertenecen a la Red. León dio el ejemplo de que en otras jurisdicciones de EEUU hay estados como Colorado, que llevó a cabo un referéndum reciente para establecer un impuesto a la venta de armas y destinarlo a un fondo que se distribuya entre organizaciones que dan servicios a víctimas del crimen.
De no existir estos albergues las mujeres en una situación de violencia doméstica en Puerto Rico, más allá de radicar una querella en la Policía, no tendrían a dónde acudir. León comentó que, aunque existen dos residencias pertenecientes al estado, no son en específico albergues para atender a personas en situación de violencia doméstica. Reclamó que en el 2024 los albergues salvaron 589 vidas. “Es importante que se puedan asignar los recursos para continuar ese trabajo. Que no siga sosteniéndose a base del sacrificio personal y para dar un servicio que a todas luces es esencial”.
Aumento en los feminicidios
Mientras, en entrevista por separado, la directora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico (OEG) Stephanie Figueroa, expresó su preocupación por el alza en los feminicidios. Para este mes de febrero se habían identificado siete feminicidios, cuatro de ellos de carácter íntimo. Resaltó que cuatro de los feminicidios fueron con armas de fuego legales.
“La situación es preocupante porque a eso se le suman tres intentos de feminicidios en el mes de enero y más de 18 casos de personas a las cuales se les estaba adjudicando algún caso de violencia de género. La situación es muy parecida a la del año pasado 2024 que al finalizar el año se reportaron 81 feminicidios, una cifra histórica que el Observatorio no había visto”. Hizo la anotación de que aunque hasta esta fecha de febrero, el año pasado habían identificado más feminicidios que en este 2025, hay que esperar al final del año para ver cómo se identifican esas adjudicaciones de violencia de género. “Esperamos que no sea como en años anteriores”.
Figueroa indicó que era importante que los datos del Observatorio, en su labor de monitorear las situaciones que viven las mujeres y las personas trans en Puerto Rico, puedan utilizarse para analizar la violencia de género y feminicidios, para prevenir y tener políticas públicas que protejan y garanticen la seguridad de mujeres y niñas. Al respecto señaló que se está viendo que en relaciones de menos de un año y relaciones de 30 años, ocurren feminicidios. Eso quiere decir que hay mujeres que están sobreviviendo a la violencia por largos periodo de tiempo, pero en relaciones relativamente cortas es muy probable que hay la violencia emocional, de control, lo que puede convertirse en un feminicidio en un abrir y cerrar de ojos, muy lejos del mito que se tiene de que para que haya un feminicidio tiene que haber una agresión primero.
De parte del Observatorio, apuntó que es importante poder levantar bandera de qué elementos de poder y control, elementos de celos, de violencia emocional son una bandera de alerta para que una mujer salga del ciclo de violencia y busque ayuda independiente de si la relación es nueva o lleva muchos años.
Apuntó a que otro elemento que han estado viendo constantemente en el 2024 es que muchos de los que cometieron feminicidios íntimos tenían historial criminal, personas que han pasado por esa experiencia, en muchas ocasiones son personas con una probatoria, que han cometido violencia de género u otros crímenes relacionados con drogas y /o armas de fuego.
La directora ejecutiva del Observatorio puntualizó que un indicador bien importante de un elemento de peligrosidad, es que el hombre tenga un historial de violencia de género o criminal. Reconociendo que no todas las mujeres tienen acceso a esa información, reclamó que hace falta también política pública para que esa información esté disponible para que las mujeres puedan tomar una decisión de cuáles pueden ser las banderas de alerta o tomar una decisión.
Otra bandera roja es que la persona tenga un arma de fuego. Si se compara la cifra de feminicidios de antes del 2019, cuando se flexibilizó la tenencia de armas de fuego, el 47% de los feminicidios íntimos fueron con armas de fuego. Esa cifra escaló a un 75% en 2024, lo que representa un aumento de 28%. “La Ley de Armas lo que ha venido es a poner armas letales en manos de personas altamente peligrosas, sabiendo y reconociendo que este es un problema único de Puerto Rico”. Si se compara con América Latina los feminicidios se dan por armas blancas, golpes, estrangulamientos, se sabe que es más probable que una mujer sobreviva a un intento de feminicidio mediante alguna de estas agresiones que con un arma de fuego.
En esa línea sobre la propuesta de la gobernadora González Colón, de que en las escuelas se den cursos de control de emociones, como medida para evitar la violencia de género, la directora ejecutiva del Observatorio, expresó que la pregunta que hay que hacerse es si todo aquel que tiene un problema de emociones termina asesinando a alguien. Figueroa subrayó que el feminicidio o intento de feminicidio, es por razón de género, porque el hombre entiende que tiene el poder y el control sobre la vida de la mujer, son roles que les enseñan desde pequeños, lo que no tiene nada que ver con las emociones.
“Creo que lamentablemente tenemos un gobierno que no le da valor a los datos y la evidencia científica. La evidencia científica dice que el gobierno no ha estado haciendo lo que corresponde para atender la violencia de género porque en vez de disminuir ha ido creciendo”.
La violencia de género no es prioridad para el gobierno
Para la Coordinadora Paz para la Mujer, la violencia de género no es una prioridad para el actual gobierno, atribuyó en entrevista por separado la directora de comunicaciones de la organización, María Cristina Muñoz.
“No hemos visto que sea una prioridad por parte de la actual administración el asunto de la violencia de género, es algo que nos preocupa. A más de un mes del inicio de su administración y han sido muy pocas las expresiones sobre este tema, ni ha presentado un plan contundente de qué se hará en Puerto Rico ante la emergencia. Aunque no se ha declarado un estado de emergencia, nosotras estamos muy conscientes de que en el país hay una emergencia de violencia de género”. Reparó en que aún antes de ganar las elecciones, el tema de la violencia de género no fue una prioridad para González Colón, e incluso hay personas en su gabinete que tienen expediente de violencia de género.
Muñoz expuso que, en estos momentos, la amenaza a los fondos federales mantiene en una incertidumbre a las organizaciones de dónde van a poder disponer de dinero para poder ofrecer servicios de prevención a mujeres que están en situaciones de violencia de género.
Como coalición que trabaja con las organizaciones que dan servicios directos, indicó que la CPM ha estado trabajando para mantener la comunicación con el estado y, aunque han hecho acercamientos a la Gobernadora y al Comisionado Residente para atender la situación de los fondos federales, no han recibido respuestas.
Muñoz también rechazó que ofrecer cursos de manejo de emociones sea pertinente para atender el problema de la violencia de género ya que eso no sustituye un currículo con perspectiva de género. Hizo referencia al trabajo del Comité PARE, que desarrolló y propuso un currículo con perspectiva de género y una campaña educativa al país sobre lo que son manifestaciones de violencia machista. Ninguna de estas propuestas fue acogida por el anterior gobierno.
“No sé cómo a nivel del Ejecutivo no comprenden la importancia de la prevención. Prevención es atender desde el inicio y se ha quedado en que prevención es evitar que te asesinen”, manifestó.
En cuanto a la situación de mujeres migrantes, Muñoz compartió que la Coordinadora ha estado en comunicación constante con el Centro de la Mujer Dominicana y describió, “si el resto de las organizaciones estamos con mucha incertidumbre el CMD está al doble o el triple de nosotras, con el miedo constante a que agentes del ICE se aparezcan”. Este sentimiento es compartido por los albergues de que lleguen agentes de inmigración a preguntar por mujeres albergadas. “Esa es información que no se puede dar. Eso ahora mismo no se sabe qué va a estar pasando, el miedo más contundente es la aparición de agentes en los espacios haciendo preguntas sobre la vulnerabilidad de las mujeres y sus necesidades”.
Otras vidas que dijo están en riesgo por las políticas de Trump son las personas de la comunidad LGBTQ. “Nos preocupa muchísimo. Estamos buscando la forma de ser estratégicas en cómo se dan servicios a esas comunidades que las tienen abandonadas y también a las mujeres migrantes, trans y todas las diversidades”.
Muñoz acotó que las organizaciones no están esperando por la gobernadora, “aunque sí exigimos unas expresiones y una opción. Mientras tanto, estamos buscando la vuelta a lo que está sucediendo y cómo se dan servicios aunque tengamos los fondos apretados y hasta cómo nos podamos expresar porque en el gobierno federal hay palabras que no se pueden usar”, dijo referente a la orden de Trump de eliminar los programas de diversidad y equidad.
