Según las estadísticas oficiales, durante el año 2024 se registraron en Puerto Rico 24 feminicidios íntimos, esto es mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas, novios y ex novios, o por «enamorados» al azar que la víctima ni siquiera reconocía como tales. En los meses de enero y febrero de 2025, cuatro mujeres más perdieron sus vidas en idénticas circunstancias. Esto no incluye otros 57 femicidios directos e indirectos por diferentes motivos o circunstancias.
Estos casos extremos de violencia machista persisten, a pesar de que en nuestro país, y ante el alza enorme de delitos violentos contra las mujeres, el gobierno de Pedro Pierluisi decretó una emergencia por violencia de género en 2021, que se renovó año tras año hasta el 31 de diciembre de 2024. Debió suponerse entonces que, como debe ocurrir con toda emergencia, las diferentes instancias del gobierno y la sociedad civil convergerían para tomar medidas urgentes para prevenir y atajar este mal, que permea todas las estratas sociales y económicas de la sociedad puertorriqueña. Se creó una estructura, se recopiló buena información y se tomaron algunas iniciativas positivas, a las que hoy le ha puesto un alto el nuevo gobierno de Jenniffer González Colón.
El hecho de que, a la mitad de la tercera década del siglo 21, las mujeres sigan muriendo a manos de hombres como en los tiempos de las cavernas, no es solo un signo de cuánto nos falta de civilidad en las sociedades contemporáneas, sino también de que la creencia en la jerarquía patriarcal, el machismo y la visión de la mujer como objeto y propiedad sigue estando mucho más arraigada de lo que quisiéramos admitir.
Puerto Rico tiene un récord mixto en el asunto de la violencia de género y, a veces, como en el momento actual, pareciera como si estuviésemos retrocediendo en vez de adelantar.
Grandes logros como la aprobación de la Ley 54 contra la Violencia Doméstica en 1989 o la creación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en 2001 han ido perdiendo el vigor que una vez tuvieron como herramientas para nivelar la desigualdad y enfrentar la violencia que por razón de género sufren las mujeres en nuestro país.
Un ejemplo es el muro infranqueable levantado por el sector político más conservador en Puerto Rico para impedir que se apruebe legislación para incorporar la educación con perspectiva de género en el currículo de nuestras escuelas públicas. Este grupo, representado en la Legislatura por senadores, senadoras y representantes de los Partidos Nuevo Progresista (PNP), Popular Democrático ( PPD) y Proyecto Dignidad (PD) ha sido el obstáculo principal a la implantación de esta iniciativa, una de las pocas comprobadas como efectivas para comenzar a transformar las conductas y actitudes machistas extremas que conducen a la violencia contra las mujeres. La intransigencia de este grupo con gran poder político, unida al progresivo deterioro de la gobernanza pública del bipartidismo PNP-PPD son el principal impedimento para que el gobierno en todas sus instancias ofrezca la respuesta rápida y efectiva que se requiere ante las querellas de las mujeres por maltrato, amenazas o agresiones en su contra.
El próximo 8 de marzo vuelve a conmemorarse otro Día Internacional de la Mujer, fecha que evoca grandes luchas, sacrificios y también logros significativos. Fecha que también debe movernos a la reflexión y la acción por todo lo que falta por hacer hacia la construcción de una sociedad puertorriqueña sana, equitativa y libre de la lacra del machismo y la violencia que este engendra.
Este año, la jornada del 8 de marzo -que culminará con una concentración en la Plaza Barceló en Barrio Obrero- vuelca su mirada especialmente hacia las mujeres inmigrantes que conviven entre nosotros, y que aquí y en Estados Unidos- a causa de los inhumanos decretos contra los inmigrantes de la administración Trump- se enfrentan a la persecución, la amenaza de deportación, el riesgo de que separen a sus familias o el regreso forzado a sus países de origen, lo cual puede representar perder la libertad o la vida, como es el caso dramático de nuestras hermanas de Haití, país antillano sumido en una de las peores olas de violencia criminal de toda su historia.
Hacia todas ellas, y hacia nuestras mujeres puertorriqueñas trabajadoras, estudiantes, cuidadoras y sostenedoras de vida y esperanzas, y a todas aquellas asediadas por la violencia machista que no cesa, nos uniremos el 8 de marzo- por las que estamos y por las que ya no están- siempre firmes reclamando equidad, seguridad física, la plenitud de nuestros derechos ciudadanos y el respeto que nos merecemos como mujeres y seres humanos.
