La Junta Comunitaria aprovechó un foro con los contendientes a la alcaldía de San Juan para conseguir su compromiso con las iniciativas de autogestión que están impulsando
CLARIDAD
La Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras (Jccurp) llevó un mensaje contundente a los candidatos a la alcaldía de San Juan que están retando al incumbente Miguel Romero: “Río Piedras es una comunidad organizada… ¡Tomen en cuenta las preocupaciones de las comunidades de Río Piedras!”.
La presidenta de la Jccurp, Jackie García Flores, así lo expresó como parte de su cuestionamiento a los candidatos, en un foro que se celebró el sábado, 19 de octubre en la Casa Ruth. La actividad contó con la participación de líderes comunitarios de las ocho comunidades, que componen la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras” (Ley 75 de 1995).
El liderato comunitario preparó las preguntas en base a los problemas que han identificado en sus vecindarios: el desplazamiento o la falta de vivienda asequible, la sensación de inseguridad y el alegado incumplimiento de la administración municipal con las consultas a la comunidad que requiere la Ley. Romero nunca confirmó su asistencia, pero sí participaron las candidatas por el Partido Popular Democrático (PPD), Terestella González Denton y por el Proyecto Dignidad (PD) Maidalys Irizarry Villegas; el candidato por la Alianza de País —formada entre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)—, Manuel Natal Albelo; y el candidato independiente José “Joe” Vargas Cruz.
“El desplazamiento es una realidad que no se aborda adecuadamente en los espacios políticos”, planteó Melissa López, integrante de la Junta de Fiduciarios del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras.
Con asesoría legal, la Junta Comunitaria elaboró un proyecto de ordenanza municipal para poner un tope a la renta en Río Piedras. Este proyecto fue presentado al Municipio de San Juan en marzo de 2024. Romero pidió un análisis legal al bufete RSP & Associates Law Office, y en abril, la administración municipal comunicó su postura de que ese tipo de regulación podía obrar en detrimento del inventario de viviendas en el largo plazo.
Sobre este particular, González Denton afirmó desconocer la ordenanza que sometieron, pero que “estaría dispuesta a mirarla, a considerarla y si es algo viable a llevarlo a cabo”, al tiempo que enfocó su discurso en el control de alquileres a corto plazo (ACP). Similarmente, Vargas Cruz dijo que tendría que evaluar la propuesta, y se centró en limitar los ACP al 40% del área residencial, es decir, que el 60% se mantenga como viviendas para la gente.
Mientras, Natal Albelo se comprometió a considerar la estabilización de renta. “Ya la comunidad hizo su trabajo, consultó, preparó un borrador de ordenanza, y de lo que se trata es de utilizar eso como punto de partida”, respondió. Criticó que Romero haya ignorado la propuesta de la comunidad durante un año: “No es hasta unas semanas antes de las Elecciones que, a espalda de la comunidad… se aprobó una ordenanza, que es una curita”, dijo sobre la ordenanza núm. 8 de 2024, que exime de contribuciones a quienes arriendan sus propiedades a costos razonables bajo Plan 8 o de manera privada.
Sobre el tema de la vivienda, Irizarry Villegas dijo que quieren actualizar el censo de viviendas en desuso, proveer alternativas de rehabilitación de esos edificios y atraer inversión privada. Habló de hacer estudios sobre el tope de renta, en el “largo plazo”.
López, fiduciaria del Jccurp, informó que el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) realizó un estudio, en el que encontró sobre 299 casos de espacios en desuso solamente en el casco urbano. “Se realizó un acuerdo de colaboración para continuar el proyecto… pero el Municipio no ha firmado”, comentó en referencia a que el primer acuerdo de colaboración venció en diciembre de 2023.
El personal municipal informó a CLARIDAD que el municipio emitió notificaciones de intención de declarar estorbo público en 67 de los casos que identificó el CRH, pero solo 9 fueron declarados estorbos como tal. A la fecha de la solicitud en junio de 2024, la administración municipal había cerrado 16 casos porque los dueños limpiaron y eliminaron la condición de estorbo público, 38 se encontraban en etapa de declararse como estorbo y 3 estaban en vista administrativa.
El CRH retomó las conversaciones con el municipio durante los pasados dos meses, para alcanzar un nuevo acuerdo colaborativo. “El Municipio indicó que sí y pidió borrador nuevo y estamos trabajando en un nuevo acuerdo”, contestó el director ejecutivo, Luis Gallardo Rivera.
Otros descontentos
Adicional al tema de la vivienda, salieron a relucir otros descontentos de las comunidades riopiedrenses con la administración del alcalde Romero, como —por ejemplo— supuestamente dificultar la realización de actividades culturales debido a la burocracia; e incumplir con los postulados de participación ciudadana que provee la Ley 75, con consultas en las ocho comunidades y sectores.
A preguntas sobre cómo va a garantizar que las decisiones de la Oficina de Permisos tomen en cuenta las preocupaciones de las comunidades de Río Piedras, González Denton dijo que asignaría un gerente del centro urbano de Río Piedras, para ser el “oído en tierra” de las comunidades. Entretanto, Natal Albelo afirmó: “Este es un compromiso que yo hago con la comunidad: yo voy a estar participando de las reuniones como alcalde”. Planteó también que la Oficina de Permisos de San Juan tiene un problema de personal. “Vamos a asignar los recursos para que puedan ser ágiles en la evaluación, pero también tener la persona designada para que comunique directamente con las comunidades y se asegure que el desarrollo sea cónsono con los intereses y las necesidades de la comunidad”.
Vargas Cruz destacó la necesidad de reestructurar esa oficina y crear una ordenanza para impedir que las megaempresas se establezcan en el casco urbano. Mientras, Irizarry Villegas insistió en agilizar esos trámites empresariales, al punto de expedir permisos temporeros en 48 horas.
La directora del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE), Mónica Ponce Caballero, recordó que las comunidades se sintieron desoídas en cuanto al establecimiento de la escuela charter Paradiso College. Exigió, además, que el alcalde o alcaldesa entrante “notifique a la Junta Comunitaria y al Grupo de Trabajo Interagencial sobre las solicitudes de permisos que se radiquen para Río Piedras”, para expresar su opinión antes de que estos proyectos comiencen a operar.
Igualmente, esbozaron su descontento con que un proyecto de envergadura e impacto, como el Código de Orden Público, haya sido aprobado sin la deliberación y participación democrática de la ciudadanía.
Durante su alocución, Natal Albelo hizo referencia a los acuerdos que suscribieron los candidatos a la alcaldía de San Juan en las elecciones de 2020, con las comunidades de Río Piedras. “Durante los pasados cuatro años se ha incumplido con todos… Desde la municipalidad, se perdieron cuatro años”, argumentó.
En expresiones previas a CLARIDAD, el vicealcalde de San Juan, Israel Alicea Luciano, dijo que la administración tiene representante en la Junta de Directores del Fideicomiso y otras organizaciones riopiedrenses, y que han colaborado en la renovación de la fachada y letrero del Teatro Paradise, la limpieza de las antiguas facilidades del Colegio la Milagrosa, el recién inaugurado proyecto de De Diego Village que trajo 92 nuevas viviendas de bajo costo al casco urbano, así como un proyecto que saldrá a subasta para vivienda asequible en el edificio García Ubarri.
En uno de los turnos finales, la empresaria riopedrense, Desireé Rodríguez Otero, opinó que “hasta la fecha, los resultados [del municipio] no han sido satisfactorios” en torno a las rondas preventivas, la reparación de las aceras y los puentes, el mantenimiento de la infraestructura pluvial y sanitaria, así como el recogido de residuos en Río Piedras. Todo lo anterior, indicó, resulta vital para fomentar “el sentido de pertenencia”.