CLARIDAD
Más que otras comunidades migrantes, la comunidad haitiana, estimada en 350 mil personas en Estados Unidos, se encuentra, en la práctica, desprovista de protección ante la política migratoria, luego de que el Tribunal Supremo de EE. UU. avaló la determinación de la administración del presidente Trump de eliminar la norma de Estatus Temporal de Protección (TPS, siglas en inglés) que permitía a personas de origen haitiano permanecer en Estados Unidos.
El licenciado Francisco Concepción Márquez, experto en casos de migración, quien ha trabajado casos de personas haitianas, en entrevista indicó que la realidad es que el TPS es una medida discrecional del poder ejecutivo, por lo tanto, el presidente tiene autoridad para establecerla. Se supone que la orden de TPS les da protección a las personas que están en el país en el momento en que se emite. Eso supone que, en teoría, el presidente tiene la facultad de revocarla por entender que la emergencia o las razones por lo cual fue otorgada terminaron.
“Ese ha sido siempre el riesgo del estatus temporal de protección, que como es discrecional, presidencia lo puede revocar”. Prosiguió con que el cuestionamiento de la orden emitida por Trump llegó al Tribunal Supremo (TS), el cual le dio la razón al presidente, 3 a 0, en cuanto a que este tenía el poder para revocar el TPS que se le había dado a los haitianos hace una década. Esta protección fue otorgada por el entonces presidente Obama, en el 2010, a raíz del terremoto ocurrido en Haití.
Concepción Márquez reparó en que hay otras comunidades que tienen esta protección y que pueden ser más grandes que la haitiana, como es el caso de los venezolanos, que también tienen dicha protección, luego están los sirios. Su apreciación es que las circunstancias actuales en que se encuentra Haití, de un gobierno inestable y la presencia de pandillas armadas, constituyen razones para no retirar el TPS a dicha comunidad.
“No ha cambiado nada la situación en Haití para retirar dicha protección, lo que pasa es que como es una discreción, si no fuera este presidente, no habría ninguna razón para retirar el TPS. Biden ni siquiera lo consideró porque, obviamente, las circunstancias no han cambiado para decir ahora se puede enviar a esta gente. Pero como Trump está jugando para las gradas —sus votantes fascistas, una comunidad que cumple con todos los criterios para complacer a sus votantes—, es decir que son negros, que son pobres, que son caribeños, vamos a salir de ellos. La decisión es una política, no es una decisión técnica ni tiene nada que ver con que van a regresar porque van a estar seguros”, manifestó.
En lo que respecta a Puerto Rico, indicó que no hay certeza de cuántas personas de origen haitiano hay en la isla bajo el TPS. Comentó que como abogado de migración no le recomendaba a las personas a acogerse al TPS porque se está en un estado de vulnerabilidad, ya que como ha ocurrido, cuando se decide retirar la protección, el gobierno tiene toda su información. Comparó la situación con la de las personas dominicanas que obtuvieron la licencia de conducir del Gobierno de Puerto Rico.
Llaman a la solidaridad
Mientras, la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) capítulo de Puerto Rico, licenciada Annette Martínez Orabona, describió como grave la situación de esta comunidad por la falta de protección, aunque aclaró que todavía se sigue cuestionando el proceder de la administración del presidente de levantar el TPS, debido a que el estatus tiene situaciones claras que fueron obviadas cuando se hizo el análisis. Antes de levantar una orden de protección temporera, se examinan unos criterios que están de manera clara establecidos en la orden y hay varios otros casos en el tribunal cuyo proceder todavía está siendo cuestionado, aun cuando el TS le dio la razón al presidente.
No obstante, en esencia, las personas de la comunidad haitiana tienen la protección que tiene todo el mundo: que nadie puede ser detenido de manera ilegal solo por motivo de origen nacional, color de piel, acento; derecho a que no entren en sus casas sin una orden judicial, a los autos. Reconoció que son protecciones que se sabe que existen y que se supone que eviten la violencia por parte de los oficiales de ICE, pero no se están observando, denunció. “Los oficiales del ICE y de la Guardia Costanera Fronteriza (CGF) están actuando al margen de la ley constantemente, deteniendo personas por razones únicamente discriminatorias. Esa sigue siendo una realidad que en estos momentos se ha recrudecido para la población haitiana”.
Agregó que muchos de los agentes ni siquiera están llevando sus identificaciones y que ACLU sabe que también las policías municipales están llamando al ICE y a la Guardia Costanera para colaboración con las detenciones. También es difícil saber cuántas personas han sido detenidas, debido a que el ICE se niega a dar la información.
“Nuestro llamado es alertar a la población, a nuestras comunidades. En este momento, nuestra comunidad haitiana se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y es necesario que haya más solidaridad, más presencia, más denuncia, más acompañamiento de parte de nuestras comunidades para, por un lado, evitar este tipo de acción violenta de agentes federales y, por otro lado, enviar un mensaje claro a los gobiernos tanto federal, como local de que aquí no los queremos, no queremos seguir mirando esos actos de alta violación a los migrantes”.
A ese llamado se unió Hilda Guerreo, portavoz de la organización Comuna Caribe, que junto a ACLU y otras organizaciones participan de la campaña Migrar no es un delito.
En la entrevista junto a Martínez Orabona, Guerrero indicó que en Puerto Rico la mayor parte de esta comunidad se encuentra en el Área Metro y que es difícil saber el número de personas que han sido detenidas. La manera en que se enteran es monitoreando las redes cuando las personas en las comunidades graban las intervenciones y a través de líderes comunitarios. Una vez tienen conocimiento, se comunican con ACLU, que es la organización que junto a otros abogados atiende su situación legal.
Compartió que hace poco un líder haitiano le informó que al menos de 14 a 16 personas haitianas de Puerto Rico estaban detenidas. En muchas ocasiones, las personas detenidas son enviadas de inmediato a un centro en Florida, lo que dificulta que se pueda trabajar su situación legal. El traslado conlleva, además, perder el vínculo con sus familiares y comunidad de apoyo, lo que hace más difícil trabajar sus casos.
Por su parte, la directora ejecutiva de ACLU observó que si bien la eliminación del TPS a la comunidad haitiana la coloca en una mayor desventaja que otras comunidades, existen distintos tipos de protecciones migratorias en contra de la deportación al país de origen a las cuales se podría acceder, pero que en este momento hay muchas dificultades para esta población en específico.
Explicó que en este momento, en el caso de Haití, no hace ningún sentido que se haya levantado la protección, que parte de esa comunidad tienen la posibilidad de arreglar su estatus migratorio, porque se está hablando de personas que llevaban muchos años viviendo en nuestro territorio o en EE. UU. “En el caso de las personas haitianas, lo que sí vemos definitivamente es el rasgo racial: hay una intencionalidad de perseguir y de ir en contra de esta población”.
La activista Guerrero argumentó: “Realmente es un crimen eliminar esa protección en unos momentos en que el pueblo de Haití todos vemos la situación de violencia que se vive en el área de Puerto Príncipe, mayormente por la situación de las bandas paramilitares”.
Trajo de ejemplo el caso reciente de un joven que fue detenido en Puerto Rico que tenía una solicitud de asilo político, ya que su vida corre peligro en Haití, en donde varios de sus familiares han sido asesinados. “Enviar en estos momentos a cualquier persona detenida aquí a Haití es ponerle una sentencia de muerte”. Al respecto, denunció que las bandas paramilitares secuestran a las personas que son deportadas para solicitar dinero a familiares que tienen en Puerto Rico. Recordó el caso de las cuatro mujeres haitianas detenidas en Puerto Rico que fueron asesinadas por pandillas haitianas en la frontera con República Dominicana.
La portavoz de Comuna Caribe destacó que el gobierno de EE. UU. tiene conocimiento de la peligrosidad y de la existencia de las bandas paramilitares que son responsables de la situación de violencia en el país e hizo la anotación de que muchas de las condiciones de empobrecimiento, desigualdad y conflictos políticos en nuestros países, en su mayoría, han sido creadas por intervenciones de EE. UU.
“Hay muchísimos factores que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones no humanas. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de números, estamos hablando de gente que aporta, que contribuye, que ya tienen un vínculo, hijos e hijas nacidos aquí, parejas. Hay unas relaciones familiares que se están violentando, rompiendo. Haití se está preparando para unas elecciones en diciembre. Deportar esta cantidad de personas —los 350 mil estimados.— es crear un caos dentro de un caos. Levanto nuestras voces para hacer un llamado a las comunidades, no solo en Puerto Rico y otros países. Hacer un llamado de solidaridad con el pueblo de Haití, un llamado contra el racismo; pero un llamado de abrir puentes”.
