Continúa el robo de LUMA en la AEE

 

CLARIDAD

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Sin aún ocupar en propiedad los puestos de dirección la empresa, LUMA Energy le ha facturado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la cantidad de $26.3 millones por los meses de junio, julio y agosto. Esta facturación se da pese a que todavía la jueza Laura Taylor Swain no ha emitido una decisión sobre si aprueba o no la petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) de pagarle a LUMA por adelantado la cantidad de $136 millones por “gastos administrativos”.

La denuncia de la facturación millonaria fue revelada por las organizaciones ambientales que integran la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) tras examinar el informe de facturación que LUMA presentó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

En el informe, con fecha del 9 de septiembre y del cual CLARIDADtambién obtuvo copia, LUMA admite que tanto la UTIER como el Comité de Acreedores no Garantizados y los prestamistas para la compra de combustible de la AEE se han opuestos a la petición de gastos administrativos, por lo que trabajan con la JCF “para proporcionar documentación de apoyo para la defensa”.

La Alianza considera que la facturación de LUMA “demuestra que la compañía vino a enriquecerse del pueblo de Puerto Rico a través de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”. Los $26 millones por menos de tres meses comprenden un total de $283,492 en honorarios de abogados; $150,000 de publicidad y $301,237 para sus ejecutivos. Entre los gastos incluyen el pago de alojamiento en hoteles de los ejecutivos de LUMA.

“¿Cuántos celadores o empleados de la AEE se pagan por todo un año con tal cantidad?”, expresó Adriana González, organizadora de base del Sierra Club Puerto Rico e integrante de AERA. “Aún más indignante, los informes de estas facturas de LUMA no indican el costo por cada servicio que subcontrató la compañía, como es lo debido. Si las facturas no detallan cuánto y a quiénes se le pagó con fondos públicos, no están justificadas”.

Las organizaciones cuestionaron, además, que los multimillonarios fondos asignados por FEMA para la reconstrucción de la AEE no incluyen ni un centavo para energía renovable y que, como ya se evidencia con esta facturación, irán a enriquecer a LUMA, como ya ocurrió con las compañías Cobra Energy y Whitefish.

González censuró que, una vez más, el Gobierno de Puerto Rico no esté poniendo como prioridad las necesidades del país, ya que se supone que sea el Gobierno quien decida cómo manejar los fondos bajo los parámetros de FEMA.

Lydia Díaz, del Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida (YUCAE), otra de las portavoces de las organizaciones que integran la Alianza, lamentó que la asignación de fondos de casi $10 mil millones de dólares para transformar el sistema eléctrico no tenga un destino para renovables. “Necesitamos, no una mejora al sistema obsoleto que tenemos, necesitamos una verdadera transformación que vaya acorde con la política pública energética establecida por la Ley 17-2019 de tener el 100% de energía de fuentes renovables para el 2050”.

La Alianza recalcó que en los informes LUMA menciona que si no obtienen los fondos de FEMA, tendrían un impacto negativo en sus proyectos. “Sin la existencia de los $10 mil millones de dólares de FEMA, LUMA no estaría en Puerto Rico. ¿Vienen a transformar el sistema o vienen a enriquecerse? Nadie viene a hacer negocios para perder dinero. Aquí quienes están haciendo dinero son los ejecutivos y abogados de LUMA”, manifestó Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste (ACASE).

Las organizaciones de la Alianza explicaron que, actualmente, los fondos anunciados por FEMA van dirigidos a arreglar el mismo sistema eléctrico obsoleto y centralizado que tiene la AEE y que queda a merced de cualquier otro huracán. Estas organizaciones insisten en que la transformación energética debe estar alineada a las metas establecidas por la Ley 33 del 2019, conocida como la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico.

En su informe, LUMA recoge sus gestiones ante el Departamento de Hacienda de Puerto Rico para además acogerse a exenciones contributivas para obtener una “garantía fiscal”.

Se supone que el Negociado de Energía examine y emita una decisión respecto al informe de LUMA. Esa acción ha sido cuestionada debido a que el presidente del Negociado, Edison Avilés Deliz, formó parte del comité evaluador que aprobó la selección de LUMA como ente privatizador de la AEE.

 

 

 

 

 

 

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