Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para CLARIDAD
“Yo creo que fue efectivo. La radicación de la Resolución de la Cámara 1465 en conjunto con el pliego acusatorio fue efectiva porque la Cámara [de Representantes] se empezó a mover”, dijo a CLARIDAD el representante cameral por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.
Y es que, luego de la radicación el pasado 15 de julio, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, seleccionó un comité asesor, integrado por los licenciados Francisco Reyes Caparrós, Luis Enrique Rodríguez Rivera y Enrique Colón Santana, para que evalúe el chat de Telegram y determine en un plazo de 10 días si existen causas para iniciar el residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
El presidente de la Cámara dijo en conferencia de prensa que se ceñirá a las recomendaciones que le haga el grupo de juristas y que no utilizará el informe que realizó el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que, al igual que la Resolución 1465, revela la existencia de bases jurídicas para iniciar el proceso de residenciamiento.
Sobre el informe rendido por el Colegio de Abogados, Márquez Lebrón comentó que “es una ratificación y una confirmación de lo que nosotros estuvimos trabajando en nuestro pliego acusatorio. A mí me parece importante para el país que ya haya dos fuentes de información”.
Denis Márquez enfatizó que realizó el pliego acusatorio motivado por las declaraciones públicas de la Cámara de que no había base legal para comenzar el residenciamiento.
“Yo creo que si ese comité (el que nombró Johny Méndez) se reúne y hace un análisis como el que hicimos nosotros (en la Resolución 1465), van a concluir que hay base para la comisión de delito, como también lo ha hecho el Colegio de Abogados en su informe”, dijo el portavoz del PIP.
Sin embargo, “sería una traición al país si la Cámara no le da continuidad o no le formula acusación al gobernador de Puerto Rico”, dijo a este medio Márquez Lebrón, a la vez que comentó que le parecía un buen nombramiento por parte del presidente cameral el del licenciado Colón Santana.
“Se estarían yendo en contra de un reclamo de pueblo, de un reclamo de país, de un reclamo político social, de un entendimiento del país de que no es permisible la conducta delictiva del gobernador y su partida de bandidos secuaces que hicieron ese chat asqueroso e indignante”, continuó.
Lo necesario para comenzar el residenciamiento
Márquez Lebrón aseguró que el proceso de residenciamiento es uno político más que legal y que quien determina si hubo delitos o no es en primera instancia la Cámara con la acusación y el Senado luego juzga a través de la jueza presidente del tribunal supremo.
Continuó explicando que la única consecuencia que tiene la aplicación de ese proceso político es la salida del gobernador de su cargo. No obstante, “eso no impide que paralelamente se lleven a cabo investigaciones de carácter criminal judicial y se le adjudiquen en su día responsabilidades penales al gobernador de Puerto Rico”.
Para iniciar el proceso, el presidente de la Cámara tiene que convocar a la Legislatura. Al Representante Márquez le parece que el método más adecuado es que se cree una comisión especial para que haga la investigación final y redacte un informe con la acusación fundamentada en dicha investigación, y que luego se llame a todos los legisladores a votar a base del informe realizado.
“El que en la Cámara no vote a favor de la acusación es cómplice del gobernador de Puerto Rico. El que se abstenga, no venga ese día y el que en mitad de votación se levante y se vaya por la puerta de atrás, es cómplice”, sentenció el portavoz independentista.
Según la resolución 1465, que es un modelo que puede seguir o no la Cámara, esa comisión especial la elige el presidente cameral, puede tener siete miembros que representen a todas las delegaciones parlamentarias y debe cumplir con la evaluación del informe en 10 días. La evaluación puede iniciarse utilizando como base el pliego acusatorio, que, entre los 18 delitos desligados de chat de Telegram, menciona: intervención indebida en procesos gubernamentales, uso de recursos públicos para fines político-partidistas, violaciones a Ley de Ética Gubernamental, discrimen por razón de género, orientación política o sexual, y conspiración.
“Las manifestaciones de los pasados días se dan como una respuesta social a lo que hizo el gobernador y su gente, por lo tanto tienen que continuar y son necesarias”, puntualizó Márquez Lebrón.
“Hay que seguir la presión social contra el gobernador para que renuncie, pero en la medida que no se da ese evento, hay que empezar los pasos, como ya se iniciaron, para el proceso de residenciamiento”, concluyó.
