Una red de funcionarios electos locales en Estados Unidos, junto a más de 200 funcionarios electos de 29 estados y de Puerto Rico, presentó un escrito de amigo de la corte ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston (TA) en oposición a la nueva apelación de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que solicitan prioridad de pago de $3.7 mil millones.
En comunicado de prensa, Julio López Varona, portavoz de la Campaña No + Aumentos, indicó que la red, Local Progress incluye a las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; a Jesús Chuy García y Delia C. Ramírez, de Illinois, y a Greg Casar, de Texas, junto a legisladores estatales, alcaldes y legisladores municipales de Utah, Texas, Maine, Wisconsin, Nueva Jersey, Indiana, Maryland, Massachusetts, Colorado, Pennsylvania, Connecticut, New Hampshire, Ohio, Tennessee, Iowa, Minnesota, Arkansas, California, Arizona, Virginia, Florida, Washington, Carolina del Norte, Michigan, Oregón y Puerto Rico que tienen interés en el caso porque sus representados incluyen a puertorriqueños en la isla, a puertorriqueños en los Estados Unidos continentales y a comunidades con vínculos cívicos, familiares, económicos y democráticos con la isla.
El propósito del escrito presentado, se informó, es para ilustrar al Tribunal de apelaciones sobre el impacto humano de este caso y explicar el contexto en el que se toman las decisiones sobre los gastos en disputa. Argumentan que una decisión judicial que favorezca la postura de los bonistas es alarmante para todos porque el pueblo de Puerto Rico no aguanta más aumentos a la luz y porque es necesario que los tribunales federales apoyen procesos de reestructuración de deudas que sean viables para los deudores. “En este caso está en juego que más de 3 millones de personas en Puerto Rico puedan tener un sistema eléctrico estable y asequible», señaló López Varona.
Según se explicó, a los 200 funcionarios electos les preocupa el impacto económico que este reclamo de los bonistas de AEE tenga en nuevos aumentos a los costos de la luz y en las personas que pagan las tarifas, pues son los hogares y negocios en Puerto Rico quienes pagarán con nuevos aumentos en su factura de luz cualquier pago a los bonistas en esta reclamación, ya que la AEE está en quiebra.
López añadió que los firmantes plantean que la AEE es la única compañía eléctrica de la isla y que son los abonados, trabajadores, jubilados, hospitales, escuelas, pequeñas empresas y familias quienes dependen de un sistema eléctrico que debe seguir operando aun cuando permanece frágil, costoso y poco fiable. De prevalecer los bonistas, estas personas estarían directamente afectadas por aumentos a su servicio de luz y por un sistema con menos recursos para recuperarse.
El portavoz de la Campaña No + Aumentos recordó que un grupo de bonistas de la AEE, liderado por el fondo de cobertura Golden Tree apeló una decisión de la Jueza Swain que desestimó su reclamación de cobro por dinero que, según los bonistas, debió ser pagado a ellos después del huracán María, aun cuando existía una situación de emergencia que comprometía los servicios esenciales del país.
Se dio a conocer que el escrito de amigo de la corte responde a otro documento presentado por 13 estados republicanos en apoyo a los reclamos de los bonistas, enfocado en la importancia de pagar a los acreedores y en la preocupación de que, si la AEE prevalecía, podría afectar el mercado de inversión y aumentarles los costos de tomar prestado en el futuro. Sin embargo, señalan que el escrito sometido por los republicanos no atiende el contexto excepcional de una emergencia ni cómo afectaría a los gobiernos locales carecer de flexibilidad para atenderlas.
Los funcionarios también expresaron su preocupación por el impacto que esta apelación tendría más allá de Puerto Rico, pues una victoria de los bonistas en las cortes les quitaría a los gobiernos locales una herramienta importante para responder a emergencias y atender el bienestar de sus comunidades.
“Las acciones de estos bonistas no se quedan en Puerto Rico. Las implicaciones de una decisión positiva hacia los bonistas le quitarían el poder a las municipalidades de invertir dinero en sus comunidades en momentos de emergencia. Esto sería desastroso. Por ello, aplaudimos a estos oficiales electos por levantar la voz por la gente de Puerto Rico y entender las implicaciones que estas acciones tienen más allá del archipiélago”, concluyó.
