En Puerto Rico estamos acostumbrados a ver y vivir escenarios de corrupción pública y, en algunas situaciones, a observar al gobierno queriendo aparentar que se enfrenta a la enfermedad. Pero la norma del gobierno de Pedro Pierlusi, que aún no llega a los 7 meses, es dejar que el problema crezca ante la opinión pública, sin que nadie intervenga. Su táctica es desligarse del tema para no quedar salpicado, pero como la llaga nace de su propio cuerpo, tratar de esconderla no le funciona.
Dos de estos casos han estado últimamente desdoblándose ante el asombro de la gente, sin que nadie desde la Fortaleza actúe. Uno nació en la alcaldía de Cataño, pero ya arropa a otros municipios y hasta a la pasada Legislatura, mientras el otro comenzó en Rincón, pero impacta mucho más allá de ese pueblo. Ambos parecen ser asuntos focalizados, de importancia local, pero realmente son el extremo de un hilo que se extiende por el país.
El caso de Rincón comenzó como algo de importancia comunitaria y ha terminado poniendo sobre el tapete la seria amenaza contra el ambiente que representa la corrupción pública cuando se manifiesta a través de los permisos de construcción. También evidencia cómo intereses privados abusan de los procesos administrativos, controlados por funcionarios corruptos.
La construcción de una piscina para disfrute privado dentro de la zona marítimo terrestre, que es de dominio público, no es algo nuevo. Muchos hoteles, condominios y repartos exclusivos, como Río Mar en Río Grande, las tienen. Pero la que pretende construir un condominio playero en Rincón es un poco más trasgresora porque, según las imágenes que vemos en la prensa, se ubica en plena playa. En esta ocasión, además, la naturaleza se encargó de dejar en evidencia la agresión al ambiente cuando una tortuga marina quedó atrapada en la verja de la construcción tras llegar a desovar.
Lo que siguió, una vez la naturaleza dejó en evidencia la trasgresión, es la comprobación del manejo corrupto del proceso de permisos y, peor aún, de la protección de los trasgresores desde la esfera más alta del Gobierno. La división legal del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) promovió una resolución que parecía atender el problema, porque paralizaba la construcción y ordenaba restituir el área impactada a su estado anterior. Pero, mientras la ciudadanía celebraba, el secretario del Departamento, Rafael Machargo, cambió la resolución del juez administrativo permitiendo que la construcción continuara.
La manipulación del proceso de permisos o, peor aún, la perversión del procedimiento administrativo que se supone atienda los reclamos de la ciudadanía, quedó comprobada. También la complicidad de toda la estructura del gobierno porque a pesar de la ira generalizada ante el abuso, nadie actúa para intentar detener la mano corrupta del señor Machargo.
El segundo caso, que tiene como protagonista a Félix Delgado, alcalde de Cataño, es también repetitivo, pero en esta ocasión la corrupción resulta tan evidente que, como sucede con la agresión ambiental, la inacción asombra. Como ocurre a menudo, el destape se produjo gracias a una investigación periodística. Fue en el diario Metro donde por primera vez se denunció que el municipio de Cataño pagaba $4,500.00 mensuales por el alquiler de un vehículo para uso exclusivo del alcalde. El esquema parecía el traqueteo común, “tradicional”, entre un contratista y un funcionario, pero otras investigaciones periodísticas han destapado una red mucho más amplia en el propio Cataño, así como en otros municipios también dirigidos por alcaldes PNP, como Bayamón y Toa Baja. En Cataño resulta evidente que se manipularon subastas para que un mismo licitador concurriera con varios nombres, asegurando de antemano el contrato. Allí también el contratista amigo aparece dando servicios de jardinería y asesoría financiera, además de fungir como traficante de automóviles. En Bayamón arrienda inmuebles y en el Capitolio “asesora” a una legisladora en procesos legislativos. En el proceso, el individuo, operando con varios mantos corporativos, ha recibido más de $35 millones en contratos, que obviamente ha estado compartiendo con sus benefactores.
El Departamento de Justicia tiene una división, llamada pomposamente de “Integridad Pública”, que hasta ahora no se ha dado por enterada de este evidente saqueo de fondos públicos Tal vez, luego de que pase el letargo caluroso del verano hagan algo, pero hasta ahora lo que sobresale es el silencio. Lo mismo sucede con las instituciones de los federales. En los tiempos de Ricardo Rosselló había un pintoresco jefe del FBI que, con su hablar de gringo, estaba casi todos los días en la radio diciendo que a los corruptos le iba a “dar pon a la cárcel”, pero hasta ahora los viajes gratuitos han sido escasos. Para procesar el traqueteo de Cataño y Bayamón no tendrían que trabajar mucho porque la prensa se ha encargado de reunir la evidencia incriminatoria. Si quisieran hacer algo tan solo tienen que citar un gran jurado para comenzar a presentar cargos.
Mientras todo esto ocurre (junto a los continuos apagones provocados por LUMA y el avance de la pandemia tras la apertura decretada) el gobernador Pierluisi anda de vacaciones. Tal vez los que se quedaron cubriéndole las espaldas, quienes tampoco hablan, le han sugerido que retrase la llegada y siga haciéndose el desentendido. Así esperan que la podredumbre no lo salpique. Pero, tanto en el caso de Rincón como en el de Cataño, es el gobierno y el PNP los que están señalados, y resulta que Pierluisi es el jefe de ambos.
