El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) le exigió tanto a la Legislatura como al primer Ejecutivo que tengan columna vertebral para defender el magisterio frente a la Junta de Control Fiscal (JCF) y aprueben los proyectos que les garantice un retiro digno, el aumento de sueldo y el pago de la carrera magisterial.
Los proyectos respaldados por el Frente son el PS 873, que garantiza el pago de la Carrera Magisterial a todos los maestros de Puerto Rico; el P de la C 513, que eleva el salario base a $2,700 para todos los maestros de Puerto Rico, y el P de la C 1136 para condicionar la emisión de bonos en el Plan de Ajuste de la Deuda a que se garantice cero recortes y cero congelación a pensiones presentes y futuras.
El Frente está integrado por las organizaciones sindicales Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), UNETE y EDUCAMOS. El reclamo fue lanzado en medio de una caravana realizada el pasado viernes, que partió desde la vieja sede del Departamento de Educación, pasó por el Sistema de Retiro de Maestros, el Tribunal Federal y concluyó en el Capitolio.Una vez en el Capitolio, los portavoces del Frente solo fueron recibidos en las oficinas de los senadores María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), quienes están a favor de los proyectos, confirmó a CLARIDAD Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR. El Frente estaría cabildeando entre el resto de los legisladores durante esta semana.
“La legislatura y el gobernador han definido claramente del lado de quién están, y no es al lado del pueblo trabajador. Tuvieron en sus manos la ficha de tranque ante la Junta mediante el PC 1003, luego aprobado en la Ley 53, y no lo supieron aprovechar. Gracias a su determinación, permitieron la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda, que significará la miseria para el pueblo de Puerto Rico y, en el caso del magisterio, implica recortes draconianos a las pensiones de los docentes. Es por ello, que más allá de palabras vacías, exigimos compromiso de su parte en la aprobación de los proyectos mencionados y la columna vertebral para defenderlos ante la Junta Dictatorial. El magisterio está atento, se está organizando y hará lo que tenga que hacer para defender su retiro”, indicaron las dirigentes del FADEP, integrado por además de Mercedes Martínez, por Liza Fournier, de UNETE, y Migdalia Santiago, de EDUCAMOS.
Del Capitolio pasaron a La Fortaleza, en donde fueron recibidos por los asesores de desarrollo económico del gobernador, los licenciados Yamil Ayala y Yolanda Rodríguez. Los asesores se comprometieron a que este lunes (31 de enero) se comunicarían para dejarles saber la determinación de Fortaleza sobre los tres proyectos. Además, se comprometieron a coordinarles una reunión, para el miércoles 3 de febrero, con el director de la Junta de Retiro del Gobierno, licenciado Luis Collazo Rodríguez, para hablar sobre el caso particular de los maestros, reveló Mercedes Martínez.
Además de esperar por cuál es la respuesta del gobernador, las portavoces le pidieron que hablaran con el gobernador para solicitarle “una reunión sin intermediarios, con alguien que pudiera tomar decisión, en este caso, el gobernador. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir acumulando esfuerzos desde la calle con los maestros y maestras de este país”.
En tanto, Migdalia Santiago, presidenta de EDUCAMOS, subrayó: “Es hora de que se le haga justicia a un sector tan maltratado y marginado por todas las administraciones que han gobernado la isla. Cumpliremos 14 años en febrero sin aumento salarial a la escala base, y ahora, por encima, nos atropellan con una pensión de indigencia. Esto no lo vamos a aceptar, por lo que nos vamos a defender con todos los medios que tengamos a nuestro alcance”.
La presidenta de UNETE, manifestó; “Esto es vergonzoso, indignante y es por ello que estaremos dando la batalla desde todos los frentes: la Legislatura, el Ejecutivo, el tribunal federal, incluyendo la trinchera más importante aún: la calle”.
Las líderes magisteriales señalaron que su batalla no terminaba con la caravana y que estaban organizando al magisterio, escuela por escuela, en asambleas, consultas y actividades cercanas que estarían anunciando prontamente.
Los proyectos que reclama el Frente no deben confundirse con el anuncio de la Junta de Control de que concedió un aumento condicionado al magisterio. Martínez indicó que el Departamento de Educación (DE) le pidió a la Junta un aumento de mil dólares, para lo cual identificó los fondos. La Junta recortó esta cifra a menos de la mitad. Ese es el aumento anunciado por la Junta, de $470 mensuales.
Este aumento también fue rechazado por el representante sindical de la Asociación de Maestros (AMPR) reconocido por el DE. En comunicado de prensa, el presidente de la Asociación, Víctor M. Bonilla Sánchez, dijo sentirse decepcionado y aseguró que esto constituye una “migaja” en comparación con lo que perderán los maestros activos tras la entrada en vigor del Plan de Ajuste de la Deuda.
“Nosotros nos reunimos con la Junta y les indicamos que, como mínimo, ese aumento debería llevar el salario base de los maestros a los $3,500 para de alguna forma compensar lo que perderán nuestros educadores con la congelación de sus beneficios de retiro. Hoy nos sorprenden con este propuesto aumento, que es muy poco, y, para colmo, llega con unas condiciones que nos parecen absurdas”, expresó Bonilla Sánchez.
La Asociación indicó que la propuesta de la JCF elevaría el salario base del maestro a $2,220 mensual. Pero la propuesta fracciona la entrada en vigor del aumento a los maestros a dos fases. La primera fase se otorgaría en julio de este año y la segunda, en enero de 2023, condicionado a que se cumpla de manera colectiva con un 90 % de registro de asistencia digital del docente y de los estudiantes. El presidente de la AMPR indicó que con el aumento propuesto de la Junta ni siquiera se equipara los esfuerzos que se realizan en la Legislatura para llevar el salario base del magisterio a $2,700. Bonilla Sánchez insistió en que la Junta y el Gobierno deben identificar los fondos para hacerle una verdadera justicia salarial a los educadores.
