CLARIDAD
De los temas que la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha trabajado con énfasis en la Legislatura, en particular a partir del 2012, reclamó el representante Dennis Márquez Lebrón, ha sido el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en contra de su privatización.
Márquez Lebrón, quien va a la reelección para un tercer término, repasó que entre el 2012 al 2016, su compañera de partido en el Senado, María de Lourdes Santiago, era una voz bastante solitaria en términos de la oposición al esquema que crearon los senadores Eduardo Bathia y Larry Seilhamer en torno a la crisis energética de Puerto Rico, con lo que sentaron las bases para la privatización. “Ella fue una voz contundente en oposición a ese modelo”. El esquema que se desarrolló a favor de la privatización incluyó un proceso de criminalización de la AEE, acciones del Gobierno para quebrarla, así como la criminalización de la UTIER.
Con ese enfoque, recordó, llegó a su primer cuatrienio, cuando se aprobó la legislación que permitió la privatización de la AEE, privatización que el PIP combatió intensamente.
Ahora, al final de esta Asamblea Legislativa, la delegación del PIP ha presentado un proyecto que propone que el país se siente a discutir, más allá de LUMA, qué hacer, cómo debe ser un nuevo modelo de corporación pública. Siempre planteando que la energía eléctrica debe estar en manos públicas, cómo devolver los trabajadores de la AEE a esa nueva corporación, cómo movernos a la energía renovable y cómo lograr el proceso, expuso Márquez Lebrón.
Puntualizó que la consigna de cancelar el contrato de LUMA es una importante. Pero ese proceso no se da en un día, dado que cancelar un contrato de esa envergadura se da en un proceso político y jurídico. “Me parece que eso es un tema medular para el PIP”.
La medida, RC de S 6, presentada por la delegación del PIP en la Legislatura, propone la creación de un Comité Especial para la Recuperación del Sistema Energético del Pueblo de Puerto Rico compuesto por diez personas, entre las que se incluyen docentes de la Universidad de Puerto Rico, profesionales de Administración Pública, Economía y Derecho, un integrante de alguna organización comunitaria dedicada a la adopción e implementación de fuentes de energía renovable y la representación del sector laboral del sistema energético de Puerto Rico. La resolución fue sometida el 18 de junio.
El comité tendrá como función diseñar un plan para llevar a cabo una transición de un año hacia un modelo público y eficiente de generación, transmisión y distribución energética que incluirá una nueva corporación pública encargada de la generación, transmisión y distribución de energía; estudiará las consecuencias de cancelar, resolver o rescindir los contratos de privatización y las consecuencias de la reestructuración de la deuda; reconocerá el acceso a la energía como un servicio público esencial y un derecho humano y vislumbrará el acceso a la energía como un mecanismo indispensable para un desarrollo económico sostenible, en congruencia con la preservación del medio ambiente.
