Por Cándida Cotto / CLARIDAD
gvazquez@claridadpuertorico.com
La gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta de Control Fiscal nos condenan a un 50% de aumento en la factura por electricidad por los próximos 47 años, así como el Plan Integrado de Recursos nos obliga al uso de combustibles fósiles. Este es el acuerdo de pago de la deuda al que se pretende someter al pueblo de Puerto Rico por el esencial servicio de energía eléctrica.
Diversos sectores continúan organizándose en contra de ambas determinaciones. En cuanto al acuerdo de la deuda negociado por la JCF, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD) dio a conocer la creación de una petición, abierta a firmas del público general, para ser enviada a La Fortaleza, la Legislatura, la JCF y a la Jueza Laura Taylor Swain.
La portavoz del FCAD, licenciada Eva Prados Rodríguez, censuró en comunicado de prensa el que JCF en su afán de pagarle a los bonistas y privatizar la AEE, a la JCF no le importe “acabar con nuestra economía y llevar nuestro pueblo a la miseria. Ahora pretende pasarnos el pago de la deuda de la AEE, que tampoco ha sido auditada, con un cargo adicional en la factura por los próximos 47 años, que implicaría un aumento hasta un 50% en uno de los servicios más esenciales que tenemos: la luz. Este acuerdo es un acto criminal por parte de la Junta, avalado por la gobernadora Wanda Vázquez, con impactos económicos y sociales sin precedentes. Hacemos un llamado a la ciudadanía a movilizarnos y mostrar nuestro rechazo a este acuerdo, comenzando con la firma de esta petición, que no toma ni un minuto”.
La petición hace énfasis en los efectos adversos que el acuerdo —que le fue presentado a la juez Swain— puede tener en el bolsillo de la gente y la población más pobre de Puerto Rico, que estaría utilizando cerca del 42% de sus ingresos para el pago de electricidad. También se advirtió de que esta deuda tampoco ha sido auditada, que informes preauditoría señalan irregularidades en esas emisiones y que esa deuda incluye préstamos hechos para proyectos que nunca fueron construidos.
En tanto, el licenciado Luis José Torres Asencio, de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda (CCAD), también reparó en que el acuerdo propone seguir pagando por deuda que nunca ha sido auditada. Recordó que un Informe preauditoría publicado por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público indicó que muchas de las emisiones de bonos de la AEE fueron hechas en violación a una cláusula que limitaba cuánto dinero dicha entidad podía tomar prestado, por lo que podrían ser nulas. “Por muchos años, la AEE infló sus cifras de recaudos, incluyendo las deudas de electricidad de entes gubernamentales y municipios, pese a que estas no se pagaban. Esto lo hacían con el fin de poder seguir emitiendo bonos. Los bonistas que compraban esta deuda lo hacían con conocimiento de que la AEE estaba inflando sus recaudos de esa manera. Sin embargo, ahora pretenden que sea el pueblo quien le pague la deuda. Esto es una estafa y no puede permitirse”, expresó.
El Frente indicó que la meta es alcanzar por lo menos 50,000 firmas, tal como lo logró en el pasado a favor de la auditoría y en contra del acuerdo de COFINA, para llevarlas a la Fortaleza, la Asamblea Legislativa, la JCF y a la Jueza Laura Taylor Swain. “Sabemos que este proceso de quiebra está diseñado para excluir al pueblo, pero no lo vamos a permitir. Nuestra voz se hará sentir.” concluyó Prados. Las personas pueden firmar la petición en la plataforma Change.org, bajo “No al acuerdo de AEE” o en el enlace https://chng.it/ww9yhFZ7.
Por otra parte, diversas organizaciones comunitarias ambientales integradas en la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) urgieron a la AEE a que cambie el énfasis del PIR en gas natural por energía renovable. Tras los recientes sismos en la Isla, hay que añadir la urgencia de que se tome en cuenta la fragilidad del sistema eléctrico ante desastres naturales y el cambio climático. Las organizaciones que son parte interventora en el proceso del PIR ante el Negociado de Energía (NEPR) calificaron que el proceso llegó a una etapa crucial con el inicio de las vistas evidenciarías este lunes tres de febrero.
La Alianza dio a conocer que, según el estudio realizado por la organización Germanwatch, Puerto Rico ocupa el primer lugar de los países más afectados en el mundo por desastres naturales y el cambio climático.
“Vergonzosamente, tenemos una AEE y su consultora, Siemens, que no toman en consideración en su plan para el futuro energético de Puerto Rico a ninguno de los dos. El pueblo puertorriqueño ha sufrido demasiado por la falta del derecho básico a la energía eléctrica. Es hora de que la AEE deje atrás el sistema de energía arcaico, sucio, inseguro y costoso basado en combustibles fósiles, incluyendo el gas natural, y actúe seriamente en movernos hacia la energía renovable. En específico, la mejor opción es energía solar con el recurso de paneles en techos de viviendas y edificios para establecer comunidades solares, integrando el almacenamiento de energía con baterías. A esto se debe sumar la conservación y eficiencia energética. Es el deber legal y moral de la AEE”, expresó la licenciada Laura Arroyo, de Earthjustice y portavoz de AERA.
La reconocida activista Myrna Conty, miembro de Amigos del Río Guaynabo y la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, organizaciones que integran AERA, exhortó a la participación ciudadana en las vistas del PIR. Expresó preocupación sobre los posibles accidentes causados por explosiones de gas natural dado a la susceptibilidad a terremotos y huracanes en la isla, lo que pone en peligro la vida de los ciudadanos en Puerto Rico.
Las organizaciones que forman parte de AERA son: CAMBIO PR, Sierra Club Puerto Rico, Comité Diálogo Ambiental, Earthjustice, El Puente-ELAC, Campamento contra las cenizas en Peñuelas, Amigos del Río Guaynabo, Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste y Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente.
La AEE escogió el peor escenario
El director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, en una reciente presentación a la prensa y mediante un artículo publicado en la página del CNE, cuestionó la decisión de la AEE respecto al modelo que propone el PIR. A juicio de Marxuach, el problema principal del PIR es que el escenario favorecido para la modernización del sistema parece estar predeterminado, en vez de ser el resultado de un proceso analítico de optimización.
Explicó que los consultores que prepararon el borrador del PIR, la compañía Siemens, analizaron varias Puerto Rico tendría 2.8 gigavatios (GW) de capacidad de generación solar y 1.4 GW de capacidad de generación con gas natural, a un costo estimado de $14,350 millones, sería el óptimo para Puerto Rico.
Sin embargo, reveló Marxuach, la AEE le exigió a Siemens que incluyera otro escenario, diseñado por la propia AEE, denominado Energy System Modernization” (ESM). Bajo este escenario, Puerto Rico tendría en el 2038 unos 2.6 GW de capacidad de generación solar y 2.2 GW de capacidad de generación con gas natural a un costo de $14,430 millones.
“Siemens recomienda este escenario, sin proveer una explicación clara, a pesar de que es más caro y muestra un claro sesgo a favor de los traficantes de gas natural, en violación de la política pública energética de Puerto Rico”.
Destacó que “peor aún, tanto Siemens como la AEE echan a un lado el escenario S3S2S8 bajo el cual Puerto Rico tendría en el 2038 unos 4.1 GW de capacidad de generación solar y 1.1 GW de capacidad de generación con gas natural, a un costo de $14,360 millones”. Reparó en que el documento no contiene una justificación clara para favorecer el ESM por encima de los otros dos escenarios descritos. Hay que cuestionar porqué la AEE insiste en abogar por un escenario que promueve la gasificación a unos niveles que son menos costo efectivos que otros escenarios factibles, que incluyen una cantidad mayor de generación con fuentes renovables”.
