CLARIDAD
La persistente aplicación de los tribunales y agencias de gobierno de la doctrina de “legitimación activa”, con la cual le niegan participación en los procesos administrativos y ambientales a comunidades, grupos ambientales y cualquier otro grupo que pretenda protegerse de una construcción ilegal o que represente un peligro inminente a la salud y seguridad, de un desarrollo que impacte de manera negativa algún recurso natural o privilegie su disfrute motivó a diversas organizaciones a reclamar que se presentara un proyecto que reconociera ese derecho de legitimación activa y que se apruebe la medida.
El proyecto PC 474, Ley de Legitimación Activa Ambiental, presentado por los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales y José Bernardo Márquez, fue aprobado hace un año en la Cámara y referido a la Comisión de lo Jurídico del Senado. Aun cuando la comisión emitió un informe positivo recomendando su aprobación, en el Senado no se deciden bajarlo para su aprobación final. Las organizaciones interesadas han tenido que reforzar sus gestiones para que la medida sea bajada a votación.
Llama la atención que entre las agencias que se han expresado en contra de la medida está el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). En entrevista el profesor de Derecho Ambiental, Pedro Sadeé Lloréns, confirmó que la posición del DRNA del entonces secretario Rafael Machargo no ha sido modificada. “No hemos visto una postura distinta de esta Secretaria. Creo que es un proyecto de ley que requiere un cambio de postura de esta secretaria, ese es otro aspecto preocupante”, indicó respecto a la gestión de la secretaria interina Anaís Rodriguez Vega, quien está pendiente de confirmación.
El veterano en controversias ambientales expuso que el proyecto es muy importarte, ya que le otorga el derecho a comunidades y grupos ambientales a que se escuchen sus reclamos en los méritos en los tribunales y en las agencias. “Ese derecho a que se atienda en sus méritos esos reclamos es bien importarte en estos momentos de cambio climático. Y la forma en que se están haciendo los análisis ambientales como parte de los trámites de permisos inclinados a favor del solicitante es uno secreto, que no se notifica a los vecinos, a la comunidad”.
Una de las cosas que busca el proyecto, agregó, es remediar el prejuicio y el abuso que ha habido contra grupos ambientales y comunidades, que cuando presentan una reclamación ante agencias y tribunales se les desestima sin siquiera tener la oportunidad de que se analice en qué consiste el reclamo. Sadeé reparó en que el proyecto presentado ni siquiera dice que hay que resolver a favor de lo que alegan los reclamantes. Lo que se quiere es que se examine y se resuelva en sus méritos. Trajo como experiencias lo sucedido en el caso de la planta de News Fortres Energy (NFE) y de la piscina de Rincón, en donde los tribunales negaron la intervención ciudadana alegando que no hay legitimación activa.
La aplicación de esa doctrina de ‘falta de legitimación activa’ ha resultado en múltiples abusos en que las agencias y empresas han desarrollado una campaña discriminatoria. El PC 474 plantea una política pública general de mayor participación de legitimación activa estatutaria. Además, a partir de esa filosofía, se reconoce la intervención ante los procesos administrativos y de tribunales de permisos ilegales otorgados o actuaciones sin permiso.
El mayor problema, observó Sadeé Lloréns, suele ser el de permisos sin análisis ambientales adecuados. En estos momentos el proyecto está pendiente de que baje a votación en el Senado en la Comisión de Reglas y Reglamentos, que preside Aponte Dalmau.
