De concretarse la cancelación del contrato de LUMA Energy, la organización CAMBIO reclama a la administración de la gobernadora Jenniffer González que desista de impulsar la privatización del sistema eléctrico con otra compañía privada y que en vez de esto impulse un modelo público renovado.
“Sacar a LUMA es algo que todo el pueblo de Puerto Rico exige porque la experiencia ha sido nefasta en términos del servicio deficiente, los constantes apagones y las alzas insostenibles en el costo del servicio. Desde que el gobierno anunció el contrato de LUMA en 2021 hemos estado alertando a que es un contrato nulo, pues es contrario al interés público. Sabíamos también que el contrato encarecería el servicio, pues el interés de estas empresas privadas es maximizar sus ganancias, no es brindar un servicio de excelencia. Por esto es importante que se reconozca que no solo el contrato es nulo y va en contra del interés público, sino que la privatización del sistema eléctrico también es contraria al interés público”, planteó Ingrid Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO, en comunicado de prensa.
Vila Biaggi expuso que si en la transición que propone una de las dos demandas del gobierno le toca a la Autoridad de Energía Eléctrica asumir el control del sistema eléctrico, este sería el momento para lograr que se quede en manos públicas, bajo un modelo de gobernanza renovado con profesionales experimentados que conozcan el sistema eléctrico y que impulse la transformación hacia una infraestructura basada en energía renovable en techos y almacenamiento.
La presidenta de CAMBIO defendió que en Puerto Rico se tienen los trabajadores y profesionales capaces y comprometidos para establecer un sistema eléctrico público que responda a las necesidades del pueblo y a las exigencias del siglo XXI. Recordó que en Puerto Rico se vivió la experiencia de la privatización con el servicio de acueductos y alcantarillados donde el gobierno también tuvo que retomar el control público luego de dos privatizaciones fallidas. “Este es el momento de tomar las decisiones correctas para beneficio del pueblo”.
Tanto la organización CAMBIO como la coalición Queremos Sol han estado proponiendo un modelo de gobernanza muy distinto a la estructura de intervención partidista que llevó a la quiebra a la pasada AEE. Según han presentado, el modelo propone una junta de gobierno con mayoría de miembros seleccionados por diversos sectores, incluyendo clientes residenciales, comunidades impactadas por la infraestructura eléctrica, trabajadores y miembros del sector privado. Este modelo de gobernanza contaría con estructuras de consulta y participación ciudadana que permitirían espacios de codiseño desde las etapas de planificación, así como plataformas de acceso a datos del sistema e información pública. La nueva estructura también propone una reforma del Negociado de Energía, entidad que denuncian ha fallado como regulador del sistema.
Las entidades también han propuesto el uso de fondos federales disponibles para la instalación masiva de sistemas de energía solar en techos, priorizando comunidades vulnerables y de bajos ingresos. Han defendido que un estudio del 2021 calculó que Puerto Rico puede descentralizar el sistema eléctrico con sistemas de energía solar y baterías en techos. Esto hubiera permitido lograr 75 % de energía renovable para 2035 y una tarifa estable de 15 centavos por kilovatio-hora (kWh). “Es un asunto de decisión del gobierno. Si hay voluntad, se pueden lograr esas metas para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Con LUMA, Genera o cualquier otro privado continuaremos en retroceso”, indicó Vila Biaggi.
