Especial para CLARIDAD
Puerto Rico enfrenta uno de los mayores desafíos estratégicos del siglo XXI en la colonia, garantizar la seguridad hídrica en un contexto de cambio climático, deterioro de la infraestructura, crecimiento de la demanda (a pesar de tener menos población) y presiones cada vez mayores sobre sus fuentes de agua superficial y subterránea. Lo que durante décadas fue percibido como un recurso abundante se ha convertido en un asunto de desarrollo económico y social, de seguridad nacional, salud pública, y conservación ambiental. El derecho al agua es un derecho humano fundamental para la salud, la alimentación y un entorno adecuado que la colonia no pueden asegurar. Enfrentamos escasez hídrica y una falta de planificación en la gestión del agua. El Gobierno colonial no admiten su incompetencia y dicen que es un problema de que falta lluvias. Y sí no ha llovido, pero si hubieran planificado el uso del agua, corregido los errores en el manejo del recurso agua, como las pérdidas y sedimentación de lagos no sería necesario el racionamiento aún en condiciones de sequía, porque estaría en su su rendimiento seguro. Pero tirar culpas, hacer politiquería y mentir es más fácil que asumir responsabilidad y enfrentar el problema.
Paradójicamente, la isla recibe un promedio anual de entre 60 y más de 180 pulgadas de lluvia, dependiendo de la región. Sin embargo, la disponibilidad real del agua está determinada por la distribución espacial y temporal de las precipitaciones, la capacidad de almacenamiento de los embalses, la condición de la infraestructura de distribución y la protección de las cuencas hidrográficas y los acuíferos. Diversos estudios del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Programa de Cambio Climático de Puerto Rico han advertido que el calentamiento global aumentará la frecuencia e intensidad de las sequías meteorológicas e hidrológicas, especialmente en el sur y suroeste de la isla. El incremento en la temperatura también acelera la evaporación de los embalses y reduce la disponibilidad de agua para consumo humano y agrícola.
Uno de los problemas más persistentes del sistema de agua potable es el deterioro de la infraestructura de distribución. Durante más de cuatro décadas, Puerto Rico ha enfrentado pérdidas significativas de agua debido a salideros, tuberías obsoletas, roturas frecuentes y falta de mantenimiento preventivo. Diversos informes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de organismos fiscalizadores han señalado que una proporción considerable del agua tratada nunca llega a los abonados debido al fenómeno conocido como agua no contabilizada, que incluye pérdidas físicas por fugas, errores de medición y conexiones ilegales. En Puerto Rico, corregir estas deficiencias, representando uno de los mayores desafíos operacionales del sistema. La consecuencia es doble, se desperdician millones de galones de agua potable diariamente mientras miles de ciudadanos enfrentan interrupciones frecuentes del servicio, particularmente durante eventos de sequía o averías mayores. Construir nuevos embalses y fuentes de abastos no resuelven si el 52% de su extracción se va a perder. El agua desalinizada no es solución, presenta grandes retos, ya que requiere un consumo energético muy alto (energía que continuamente se va), genera costos elevados de producción y distribución, costos ambientales y finalmente se va a perder por los salideros. La solución es planificar la gestión del agua, pero al gobierno colonial no le gusta planificar. Planificar permiten analizar detalladamente las situaciones de consumo, establecer objetivos claros, identificar problemas y proponer medidas específicas para promover y gestionar un uso eficiente del agua. Planificar y establecer metas claras ayuda a garantizar la disponibilidad del recurso a futuro.
Privatizar la gestión del agua, tampoco es solución. Desde la década de 1990, la AAA ha recurrido en distintas etapas a la contratación de operadores privados para administrar parte de sus operaciones, con el propósito de mejorar la eficiencia operacional y financiera. Sin embargo, los problemas estructurales del sistema —incluyendo las pérdidas de agua (cerca de 52 por ciento, equivalente a 267 mgd), el envejecimiento de la infraestructura y la necesidad de inversiones sostenidas— continúan afectando la prestación del servicio. Se asigna presupuestos, no se resuelve el problema estructural y el dinero asignado se desaparece y el pueblo sigue pagando las consecuencias.
Más allá del modelo de administración, especialistas en gestión del agua coinciden en que la recuperación del sistema requiere inversiones de largo plazo, planificación basada en evidencia científica y programas permanentes de mantenimiento y renovación de tuberías, válvulas y estaciones de bombeo. La infraestructura de almacenamiento también enfrenta un problema silencioso, la sedimentación. Los principales embalses de Puerto Rico acumulan sedimentos transportados por la erosión de las cuencas hidrográficas. Este proceso reduce progresivamente su capacidad para almacenar agua y limita la resiliencia del sistema durante períodos de sequía. La planificación para la protección de los ecosistemas que producen y almacenan agua debe convertirse en una prioridad nacional. Los bosques, humedales, ríos y especialmente el sistema de carso representan infraestructura natural indispensable para garantizar el abastecimiento futuro de Puerto Rico.
Puerto Rico necesita adoptar una política pública centrada en la seguridad hídrica mediante una gestión integrada y sostenible de los recursos de agua, planificar. Esto implica coordinar la planificación del uso del suelo, la conservación ambiental, la modernización de la infraestructura, la protección de los acuíferos, el manejo de cuencas hidrográficas y el fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los efectos del cambio climático. Planificar asegura que esa inversión se haga y no se desaparezca el dinero en reparaciones insignificantes, parchadas e improvisaciones para hacer politiquería y adelantar candidaturas.
Investigaciones del USGS han documentado pérdidas significativas de capacidad en varios embalses debido a la sedimentación acumulada durante décadas, fenómeno agravado por la deforestación histórica, la urbanización y el manejo inadecuado de los terrenos, además de la extracción adicional que excede la capacidad o el rendimiento seguro de los embalses, acuíferos y tomas de agua y la sedimentación. La falta de planificación en las cuencas hidrográficas y de las áreas de captación de los acuíferos ha permitido actividades de construcción, deforestación y de extracción de material de la corteza terrestre en las áreas más susceptibles a la erosion. Recordamos los diferentes proyectos para enmendar la ley de permisos, la del karso y otros que colocan en peligro los abastos de agua en Puerto Rico.
Mientras la infraestructura construida envejece, Puerto Rico depende cada vez más de su infraestructura natural. El sistema de karso del norte constituye una de las reservas de agua subterránea más importantes del Caribe. Sus formaciones de roca caliza funcionan como enormes esponjas naturales que infiltran, almacenan y purifican el agua de lluvia antes de alimentar acuíferos, ríos y manantiales. El sistema de carso constituye una de las principales reservas naturales de agua subterránea del país. Sus acuíferos abastecen comunidades, industrias y actividades agrícolas, además de sostener ecosistemas únicos. Cualquier reducción en sus protecciones podría aumentar los riesgos de contaminación, afectar la recarga natural de los acuíferos y comprometer la disponibilidad futura del recurso. Por ello, científicos, hidrólogos y organizaciones ambientales consideran la protección del karso un elemento indispensable para la seguridad hídrica del país. En este contexto cobra relevancia el Proyecto de la Cámara 1079 (PC 1079), una medida que propone modificar disposiciones de la Ley Núm. 292-1999, legislación que estableció protecciones especiales para el karso de Puerto Rico y flexibilizar protecciones en la zona del karso.
Los sectores económicos vinculados a la industria de la construcción recomiendan a los políticos desmantelar lo que queda de los procesos de planificación (reforma integral del Código de Planificación y Permisos el Proyecto del Senado 1173, y el Proyecto del Senado 1183 de la Gobernadora), el inutilizar el Plan de Uso de Terrenos, para seguir otorgando permisos (agilizar los permisos) sin importar el costo ambiental, económico y social. Luego cuando no hay agua se quejan de la mala planificación del país, pues pasa factura económica a los negocios en la isla, su empeño para eliminar los procesos de planificación.
Si planificamos evitamos estas improvisaciones e ilusiones falsas. Esa planificación debe ser con participación ciudadana continua en las decisiones para poder tomar decisiones informadas y consultadas con el Pueblo de forma democrática. Pero otra ley no democrática -Ley 82-2026- firmada por la Gobernadora nos restringió ese derecho a participar a si podíamos pagar o no (una fianza del 10% del valor total del proyecto).
Diversas organizaciones científicas, ambientales y profesionales han expresado preocupación porque entienden que algunas enmiendas podrían flexibilizar los criterios de protección ambiental y facilitar desarrollos en áreas de alto valor hidrológico. Según estos sectores, ello podría incrementar los riesgos de contaminación de acuíferos, reducir las zonas de recarga y afectar la disponibilidad futura del recurso. Los proponentes del proyecto no entienden la importancia del karso y los acuíferos, la importancia de la planificación y evaluación científica y se niega a escuchar a los expertos. Para ellos el crecimiento económico o bien sus inversionistas políticos son más importantes que el agua. Lo justifican con busca armonizar el crecimiento económico con la planificación territorial, te engañan y te venden por dinero, asegurar que puedan construir en estas áreas en detrimento del pueblo es más importante para esos políticos. Algo más lejano de la realidad, pues se deja de planificar y hacer evaluaciones ambientales aplicables, que está en otro proyecto de ley.
El debate continúa y pone de relieve la necesidad de fundamentar cualquier cambio legislativo en la mejor evidencia científica disponible. Dada la importancia estratégica del karso para el abastecimiento de agua, cualquier modificación a su marco regulatorio debería evaluarse mediante estudios hidrogeológicos independientes, análisis de impacto acumulativo y procesos de participación pública amplios y transparentes. Dada la importancia de los permisos y la planificación.
La experiencia internacional demuestra que enfrentar el cambio climático requiere abandonar un modelo reactivo para adoptar uno preventivo basado en la gestión integrada de los recursos hídricos. Es urgente tener una política pública de seguridad hídrica y de planificación. Esta política pública que implica desde modernizar la infraestructura de distribución para reducir drásticamente las pérdidas por salideros, restaurar y proteger las cuencas hidrográficas, y recuperar la capacidad de almacenamiento de los embalses mediante programas de manejo de sedimentos. Además de fortalecer la protección de los acuíferos y del sistema de karso.
Para eso hay que integrar criterios de adaptación climática en toda la planificación territorial. Expandir el monitoreo científico de la calidad y disponibilidad del agua. Manejar un programa de promover el reúso de aguas tratadas y tecnologías de eficiencia hídrica y mejorar la transparencia mediante indicadores públicos sobre pérdidas de agua, inversiones y desempeño operacional.
La seguridad hídrica ya no puede verse únicamente como un asunto de infraestructura. Se trata de un tema de salud pública, desarrollo económico, seguridad alimentaria y conservación ambiental. Sin agua suficiente y de calidad, ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenible.
Recordamos proyectos que se hacen y venden como la solución, pero son improvisaciones para gastar el dinero. El Superacueducto de la Costa Norte, luego de la sequía de 1994-95, que evitaría los racionamientos de agua en el Área Metropolitana de San Juan, aún en periodo de sequía extrema. Esa promesa se cae en la próxima sequía, la del 2015. El dragado de Carraízo que se hizo en 1998, a un costo de $60 millones, se desvanecieron pocos años después. Y las agencias a cargo de dar permisos siguen otorgan los mismos por encima de esa capacidad. El caso más reciente lo encontramos en el proyecto Esencia en Cabo Rojo, no hay agua para ese proyecto, pero le otorgan los endosos.
La seguridad hídrica no consiste únicamente en producir más agua, es saber manejarla y usarla de manera que se conserve y no se desperdicie. Consiste en proteger las fuentes naturales, conservar los ecosistemas que la generan, reducir el desperdicio, fortalecer la infraestructura y administrar el recurso con base en evidencia científica.
Las decisiones que adopte Puerto Rico durante esta década definirán si la isla archipiélago enfrenta el cambio climático con un sistema resiliente o si continúa reaccionando a las crisis de sequía, racionamientos y deterioro ambiental. La seguridad del agua no puede seguir siendo una respuesta a las emergencias; debe convertirse en una política de Estado sustentada en la ciencia, la planificación y el interés público. El objetivo debe ser garantizar la seguridad hídrica de Puerto Rico mediante una gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, asegurando la disponibilidad, calidad y resiliencia del abastecimiento para la población, la actividad económica y los ecosistemas.
