En el día en que se cumplen diez años del nombramiento de los primeros siete integrantes a la Junta de Control Fiscal (JCF) bajo la ley PROMESA, diversos grupos de la sociedad civil se manifestaron en 14 puntos de 11 municipios de nuestro archipiélago para exigir su salida inmediata.
La llamada ley PROMESA, siglas en inglés de Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, fue impuesta por el Congreso de EE. UU. y firmada por el entonces presidente, Barack Obama, en el 2016.
Los grupos manifestantes incluyeron integrantes de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, el Movimiento Solidario Sindical, Construyamos Otro Acuerdo, Movimiento Nacional Hostosiano, Amigxs del M.A.R y el Movimiento Victoria Ciudadana. Ocuparon distintos puentes en Miramar, la Ave. Baldorioty de Castro, la Ave. Barbosa, la Ave. Américo Miranda y la intersección de la Ave. Roosevelt y Muñoz Rivera en la zona metropolitana. Mientras, la jornada continuaba a lo largo de la mañana y tarde en Aguas Buenas, Dorado, Caguas, Juana Díaz, Isabela, Ponce, Yauco, Humacao, Cidra, Corozal y Mayagüez, entre otros.
«Diez años son demasiados y estamos hartos de la Junta en cada esquina del país. Una década después, el pueblo paga más por la luz, más por el agua, más por todo; pero por el peor servicio, porque todo el dinero se va para los bonistas. Tenemos menos escuelas, menos pensiones, menos oportunidades de desarrollo y peores condiciones laborales. Nos niegan hasta nuestro derecho constitucional a la negociación colectiva. Mientras, el gobierno funciona cada vez menos porque no tiene ni personal suficiente ni capacidad para decidir sobre su propio presupuesto. La Junta fue impuesta para alegadamente resolver una crisis y lo que hizo fue agravarla mientras ellos y sus amigos se lucran. Estamos en la calle como un llamado para unirnos en pedir su salida», explicó Emilio Nieves, portavoz de la Central Puertorriqueña de Trabajadores
El reclamo de los grupos se apoya en el análisis La Década Perdida: la verdadera cara de la Junta en Puerto Rico, un análisis conjunto de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, la Liga de Ciudades, Sembrando Sentido y Right to Democracy, que concluye que en estos diez años lo único que ha gobernado ha sido el autoritarismo colonial y la improvisación, con una cadena de errores que golpeó las finanzas públicas y la calidad de vida del país sin llegar nunca a la raíz de la crisis.
Julio López Varona, miembro de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, señaló que “nadie en Puerto Rico puede decir que estamos mejor que cuando la Junta llegó. Los datos demuestran lo contrario, la Junta fue un experimento colonial que en estos 10 años solo promovió recortes masivos al presupuesto público, sin medir el daño a la población que provocaba. Encarecieron el costo de vida y servicios esenciales, dejando al país en peores condiciones económicas, sin atender las verdaderas raíces de la crisis. La Junta no nos ahorra, nos cuesta”.
Por su parte, Cristian Martínez, director ejecutivo, de Construyamos Otro Acuerdo, quien contaba con personas pensionadas manifestándose en Aguas Buenas, Caguas, Juana Díaz, Isabela, Ponce, Yauco, Humacao, Cidra y Corozal, detalló que el efecto de 10 años bajo la imposición de la Junta se siente con particular dureza en la población pensionada del país.
“La Junta nos ha estrangulado por todo este tiempo, y la salida se tiene que dar ya. El experimento fracasó dejándonos a todos en peor estado. Un retiro digno no es un capricho ni una dádiva, es un derecho básico que las personas pensionadas se ganaron dedicando su vida al servicio público. Es hora de dar un primer paso hacia que la gente de Puerto Rico pueda gobernarse y luchar por un país que vela por nuestras vidas antes que porla deuda”, añadió.
Por su parte, Ángel Rodríguez León, copresidente del Movimiento Nacional Hostosiano, desde Mayagüez manifestó que la Junta representa una profundización de nuestra situación colonial.
“El colonialismo es incompatible con la democracia, por lo que estos diez años de dictadura colonial también implican el afianzamiento de mecanismos que le niegan al pueblo puertorriqueño la posibilidad de tomar decisiones sobre aspectos fundamentales de nuestra vida colectiva. Reafirmamos nuestro repudio tanto a la Junta como a nuestra situación colonial que la posibilita”, precisó.
Desde la mirada ecologista, la imposición de la JCF ha significado la destrucción de las agencias ambientales y el recrudecimiento de una visión de supuesto desarrollo económico basado en la destrucción de la naturaleza y el desplazamiento de comunidades enteras.
«La Junta llegó a allanar el camino para el saqueo de recursos, la explotación de nuestra naturaleza y crear las condiciones para un Puerto Rico sin puertorriqueños. Con la excusa de pagar una deuda ilegítima, han destruido las protecciones ambientales y se nos ha condenado a vivir con la incertidumbre de si tendremos las condiciones para quedarnos en nuestro país» concluyó por su parte Eric Albizu, integrante de Amigxs del M.A.R.
