La década del 1990 estuvo dominada por la ofensiva decisiva del congreso de Estados Unidos contra la aplicación de la Sección 936 en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En aquella ocasión la presidencia estaba en manos de un demócrata, Bill Clinton quien ocupó la posición desde 1993 al 2001. El congreso volvió a discutir el asunto con insistencia a partir de 1996 esgrimiendo argumentos similares a los presentados a mediados de la década de 1980 por una administración republicana cuyo líder fue una de la piezas claves para el avance del neoliberalismo: Ronald Wilson Reagan (1911-2004) quien ocupó la presidencia entre 1981 y 1989.
La lógica de los demócratas y los republicanos era la misma: los impuestos no pagados en Puerto Rico eran necesarios para balancear el presupuesto nacional estadounidense y enfrentar una deuda pública que había comenzado a crecer de manera galopante. Demócratas y republicanos convenían en la “necesidad” del giro hacia el neoliberalismo y en excusar al capital de la presión del estado. Los tiempos del estado interventor habían llegado a su fin. La diferencia entre unos y otros fue solo de matices pero, en términos generales, el lenguaje utilizado para condenar las exenciones contributivas toleradas en Puerto Rico se hizo más acrimonioso.
Otro asunto que llama la atención fue que la discusión sobre la aplicación o no aplicación del recurso fiscal se politizó de una manera muy peculiar. Durante el proceso se señaló que la Sección 936 se había convertido en una suerte de “mantengo corporativo”. La acusación de que el estado “mantenía” a los capitalistas, formulada de ese modo tan cándido en un país en el cual imperaba la impresión de que a quien se “mantenía” era a los pobres, representaba una novedad. La abolición del privilegio traducía un discurso en favor del mercado y la competencia libres que revisaba tácitamente la tarea del asignada al estado en la economía desde los tiempos del Nuevo Trato.
Algunos sectores, en especial los adversarios del Estado Libre Asociado que favorecían la estadidad, argumentaron que el privilegio fiscal beneficiaba la permanencia de la relación colonial instituida en 1952 la cual se había fundamentado sobre la base del apoyo incontestable del estado colonial al capital foráneo, entiéndase, estadounidense en lo fundamental. La lógica que se había impuesto entre numerosos estadoístas era que la eliminación de la Sección 936 cumpliría diversas funciones.
Por un lado, aceleraría la disolución del Estado Libre Asociado al destruir su fórmula económica. El hecho, conjeturaban, forzaría al congreso a tomar una decisión sobre el asunto del estatus. En cierto modo tenían razón. Lo que resultaba irrazonable o indemostrable era la presunción de que, si se eliminaba el privilegio, se adelantaría la estadidad. La impresión que daba aquella argumentación silogística era que dentro del movimiento estadoísta la imagen del imperio benévolo, inocente y bonachón que había legitimado la invasión del 1898 seguía vigente.
La relación de los ideólogos del movimiento estadoísta había estado llena de ambigüedades.
A Estados Unidos se le podía acusar de colonialista y, de hecho, el estadoísmo radical y exigente promovido por el revisionismo ideológico de Romero Barceló durante la década de 1980 lo hacía y lo ha seguido haciendo. La confianza en que el fin de la era de las empresas 936 demostraría, fuera de toda duda, la quiebra del régimen colonial y que la solución del problema sería inevitablemente la estadidad demostró ser una ensoñación romántica más. La confianza de los estadoístas en la posibilidad del estado 51 era tan profunda como la de los nacionalistas en la inevitabilidad de la independencia. El fantasma de la “libertad” se movía detrás de uno y otro sueño utópico.
En el PNP no había un consenso respecto a cómo enfrentar el asunto. La administración Rosselló González, figura que controló con espíritu neopopulista el poder entre 1993 y 2001, defendió de forma moderada la permanencia de la Sección 936 durante su primer cuatrienio. Desde mi punto de vista la postura ratificaba cierto grado de realismo político o pragmatismo sin más. La herramienta de la Sección 936 era única, era cierto, pero Puerto Rico seguían siendo la jurisdicción más pobre de la unión sin ser parte de la unión. El temor de que, de eliminarla, los sectores que se habían beneficiado de ella -la banca y la construcción- sufrieran un rudo golpe a sus intereses no era un asunto de poca monta.
Sin embargo, el Comisionado Residente en Washington, Romero Barceló cabildeó en el congreso estadounidense para que las eliminaran. Todo parece indicar que el abogado estadoísta le daba un significado político estratégico a aquel proceso, sentido que Roselló González no compartía. Las primeras décadas del siglo 21 han demostrado que Romero Barceló se equivocó: el fin de la era de las empresas 936 no adelantó la estadidad ni un centímetro, condición que ha afirmado la idea que Pedro Albizu Campos había hecho suya desde 1930, de que la estadidad es una imposibilidad o un “absurdo” tal y como la calificó en 1934.
En 1994 el Congreso acabó por reducir los beneficios de la Sección 936 mediante la aprobación del Tax Equity and Fiscal Responsability Act. La excusa para ello, como se sabe, fue la necesidad balancear el presupuesto federal en el mejor interés de la nación. La secuela de todo ello fue que en 1996, acabó por decidirse que la cancelación de su aplicación sería efectiva a principios de enero de 2006. El hecho produjo una conmoción entre los estadolibristas y los defensores del estatus quo colonial. La retórica culposa responsabilizó indistintamente a Rosselló González y Romero Barceló por el hecho, afirmación útil en el dime y te diré de la política electoral doméstica hasta el presente. Sin embargo, lo cierto era que tras la decisión había estado presente la coacción de poderosas fuerzas neoliberales que hubieran cancelado cualquier esfuerzo por mantener el privilegio para el olvidado territorio no incorporado del Caribe. El asunto que se jugaba en el congreso entre 1994 y 1996 no era la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, sino la estructura sobre la cual se apoyaría el mercado mundial de allí en adelante.
El fin de las empresas 936 y la política puertorriqueña
La administración Rosselló González enfrentó el asunto de un modo convencional. La alternativa para el país volvió a buscarse en el Código de Rentas Internas Federal por lo que se solicitó el amparo de la Sección 30-A de aquel. La intención del ejecutivo era que se le permitiera a Puerto Rico ofrecer créditos contributivos federales a las empresas vinculadas a la Sección 936, acorde con la cantidad de empleos que produjesen en el territorio. El objetivo era convertir el privilegio en un mecanismo para generar empleos bien pagados en una economía que sufría el mal crónico del desempleo estructural. El congreso rechazó la petición.
La impresión que dejó aquella decisión entre los observadores no podía ser otra que la economía del Estado Libre Asociado se iba a quedar sin opciones de aquel tipo desde 2006 en adelante. El mercado y la competencia libres habían llegado para quedarse. La bienvenida al neoliberalismo se había formalizado. Los ideólogos populares estadolibristas y penepés estadoístas, por mencionar sólo dos emblemas de una fauna más diversa, quienes compartían el acceso al poder como si se tratara de un sistema de turnos, no parecían capaces de mirar en otra dirección que no fuese Washington cuando trataban de asegurar el crecimiento material o el “progreso” en la isla caribeña. El observador debería esperar que la imagen del imperio benévolo, inocente y bonachón comenzara a erosionarse desde 1996 y que el proceso se acelerara desde 2006. Nada parece sostener ese criterio.
El efecto de la decisión de 1996 en el mercado local fue que desde 2001 los depósitos en los bancos locales comenzaron a menguar y la banca se contrajo. El ELA, que comenzó a dejar de percibir ingresos en la medida en que la economía se ralentizaba, tuvo que recurrir a explotar sus líneas de crédito para suplir la huida de los Fondos 936, es decir, los depósitos de la empresas privilegiadas en la banca puertorriqueña. La venta de bonos triplemente exentos de pago de contribuciones, federales o estatales, y seguros fue un éxito. No cabe la menor duda de que la “crisis fiscal” del presente tiene una de sus bases en el aumento en aquellas emisiones de bonos o compromisos de pago. Pero me parece que es necesario insistir en que la “crisis económica” rondaba al país desde la década de 1970 y que la misma había sido abonada por los giros que condujeron al orden neoliberal.
El futuro económico incierto del Estado Libre Asociado, hoy presente incierto, tenía que generar igual incertidumbre en torno a su futuro político. En ambos casos lo que se confrontaba era un abismo. El significado del “crecimiento del ELA” en su sentido político tenía que ser explicado. El hecho de que el congreso cambiara las reglas de juego de manera radical sin consultar al ELA, significaba que Puerto Rico tendría que manejar su futuro económico sin ningún tipo de privilegio fiscal del Tesoro Federal y que lo único que le quedaba era, y es, su presunta “autonomía” fiscal validada por su relación colonial con Estados Unidos. Entre 1996 y 2006 los ajustes no se llevaron a cabo en parte porque el país no tenía soberanía para ello, y en parte porque el Congreso tampoco se ocupó del asunto y lo dejó en manos de una clase política puertorriqueña incapaz de enfrentar el problema.
La Sección 936 fue la última política económica en el estilo de la segunda posguerra que se aplicó en Puerto Rico. Lo cierto es que, visto a la distancia, el crecimiento de la economía local siempre había dependido de las exenciones contributivas y de la providencia o permisibilidad del estado. Pero en la década de 1990 el mercado libre entre Puerto Rico y Estados Unidos impuesto en 1900 ya no era exclusivo y por el contrario, como se verá más adelante, se compartía con el resto del mundo. Teóricamente el neoliberalismo no admitía el exclusivismo ni el trato preferencial de un mercado.
Pero en el caso de Puerto Rico la tentativa neoliberal resultaba contradictoria. El idealizado regreso del liberalismo y la libre competencia no tocó el monopolio que poseía Estados Unidos sobre el mercado local al amparo de las Leyes de Cabotaje (1920). Tampoco minó los privilegios de las compañías navieras de Jacksonville sobre el tráfico con Puerto Rico. Como se sabe, aquel puerto suple el 90 % de los consumos de la isla. Ambas instancias, a no dudarlo, eran y son la expresión de una forma del “monopolio” o “cautividad” de un mercado ante otro que viola los fundamentos filosóficos del liberalismo y del neoliberalismo. El “mercantilismo neoliberal” no es una condición imposible después de todo.
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