Inicio Blog Página 1216

Sin cambio de visión los nuevos integrantes de la Junta de Control Fiscal

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Los nombramientos de Jhon Nixon y Betty Rosas, como nuevos integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF), no representan un cambio significativo en la visión ideológica de la Junta, opinó a Claridad el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez. Los dos nuevos nombramientos del presidente Trump se unen al reciente de Justin Peterson, quien es un declarado favorecedor de los acreedores de Puerto Rico.

A juicio de Emmanuelli Jiménez, la no re nominación de Ana Matosantos y de David Skeel, quienes ya cumplieron su término en la Junta, “nos dice algo de las preferencias de Trump por lo que es previsible que el presidente los sustituya”. De hecho según publicó el periódico El Nuevo Día la re nominación al menos de Skeel tiene problemas en la Casa Blanca incluyendo la oposición de Peterson.

Aun cuando dijo que es poco lo que se sabe de los nuevos integrantes observó que en el caso de Betty Rosa, que viene del mundo académico y es hija de padres puertorriqueños observó que es necesario que la Junta tenga un miembro con ese trasfondo dado a la crisis educativa terrible que tiene Puerto Rico.

En el caso de Nixon proviene del mundo financiero conservador y participó del proceso de la quiebra de Michigan, Detroit “es obvio que viene alineado con los intereses de los acreedores”.

Con los nombramientos de Nixon y Rosa la Junta se mantiene con cinco miembros; David A. Skeel, presidente; Andrew Biggs, y Peterson. Todavía queda por nombrar quien llenara la vacante de Matosantos y el ex presidente Carrión III. Aun con cinco miembros la JCF puede continuar tomando decisiones e incluso acciones legales de Título III de quiebra. En ese aspecto la Junta tiene hasta el 10 de febrero 2021 para informar al jueza Laura Taylor Swain qué va hacer con el plan de ajuste de deuda del gobierno central de Puerto Rico (los llamados bonos generales BOG’s en inglés). El otro asunto pendiente en el tribunal es la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Al cierre de esta edición el presidente Trump anunció la designación de un sexto miembro a la Junta, Antonio Medina, quien fue director de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) durante parte del gobierno de Alejandro García Padilla.

Se va el 2020:Temblores, cenizas, robos y pandemia

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Luego de un verano delirante, combativo, el resto del año 2019 transcurrió con los usuales contratiempos y enfrentamientos políticos entre facciones intra partidos y entre los dos partidos que hasta hace unas semanas eran mayoría en el país.

Dentro de nuestra mente, en el horizonte de nuestro Puerto Rico no creíamos que nada más duro podría suceder luego del huracán María en el 2017, y el verano del 19. Nada más lejos de la realidad que estaba destinada.

Esta reseña que presentamos de eventos ocurridos -hasta unas semanas antes de que se termine este año 2020- no pretende ser una exhaustiva. Los eventos aquí reseñados son los considerados más relevantes cubiertos por Claridad en materia ambiental y aspectos relacionados pero a juicio definitorios en nuestra vida colectiva.

 

Tiembla la tierra

Este año 2020 se presentó con violencia, tanta que la tierra comenzó a temblar en el área sur de la isla desde finales de diciembre. Desde el 28 de diciembre comenzó un patrón creciente de sismos, no solo en magnitud, sino en secuencia. Los movimientos sísmicos comenzaron con uno grande 4.7 después siguieron más pequeños 3.5 luego se aplacó, luego siguieron unas réplicas de secuencia de 4., de 4.5, después de 5.8 réplicas, hasta el sentido en la madrugada del martes siete de enero de 6.4, todos causaron daños.

En entrevista en aquel momento el doctor en geología José Molinelli Freytes advirtió que era imposible predecir cuánto tiempo más, ni a qué hora, ni de qué magnitud continuarán las réplicas de los sismos experimentados. El hecho es que en el área sur la tierra ha continuado temblando al menos hasta mediados de agosto, de acuerdo a información de la Red Sísmica, claro en menor intensidad.

Mientras en un estudio preliminar -en febrero – el economista José I Alameda estimó que la actividad sísmica había dejado daños en la infraestructura por $160 millones, y una pérdida en el producto interno bruto (PIB) por $1,196 millones para un total preliminar en costos de $1,356 millones.

La Pandemia

Cuando aun el país no se había repuesto de los temblores (tan así que todavía a finales de este año hay familias sin hogar) cuando apareció la plaga del coronavirus (Covid-19) la cual nos mantiene al día de hoy en vilo. Mientras la pandemia avanzaba por todo el planeta el entonces secretario del Departamento de Salud, doctor Rafael Rodríguez Mercado tomaba el asunto a la ligera y llegó a a decir que el ‘coronavirus no llegaría a Puerto Rico’.

No fue hasta el mes de marzo en que la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced comenzó a tomar medidas para enfrentar la temible enfermedad con una primera Orden Ejecutiva -del 15 al 30 de marzo- que disponía el cierre de los centros comerciales, cines, parques de diversiones, casinos, teatros, etc. solo podían transitar de cinco de la mañana a seis de la tarde personas debidamente identificadas que estuviesen en tareas de trabajo ya sea públicos, o privados, personas para adquirir alimentos, medicinas y servicios médicos, ya sea cita médicas, laboratorios y hospitales.

Al momento de redactar este recuento las personas contagiadas por Covid- 19 en la isla sumaban 56,746 contagiados: 1,925 casos probables; 43, 358 casos sospechosos; y 1,192 muertes.

 

El robo de la salud

En medio de la emergencia nacional de salud que vivía y vive el país por los contagios de Covid -19 el pueblo se enteró del intento de fraude al gobierno de la compra por $38 millones de pruebas para la detección del coronavirus (COVID 19). Esta situación quedó desplegada al inicio de la pandemia durante una investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Si el intento fallido de fraude dejo demostrado la corrupción gubernamental está quedó sepultada cuando este pasado mes de noviembre tras meses de investigación el Departamento de Justicia dio a conocer que no referiría a ninguno de los implicados al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFI). En otras palabras los delitos quedarían impunes.

La fiesta de derroche del dinero del pueblo de la AEE

En el mes de marzo organizaciones ambientales y la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), radicaron una moción al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), para que este reconsiderase la aprobación de una propuesta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para la instalación de unos generadores de emergencia por los cuales pagaría $70 millones mensuales, por 18 meses. Los generadores serían instalados en la planta de Costa Azul, la cual se encontraba fuera de servicio desde el temblor de tierra del siete de enero. Los grupos ambientales y la UTIER denunciaron que la AEE no había considerado otras opciones, como reparar la generatriz Costa Sur, que según expertos podría repararse por $30 millones.

Tras la presión de los grupos ambientales e intervención en el NEPR el 30 de mayo el entonces director ejecutivo de la AEE, Jose Ortiz , anunció que la AEE había decidido abortar el proceso.

El contrato de Luma

En agosto salió a la luz pública que la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3, como suele abreviarse), establecieron un llamado “acuerdo”, que no es otra cosa que la privatización de la AEE.

El contrato tan celebrado hasta hoy por la administración gubernamental e incluso la Junta de Control Fiscal (JCF) le concede a Luma Energy, LLC la Operación y Mantenimiento (O&M), del Sistema Transmisión y Distribución (T&D) de la AEE durante los próximos 15 años. Luma cobrara una Tarifa Fija Anual que comienza en $70 millones, la cual aumentara a $105 millones a partir del cuarto año hasta el año 15. Cobrará además una “tarifa de incentivo” la cual se pagará cuando el operador cumpla con ciertos indicadores de rendimiento. Esta tarifa el primer año será de $13 millones y aumentará a $20 millones para cada uno de los años del 4 al 15.

Por si fuera poco la JCF logró que la jueza Laura Taylor Swain permitiera que se le adelantara a Luma la cantidad de $136 millones por “gastos administrativos”. Entre los meses de junio a agosto Luma facturó $26 millones lo que incluyó un total de $283,492 en honorarios de abogados, $150,000 en publicidad y $301,237 para sus ejecutivos. Estos gastos incluyen el pago del alojamiento en hoteles de los ejecutivos de Luma.

Masacre de áreas naturales

Aprovechando el encierro provocado por la pandemia ya entrado el año el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) bajo la excusa de reparar daños causados por el huracán Maria- a tres años- desató en sus instalaciones y en las de la Compañía de Parques Nacionales (CPN), balnearios municipales, en los bosques del estado, literal una masacre de árboles de manera indiscriminada.

El balneario de Cerro Gordo, en Vega Alta fue el primero, en Dorado, en Vega Baja, en el Monte del Estado en Maricao, el Parque Urbano Julio Enrique Monagas, en Bayamón entre otros lugares fueron algunas de las víctimas.

No conforme el 15 de noviembre el DRD le solicitó a Fema (Agencia Federal para el Manejo de Emergencia) una extensión de 90 días para completar los trabajos de poda y tala en las instalaciones de la CPN. La fecha fijada por FEMA para terminar los trabajos era hasta este 30 de noviembre.

La empresa beneficiada con la desatada faena ambiental es Debristech . El primer contrato fue firmado en marzo de 2019 por la cantidad de $1,850 mil. En marzo de este año se enmendó por la cantidad de $8,834.116.30 y en junio se volvió a enmendar para extenderlo hasta este mes de diciembre por la cantidad de $9,337,466.30. (Leyó bien millones).

La amenaza a Mar chiquita

En junio el Senado de Puerto Rico aprobó por descargue el proyecto 1643 titulado “Ley del Corredor Costero de Manatí” de la autoría del presidente Thomas Rivera Shazt.

La Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Inc (SOPI) dio la voz de alerta de que el proyecto eliminaría protecciones ambientales y alteraba los planes de uso de terrenos vigentes afectando de manera adversa ecosistemas importantes en Mar Chiquita, Laguna Tortuguero, y otras áreas costeras de alto valor ecológico. Las acciones propuestas en el proyecto resultarían en la fragmentación y degradación de sobre 35,000 cuerdas de hábitats, eliminando recursos esenciales para la vida silvestre endémica y migratoria de Puerto Rico.

Tras la denuncia y la presión ciudadana el proyecto fue retirado, aunque SOPI instó a su membresía y a la ciudadanía a no bajar la guardia.

Siguen ardiendo las cenizas

En una lucha que se extiende las comunidades de Guayama, Salinas y Peñuelas, reiteraron su rechazo a la planta de carbón AES y al deposito de cenizas. Con siete meses de tardanza el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) llevó a cabo tan reciente como este cinco de noviembre una vista pública en Peñuelas en donde presentó para evaluación el reglamento sobre la prohibición del depósito y disposición de cenizas en Puerto Rico.

En la vista los líderes comunitarios enviaron un mensaje de advertencia al gobernador electo Pedro Pierluisi, quien fue cabildero de AES a que no se le ocurra revertir la Ley 5 aprobada el 2 de enero de este año.

“A nombre de las personas que han muerto a causa de las cenizas de carbón; de las personas que han enfermado por condiciones respiratorias y cáncer; de los acuíferos, aire y mar que han contaminado; que sepa Pedro Pierluisi que vamos a inaugurarlo llevándole en cualquier momento y donde sea, el mensaje de que hay que cerrar la planta de carbón y que esa compañía AES no vuelva jamás a contratar con el gobierno. Al gobernador y al presidente de AES, ¡nos vemos en la calle!”, expresó Yanina Moreno Febres Pérez, de Peñuelas.

Los activistas dijeron que esperaban que el reglamento se aprobase antes de que acabe el año. “No podemos dejar en manos del cabildero Pierluisi este asunto, pues él tiene un serio conflicto de interés. Ya propusimos nuestras enmiendas al reglamento, ahora a seguir en la calle, porque la verdadera mayoría está en la calle”, manifestó Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas.

 

 

El capital y las torres contra Aguada: Tú te arriesgas, yo cobro

Especial para Claridad

 

En este momento, no hay pruebas sólidas de que la exposición a las ondas de RF [radio frecuencia] de las torres de teléfonos celulares cause efectos notables en la salud. Sin embargo, esto no significa que se haya probado que las ondas de RF de las torres de telefonía celular sean absolutamente seguras. La mayoría de las organizaciones de expertos están de acuerdo en que se necesita más investigación para ayudar a aclarar esto, especialmente para los posibles efectos a largo plazo.

Sociedad de EUA del cáncer (https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/cellular-phone-towers.html)

Está claro: no hay evidencia “sólida” (“strong evidence” en inglés). Es decir: tampoco hay evidencia de que las torres de celulares no causen cáncer. Por otro lado, la información que provee la Organización Mundial de la Salud, se resume muy bien en:

Desde 1996, la OMS inició el «Proyecto Internacional CEM» que reúne investigaciones multidisciplinarias. Basándose en ese conjunto de información y en otras investigaciones es que la OMS asegura que no hay confirmación que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad produzcan consecuencias en la salud.

Sin embargo, los conocimientos sobre los efectos biológicos presentan algunas lagunas que requieren más investigaciones», publica la agencia de la ONU dejando la puerta abierta a la posibilidad de que en el futuro se descubra que los campos electromagnéticos sí tienen consecuencias en la salud de las personas.

https://www.laprensagrafica.com/internacional/La-telefonia-movil-y-las-antenas-afectan-la-salud-Esto-dice-la-OMS-20190311-0304.html

En español: ni la Sociedad de EEUUAA del Cáncer (en inglés: American Cancer Society), ni la Organización Mundial de la Salud sostienen que las torres de celulares NO hagan daño a la salud. Simplemente concluyen que NO tienen evidencia de que haga daño … o sea, que hace falta más información.

Hay mucho escrito al respecto de que las torres de celulares transmiten ondas que no son tan peligrosas. Algo así decían al comienzo del siglo veinte cuando usaban como parte del maquillaje desde arsénico que vendían en Sears hasta radiación. También sobre el asbestos, que a pesar de ser usado por cientos de años, no fue hasta el siglo pasado que se mostró su daño. Del cigarrillo, ni se diga, si hasta en Los Picapiedrasa los cuatro, Pedro, Pablo, Vilma y Bety, los ponían a fumar para anunciarlos. Más recientemente Monsanto sostuvo por años que no había evidencia de que sus yerbicidas causaran cáncer; varios miles de millones de dólares en pago después, su posición no es creíble (ojo: mientras Monsanto era corporación con base en EEUUAA, las cortes yankis aceptaron la narrativa corporativa de que el glifosato no era dañino; ahora que es alemana, Bayer va a tener que pagar miles de millones por daños en esas mismas cortes). Etc., etc., etc.

Eso es simple: sobre el efecto de estar cerca de emisiones de ondas electromagnéticas hay dudas (al menos yo no uso horno microondas en mi casa y me niego a andar con el celular todo el tiempo). Y si hay dudas sobre si algo es dañino o no, ¿no debería ser una opción de la persona o la comunidad decidir qué riesgo se quiere tomar? Pero la realidad es que casi nunca esa capacidad de elegir es una alternativa individual, familiar o comunitaria. Esa decisión la toma el mercado. En otras palabras: mi riesgo lo decide Claro o T-Mobile o Wanda Vázquez o Trump. Pero coññtra, las ganancias son para Claro, AT&T o T-Mobile o Innovatel.

Por eso, la lucha que valientemente lleva la comunidad de Goyito Muñiz en Aguada es tan importante. Independientemente de lo que creamos en particular sobre el riesgo de las antenas de celulares, la posición de lxs científicxs de que NO hay evidencia “sólida” del daño, no es lo mismo de que hay evidencia de que son saludables. Conjuntamente: ¿será casualidad que Aguada es simultáneamente el municipio con más antenas de telecomunicaciones por milla cuadrada y uno de los que tiene mayor proporción pacientes de cáncer? Casualidad o no, no se puede negar que vivir cerca de torres de transmisión de ondas electromagnéticas puede -al menos, “puede”- ser un riesgo. Por lo tanto, debe ser la gente a la que le quieren montar una antena de transmisión de ondas electromagnéticas en el patio de la casa las que deben decidir si quieren correrse ese riesgo. Nunca debe ser un grupo de ejecutivxs que no viven cerca (y que apuesto no viven cerca de torres de transmisión de ondas). En ese caso particular de Aguada, la torre la instalaron a pesar de que un juez haya negado los permisos, en una montaña prístina de naturaleza entre Aguada y Rincón, zona de carso tan importante para filtrar agua, hábitat de diversas especies y pa colmo, en un sitio bien pegao a las casas aledañas. E insisto: con lxs vecinxs más directamente en riesgo claramente en contra de jugar ruleta rusa con su salud. Vecinxs de la comunidad llevan años en la batalla, y ahora en el intervalo de cambio de gobierno la compañía de instalación ha querido acelerar para terminar el trabajo y poner la antena a trabajar, con la colaboración de policía privada, guapetones tipo los rompehuelgas de Chicky Star y la policía pública (ese gobierno que nunca cambia). En el estilo del traqueteo con la permisología de la colonia, la empresa hace el trabajo primero, luego entonces reclama que ya el acto fue consumado y además nadie ha logrado probar que hayan muerto los lagartijos.

Son muchos los abusos: tiroteos, violencia por género, cenizas, junta, colonia, represión policíaca como principal estrategia contra el COVID, traqueteos de votos, oficina de desempleo en categoría de ciencia ficción morbosa, empleos a tiempo parcial pa gente de tiempo completo, salarios de miseria, etc. Y este otro escenario de la lucha de la comunidad Goyito Muñiz en contra de que el capital juegue ruleta rusa con su salud, o sea: nuestra salud.  El sábado 26 de diciembre 2020 (sí, justo el día después de Navidad), a las 10:30 de la madrugada hay una marcha desde la comunidad hasta la plaza de Aguada.

Para más información, pueden buscar en Facebook: No más antenas en Aguada o Jornada se Acabaron las Promesas o Frente Socialista de Puerto Rico.

El autor tuvo que escribir esta nota porque Carmelo Ruiz Marrero ya no está con nos.

 

 

 

Mirada al País: El escurridizo neoliberalismo boricua

 

 

Columnista invitado/Especial para CLARIDAD

Hace unos días el amigo José (Tato) Rivera Santana compartió con un grupo de compañeras y compañeros (en un espacio cibernético de esos que se han hecho casi imprescindibles en época de la pandemia) un escrito que, a mi modo de ver, reviste de mucha importancia y que me motivó a esta breve reflexión. El escrito, titulado Elecciones parlamentarias en Venezuela: balance del 6Des de la autoría del destacado intelectual argentino Atilio Borón ( el escrito se puede acceder en el enlace provisto previamente). Invito a todas y todos a leerlo en la medida que puedan. En ese escrito se discuten las estrategias y tácticas que actualmente se articulan para que los poderes fácticos neoliberales reten incluso las bases de la propia democracia liberal para sostenerse en el poder. La certera lectura de Atilio Borón no se limita a describir únicamente las burdas intenciones de vulnerar el proceso democrático venezolano y su soberanía. Lo que describe y explica Atilio para Venezuela nos sirve de alguna manera para entender lo que ha acontecido -por mencionar un ejemplo- aquí en Puerto Rico con la reciente situación electoral de claro talante fraudulento. De igual manera nos sirve para entender las lógicas de lo que ha venido ocurriendo en muchos otros países de América Latina y el Caribe en distintas formas y contenidos pero precisamente bajo un mismo sustrato ideológico. Todo esto parece que ocurre como parte de una especie de guión general. Se trata de una concertación que ya -sin mucho temor a equivocarme- me atrevo a llamarle una subversión continental contra la voluntad y el espíritu democrático. Desde Quito a Brasilia y desde Buenos Aires hasta Washington, el ordenamiento democrático luce asediado y vulnerado.

Me parece que debemos estar muy alertas porque en esta novel coyuntura hay que aprender a identificar diáfanamente lo que ocurre en la Isla y qué es lo que en realidad lo origina. Igual es vital tener consciencia de que esos fenómenos locales están entrelazados a procesos continentales. No creo que se trata simplemente de lo más obvio que se nos quiere deliberadamente hacer creer a través de las diferentes esferas de las narrativas mediáticas. Se nos quiere hacer pensar que todos nuestros azares recientes ocurren por causa exclusiva de calamidades naturales, de ineptitudes, de incapacidades, de funcionarios corruptos o más recientemente se nos habla de irregularidades electorales, lo cual es cierto, pero solo superficialmente. Lo que sucede es que no creo honestamente que todos esos elementos superficiales puedan explicar la raíz de nuestros problemas. Todas esas situaciones que caracterizan nuestro estado de las cosas me parece que son manifestaciones de un problema de fondo. No se trata de malvados contra heroínas o héroes salvadores: se trata de tener claridad ideológica y un diagnóstico acertado del mal principal (problema principal) que padece la sociedad puertorriqueña conjuntamente con la situación colonial.

Se trata de comprender bien que amplios sectores en la Isla ya NOestán dispuestos/as a aceptar más (después de sobre 30 años) de la receta responsable de haber desarticulado y drenado casi todo nuestro horizonte de políticas y bienestar social. De ese modo la zanja entre ricos y pobres se continua ampliando suprimiendo las clases medias de la sociedad e incapacitando al Estado. Los remanentes del Estado benefactor desaparecen velozmente y entonces observamos que va surgiendo una suerte de Estado corporativo cuyo énfasis ya no es el bien común. El nuevo énfasis del Estado corporativo es crear las mejores condiciones para la inversión de capital. Así vemos como en Puerto Rico la tesis thatcherianaclásica se posiciona y resalta en luces de neón: “la sociedad no existe solo existen individuos”.

Me parece que la agenda del neoliberalismo escurridizo boricua continúa avanzando sin frenos y consolidándose subrepticiamente, es decir, sin poder ser detectado por los radares políticos. En otras palabras, nuestro neoliberalismo busca andar y operar disfrazado. De hecho, en una reciente intervención pública el intelectual estadounidense Noam Chomsky afirma que en esta coyuntura particular “el poder necesita la oscuridad”.

Pero el mayor peligro a mi juicio es que en la Isla se ha logrado construir una sociedad agresivamente neoliberal en la cual las mayorías -e incluso algunos sectores del espectro político alternativo-progresista- titubean o no pueden identificar ese flagelo como la raíz fundamental del desmantelamiento e ineficacia por consecuencia del Estado colonial. Ni mucho menos veo que haya en efecto una comprensión amplia que pueda vincular los problemas principales del momento con el neoliberalismo. Se trata entonces de la aplicación de un neoliberalismo bajo condiciones coloniales muy paciente en su ejecución pero implacablemente perverso. Sin dudas, que es una de las versiones más nefastas de neoliberalismo que uno se pueda imaginar.[1]

En este cuadro de situación que estamos describiendo no nos pueden sorprender incluso los intentos de acallar el disenso y sus organizaciones. Así ocurrió, por ejemplo, con la creación de la ley escandalosamente antidemocrática del pasado referéndum para que el pueblo puertorriqueño refrendara la intención del Partido Nuevo Progresista (PNP) para la incorporación de Puerto Rico como estado a los Estados Unidos a través de una consulta de anexión si o no. Hay que destacar (y jamás olvidar) que esa ley establecía que solo una organización política estaba autorizada a organizarse y hacer campaña a favor de votar NO en la consulta de estatus en pleno conocimiento que en Puerto Rico existen una multiplicidad de organizaciones políticas que promulgan la independencia. Como si fuera poco, contenía disposiciones para procesar criminalmente a personas u organizaciones que violaran tan terribles disposiciones. Afortunadamente la organización Sobran las Razones para Votar Noy su abogado Roberto Maldonado impugnaron la ley. Un juez federal de los Estados Unidos encontró que esas disposiciones eran claramente inconstitucionales y laceraban burdamente el derecho a la libertad de expresión. La decisión, la cual fue ignorada por casi todos los medios masivos de comunicación, permitió finalmente que todas las personas y organizaciones que quisieran pudieran ejercer su derecho a llamar a votar contra la anexión. Pero como suele ser, el daño se había consumado. Sin recursos significativos, el sector del NO a la anexión logró prácticamente empatar la votación con los vientos en contra.

Eso es una pieza de evidencia adicional que continúa corroborando la tesis que se escucha cada vez con más fuerza por el continente. La tesis de la incompatibilidad de la democracia con el proyecto y la ideología neoliberal, tal y como el propio Atilio Borón ha expuesto en otros escritos. La democracia corre peligro.

Todas estas coartadas que vemos cada día me parece que son acciones bien concertadas de sectores asociados al neoliberalismo para mantenerse en el poder aún cuando cada vez se les dificulte obtener respaldo electoral.  Sabemos que el neoliberalismo ideológico está muy bien organizado y dispone de grandes caudales para financiar la consecución de sus objetivos. Pero su agenda no mueve ni anima al voto de las grandes mayorías y eso parece ser una contradicción irreconciliable. De ahí observaremos cada vez una conducta más agresiva que se ensaña contra la democracia liberal en busca de preservar el poder. ¿Por qué? Porque su agenda es para una minoría. Porque la gente quiere mejores servicios de salud, mejor educación, una Universidad vigorosa, vibrante y accesible como garante de posibilidades de ascenso social, mejor seguridad e infraestructuras, mejores empleos y condiciones laborales, mejores accesos a la cultura y a espacios recreativos. En fin, mejores condiciones y calidad de vida en general. Los sistemáticos recortes en el gasto público y el achicamiento del Estado privatizando todo lo que se encuentre al alcance, constituyen políticas más que fracasadas e incapaces de poder entusiasmar a la gente.

Por eso para sostenerse en el poder recurren y recurrirán a toda suerte de artilugios, artimañas y trucos disfrazados junto a sus secuaces mediático-publicitarios y a redes que operan paralelamente al Gobierno para beneficio mayormente de intereses privados y corporativos. En mi opinión es por eso que debemos tener claridad y consciencia que en este momento histórico el enemigo principal de las necesidades y aspiraciones de las grandes mayorías, de las luchas sociales y comunitarias, del bien común en general y de una verdadera recuperación de la Isla para las mayorías, es precisamente el avance implacable de la ideología neoliberal, en nuestro caso bajo condiciones coloniales. Y eso me parece que amerita que sea comprendido sin vacilación ni adornos. Precisamente porque en Puerto Rico el neoliberalismo se mueve furtivamente y su narrativa vulnera las mentes incluso de personas que se entienden a sí mismas como progresistas. Ya hay quienes le llaman a ese fenómeno mordazmente neoliberalismo de izquierda, lo cual lógicamente es un absurdo o un contrasentido histórico.[2]

A diferencia de Puerto Rico, en América Latina y el Caribe, grupos políticos alternativos han venido construyendo un fuerte muro de contención contra la ideología neoliberal. América Latina y el Caribe es hoy la región donde con más éxitos se combate el neoliberalismo. El consenso parece estar en abrazar de algún modo lo que Oskar Lafontaine llamó sugestivamente en la década de los noventa “economía social y ecológica de mercado” con una sólida vocación democrática.[3]En todo el continente me parece que avanza esa conciencia porque la aplicación de políticas neoliberales ha dejado profundas heridas además de enormes desigualdades y largas estelas de pobreza. La expectativa de que el crecimiento económico traería la superación de la pobreza por percolación ha resultado en una falsedad como lo comprueban con nitidez los estragos donde quiera que se hayan aplicado políticas neoliberales. Muy en particular esto queda demostrado con la realidad chilena y ahora más recientemente con las explosiones sociales peruanas de corte claramente anti-neoliberal. Aquí en Puerto Rico todavía pienso que nos encontramos alejados y algo distantes de darnos cuenta clara y diáfanamente de eso a pesar de que algunas personas y organizaciones han sido protagonistas de valiosos esfuerzos para responsabilizar el neoliberalismo en Puerto Rico desde hace mucho tiempo. De hecho, no me parece descabellado pensar que una gran parte del movimiento y protestas en el Verano de 2019 en la Isla (que terminó con la salida forzada del gobernante neoliberal por antonomasia Ricardo Rosselló) intuitivamente fue una rebelión anti-neoliberal. Lamentablemente la falta de identificación de nuestra grave situación sociopolítica y de quiebra fiscal, apenas se asocia con el neoliberalismo cuando es éste su razón de ser esencialmente. Prueba clara de eso es que durante los debates electorales del pasado mes de noviembre la palabra neoliberalismo no fue mencionada ni una sola vez. La ideología neoliberal siendo la raíz de muchos de nuestros problemas de fondo ni tan siquiera se tocó con vara larga como se dice acá en el argot popular. En la esfera pública no existe consciencia sobre ese cardinal asunto.

Sin claridad ideológica no puede haber, a última instancia, una lucha política acertada. Me parece que no nos hemos dado cuenta del todo que la causa del deterioro consistente en la esfera política, económica y sociocultural de nuestro país es producto de la aplicación de un modelo ideológico. Y es que el neoliberalismo ha evolucionado de ser inicialmente un paquete de medidas económicas a un sistema de pensamiento que ha creado su propio Weltanschauungen el que el dogma del mercado sin intervenciones por parte del Estado es glorificado sin límites.[4]Entonces me parece que debemos rechazar firme y decididamente esa propuesta ideológica y los que la representan. Y máxime ahora cuando, para colmo, el neoliberalismo colonial parece que ha identificado en la anexión un vehículo para la consecución de sus objetivos. Tenemos que dejar de temerle a enfrentar, denunciar y combatir al neoliberalismo frontalmente. Ha llegado la hora simplemente de formularnos entonces la pregunta: neoliberalismo:to be or not to be?

Y es que oponerse al neoliberalismo y rechazar sus propuestas no es en lo absoluto ser anticapitalista, ni comunista, ni socialista, ni anarquista ni nada que se parezca necesariamente. Como si fuera poco, el propio Papa Francisco, desde los mismos cimientos eclesiásticos de la Iglesia, ha hecho un llamado mundial directo y sin rodeos contra el neoliberalismo en su tercera encíclica. El Papa Francisco dice con sabiduría y citamos:

“El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente”.[5]

Oponerse al neoliberalismo es aspirar a una sociedad netamente democrática y de justicia social en una economía racional con plena vocación hacia el bien común y que favorezca a todos los sectores de una manera más equitativa y solidaria. Se trata también de una sociedad respetuosa de los derechos colectivos e individuales y ante todo armoniosa con el ambiente y la naturaleza. De esa manera abonamos a crear las condiciones para un amplio consenso político para el Puerto Rico que va a ser. Y así podemos afirmar: VAMOS entonces..!

[1]En estos momentos una Juta de Control Fiscal (JCF) neoliberal decide, por imposición del poder absoluto del Congreso estadounidense sobre Puerto Rico y sin que el país haya sido consultado, prácticamente todo lo concerniente a la economía, el presupuesto y las finanzas públicas. Obvio que dominando el flujo fiscal se domina prácticamente todo y el Estado colonial ahora es un simple apéndice supeditado a ese organismo. La JCF es un organismo de administración de quiebra absolutamente colonial y nefasto como quizás ningún otro en el mundo.

[2]¿Qué es el neoliberalismo de izquierda?Ocurre cuando las organizaciones de izquierda, lejos de interpelar y resistir al despojo neoliberal, apoyan con su acción u omisión (silencio) la hegemonía del sistema. El neoliberalismo reduce al Estado a su mínima expresión, incluso hasta convertirlo únicamente en una gendarmería corrupta que garantiza los intereses empresariales. https://www.servindi.org/actualidad-opinion/20/07/2018/que-es-la-izquierda-neoliberal

[3]Esta propuesta de Oskar Lafontaine en realidad es un replanteamiento del concepto que propuso originalmente el economista alemán Alfred Müller-Arnack en 1946. Para más detalles ver: https://www.enciclopediadelapolitica.org/economia_social_de_mercado/

[4]Palabra de origen alemán de uso generalizado en diferentes idiomas occidentales que significa manera de ver el mundo.

[5]https://www.infobae.com/america/mundo/2020/10/04/el-vaticano-publico-fratelli-tutti-la-tercera-enciclica-del-papa-francisco/

Sin consideraciones ambientales el reglamento de Recursos Naturales

 

 CLARIDAD

 Aprovechando el furor de las elecciones, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aprobó el 2 de noviembre una orden administrativa (2020-17) introduciendo enmiendas al Reglamento  Ambiental 88581 que eliminan la consideración de los impactos ambientales en los proyectos que se aprueben. 

 Los cambios al reglamento fueron denunciados por las organizaciones Sierra Club de Puerto Rico (SCPR) y Ciudadanos del Karso (CDK). “El secretario saliente del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Lcdo. Rafael Machargo Maldonado, firmó de manera secreta la Orden 2020-17, la que prácticamente elimina la consideración de los impactos ambientales de los proyectos que se aprueben”, denunciaron portavoces de ambas organizaciones en un comunicado de prensa en el que le exigieron al todavía secretario que deje sin efecto la orden, que permita que los científicos la evalúen y que posibilite que el público pueda dar sus recomendaciones, tal como lo requieren las leyes vigentes.

Además de la denuncia pública,  el Sierra Club y Ciudadanos del Karso radicaron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar que declare nula la orden administrativa, puesto que el proceso de aprobación fue contra la ley.

  “El gobierno saliente nos ha mantenido en vilo durante el último año, buscando aprobar reglamentos y órdenes ejecutivas a las cuales no le encontramos sentido ni explicación, a menos que sea para atender pedidos e intereses particulares”, comentó Abel Vale, presidente de CDK.

 Las organizaciones expusieron que el reglamento vigente exige que se prepare y se divulgue un documento ambiental en el que se evalúen los efectos y la mejor localización de los proyectos tanto como las medidas de mitigación. Este reglamento fue enmendado con el resultado de que no establece límites de protección, por lo que pone en  riesgo zonas naturales protegidas como el Karso. En ellas se permitiría construcciones de carreteras, gasoductos, tanques, líneas y tuberías eléctricas. Además elimina el requisito de una certificación ambiental para las labores de corte y poda de árboles.

 En este punto hay que traer a la atención que en estos momentos el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) está llevando a cabo  una tala y poda de árboles masiva de manera indiscriminada en las instalaciones de la Compañía de Parques Nacionales (CPN), acción que también está impugnada en los tribunales por un grupo de ciudadanos.

  En tanto, el portavoz de CDK, Abel Vale, además señaló que “la orden utiliza un lenguaje técnico que limita el entendimiento a los ciudadanos, quienes necesitan conocer de manera inmediata cómo les afectan estas decisiones. Otro aspecto de preocupación que apuntó es la variación en el uso y los cambios de calificaciones y consultas de ubicación que permite el nuevo reglamento.

“Los ciudadanos desconocen que su parque recreativo puede convertirse en un cementerio, por ejemplo”. Incluso exime de evaluación ambiental la instalación de antenas y equipos de telecomunicaciones en torres o estructuras existentes y la construcción de estructuras cónsonas con la calificación del lugar donde ubicarán.

 Por su parte, el licenciado  Pedro Saadé Lloréns, director de la Clínica de Asistencia Legal Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, hizo un llamado al gobernador entrante, Pedro Pierluisi, para que destituya a Machargo.

 “La orden administrativa del secretario Machargo se aprobó a escondidas, sin análisis legal o científico previo y en medio de las elecciones con el objetivo de que nadie se enterara. Todo indica que es una orden de encargo que tendrá muy serias consecuencias para la tranquilidad de la gente y el medio ambiente. Debe ser revocada por la administración entrante”.

 Añadió que en vez de trabajar de la mano con las organizaciones ambientales para proteger el país, el Gobierno lo que está haciendo es atacar el sector ambiental, obligándolo a reaccionar continuamente a pobres decisiones que tienen impactos nefastos para el país, entre ellas, un reglamento conjunto de permisos plagado de errores, una tala de árboles indiscriminada en nuestros parques nacionales sin un plan de mitigación adecuado y, ahora, esta orden ejecutiva. “Es como si estuviesen ensañados con el ambiente y con el bienestar de nuestros ciudadanos”, concluyó Saadé Lloréns.