CLARIDAD
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Sin cumplir como lo dispone el Artículo 4 de la Ley 20-2001, de que las organizaciones feministas deben ser consultadas para el nombramiento, sin vistas publicas de confirmación y sin una experiencia conocida, la gobernadora, Jenniffer González, nominó y el Senado confirmó a la licenciada Astrid Piñeiro Vázquez como Procuradora de la Mujer.
A partir de la primera procuradora, la licenciada María Dolores Fernós, nombrada por la gobernadora Sila María Calderón, las nominaciones para ocupar la dirección de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), una posición a diez años, no han estado libres de polémicas. Las nominadas no confirmadas y los interinatos han sido la norma. Tras la renuncia de la licenciada Fernós después de siete años en el cargo, el entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, nominó primero a Martha Mercado y luego a Joan Vélez. El Senado dominado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) no confirmó a ninguna de ellas, pese a que ambas reunían los requisitos para el puesto.
En el 2009, el entonces gobernador, Luis Fortuño, nominó, y su Legislatura confirmó, a la exjuez Yvonne Feliciano, de la cual las organizaciones feministas denunciaron no tenía la capacidad. De hecho, renunció al año siguiente. Tras de ella siguió la licenciada Wanda Vázquez, quien después fue secretaria del Departamento de Justicia, gobernadora y hoy está acusada por soborno en la esfera federal. A su llegada a la gobernación, Ricardo Rosselló nominó a Ileana Aymat, nombramiento que se retiró por no tener el apoyo de las feministas ni de los senadores del PNP. En adelante, entran los interinatos de Carmen Lebrón, la cual nunca fue confirmada y luego renunció, le siguió Lersy Boria, quien renunció en agosto del 2022,
En el 2023 el gobernador Pedro Pierluisi, en consulta con los grupos feministas, nominó a Vilmarie Rivera Ríos; pero su nombramiento fue retirado ante la negativa de confirmación del Senado, esta vez en contubernio de los PNP y PPD. Desde esa fecha, Madelyn Bermúdez ha ocupado el puesto de manera interina, hasta el nombramiento ahora de Piñeiro Vázquez.
La nueva Procuradora
En entrevista con CLARIDAD, la feminista de larga trayectoria, licenciada Amarilis Pagán, apuntó respecto al nombramiento y confirmación de la licenciada Piñeiro Vázquez que con ello se está completando un proceso de desarticulación y destrucción de la OPM y “de todo lo que esa oficina debiera representar para todo el bienestar de las mujeres en Puerto Rico”. En primer lugar señaló que la gobernadora, Jenniffer González, conscientemente decidió ignorar los requisitos para el puesto establecidos por la Ley 20 del 2001 que creó la OPM.
Pagán calificó de peligrosa la conducta de la gobernadora González y muy similar a la del presidente Trump, quien a sabiendas de que existen leyes federales que protegen ciertas poblaciones dentro de EE. UU. y a sabiendas de que existen leyes y reglamentos migratorios, así como leyes de inclusión para personas con discapacidades y personas LBGT, ha decidido legislar por órdenes ejecutivas. “La gobernadora de Puerto Rico ha decidido lo mismo. Sabe que hay una ley de la OPM y decidió actuar como si esa ley no existiera”.
En cuanto a Piñeiro Vázquez, subrayó que esta no es conocida en los círculos de interés de grupos feministas. Acotó que ese señalamiento no es una evaluación sobre su persona y cualidades como ser humano, pero sí es una evaluación sobre su carrera profesional y sus capacidades para dirigir una oficina como la OPM. Defendió que la ley 20 es muy clara cuando dice que tiene que ser una persona reconocida en las luchas por los derechos de las mujeres y contra todas las opresiones. La persona nombrada es una desconocida en esas luchas.
Trajo a la atención, además, que la ley dice que la persona debe ser una con independencia de criterio. A juicio de la licenciada Pagán, la confirmada no parece ser una persona con independencia de criterio, no solo porque era la mano derecha de la gobernadora cuando fue comisionada residente, sino que una vez ya nombrada, ha comenzado a actuar como una secretaria de gabinete junto a la gobernadora.
Pagán subrayó que esa no es la función de la OPM. La función de la OPM es una de fiscalización, aunque eso no quiere decir que no haya instancias de colaboración; pero la procuradora no es una subalterna de la gobernadora. En ese sentido, ese puesto se diferencia de manera drástica de las secretarías de gobierno donde el requisito es gozar de la confianza de la ejecutiva. La procuradora de las mujeres es un puesto similar al de contralor de Puerto Rico.
En esa línea, sobre ser subalterna de la gobernadora, Pagán censuró que el anuncio de la presentación de legislación alegadamente a favor de las mujeres en el momento del nombramiento y luego de la confirmación. Cuando se examinan lo que han estado proponiendo tanto la gobernadora como la procuradora en términos de legislación, son cosas que no representan avances sustanciales y mucho menos cosas nuevas.
“De hecho, hay cosas que ya se presentaron y fueron hechas excelentemente por María Dolores Fernós. Lo que me preocupa y me molesta de todo esto es no solamente que están pasando por encima de una ley que se luchó, que fue una de vanguardia y muy importante para las mujeres de Puerto Rico, sino que están tratando de rescribir la historia para hacer parecer que ellas son las que van a traer a Puerto Rico el bienestar de las mujeres. No tienen la capacidad porque no reconocen las desigualdades estructurales entre los hombres y las mujeres. No reconocen el machismo. Muy al contrario, lo que hacen es reproducir patrones de conducta sexistas en la manera en que se están comportando”, manifestó una de las gestoras de la organización feminista Taller Salud.
Señaló que la OPM es una agencia atípica, ya que la ley le confiere el poder de legislar, fiscalizar a otras agencias de gobierno e intervenir en procesos de otras agencias. Denunció que eso es algo que no ha pasado en los últimos años debido a que las últimas procuradoras han actuado como secretarias de la persona que está en La Fortaleza, y cuando se mira la historia de la OPM, “hay que admitir con mucha tristeza que de los 24 años que tiene la oficina, solo 7 años fue una oficina funcional en cumplimiento con la ley. El resto ha sido una que ha estado totalmente politizada y dándole la espalda a las mujeres y a las organizaciones expertas en estos temas. Si la OPM hiciera alianzas reales con esas organizaciones, muy probablemente, su trabajo sería mucho más efectivo”, declaró.
Por último, la licenciada Pagán sacó a colación las declaraciones de la gobernadora de que ‘ella no tenía que escuchar a las feministas, porque las feministas no la apoyaron ni en la primaria ni para las elecciones’. “Esa es otra señal clara de que ella en lo que está pensando es en política partidista”. De hecho, los asuntos relacionados a la mujer no fueron temas de campaña de la hoy gobernadora.
Por su parte, en comunicado de prensa, la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y secretaria de Asuntos de la Mujer y Género de dicha colectividad, Adriana Gutiérrez Colón, también censuró que el nombramiento no cumpliera con lo que dispone la ley. Además de apuntar la falta de experiencia en asuntos de género y la ausencia de respaldo de diversas organizaciones feministas, denunció que el trámite legislativo “fue una confirmación sin previo aviso, sin vistas públicas, sin consulta y respaldada con un informe positivo muy pobre”.
“Estamos frente a una confirmación de una posición a diez años sin que las mujeres y el país sepamos cuáles son sus posturas sobre asuntos fundamentales que nos afectan, como el aborto, los feminicidios, la perspectiva de género, la desigualdad salarial, la violencia obstétrica y su relación con los albergues que atienden a mujeres y a sus familias”, concluyó Gutiérrez Colón.
