Inicio Blog Página 1533

Yabucoa se organiza en contra de gasoducto

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

A raíz del Plan Integrado de Recursos a 20 años presentado por la compañía Siemens ante el Negociado de Energía de Puerto Rico el pasado 13 de febrero, surge nuevamente la preocupación sobre el tema de los gasoductos. 

El Plan argumenta satisfacer la demanda eléctrica de manera eficiente, confiable y transparente. No obstante, proyecta la construcción de una plantas de gas metano en Palo Seco, en Costa Sur, en Yabucoa y en Mayagüez. 

Por lo que podemos ver, las aspiraciones de la compañía no son tan bondadosas para con el medio ambiente. Basta con que se trate de un combustible fósil para concluir que el proyecto no será eficiente, ni confiable, ni transparente. Al menos, para el pueblo. 

Según lo prevé el Plan, la creación de estas cuatro plantas va acompañada de la construcción de gasoductos. Para el municipio de Yabucoa, por ejemplo, se planifica una planta de gas natural (termoeléctrica) con un gasoducto flotante en el puerto.

Ante esto, el Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida, Inc. ha advertido sobre las consecuencias nefastas que tendría un proyecto de tal magnitud. 

“De la poca información que se presenta, particularmente sobre los gasoductos, tenemos la impresión de que incluso se piensa en un gasoducto Yabucoa-Mayagüez, manifiesta el Comité en una carta firmada por su presidenta Lydia M. Díaz Rodríguez. 

 “En el caso Peñuelas-SanJuan, la propuesta de construcción del gasoducto es más explícita e incluye hasta un plan provisional”, según describe el documento redactado por el Comité. Ese plan provisional está “sujeto a más información y a futuras investigaciones”.

El 14 de agosto de 2018, Siemens presentó ante la Comisión de Energía Eléctrica, creada por Rosselló, un plan estratégico/energético para todo Puerto Rico, en el que propone la construcción de microredes de gas natural y gasoductos a lo largo y ancho de la isla. 

El Comité sospecha que previo a esta propuesta de la compañía Siemens se derogaron las Reservas Naturales en Yabucoa y otras partes de Puerto Rico por donde discurrirán los “propuestos” gasoductos. “Todo parece indicar que dicha derogación es solo para eliminar uno de los obstáculos de ese Plan Siemens”. 

La organización ha sostenido reuniones con el alcalde Rafael Surillo Ruiz, con el propósito de presentarle información relevante respecto a las implicaciones sociales y ambientales para Yabucoa de la ubicación de esta planta. 

CLARIDAD llamó a la alcaldía de Yabucoa para obtener expresiones del alcalde sobre este asunto, pero no obtuvo respuestas al cierre de esta edición. Sin embargo, Díaz Rodríguez sostuvo que el alcalde aprueba la planta de gas metano. 

“Nos reunimos con él para explicarle lo de la planta de gas metano y le llevamos el borrador Plan Integrado de Recursos y la propuesta Queremos Sol. A pesar de toda la información llevada continúo con la misma posición, hace casi un mes en una estación de radio volvió a apoyar la planta de gas metano” señaló.

En este contexto, es importante resaltar la extensión del contrato a la compañía Buckeye, por 25 años adicionales. De acuerdo con la Junta de Calidad Ambiental, esa compañía es una de las fuentes de mayor contaminantes atmosféricos, ya que tiene el potencial de emitir Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en exceso de 100 toneladas por año y una combinación de más de 25 toneladas al año de contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP). Para el 2016, el Terminal Marino (PS15) de Buckeye podía emitir 8.31 toneladas de contaminantes atmosféricos peligrosos por año.
Luego del huracán María, Yabucoa, como el resto de los municipios, se vio gravemente afectado: “[…] quieren convencer a nuestra gente de que tenemos necesidad de construir una planta de quemar gas para no volver a sufrir la falta de energía eléctrica, como pasó con el huracán María”. 

Una vez más el capitalismo se aprovecha de la vulnerabilidad de un pueblo para llenar las arcas de los amigos de la destrucción.

La marcha y la protesta es pertinente

Por Luis Pedraza Leduc 

Especial para CLARIDAD

La reciente marcha del 1ro de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, trae al debate la importancia de las marchas, protestas y movilizaciones. Unos cuestionan la pertinencia de las marchas, otros la manera de realizarlas. El Estado pretende indicar la forma y manera de protestar y ejercer derechos legales reconocidos.

Los que hacemos el llamado a salir a la calle a protestar y expresar nuestro sentir y reclamos lo hacemos muy conscientes de que la razón de la marcha y la protesta tiene relación con el momento y coyuntura por la que atraviesa el país. En ese sentido el énfasis de la marcha, la razón para protestar debe corresponder a lo que está ocurriendo en el país. Pero serán otros factores alrededor de lo que ocurre en el país lo que determinarán la magnitud y forma de una marcha.

Desde junio de 2016, impera en el país la Ley PROMESA. A partir de entonces, si algún espacio democrático se asomaba entre las estructuras coloniales a partir de la invasión norteamericana de 1898, estos desaparecieron con la Ley PROMESA. Ante el hecho de que el país es gobernado por una junta imperial, sería suficiente para protestar hasta que la junta sea erradicada del país. Pero la realidad es más compleja. En junio de 2016, PROMESA y la Junta por nombrar recibió el apoyo de importantes sectores económicos de la sociedad. Recordemos que en las elecciones pasadas participaron seis candidatos a gobernador o gobernadora y solo dos repudiaron la junta y la ley PROMESA.

Los políticos de los dos partidos que gobiernan aceptan la Ley PROMESA y reconocen la junta. Los sectores industriales, inversionistas y patronos en general han aceptado la Ley PROMESA y la junta. La gerencia de las universidades privadas y la Junta de Síndicos de la UPR también han aceptado esta sumisión. Los principales medios corporativos que comunican y difunden información están a favor de la Ley PROMESA y la Junta. El sector financiero, asesores y consultores de estos, empresarios de bienes raíces, casa de corretaje y asesores legales internacionales y del patio ven la oportunidad de agenciarse millones de dólares en el negocio de aplicar la Ley PROMESA. Son miles de millones de dólares que PROMESA ha producido para estos recién llegados, millones pagados por el pueblo.

Cuando vemos quienes están a favor de PROMESA, el por qué y para qué, podemos ir ubicándonos cada cual. La marcha, la protesta, no de un día, sino desde el inicio de este nuevo ciclo y forma que ha tomado la colonia y el medio capitalista en el país han abierto un debate amplio sobre qué hacer. Se ha discutido la ley y sus consecuencias. Se ha podido apreciar el alcance de las distintas leyes aprobadas en el año 2017 al amparo de PROMESA. Han surgido diversas organizaciones formales e informales para enfrentar a PROMESA y la Junta.

Llegó el 1ro de mayo de 2017 y decenas de miles marcharon. En 2018, se repitió otra gran marcha. Previo a ello han ocurrido múltiples actividades educativas, de protesta y movilización. Cada 8 de marzo las mujeres trabajadoras con salario desigual y sin salario salen a la calle a denunciar su realidad, los ambientalistas organizan comunidades y proponen alternativas a las políticas oficiales. Decenas de protestas sindicales han precedido casos ante los foros judiciales. El más notorio, la demanda radicada por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, descubre la farsa de los miembros nombrados en la Junta. Todas estas acciones son parte de la protesta que generan sectores del pueblo.

Y llegó el 1ro de mayo de 2019. El Estado asumió una posición de fuerza, cual representante de la clase inversionista y empresaria del país. Suspendió el derecho a la protesta y la libre expresión. Estableció lugar y rutas para protestar mientras se convirtió en la policía privada de bancos y empresas financieras. 

A su vez, intenta demonizar las caras y voces de los que anuncian la necesidad, la urgencia y el derecho a protestar. Los principales medios de comunicación hacen promoción del 1ro de mayo sobre la base de una alegada violencia de los manifestantes cuando la realidad es que la violencia es generada por el Estado. Incluso, estos medios no están receptivos al contenido de los mensajes dado desde la tarima del 1ro de mayo. Prefieren cubrir el arresto del hombre araña que profundizar en la complicidad para violar la ley entre banqueros, corredores de bolsa, casa de corretaje y funcionarios del gobierno. La tarima trató temas sobre la realidad que nos lleva a marchar, entre otros, la defensa de la educación, la salud, la UPR, el trabajo digno, las pensiones.

Pero las ansias y expectativas de confrontación que nadie invocó eran más importantes, sobre todo para el Estado policiaco que gobierna para proteger la Ley PROMESA y la Junta. El propósito del Estado es crear miedo en el pueblo que desea protestar. Es tratar de equiparar la protesta, la marcha, la movilización, que son derechos, con una actividad delictiva. Por eso atacan el 1ro de mayo, fecha que por su naturaleza está vinculada a los derechos del trabajador por mejorar sus condiciones de trabajo.

Las acciones de la Junta y de PROMESA van por otro carril, quitar y eliminar derechos a los trabajadores para que a los inversionistas el trabajo le cueste menos, que el despido de trabajadores no tenga penalidad, que puedan comprar el terreno sin permisos ni consideraciones ambientales. 

Todo lo anterior justifica la marcha, la protesta, el salir a la calle. En palabras sencillas, con quien está usted, con el pueblo trabajador o con PROMESA y la Junta.

El autor es portavoz de PROSOL.                                                                                                                           

Acuerdo de la AEE Una condena de más de cuarenta años

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com 

Los grupos asociados al movimiento Queremos Sol (QS), se unieron a las denuncias de que el acuerdo de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que alcanzó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno de Puerto Rico con la mayoría de los tenedores de bonos de AEE, y Assured Guaranty, significará no solo un aumento en la factura de la luz, sino que hará más difícil lograr en el futuro generar electricidad por medios renovables como el sol, pues penaliza a los ciudadanos que opten por ello. 

“Este es un acuerdo nefasto que defiende los intereses de los bonistas sobre los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. No solo estaremos pagando entre $130 y $220 más al año, según señala un estudio de IEEFA para saciar las exigencias de los bonistas, sino que el pago a los bonistas se establece como la primera prioridad de la Autoridad, relegando a un segundo o tercer plano la condición del sistema eléctrico, su mantenimiento o la calidad del servicio que se ofrezca”, sostuvo David Ortiz, director de El Puente Enlace Latino de Acción Climática (ELAC). 

En tanto la abogada Ruth Santiago quien representa a la organización, El Puente y a otros grupos comunitarios y ambientales señaló que la propuesta multisectorial Queremos Sol, establece como requisito fundamental una auditoría exhaustiva de la deuda y actuar contra los que participaron en la emisión de deuda ilegal, así como una reestructuración que salvaguarde a entidades del país como las cooperativas y asegure la eliminación total o el descuento sustancial para los clientes de la Autoridad. “Esto es necesario para lograr un sistema eléctrico asequible y financieramente sostenible. Los cargos tarifarios que se presentan en el acuerdo agravarán la ya precaria situación que enfrentan las familias puertorriqueñas y tendrán un efecto negativo sobre nuestra economía”, sostuvo.

La ingeniera Ingrid Vila, presidenta de CAMBIO añadió que, “el acuerdo castiga la transformación hacia un sistema basado en energía renovable y castiga a aquel que instale sistemas fotovoltaicos, pues aun cuando usted esté generando su propia energía con un sistema fotovoltaico en su hogar o negocio, el acuerdo establece que tendrá que pagar un impuesto al sol. Por esto hemos sostenido una y otra vez que no se trata solo de establecer objetivos de alcanzar porcentajes de energía renovable, sino que hay que ver las acciones del gobierno y la voluntad política para hacer valer esos objetivos. Este acuerdo, junto con el impulso en inversiones en gas natural, dejan claro que no existe compromiso del gobierno con la transformación a base de energía renovable distribuida. El único compromiso que existe y el que guía este acuerdo y la transformación del sistema eléctrico es la privatización del sistema para beneficiar a terceros”. 

El veterano experto en Derecho Ambiental, licenciado Pedro Saadé Lloréns también se expresó en contra del acuerdo. “Debemos hacer todo lo posible en forma unida para derrotar este acuerdo. Los proponentes de Queremos Sol felicitamos y nos unimos a las expresiones del congresista Grijalva dirigidas a que la jueza Laura Taylor Swain rechace este acuerdo y reclamamos a los legisladores, quienes tienen la responsabilidad de velar y proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y quienes confeccionaron la política pública energética, que no den paso al mismo”.

La coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración (COAI), Myrna Conty, en tanto reiteró, “este acuerdo impactaría a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas por los próximo 40 años siendo un acuerdo regresivo. Afectando proporcionalmente más a las comunidades de menos recursos que representan al menos un 50% de nuestra población. Exhortamos a todos los ciudadanos que llamen a sus legisladores para que no aprueben este acuerdo”.

El estudio del Instituto para el Análisis Financiero y Económico para la Energía ( IEEFA), siglas en inglés), que citan los participantes de Queremos Sol, precisa que el acuerdo requiere un cargo anual por kWh que los clientes de AEE (o cualquier empresa sucesora) estarán obligados a pagar hasta 2067. IEEFA estima que, por los siguientes 48 años, los puertorriqueños pagarán más de $23 mil millones, además de $100-$ 200 millones inicial en cargo por liquidación para cubrir gastos administrativos del acuerdo. 

El análisis firmado por Tom Sanzillo y Kathey Kendal, precisa que el primer aumento de tarifa, encima de los actuales 22 centavos/kWh, tendrá efecto este verano con un aumento de 1 centavo/kWh para cubrir el cargo por liquidación. Es decir que a partir de julio de 2020, el cargo de la deuda será de 2.8 centavos/kWh. “En otras palabras, entre ahora y el próximo verano, las tarifas van a subir 13%. Con el tiempo, la tasas para la deuda aumentarán a 4.55 centavos/kWh en el año fiscal 2043 y permanecerá en ese nivel a través de la vigencia del pago de la deuda.” 

Esto representa que para un hogar residencial promedio en Puerto Rico, que utiliza alrededor de 400 kWh/mes, el acuerdo resultará en un cargo de más de $130 por año en el año fiscal 2021, aumentando a casi $220 por hogar por año en el AF 2043.

El acuerdo le da la ventaja a los titulares de la deuda heredada de AEE cambiar sus bonos pendientes por nuevos bonos que se pagarán en las próximas décadas. Al otorgar estos nuevos bonos una posición de gravamen superior, el acuerdo garantiza que el primer uso prioritario de cada tasa de dólar que llegue a AEE se destinara a pagar la deuda heredada.

El estudio trae a la atención que cuando la AEE quebró antes del paso de los huracanes Irma y María, ya su infraestructura física estaba en un mal extremo, además de que en la década anterior se cometieron muchos errores como: asumir deudas para cubrir los gastos operativos, no diversificar el petróleo importado y subsidiar fuertemente la electricidad suministrada a los municipios y otras entidades, sin mencionar la perpetuación de un sistema de fraude de combustible de varios miles de millones de dólares. Estas acciones incluyen que el consultor en ingeniería de AEE (URS Corporation) continuó certificando que el sistema estaba “en buena reparación y condiciones de funcionamiento sólidas”. El endeudamiento de AEE casi se duplicó de 2005 a 2014, ya que la economía en declive de la Isla era cada vez más incapaz de apoyar esta mala gestión. 

Reparan los investigadores que aunque la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico y por el investigador independiente de la Junta de Control Fiscal, Kobre & Kim, hizo los anteriores señalamientos el nuevo acuerdo de deuda no hace ningún esfuerzo por responsabilizar a ninguna de las partes responsables. De hecho, algunas de esas mismas partes seguirán beneficiándose de las tasas vinculadas con la nueva emisión de deuda.

Europa cambiará tras las elecciones

Por Elena Llorente

La Unión Europea debe cambiar. Esta es una de las banderas principales, levantadas tanto por la derecha como por el centro derecha y los progresistas, en la campaña electoral de las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Pero claramente en lo que hay que cambiar y cómo hacerlo, no están de acuerdo. Los hecho vividos en los últimos cinco años, es decir, desde las últimas elecciones europeas de 2014, han influido seguramente en esta necesidad de cambio. Se habla del terrorismo en primer lugar     –por los atentados en Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia, España y Finlandia–, pero también de las migraciones (casi dos millones de migrantes llegados a Europa entre 2014 y lo que va del 2019, según la ONU) y el Brexit, es decir la discutida salida de Gran Bretaña de la Unión Europea que todavía no se ha concretado pero ha causado ya no poca inestabilidad.

Para el derechista ministro del Interior y viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, el tema migratorio es fundamental como también lo es para sus colegas de Austria, Hungría y Polonia, que lo consideran uno de los principales males de estos tiempos. Pero el partido de Salvini, La Liga, también brega por cambiar reglas que han perjudicado a países como Italia, referidas a los bancos, la economía y el trabajo.

El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) que también forma parte del gobierno, coincide con Salvini en materia migratoria, pidiendo una redistribución de los migrantes en Europa, pero también dice NO a la austeridad impuesta por Europa a algunos países, a los paraísos fiscales y a los privilegios y pide un salario mínimo europeo, como hacen algunos partidos de centroizquierda.

La ultraderecha de Fratelli d’Italia, por boca de su candidato el ítalo-argentino y bisnieto del dictador Benito Mussolini, Cayo Julio César Mussolini, dice no estar “contra las migraciones” sino “contra la invasión” de los migrantes. Y dirigiéndose siempre sobre el tema migrantes contra otro argentino, el papa Francisco, lo invita a no interferir en “cuestiones internas de un país soberano” como Italia y a abrir las puertas del Vaticano “que están muy bien cerradas y protegidas por altos muros” para recibir a los migrantes.

Mussolini, cuya madre es argentina, nació en Argentina en 1968 donde su familia se había refugiado después de la Segunda Guerra Mundial y tiene pasaporte argentino. Militar de la marina italiana de larga data, Mussolini después pasó a trabajar en varios países como representante de la fábrica de armas italiana Oto Melara. Si es elegido, espera poder entrar nada menos que en la Subcomisión de la Defensa del Parlamento Europeo, lo que en algunos países podría ser impedido por existir “conflicto de intereses” dada su relación con un fabricante de armas. Según él, la primera cosa por hacer en el Parlamento Europeo es reducir sus gastos y su burocracia, eliminando una de sus dos grandes sedes en Europa (Estrasburgo y Bruselas).

Para los sectores de centro derecha, como Forza Italia, el partido fundado por Silvio Berlusconi que hoy, a los 82 años, se presenta de nuevo como candidato, “Europa debe ser cambiada pero no destruída”, explicó el actual presidente del parlamento Europeo, Antonio Tajani, exponente de Forza Italia, porque “sólo una Europa unida puede contener los avances de Usa, China y Rusia”.

Según los partidos progresistas como el Partido Democrático se trata de hacer cambios en Europa que permitan crear una suerte de “gobierno económico europeo” que corrija los desequilibrios entre los distintos países, y que incentive el trabajo, creando entre otras cosas, una asignación europea de desocupación y un salario mínimo común, y poniendo en acto un importante plan de inversiones. Sobre el tema inmigración, es necesario según el PD, reformar el convenio de Dublín, un acuerdo sobre temas migratorios firmado en 1990 pero que entró en vigor recién a partir de 1997. Este acuerdo es uno de los puntos más álgidos de la discusión en Europa, sobre todo por los países anti-inmigrantes y pese a que, según los expertos, un conjunto de estados con baja tasa de natalidad como Europa, necesitará millones de inmigrantes en los próximos años para aumentar su producción y pagar sus jubilaciones. 

A mediados de 2018, Italia comenzó a rechazar a los barcos que recogían a migrantes en el mar Mediterráneo y cerró sus puertos por orden del ministro Salvini que quería obligar a otros países europeos a recibirlos. En vez de buscar un acuerdo de desembarco regional para garantizar un sistema justo y compartir la responsabilidad entre los países de la UE, los líderes europeos se centraron en crear las llamadas plataformas de desembarque fuera de la UE y llevar allí a las personas rescatadas y procesar en esos lugares sus solicitudes de asilo. Italia y la UE hicieron acuerdos con Libia para que la guardia costera de ese país detuviera a los barcos con migrantes y se los llevara de vuelta. Pero con la guerra actual en Libia –el país desde donde partía la mayoría de los migrantes africanos dirigidos a Europa– y después de las denuncias de organismos de derechos humanos contra muchos militares y civiles implicados en el tráfico de seres humanos, las cosas empezaron a tambalear.

De las elecciones –que no en todos los países europeos se realizan el mismo día sino que varían entre el 23 y el 26 de mayo– unos 400 millones de personas mayores de 18 años, podrán votar. Pero hasta ahora, no toda la gente tiene las ideas claras. Italia tiene derecho de elegir 73 parlamentarios sobre un total de 751.

Según algunas previsiones realizadas por la empresa Quorum-You Trend y publicadas por la TV Sky, en el último mes Salvini habría perdido un punto de ventaja, pasando del 33,2 de los electores que pensaban votarlo en abril, al 32,1% en mayo. El M5S se habría mantenido consiguiendo en abril y en mayo el 22,3 y 22,2%. El centroizquierda del PD y su aliado “Somos Europeos” habría pasado del 21,1% en abril al 21,4% en mayo y Fratelli d’Italia del 5,2% al 5,3% mientras Berlusconi habría perdido algunos puntos, pasando del 9,9% al 9,5%. Pero estas son sólo previsiones que, dependiendo de cómo hayan sido hechas las encuestas, pueden ser realmente significativas o no.

El otro tema son las alianzas que cada partido hará dentro del Parlamento Europeo, lo que podría dar más o menos fuerza a sus propuestas de cambio. Salvini, de su parte, espera poder aliarse con los partidos de derecha alemanes, holandeses, de Hungría y Austria, así como Vox de España, Marine Le Pen de Francia, y Nigel Farage del Reino Unido, entre otros, que según algunas previsiones podría obtener buenos resultados. Pero el panorama en este sentido se verá claro después de las elecciones.

Reproducido de www.pagina12.com.ar


La ocupación israelí es un sistema destinado a continuar el despojo de los palestinos

Por Amira Hass

En esta columna pido a mis lectores, así como a mis editores, que recuerden que las acciones del ejército de Israel y sus armas civiles, la Administración Civil y las milicias de colonos, que se informan por separado y están aparentemente desconectadas, son parte de una continuidad sistemática.

Muy brevemente mencionaré las cuestiones sobre los que he informado recientemente y a las que volveré en el futuro. Les pido que las coloquen en un vector de escala ascendente.

Un recordatorio de que si bien hay diferentes actores que implementan la ocupación, su estrategia es una.

Un informe de principios de abril de la ONG de derechos humanos Yesh Din nos recuerda que la ley de expropiación, también conocida en un lenguaje blanqueado como la ley de regularización (apelando a la autorización retroactiva de los puestos de avanzada israelíes y la construcción ilegal en los territorios ocupados), no es la único de su tipo. Durante el último período de la Knesset hubo un salto transformador en el proceso de anexión de jure, no solo de facto, de Cisjordania. Se propusieron 60 proyectos de ley que contenían elementos claros y fundamentales que exigían extender la ley israelí al territorio ocupado. Ocho se promulgaron como ley, junto con la Ley Básica sobre el Estado de la Nación del Pueblo Judío. Pero durante los últimos años también hubo un salto transformador con respecto a cuatro áreas clave que he cubierto:

Puestos de avanzada. Desde fines de 2016, se han establecido 16 nuevos puestos de avanzada además de los construidos en bases militares abandonadas. Para no arriesgarse a más desalojos de tierras palestinas de propiedad privada, los nuevos puestos de avanzada se han construido en las orillas de las “tierras de propiedad estatal”, como se ve en un análisis realizado por el investigador independiente Dror Etkes, y en una investigación de MichalPeleg, un activista del grupo de derechos humanos Ta’ayush, publicada el 9 de marzo en la revista en línea (hebreo) Siha Mekomit (la hermana de 972mag).

Muchos de los residentes de estos puestos de avanzada poseen ganado. Mientras sus rebaños pastaban y aterrorizaban las aldeas palestinas -con la ayuda del ejército- estos colonos armados han podido extenderse en áreas mucho más grandes que las ocupadas por las villas y centros comerciales de las colonias. Una planificación cuidadosa, grandes sumas de dinero y el modus operandi similar de los puestos de avanzada apuntan a una mano guía oculta. 

Procedimientos relativos a las familias “mixtas”: hace aproximadamente dos años y medio las restricciones a las parejas palestinas se volvieron más estrictas. Por un lado, desde el año 2000 Israel ha congelado la “unificación familiar” (que según los Acuerdos de Oslo debía haber otorgado el estatus de residencia permanente a los cónyuges no residentes de los residentes palestinos de Cisjordania y Gaza). Por otro lado, Israel les está dificultando obtener o extender visas de visitantes y también prohíbe a esas personas acceder al trabajo.

Las visas no se extienden porque los cónyuges no residentes trabajaron para ganarse la vida, se les considera residentes ilegales en sus propios hogares y, por lo tanto, se les obliga a abandonar el país (es decir, Cisjordania) y se van al extranjero de forma permanente o por períodos prolongados o son deportados en el aeropuerto (como sucedió a Elaine Zoughbi de Belén).

Legislación militar. Dos órdenes militares, originalmente destinadas a impedir la construcción de puestos de avanzada de los colonos, se han aplicado en los últimos años a los palestinos: la orden de “demarcación” Nº 1539, que exige la demolición de edificios en ciertas áreas, y la orden Nº 1797, relacionada con la eliminación de nuevas estructuras. Se ha creado así una falsa simetría entre los ladrones y los robados: los ladrones reciben permisos de construcción de la Administración Civil para una voluminosa construcción en las colonias. Los puestos de avanzada que construyen sin permisos solo son complementos que se aprobarán de manera retroactiva.

Pero esa misma Administración Civil prohíbe a los palestinos construir en tierras en las que han estado viviendo con sus familias, cultivándolas y cuidando de sus rebaños, durante años. En tales casos, la construcción por fases es una necesidad: un aula, un inodoro, una tubería de agua, un panel solar. Las órdenes aceleran la destrucción de las comunidades palestinas, eluden la legislación jordana y eliminan los derechos humanos de los palestinos.

La “zona de costura”. En los últimos tres años, la Administración Civil ha iniciado cambios cínicos en los procedimientos relacionados con la expedición de permisos de entrada para los palestinos cuyas tierras agrícolas están bloqueadas entre la barrera de separación y la línea verde del 4 de junio de 1967 -en la vasta área de La Ribera Occidental- llamada la zona de costura. Estos cambios han llevado a una disminución drástica en el número de personas que reciben permisos para cultivar sus tierras. Los años de trabajo jurídico del Centro Ha Moked para la Defensa de las Personas, los testimonios recopilados por Machsom Watch contra la ocupación de base popular y la investigación de Haaretz han revelado una de las formas más nefastas de robar tierras.

Por un lado la Administración Civil y el Defensor General Militar imponen la división artificial de las tierras familiares, según el número de supuestos herederos del propietario registrado (por ejemplo, un abuelo que falleció o un padre anciano). Esto ocurre mientras la familia considera la tierra de su propiedad colectiva, cultivada por algunos de los miembros de la familia en beneficio de todos. Entonces, por ejemplo, una parcela de 2.5 acres (10.000 metros cuadrados) se dividirá en 8 porciones hipotéticas (sin demarcación concreta) si hay 8 hermanos y hermanas.

El tamaño de la parcela determina el número de permisos emitidos. A los niños no se les dará un permiso para ayudar a sus padres después de que la tierra se divide artificialmente porque es “demasiado pequeña”. Deja que el padre trabaje solo.

Por otro lado, si la tierra después de ser parcelada de forma coercitiva es menor de 330 metros cuadrados, no es de “necesidad agrícola” según una nueva invención de la administración civil, respaldada por sus expertos legales militares. Para tal tierra pequeña no se emite un permiso regular.

¿Entienden esto? En cinco o diez años, decenas de miles de dunams se dividirán artificialmente en parcelas “no aptas para la agricultura” de 5 metros cuadrados o de 80 centímetros cuadrados, según el número de hijos, nietos y bisnietos de cada familia que posee tierra y nadie recibirá un permiso para trabajar la tierra.

Desafortunadamente, hasta ahora, todavía no he podido transmitir a mis lectores o editores el enorme alcance del peligro y la profundidad del engaño incluido en estas regulaciones.

La violencia legal infligida por los pastores hebreos y los procedimientos complicados que prohíben el cultivo de la tierra están devorando constantemente los ya reducidos espacios palestinos. Las órdenes de demolición y demarcación y las extrañas regulaciones sobre “familias mixtas” son manipulaciones demográficas que conducen a la expulsión de las Áreas A y B -bajo el control total y parcial de la Autoridad Palestina, respectivamente y en las cercanías- de agricultores y pastores cuyos movimientos en su propia tierra están tan restringidos, y de familias agotadas por la tortura burocrática.

Existe una fuerte correlación entre los saltos transformadores de los procedimientos militares, burocráticos y la violencia de los puestos de avanzada, una correlación que corresponde al objetivo de los proyectos de anexión que salen de la Knesset pero que logran más que ellos.

Reproducido de www.rebelion.org

Traducido del inglés para Rebelión por J. M.