Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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Una nueva Marina que tiene su bota opresora sobre el rostro del país, eso es lo que en la actualidad representa la Junta de Control Fiscal, reflexionó el Padre Pedro Ortiz al cumplirse veinte años de la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos de la Isla Nena, Vieques.

La presencia de los sectores religiosos en la lucha por sacar a la marina de Vieques fue fundamental. Decenas de miembros de las diversas denominaciones –mujeres y hombres– participaron de la desobediencia civil y fueron arrestados y encarcelados. Este acompañamiento se fraguó mucho antes de que se desencadenara su rechazo masivo, a raíz de la muerte del joven David Sanes Rodríguez, según narró en entrevista el padre Pedro Ortiz.

“La lucha por la salida de la Marina de guerra de Vieques tuvo un significado trascendental para los puertorriqueños. ¡Para todos nosotros! No solo por Vieques, sino por Puerto Rico, en el sentido de que Vieques es Puerto Rico y Puerto Rico es Vieques. Máxime y máximo, desde la perspectiva socio-religiosa y a nivel teológico. Vieques para ese tiempo pertenecía a nuestra Diócesis de Caguas”.

“El trabajo de la Diócesis de Caguas por promover la salida de la Marina de Vieques y las denuncias del daño que le estaba haciendo a los hermanos viequenses de la Isla Nena se dieron desde los albores del Concilio Vaticano Segundo; es decir, a comienzos de los años 60 del siglo XX. Ahí no solo participó Monseñor Grovas, Monseñor Antulio Parrilla, que en aquel momento era Obispo Auxiliar de la Diócesis de Caguas, y continuó después, sino también los hermanos de la Iglesia Metodista y otros hermanos de las iglesias Pentecostales”. Hizo la anotación de que en esa década de los 60 no solo se habló sobre la situación de Vieques, sino que inicialmente, de Culebra.

Desde ahí –prosiguió– se articularon las bases para el seguimiento que se dio: “Es obvio, todos sabemos cómo el detonante de todo ese proceso de la salida de la Marina fue la muerte del compañero David Sanes, el guardia de seguridad. En ese momento, la Iglesia fortaleció el proceso de lo que ya habíamos venido haciendo hace tiempo desde el primer día”. El padre Pedro expresó que aunque la lucha contra la Marina luego se articuló como una crisis humanitaria creada por la Marina, no es menos cierto que la Iglesia siempre, desde el primer momento, había dicho que era una presencia inmoral y antihumana, por el daño a la naturaleza, a todas las especies y al ser humano como centro de la naturaleza.

“Entonces, todas esas denuncias y críticas y esa lucha que había llevado nuestra Diócesis de Caguas con otras iglesias después se fortaleció en el año 1993 con un proyecto que coordinó la Diócesis, que fue el Diálogo de Reconciliación Nacional”, recordó quien en ese entonces era el Vicario Pastoral de la Diócesis. El obispo lo era el Monseñor Enrique Hernández. 

A partir de ese año se comenzó a articular el trabajo de Diálogo de Reconciliación Nacional (DRN), el que incluyó a artistas, sindicatos, líderes políticos de diferentes partidos, académicos, organizaciones e iglesias. Se nombraron comisiones ecuménicas de diálogos interreligiosos, se ofrecieron talleres de desobediencia civil, se hicieron gestiones en Washington, de tal manera que la discusión se fue abriendo y, cuando arreció la lucha, los religiosos “ya estábamos todos presentes allí”.

El párroco de la Iglesia Santo Cristo de la Salud de Comerío (perteneciente a la Diócesis de Caguas) apuntó que el DRN fue una fuerza aglutinadora que ya desde el 93 venía fortaleciendo todo el proceso de lucha. “En ese sentido, las iglesias hicimos mucha reflexión teológico pastoral de análisis de la realidad y de la respuesta a la situación que estaba viviendo el pueblo viequense”. Además, reconoció y destacó que el proceso tuvo un apoyo amplio de parte de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y que al igual los obispos estuvieron presentes en Vieques.

La Junta de Control Fiscal la nueva Marina

“Yo quiero que tengamos en cuenta que el pasado Viernes Santo se cumplieron veinte años de que miembros de la armada de Estados Unidos asesinaran a David Sanes, lo que llevó al pueblo a levantarse para exigir justicia. He planteado que tenemos que volver. Para mí el levantamiento que hubo fue un milagro que hubo en Vieques. Creo que tenemos que pedir otro milagro. Pero no solo pedirlo a Dios, es estar dispuestos a luchar unidos para que salga lo que es la nueva Marina”, declaró.

El padre Pedro denunció a la Junta de Control Fiscal como un ente dictatorial, una nueva Marina en Puerto Rico impuesta por Washington, la que ha sumido al pueblo en un agobio terrible para garantizar el pago de una deuda pública de más de $70 mil millones.

Frente a las nuevas circunstancias, apeló a que se tiene que actuar en conjunto de nuevo. Aun cuando hizo la salvedad de que él no es precisamente quién para convocar a un nuevo diálogo de reconciliación nacional, afirmó que cree se debe hacer. “Porque la Junta de Control Fiscal son los nuevos opresores que tienen la bota puesta en el rostro empobrecido de nuestra gente de Puerto Rico, y no podemos permitir que continúe esa desgracia, que junto al gobierno del país, está saqueando a Puerto Rico. Yo pienso que tenemos que hacer una cruzada nacional, todos por igual”.

En esa línea, el padre Pedro llamó a la atención y censuró la acción del gobernador Ricardo Rosselló de quitarle $30 millones al presupuesto del Centro Médico, el único hospital terciario en el país, y darlo a la Fortaleza, además de que la JCF tenga $2.7 millones para gastos de relaciones públicas y cabildeo en Estados Unidos.

“Así que, sabiendo que ese es el nuevo bombardeo que envenena y empobrece, no solo a un municipio como en el caso de la Marina a Vieques, sino que el bombardeo de la Junta de Control Fiscal ahora es a todo el país, yo le pediría al gobernador Ricardo Rosselló y a todo su equipo de trabajo que nos unamos en una gran cruzada nacional para que ocurra el milagro y nos libre de la Junta de Control Fiscal dictatorial que nos está bombardeando a diario. A que el país se desarrolle de manera integral. Yo creo que lo podemos lograr”.

El padre Pedro reveló que, en tanto el gobierno se decide, en la próxima semana espera proponer al Colectivo Todos Somos Pueblo a hacer una convocatoria amplia para plantear la idea de aunar esfuerzos contra la JCF. El Colectivo ha estado articulando vigilias y charlas por todos los pueblos, llevando la voz de alerta y ayudando a reflexionar sobre la realidad tan cruda que vive el país. “Vamos a darle continuidad para que se abra un nuevo diálogo de renacer en el país”.

Por Manuel de J. González/ CLARIDAD

Cuando alguien, ya fuere litigante o abogado, anuncia que va a los tribunales buscando crear un innovador “precedente jurídico” siempre pienso en un caso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos adjudicó en 1896, Plessy v. Ferguson. El tal Plessy fue excluido de una sección reservada para blancos de un tren y demandó basándose en las múltiples cláusulas que en la Constitución de Estados Unidos postulan la “igualdad”. Buscaba un dictamen que terminara con la segregación que, encubierta en algunos lugares y abierta en otros, se manifestaba por todo Estados Unidos, burlando el mandato constitucional. El resultado fue una opinión judicial que legalizó la segregación más extrema. Donde antes no la había ahora se imponía por mandato del tribunal, produciéndose un nuevo marco “legal” profundamente inhumano y cruel que se mantuvo en vigor por casi sesenta años. Mr. Plessy fue por lana y salió trasquilado, como dicen en Castilla. 

No hace mucho tiempo un grupo de litigantes –donde se juntan entidades puertorriqueñas muy bien intencionadas con algunos fondos buitres– trataron de que los tribunales estadounidenses decretaran la inconstitucionalidad de la ley llamada PROMESA que, entre muchas otras cosas, nos impuso la omnipotente Junta de Control Fiscal. Con buenas intenciones unos (las entidades boricuas) y con malas intenciones otros (los fondos buitres) pensaban que el tribunal terminaría invalidando la ley que le dio jaque mate a cualquier ilusión de gobierno propio en Puerto Rico. 

El resultado fue una opinión del Tribunal de Apelaciones con sede en Boston, redactada por el muy militante juez anexionista Juan Torruellas, que sólo declara inconstitucional una sección de PROMESA, aquella que dispone cómo se escoge y se designa a los integrantes de la Junta que nos manda desde hace tres años. Buscando mantener control y a la vez cierto “balance”, la ley dispone que el presidente de Estados Unidos sólo nombra a un miembro de la Junta (recuerden que en aquel momento el presidente era Barak Obama y ambas cámaras eran de mayoría Republicana) y los otros seis los seleccionan los caucus de mayoría y minoría de Cámara y Senado. 

Aunque ante el tribunal no estaba ningún reclamo del Presidente de Estados Unidos alegando que se le había despojado de su poder nominador, eso fue lo que decidió el Circuito de Boston. Para cumplir con la Constitución, los nombramientos tienen que venir desde la Casa Blanca y ser sometidos al Senado para confirmación. 

Ahora, como sabemos, los Republicanos siguen controlando el Senado y en la presidencia está Donald Trump y, de volverse final lo que decidió el Circuito (la Junta aún considera recurrir ante el Tribunal Supremo), serán ellos solitos quienes escogerán y confirmarán a los siete procónsules que nos controlan. Como pueden notar, ese resultado, que le otorga todo el poder al energúmeno Donald Trump, se parece bastante al que produjo Plessy v. Ferguson en 1896. 

Y no es que mediante el sistema declarado inválido los puertorriqueños salíamos ganando. El hecho de que tres de los siete miembros de la Junta sean de selección Demócrata no nos significó mucho porque todos ellos han actuado como una sola voz. Ahora, sin embargo, es inexistente la posibilidad de que entre los nombramientos futuros se cuele alguna voz “amiga” porque nadie puede esperar algo así de un presidente que sólo destila odio hacia Puerto Rico.  

La confirmación de que los actuales siete miembros de la Junta trabajan con un solo objetivo –el que beneficia a las empresas acreedoras y exprime a los boricuas– la vimos hace algunas semanas cuando siete entidades que representan a la extrema derecha estadounidense le escribieron a Trump solicitándole que los confirme en sus cargos para otro término. La lista de peticionarios reúne a las asociaciones más activas en la defensa y promoción del capitalismo rancio, las que afirman en su misiva estar muy contentas con las actuaciones de los integrantes de la Junta. 

En su carta los grupos ultras le recuerdan a Trump que según las actuales normas del Senado el debate para considerar nombramientos se reduce de 30 a 2 horas cuando no se trata de miembros del gabinete. Es decir, que tras él hacer la designación la confirmación será veloz, sin tiempo para que nadie pueda generar alguna protesta. Esa afirmación supone que los proponentes, que a su vez patrocinan a muchos senadores Republicanos y algunos Demócratas, ya tienen hablado con el liderato del Senado lo que ocurrirá tras la acción ejecutiva. 

Si Trump no acepta lo que le piden sus amigos ultras, pasará a nombrar otros que reflejen con absoluta fidelidad lo que él piensa sobre Puerto Rico y los puertorriqueños. Lo que cree y quiere para nosotros lo hemos visto en el contenido de los tuits que ha estado enviando en el último mes. Allí está reflejado con total nitidez tanto la prepotencia imperial como el desprecio racial. Sus nombramientos reflejarán esa “doctrina”.

La actuación del energúmeno de la Casa Blanca se producirá muy pronto, antes del 16 de mayo, que es cuando vence el término de 90 días que establece la decisión del Circuito. Porque la declaración de “inconstitucionalidad” fue de los más rara. Aun cuando la Junta estaba ilegalmente constituida, el dictamen judicial no invalidó sus acciones, todo lo contrario, las confirmó. Luego dejó actuando los actuales miembros por otros tres meses hasta que el presidente, con toda su calma, actúe. 

En algunas semanas el emperador actuará descargando los nuevos poderes que la opinión que redactó Juan Torruellas le otorgó.