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La Legislatura pudo haber frenado el acuerdo de COFINA, el cual condena al pueblo de Puerto Rico a pagar por 40 años y más $33 billones de dólares de una deuda cuyo principal es de $17 billones. Por el contrario en un proceso legislativo viciado, en el cual se violaron reglamentos legislativos, la Legislatura aprobó los cambios a la Ley COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) sin conocer el acuerdo y avaló la inconstitucionalidad de la Ley COFINA.
Las denuncias fueron hechas en conferencia de prensa en donde se dio a conocer la radicación de una demanda contra el gobierno de Puerto Rico y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, por el representante Manuel Natal Arbelo, siete sindicatos y el licenciado René Pinto Lugo.
El representante legal, de Natal Arbelo, licenciado Roberto Maldonado Nieves, indicó que la demanda se presentó este 6 de diciembre ante el tribunal de Primera Instancia de San Juan (TPI) para impugnar la inconstitucionalidad la ley del 2006 por la cual se creó COFINA. Según explicó la ley es in constitucionalidad porque viola disposiciones de la constitución de Puerto Rico relativas a la forma en que el pueblo de Puerto Rico puede emitir deuda, permitiendo exceder los parámetros establecidos por la constitución. El pleito expuso que es importante ya que gira en torno al proyecto de ley que se aprobó el mes pasado en la Asamblea Legislativa con el propósito de incorporarle cambios a la Ley COFINA para que se pueda implantar el acuerdo que está pendiente ante la consideración de la juez Taylor Swain en el caso de Titulo 3 de la Ley Promesa en relación a la deuda de COFINA.
También se está impugnando el proceso mediante el cual se aprobaron los cambios -describió- fue uno por completo viciado, en el cual se violó el reglamento de la Cámara y los derechos constitucionales al representante Manuel Natal, quien hizo esfuerzos ante la Cámara para expresarse y hacer preguntas. Las peticiones de Natal Arbelo fueron ignoradas por completo por el Presidente de la Cámara, y fue objeto de burlas por parte de los representantes de mayoría. El comportamiento de los representantes pudo ser visto en vivo mediante Facebook.
El Lcdo. Maldonado Nieves expuso que en la medida que a Natal Arbelo se le impidió participar en el proceso legislativo al cual tenía derecho de conformidad al reglamento de la Cámara, a lo que tenia también derecho de conformidad con su derecho a la libertad de expresión y derecho al voto entiende que el proceso fue uno por completo viciado y es inconstitucional, por tanto el tribunal debe declarar inconstitucional la ley completa y todo el proceso de la Cámara de Representantes y por ende la firma por el Gobernador. Insistió que debido a este proceso la ley no procede en lo absoluto y seria necesario que el proceso legislativo comenzara desde cero para que se de curso al proceso legislativo como requiere la ley y para que se le de oportunidad al representante Natal Arbelo y otros interesados según lo requiere “la ley, el reglamento de la Cámara y la democracia”.
Agregó que en la demanda también se resaltó que considerando el hecho de que el propósito de las enmiendas era hacer modificaciones a la ley para que se pudiese implantar el acuerdo que está sobre la mesa en el tribunal federal para reestructurar la deuda de COFINA, el acuerdo no formó parte del proyecto. Es decir que los legisladores estaban votando sobre algo que no tenían ante si.
Reunión con Jaresko
En tanto el representante Natal Arbelo, repasó el trato que recibió durante la sesión en que se aprobó el proyecto, sin vistas públicas, ni debate, sin seguir los procesos reglamentarios mínimos y mucho menos sin tener a mano el acuerdo. El representante reveló que una semana antes de que se llevara a cabo la votación del proyecto hubo una reunión en el Centro de Convenciones con la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko y él le preguntó directamente si era un requisito necesario para ni tan siquiera se pudiera considerar el acuerdo, el que la Asamblea Legislativa aprobara el proyecto que viabilizaba el acuerdo y la respuesta fue que sí, que se tenia que aprobar y no solamente aprobara, sino que se tenia que aprobar sustancialmente como fue radicado por parte del Ejecutivo. Confirmó que Jaresko no presentó, ni explicó nada sobre el acuerdo.
“Eso quiere decir que en este caso en particular la Legislatura de Puerto Rico podía hacer algo para detener la imposición de lo negociado entre la Junta de Control Fiscal y el grupo de acreedores”, manifestó.
A juicio de Natal Arbelo el ejercicio de la demanda no es uno académico ya que en esta ocasión a diferencia de otras ocasiones en que quizás el gobierno de Puerto Rico y las personas que representan ese espacio, se refiere también a la Legislatura- sí podían hacer algo para detener algo que era malo para el pueblo puertorriqueño y decidieron ser cómplices. Resaltó que si la Asamblea Legislativa no hubiese votado a favor, el Gobernador tampoco hubiese podido firmar el proyecto y el acuerdo no hubiese podido seguir adelante por lo que se hubiese tenido que volver a la mesa de negociación para lograr un acuerdo mejor para el pueblo puertorriqueño.
Sobre el proceso legislativo reveló que el día que se aprobó el proyecto unas horas antes se presentó el informe positivo por parte de la Comisión de Hacienda, pero el informe no incluía copia del acuerdo. Desde ese momento ha estado solicitando al presidente de la Comisión el representante Tony Soto copia certificada del expediente oficial de la medida. Explicó que todo proyecto que se presenta en la AL independiente que se apruebe o no tan pronto llega a una comisión se le crea un expediente oficial público, documento al cual cualquier persona puede tener acceso, dijo que lleva tres semanas visitando todos los días la oficina de la Comisión de Hacienda e independiente de la hora que va, o llama nadie ni contesta la puerta ni el teléfono, hizo la solicitud por escrito y tampoco le han contestado por lo que teme que el acuerdo se haya añadido luego.
Mientras el coordinador general del Movimiento de Concertación Ciudadana (VAMOS), uno de los grupos demandantes Justo Méndez, expresó que los sectores más vulnerables serán los más afectados por el acuerdo de COFINA. Denunció que dos semanas antes de que se presentara el proyecto miembros de VAMOS visitaron a los legisladores, entre ellos al presidente de la CH Soto, quien se comprometió con el grupo a que el proyecto no se vería sin vistas públicas.
A preguntas de la Prensa respecto a las probabilidades de la demanda, frente al proceso en el Tribunal Federal en la sala de la jueza Swain, el licenciado Maldonado Nieves, expuso que el mero hecho de que en ese foro la Jueza tenga que tomar una decisión no impide para nada la iniciativa que el grupo (los demandantes) está tomando porque si la juez declara no ha lugar el acuerdo todavía está pendiente que en ese foro se negocie y se llegue a un acuerdo con un segundo grupo que está impugnando la constitucionalidad de ley de COFIN desde que se aprobó en el 2006 en adelante. Resaltó que en este caso hay algo bien vital y es que la juez Swain no puede hacer nada en torno a la manera en que el proceso legislativo de Puerto Rico estuvo viciado “eso no la va dirimir el Tribunal Federal eso lo va dirimir el Tribunal en Puerto Rico y bajo la reglamentación de la Cámara de Representantes”.
Los demandados fueron emplazados el lunes 17 de diciembre y de acuerdo con las reglas de procedimiento civil tienen 60 días para contestar la demanda. A preguntas de CLARIDAD el licenciado Maldonado Nieves dijo que, no le extrañaría que los demandados argumentaran que el caso debe ser trasladado ante la juez Swain, o que la propia JCF se una al pleito para solicitar su traslado. “Estamos preparados para eso entendemos que eso es improcedente porque esto es un asunto estrictamente del derecho puertorriqueño una ley de Puerto Rico que está siendo impugnada en los tribunales de Puerto Rico”. Reparó en que si bajo el reglamento de la Cámara de Representantes y la constitución de Puerto Rico que el caso pueda tener como una consecuencia el acuerdo de COFINA se posponga eso son otros 20 pesos “pero estamos preparados”.
Las otras organizaciones demandantes son; la Unión de Empleados de Oficina y Profesionales de la Autoridad de Edificios Públicos, (UEOGAEP); la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas Inc., (UITICE); la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA); la Unión de Empleados de Oficina Comercio y Ramas Anexas, Puertos, (UEOCRA); la Unión de Empleados Profesionales Independientes, (UEPI); la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, (UNETE); y la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA).
