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“La necesidad está en todos lados”. Carmen Romero Dones, conoce de primera mano lo que dice. La supervisora de Alcance Comunitario, de la organización Solo por Hoy, lleva 14 años en su tarea diaria de conversar con personas para ayudarlas a que acepten que ellos, ellas, pueden cambiar sus vidas si se lo proponen.

No todos los que están en la calle sin hogar es porque son usuarios de drogas o alcohol, nos dice, aunque sí la mayoría. También hay muchas personas adultas que perdieron su trabajo o los desahuciaron y los que tienen alguna condición de salud mental. Las personas mayores que  se encuentran sin una vivienda  pernoctan en sus autos, cerca de cuarteles de la Policía o cerca de hospitales. Incluso ha visto personas sin hogar  que llegan de Estados Unidos: “Les han hecho creer que pueden conseguir vivienda y empleo. Es el sueño americano a la inversa”.

“Yo estuve ahí, sé que se puede. A veces tenemos que tocar fondo para entender muchas cosas en la vida”, comparte Romero Dones, sobre su experiencia de vida en el mundo de las drogas y el alcohol. Se crió en un hogar disfuncional, con un padre alcohólico que maltrataba a su madre trabajadora. Su padre nunca les maltrató a ella y a sus hermanos, pero a su  madre sí. Es la tercera de cinco  hermanos. Cuenta que a los 12 años su hermana mayor se fue con el novio,  huyendo de su hogar. Uno de sus hermanos se fue con la abuela y ella optó por estar en la calle. Al estar en la calle, para que la aceptaran, entró en el mundo de las drogas y ya a los 13 años tenía su punto. A los 17, se casó con un hombre de 35 años que, como ella, estaba en el mundo de las drogas, con el cual tuvo tres hijos varones.

Cuando llegó el momento en que ya no pudo vender más drogas, comenzó a robar en las tiendas,  lo que le llevó un tiempo en prisión. Al salir, pasó momentos difíciles de estar deambulando y el destino la llevó a encontrarse con una excompañera de prisión, quien le  aconsejó acudir a la Unidad de Alcohólicos Anónimos de Centro Médico. Para ese momento ya había dejado las drogas.

“Ya me estoy dando cuenta de lo que la vida me quitó. Yo quería tener mi casa, llevar mis hijos a la escuela…”, expresa Carmen sobre sus sentimientos y deseos en ese momento de reflexión. El Departamento de la Familia le había retirado sus hijos cuando estos tenían entre 12  y 7 años, aunque reconoce que siempre tuvo la oportunidad de relacionarse con ellos.

Al salir del tratamiento sobre el abuso de alcohol, Carmen llegó a Solo Por Hoy.  Esta organización de base comunitaria ofrece servicios a personas que se encuentran en situación de abuso de sustancias, de salud mental, discapacidad y sin hogar. Al terminar todo su proceso de rehabilitación, y luego de meses sin encontrar un trabajo, tuvo la oportunidad de comenzar a trabajar en Solo por Hoy;  primero, en tareas de limpieza y a los siete meses, la directora de SPH, Belinda Hill, al ver su desempeño con personas que acudían a buscar servicios, le dijo que reconocía ‘que la tenía mal ubicada’. Entonces, pasó a ser supervisora de Alcance Comunitario.

En esta tarea, desde las ocho de la mañana, Romero Dones recorre varios sectores de Río Piedras y otras zonas del Área Metro, repartiendo bolsas meriendas, efectos de aseo personal tanto para hombres y mujeres y artículos de primera necesidad.  Se acerca para hablarles sin presionar a que acepten ayuda.

“El universo me ha puesto a mí hoy aquí. No te llevo la droga, te llevo la recuperación. Hay que aprender a reconocer que fueron malas decisiones las que tomamos”, expresa sobre su tarea y su propio proceso.

Uno de los lugares del área de Río Piedras que suele visitar para distribuir la asistencia y conversar con personas sin hogar es el puente de la Avenida 65 Infantería, en el cruce Trujillo. Este puente ya es reconocido por las muchas personas que viven bajo su sombra, tanto personas usuarias de sustancias, como personas adultas.

Hay quienes lo visitan, que ya están en proceso de rehabilitación, como José Manuel Pérez, de 50 años. “Yo soy de Las  Piedras, de una familia bien humilde. Tuve mis recaídas por cabeciduro, por no escuchar consejos. Estoy tratando de salir de todo esto. Le doy gracias a Solo por Hoy por el apoyo que me ha dado, hay muchos que por  fuerza de voluntad no aprovechan la ayuda”, comparte sobre su experiencia.

Pérez reflexiona que quizás su caída fue por el abandono de su madre cuando tenía un año. “El amor de madre no lo tuve, quizás eso fue parte de mi caída, pero no la juzgo. Lo que sucedió, sucedió, eso es parte de la vida”. Afirma que lleva 10 años limpio y que tiene un hijo, que si no fuera por él no seguiría luchando.

“Es difícil estar en la calle, se pasa frío, hambre. La calle está mala, hay mucho daño, maldad”, describe Brenda Liz Vega, de 46 años sobre su experiencia. Ella igual está en proceso de rehabilitación,  y recomienda a las personas como ella a que  busquen ayuda: “Hay que tener un poco más de fuerza y dejar esa vida”.

Hay  personas que circulan por el lugar que, aunque tienen vivienda, es evidente que están solos y sin alimentos. Ese es el caso de Amílcar Santiago Tirado. Este se acerca a que le den la bolsa de aseo y de merienda. Alega sobre su experiencia de vida que no ha podido superar el que su padre veterano abusó de sus tres hermanas, para lo cual compraba armas con las que las intimidaba para que no hablaran. Sus padres se divorciaron y, aunque su padre fue a juicio, la excusa de insanidad mental por ser veterano, dice entre molestia y asombro, “salió bien e incluso se volvió a casar”

“Deja eso atrás”, dice Santiago Tirado que le han dicho, aunque admite  que no ha podido.

En su recorrido de Solo por Hoy, a Romero Dones le acompañan los jóvenes Ángel Vélez Conde y José Manuel Vélez Carrasquillo, ambos manejadores de casos de SPH y recién graduados de Sicología del recinto de Río Piedras de la UPR.

Cómo se enfrentan estos jóvenes al reto profesional y las barreras sociales que puede representarles este trabajo

“Es bastante gratificante cuando podemos ayudar a las personas. Como todo, hay muy buenos participantes. Hay participantes que se dejan ayudar y hay quienes no se dejan. Realmente, todo es voluntario. Es bien bonito ver cómo  una persona decide decir hasta aquí, basta ya, no quiero continuar con esto que me hace tanto daño el resto de mi vida. Voy a darle un stop y voy a comenzar un capitulo nuevo”, expresa Vélez Carrasquillo.

Por su parte, Vélez Conde destaca: “He visto en este recorrido de personas sin hogar algunos con problemas de salud mental, muchísimas dificultades, muchas barreras. Eso me ha ayudado a crecer tanto a nivel académico como también personal, porque no es lo  mismo un joven que no está informado del sinhogarismo, que ve a las personas sin hogar de una manera, a uno montarse a ver esta experiencia y decir ¡Wao! Uno ve la realidad de otra manera. No es que en el sinhogarismo la persona está ahí drogándose. No, ellos tienen sus barreras, dificultades, y Solo por Hoy es la entidad que más se pone  en contacto con ellos, les tiende la mano y los ayuda en esos procesos. Somos el primer empuje, me motiva trabajar aquí”.

Para los dos jóvenes profesionales, están entrando a un mundo que no conocían y ahora lo pueden ver de una manera diferente. Consideran que hay refuerzos sociales que impiden poder ayudar a personas sin hogar, pero que es más por miedo. Para ellos, tener esa experiencia les ha hecho tener una visión diferente: “Creemos tener las herramientas para poder ayudarlos”, afirmaron.

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 Un estudio apunta a que la falta de regulación de estas empresas afecta la práctica médica

Como parte de su nueva campaña para exponer el modus operandi de las aseguradoras médicas en Puerto Rico, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) presentó, el 10 de septiembre, un estudio que recoge los testimonios de más de 500 galenos y que detalla la interferencia de estas empresas en el criterio de cada doctor.

La investigación, comisionada por la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés) y desarrollada por el doctor en políticas de salud Sergio Rivera Rodríguez, encuestó a 550 médicos, divididos en 291 que aún trabajan en el país y 229 que se mudaron a los Estados Unidos (EE. UU.). Asimismo, el estudio entrevistó directamente a 24 doctores establecidos en el archipiélago y 26 en los estados.

“La fuga de médicos no es solamente de Puerto Rico. En el mundo entero, la población está envejeciendo, y muchos países y estados están buscando profesionales de salud para llenar esos espacios. En Puerto Rico, este proceso ha alcanzado niveles críticos en las últimas dos décadas”, expresó el Dr. Rivera Rodríguez.

En el 2009, destacó el investigador, había 14,500 galenos ejerciendo su práctica en Puerto Rico, mientras que esa cifra se limitó a 9,800 médicos en 2023. La baja, continuó Rivera Rodríguez, no “va acorde” con el declive poblacional que atraviesa Puerto Rico desde hace unas décadas. En este contexto, el estudio agrega que nueve de cada diez médicos que trabajan en clínicas privadas –por ejemplo– se irían del país por problemas con las aseguradoras.

Asimismo, la investigación de la FIU concluyó que las tres razones principales por las que la clase médica considera mudarse de Puerto Rico consisten en: las barreras con los planes médicos, la inestabilidad económica de Puerto Rico y deficiencias en la infraestructura de salud. Con relación a las aseguradoras, los médicos consultados señalaron que estas empresas controlan las decisiones médicas, fabrican procesos de facturación y licenciamiento complejos, efectúan pagos tardíos, rechazan facturas y no compensan fondos adecuados.

Una endocrinóloga incluida en el estudio aseguró que “los planes médicos se han vuelto un imperio. Hay una perspectiva de que los médicos están perdiendo el control, que no pueden trabajar libremente y que los planes médicos se han vuelto un imperio que lo controlan todo”.

De los galenos encuestados que ejercen la práctica en Puerto Rico, el 82 % afirmó que consideraría mudarse fuera del país por “problemas con las aseguradoras”. En el caso de los doctores que ya están establecidos en los EE. UU., el 66 % confirmó haberse mudado por esa razón.

“Sabemos que las aseguradoras han acaparado el mercado de Medicaid completamente. Tienen el mercado, porque son las únicas que lo manejan, y el mercado de Medicare con Medicare Advantage, casi todo; tienen el 95 %. Así que las aseguradoras controlan todos los fondos, públicos o privados, desde que entran al sistema, ahora mismo”, elaboró el investigador de la FIU.

“El médico y el paciente existen desde el principio de la vida, de la humanidad: el médico y el paciente. La aseguradora no estaba ahí, en ese mapa. Dios no creó las aseguradoras, se crearon solas. Y se les dio acceso a ellos para ayudar al paciente a tener servicios de salud, (pero) se montó en el carro de médico-paciente”, expresó, por su parte, el presidente del CMCPR, el Dr. Carlos Díaz Vélez.

El gremio profesional denunció el que los seguros médicos compliquen el tratamiento de un paciente al revisar el medicamento que receta el doctor, modificar gastos incurridos o simplemente rechazar ciertas determinaciones del proveedor. “La aseguradora no está para eso… No está para cuestionar al médico”.

De igual forma, Díaz Vélez criticó a aquellas figuras que catalogan estas iniciativas de “politiqueras” y aseguró que la inacción del Estado es una forma de complicidad en la crisis. Y aunque reconoció la creación de nuevas plazas y residencias para estudiantes de medicina como esfuerzos del Estado, el presidente estimó que no basta para resolver la crisis de salud que, según el experto, pudiera dejar, para 2030, al país con la mitad de especialistas que existe ahora.

Para finalmente mitigar la situación, el CMCPR “recetó” una serie de iniciativas que incluyen:

1. Fiscalización real, intensa y participativa del gobierno al negocio de las aseguradoras, con plena participación de médicos, otros proveedores y pacientes.
2. Que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) responda en beneficio de los proveedores médicos y facilite, ágil y neutralmente, el manejo de las querellas de los proveedores contra las aseguradoras.
3. Crear un comisionado de Seguros de Salud para que reúna estas funciones.
4. Limitar, como a nivel federal, el uso de fondos de salud para mercadeo, medios de comunicación y publicidad de las aseguradoras.
5. Fiscalizar el desvío de fondos de las aseguradoras.
6. Establecer pagos a proveedores y hospitales en un término menor a 15 días.

“Es hora de actuar. Ya está bueno de comisiones de salud en la legislatura. Se citan a los proveedores y es lo mismo, lo mismo y lo mismo. Se envía una gente para hacer el trabajo en el Capitolio para hacer cosas, estudios, mesas redondas, mesas triangulares; es lo mismo”, denunció el presidente del CMCPR.

“Este llamado va dirigido a todos los sectores: pacientes, profesionales de la salud, líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y al pueblo en general… El Gobierno no solo ha abandonado su función fiscalizadora sobre las aseguradoras de salud, sino que le ha permitido empobrecer las prácticas médicas y hospitalarias”.

El CMCPR ha llevado, bajo la presidencia de Díaz Vélez, este reclamo a las administraciones de Pedro Pierluisi y Jenniffer González Colón, del mismo partido, sin mayores éxitos. Actualmente, la colectividad trabaja junto a los exsecretarios de Hacienda Francisco Parés y Juan Zaragoza para presentarle a la Junta de Control Fiscal (JCF) un plan de incentivos económicos para la clase médica.

Luego de 13 años de aprobada la Ley de la Reserva Natural del CEN, (Ley Núm. 126 de 25 de junio de 2012), que establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la designación como reserva natural del área denominada Corredor Ecológico del Noreste, disponiendo que cualquier actividad o uso propuesto en sus terrenos “estará supeditado y dará prioridad a su preservación, restauración y conservación”, tal parece que el presidente de la Cámara de Representante, Carlos Johnny‘Méndez se cansó de la preservación y pretende cambios a la ley que permitan la construcción en los terrenos de dicha reserva.

La primera en reaccionar a este cambio de postura fue la directora de Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, quien denunció que “es inconcebible y causa mucha suspicacia, que sea el mismo Johnny Méndez el que anuncie los posibles cambios a la ley, cuando él fue el coautor del proyecto que dio paso a la protección de más de 3,000 cuerdas de bosques, manglares, humedales, playas y arrecifes en el noreste de Puerto Rico. Es una contradicción y un acto de oportunismo político que, desde la convención de la Asociación de Constructores, se ponga al servicio de los mismos intereses privados que en el pasado intentaron imponer proyectos como Dos Mares Resort”, declaró mediante comunicado de prensa.

El presidente de la Cámara hizo sus declaraciones de intención de cambios a la ley en la convención de la Asociación de Constructores, celebrada en días recientes.

“Lamentablemente, los intereses económicos y políticos ciegan a cualquiera. Llamar al Corredor Ecológico del Noreste un terreno congelado es desconocer lo que pasa en los propios municipios que Johnny Méndez representa. El Corredor no es un terreno congelado, es un espacio vivo que protege a miles de especies y a nuestras comunidades. Pretender abrirlo a la construcción es ceder a los grandes intereses que piensan en desarrollo es solo sembrar cemento”, reiteró Vázquez.

La líder ambiental destacó, que además de su valor ecológico, el CEN ofrece una variedad de actividades ecoturísticas, incluyendo observación de tortugas, avistamiento de aves, alquiler de kayaks y caminatas interpretativas, que atraen a turistas interesados en experiencias naturales y culturales.

Recordó que la protección del CEN, que comprende sobre tres mil cuerdas de terreno a lo largo de la costa entre Luquillo y Fajardo, se logró luego de más de tres décadas de consenso multisectorial y que quienes la defienden solo se oponen a la destrucción del patrimonio natural y a la entrega del bien común a intereses privados.

La directora del Sierra Club instó al representante Méndez a actuar con coherencia y responsabilidad, priorizando el bienestar de las comunidades y la conservación del CEN por encima de intereses privados o decisiones oportunistas.

En tanto, en declaraciones grabadas, la representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada Adriana Gutiérrez, se expresó sobre lo que describió como un menosprecio por parte de la administración del PNP hacia la conservación de nuestros recursos naturales y ambientales. En esa dirección, enumeró la orden del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que legalizó las casas en la Parguera y que luego fue convertida en ley; la ley que extendió la vida de la carbonera AES en Guayama; el respaldo a la construcción del megaproyecto Esencia en Cabo Rojo; otro en Punta Bandera en Luquillo; lo mismo en Fajardo, en el bosque estatal de Ceiba, y en el Área Metropolitana, en el precinto 4, la pretensión de desarrollar un proyecto, Paseo la Cima, en uno de los pocos pulmones verdes que quedan en el Área Metro y quizás el último pulmón verde que queda en el área de Cupey.

La legisladora del PIP rechazó comentarios de Méndez, de que no se podía “seguir siendo complacientes con los que se oponen al desarrollo”.

“Esas son expresiones irresponsables y alejadas de la realidad del país e intereses de la ciudadanía. No es que nos oponemos al desarrollo por oponernos. Por supuesto que nos vamos a oponer a todo tipo de desarrollo que tenga un impacto en nuestros recursos naturales y en áreas de alto valor ecológico, porque ¿con qué país nos vamos a quedar y vamos a dejar a las nuevas generaciones?”

Gutiérrez hizo un llamado a seguir ejerciendo la presión y la resistencia en todos los espacios desde la Legislatura y desde la calle.

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Cambios a la Ley Electoral

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Roberto Iván Aponte Berríos, rechazó que  el proyecto PS 717, presentado por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, fuese una  reforma electoral, es, más bien, es un proyecto a favor de su partido que nuevamente aplasta a las minorías, afirmó.

El proyecto presentado por Rivera Schatz resulta inesperado, dado al hecho de que hace unas semanas se presentó una resolución en la Cámara de Representantes, que fue apoyada por todos los partidos, para crear un cuerpo que analice la actual Ley Electoral, del 2020. A lo anterior, se suma que en el programa del PNP presentado durante la pasada contienda electoral no figuraban cambios a esa ley, que fue toda creación de dicho partido.

“Me parece lamentable que en un momento en que el país pide a gritos por los pasados años que haya una nueva ley electoral, en vez de sentarse todas las partes en una mesa, el presidente del Senado presente su proyecto a favor de su partido y nuevamente aplastando a las minorías”, denunció Aponte Berríos a CLARIDAD.

Acotó que el proyecto no es una reforma electoral de consenso, sino que, en términos generales, lo que  hace son unos cambios cosméticos a fechas del 2021. El proyecto continúa la prohibición de las alianzas y no atiende la representatividad de todos los partidos  en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), aun cuando queden  inscritos en las elecciones. Como prueba, expuso que en el presente en la CEE hay cerca de 400 empleados, la inmensa mayoría del PNP y del PPD (Partido Popular Democrático). El PIP tiene cerca de 20 y el Proyecto Dignidad (PD), el cual quedó inscrito, no tiene  ninguna representación. Esto no cambia en lo más mínimo en el proyecto presentado por el presidente del Senado.

Otro aspecto importante del proyecto, y que es evidente, señaló, es que en términos del voto ausente, a diferencia del voto adelantado, sobre todo por correo, lo que hace es limitarlo y regresa a un lenguaje de la vieja ley, que da menos tiempo para poderlo solicitar. Recordó que en las pasadas elecciones el candidato del PIP y la alianza a la gobernación, Juan Dalmau, sacó el 70 % de los votos.

Una de las cosas que hace con el voto adelantado por correo es bajarlo a 55 años la edad y dispone que se cuente 30 días antes al día de las elecciones; no el mismo día de las elecciones, como es ahora. El propósito de este adelanto, denunció, es que el PNP quiere que se filtre ese voto a su favor para el día de las elecciones generales, lo que contrasta con que el día de las elecciones las personas acudan a votar sin saber qué va a pasar. Eso también le da oportunidad de presionar a los que no hayan ido a votar.

Aponte Berríos cuestionó, además, el porqué del interés en bajar el voto adelantado a los 55 años y no hacerlo desde la edad para votar, los 18 años. “Saben que no tienen ese voto”, dedujo.

Otro aspecto cuestionable del voto adelantado,  es que este en sí es un evento electoral y en las elecciones pasadas quedó demostrado que la CEE no tiene el personal para seguir añadiendo días. Aun cuando no quiere descartar nada, propuso analizar bien las consecuencias. Observó que el PNP y el PPD tienen los destaques gubernamentales y el PNP  trabaja el voto adelantado con sus destaques e incluso con sus empleados del gobierno. Por su parte, el PPD, el cual tiene la mayoría de las alcaldías, lo hace con ese personal. El proyecto de Rivera Schatz también establece que dicho voto se puede contar sin que haya  representación de todos los partidos.

El otro aspecto cuestionable que propone el proyecto es que la solicitud del voto adelantado por correo no tiene que tener la misma dirección que figura en el Registro Electoral. El comisionado electoral del PIP rechazó este cambio y subrayó que es importante que la dirección del elector que lo solicite sea la que aparece en el Registro Electoral. Entre otras, porque la consecuencia de esto es que la persona no estaría votando en el domicilio electoral que le corresponde o que, incluso, la dirección no exista.

A todo lo anterior se une el que el PS 717 propone cerrar el registro electoral 50 días antes de las elecciones, lo que puede impedir la inscripción de nuevos electores jóvenes. Sobre este particular de cómo va la inscripción de jóvenes por parte de la CEE, Aponte Berríos confirmó que este mes de agosto se comenzó un proyecto para acudir a las escuelas superiores y el PIP propuso comenzar con las escuelas superiores a donde no se acudió el año pasado, por lo que ya hay más de 4,000 jóvenes de primer voto inscritos. Se espera atender a cerca de 81 escuelas públicas superiores. Luego de terminado este proceso, se espera regresar a las escuelas a las que se acudió el año pasado. Sin embargo, todavía no se ha acudido ni a escuelas ni universidades privadas.

Por su parte, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), en comunicado de prensa, también rechazó que el proyecto presentado fuese una “reforma electoral”, sino que es un “acomodar las reglas al gobierno de turno”.
“Este proyecto evidencia con claridad lo que venimos señalando desde el 2020: el bipartidismo acomoda las reglas dependiendo de la elección que anticipan enfrentar. En otras palabras, a su conveniencia. Esta medida no busca fortalecer la democracia, sino garantizar su ventaja política. Es un ciclo interminable de parchos que nunca atienden los problemas de fondo ni colocan al elector como verdadero protagonista de los procesos electorales”, expresó Lillian Aponte Dones, pasada comisionada electoral del MVC.

Al igual que el PIP, el MVC defendió que el voto adelantado debe ser para todas las edades. “El problema no es la existencia del voto adelantado, sino la falta de controles y transparencia en su administración. Eso es lo que mina la confianza del país, y este proyecto vuelve a ignorarlo”, declaró Aponte Dones.

Respecto a la propuesta del proyecto de  aumentar el número de Juntas de Inscripción Permanente (JIP), el MVC reclamó que: “En 2022, el MVC presentó una propuesta bien elaborada para establecer 40 JIP/JIT, una en cada distrito representativo, y tanto el PNP como el PPD se opusieron. En 2023, se volvió a someter y nuevamente se opusieron. Qué bueno que ahora reconozcan la necesidad de abrir más JIP; pero ¿por qué nadie habla de fortalecer el Registro Electoral Electrónico (eRe) para que sea más accesible y útil al electorado? Esa es la discusión que se rehúye, porque lo que buscan no es acceso, sino control”.

La excomisionada electoral insistió en que Puerto Rico necesita una verdadera reforma electoral construida en consenso con todas las fuerzas políticas y sociales del país, como se hizo en el pasado. “La intención de este proyecto no es abrir las puertas a la democracia, sino cerrarlas. Esto no es una ‘reforma electoral’, es una conveniencia disfrazada de democracia. Puerto Rico merece un sistema electoral que garantice más derechos, más participación y más transparencia.”, concluyó.