La ACLU de Puerto Rico hace un llamado a la defensa de las personas inmigrantes y el establecimiento de protecciones, ante el brutal avance de detenciones que afectan particularmente a latinos y afrodescendientes
Especial para CLARIDAD
En los primeros meses del año 2025, hemos sido testigos de cambios drásticos en la política migratoria de Estados Unidos, que afectan particularmente a personas inmigrantes latinas y afrodescendientes. Las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump en materia migratoria tienen un claro sesgo racial, que se hace evidente en la forma en que se llevan a cabo los operativos por parte de las autoridades migratorias, la manera en que son tratadas las personas detenidas, y la ausencia de controles adecuados que garanticen el mayor apego a las normas y protecciones legales aplicables. De acuerdo con información oficial, hasta el 25 de junio,el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) había detenido por lo menos 716 personas inmigrantes en Puerto Rico en solo cinco meses, y la gran mayoría de estas (87%) no tenía historial delictivo alguno. Se trata de personas que han hecho de Puerto Rico su hogar. Aquí tienen familia, aquí trabajan, aquí forman parte importante de sus comunidades, escuelas, iglesias y vecindarios.
La comunidad dominicana -procedencia del 74% de los detenidos- ha sido víctima reiterada de las redadas migratorias, conducidas por oficiales federales que insisten en invadir sus calles, hogares, comercios, y espacios comunales. Estas redadas mantienen a toda una comunidad en vilo, afectando el bienestar de la niñez, la seguridad alimentaria de las familias y el acceso seguro a servicios de salud y educación, entre otros. El patrón racial de estos operativos es claro cuando son comunidades negras y dominicanas quienes reiteradamente son asediadas por la presencia de oficiales federales de migración. En la lista de procedencia de las personas inmigrantes hasta el momento detenidas, le sigue Haití, Venezuela, México, China, Brasil y otras 34 nacionalidades.
Lamentablemente, el gobierno local también ha servido como facilitador de estos operativos, convirtiéndose en cómplices de una política abusiva y claramente racista. La Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU, en inglés), ha denunciado en múltiples ocasiones el discrimen racial en los operativos del ICE, pero también ha señalado la complicidad del gobierno local en las redadas e intervenciones ilegales con personas migrantes. Hemos insistido en que el gobierno local no debe facilitar estos operativos que a todas luces son ilegales. Por el contrario, el mandato y la obligación del gobierno de Puerto Rico y de los gobiernos municipales es proteger a toda la población, incluyendo a las personas migrantes que residen en Puerto Rico, para asegurar que en nuestro país se puede vivir de manera segura, acceder a los servicios esenciales necesarios, acudir a los tribunales y a las autoridades públicas en total confianza de que nuestros derechos van a ser respetados.
Debemos tener claro que el gobierno de Puerto Rico no está obligado a facilitar el trabajo de las autoridades de control migratorio federal. La errada decisión de colaborar o no con las autoridades migratorias es completamente voluntaria. Esto es así, porque los gobiernos locales tienen una autoridad separada del gobierno federal, y sus funciones también se definen de manera separada, mediante leyes y reglamentos locales. La función de control migratorio recae principalmente en la autoridad federal, porque así lo establece la normativa federal. El cuestionamiento sobre la colaboración o no del gobierno local para la implementación de leyes federales no es nuevo. La Corte Suprema de Estados Unidos ha aclarado en varias ocasiones que el gobierno federal no puede obligar a los estados a asumir funciones dirigidas a implementar la normativa federal. (Printz vs. United States, 521U.S.898 (1997)).
De igual forma, se ha determinado que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos ofrece a los estados la opción, pero no obliga a los gobiernos locales a asumir funciones migratorias. Sin embargo, sabemos que el presidente Trump continuará insistiendo en obligar a los gobiernos estatales y municipales a asumir las funciones migratorias. Por eso, el Frente de organizaciones contra las políticas migratorias de Trump, que incluye a una gran cantidad de organizaciones comunitarias, profesionales, eclesiásticas, uniones laborales, y grupos que representan y defienden los derechos de poblaciones migrantes, hemos hecho clara nuestra indignación y repudio a las políticas discriminatorias de Trump y nuestro reclamo al gobierno local de no cooperar en estos operativos deshumanizantes y violatorios de los derechos humanos.
Sabemos que nuestra historia colonial tiene también un efecto sobre la manera en que el gobierno local y los gobiernos municipales operan, en particular cuando se trata del aparato policial. Reconocemos que el racismo y el discrimen hacia la población negra, es un legado nefasto de las relaciones de poder colonial de las que hemos sido objeto por demasiado tiempo, y los operativos migratorios impuestos por el gobierno federal en nuestro país, exacerban la conducta racista y estereotipada que ya existe en Puerto Rico hacia la comunidad migrante dominicana, haitiana y visiblemente negra. El racismo es institucional también, y se hace evidente cuando el aparato del estado se utiliza para identificar, perseguir, detener y deportar personas por su perfil racial. El caso de la detención de Aracelys Terrero, es un ejemplo claro de una conducta racista por parte de un guardia municipal, que no tiene ninguna autoridad en ley para detener a una persona por su estatus migratorio. Aracelys, una mujer pobre, dominicana, fue detenida de manera completamente arbitraria y abusiva, por un policía municipal de Cabo Rojo que actuó en completo desapego de la obligación que sí tenía de protegerla, por tratarse de una víctima de violencia de género.
Tiene que preocuparnos a todos y todas en Puerto Rico, que la policía estatal y las policías municipales estén haciendo el trabajo de los oficiales de inmigración, sobre todo sabiendo que la mayoría de estas detenciones están motivadas por un perfilamiento racial prohibido por ley, y que resultan en abusos y violaciones de derechos humanos. Tiene que preocupar al gobierno de Puerto Rico, a la gobernadora Jenniffer González Colón, a la legislatura y a los gobiernos municipales que se estén gastando fondos públicos y recursos del nuestro estado, en funciones que no queremos y no nos pertenecen. En una situación económica tan precaria, nuestros recursos son necesarios para garantizar la prestación de servicios públicos y la protección de la vivienda, de los servicios de salud, de la energía limpia y renovable que reclama nuestra niñez, de nuestros estudiantes, los pensionados, los maestros, nuestros ancianos y toda la población que reside en nuestro archipiélago.
Por eso la ACLU-PR sometió por petición un proyecto de ley a la Cámara de Representantes, con el fin de establecer una política pública de protección al migrante y su familia en Puerto Rico. El Proyecto 331 fue presentado por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño y contó con el endoso de los representantes del Partido Popular Democrático. Sin embargo, permaneció engavetado en la Comisión de lo Jurídico sin que se convocaran vistas públicas para su discusión. La sesión legislativa terminó, pero el problema de las detenciones migratorias abusivas e ilegales no, y esta ola de violencia migratoria va a continuar a menos que se haga algo para detenerla.
Desde ACLU-PR impulsaremos nuevamente una ley que ponga fin a la colaboración de la policía local (estatal y municipal) en las redadas migratorias, que prohíba a las agencias gubernamentales compartir información confidencial de personas migrantes con el gobierno federal sin una orden judicial firmada por un juez y que establezca protecciones especiales para que las iglesias, tribunales, escuelas y hospitales se reconozcan como lugares protegidos, donde no se permita la entrada de agentes de inmigración sin orden. No hay que inventar la rueda. El proyecto ya está escrito, y en esta lucha no estamos solos, pues en múltiples condados, ciudades y estados en Estados Unidos ya se han aprobado leyes y reglamentos similares. En Puerto Rico, hay razones de más para proteger a nuestros hermanos y hermanas migrantes, porque nos une el sentido de pertenencia y de hermandad. Nos une la humanidad que reconocemos en quienes comparten este pedazo de tierra con nosotros. Los hermanos dominicanos, haitianos, colombianos, mexicanos y venezolanos, entre tantos otros, son parte esencial de nuestra fibra como pueblo caribeño y no vamos a dejar de acompañarlos y acogerlos, como lo hicieron ellos y ellas con nosotros en el pasado. Nos reconocemos y nos protegeremos, en la corte y en la calle.
La autora es directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico
La columna se publicó originalmente en CLARIDAD impreso del mes de junio.
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