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La lucha en defensa del derecho al aborto se mantiene en alerta ante lo que parece ser el avance de sectores políticos ultraconservadores como el partido Proyecto Dignidad (PD). Así quedó evidenciado en la manifestación que organizaciones feministas y de derechos humanos llevaron a cabo el pasado 28 de septiembre, Día de la Despenalización y Legalización del Aborto. La actividad se celebró frente a la desalojada residencia universitaria, Torre Norte, en Río Piedras.

En la manifestación en la que participaron, entre otras, la Campaña Aborto Libre, la Mesa de Trabajo aborto libre, seguro y accesible y Amnistía Internacional, capítulo de Puerto Rico (AI-PR), las organizaciones reiteraron su defensa del derecho al aborto y censuraron, por sus expresiones en contra del aborto, a miembros de la Legislatura.

El aborto no desviola, de la senadora Joanne Rodríguez Veve de PD, leía uno de las más de decenas de citas exhibidas en la protesta.

La portavoz de la campaña Aborto Libre, la activista Ruth Arroyo, denunció  que en Puerto Rico el derecho al aborto está siendo objeto de  ataques de los sectores más retrógrados y por las voces fascistas que “han encontrado espacio y poder en nuestra Legislatura y que también manipulan y promueven la violencia antiderechos. Es por esto que en los pasados días, desde Aborto Libre hemos denunciado las frases indignas de portavoces del Proyecto Dignidad y del PNP”. En particular, señaló a la senadora Lizie Burgos, quien entre otros políticos del PNP y PPD se ha dedicado a levantar barreras de desinformación y de criminalización de la práctica médica del aborto. Eso, le atribuyó, con persecución,  acoso a proveedores de salud, demonización de las personas de la comunidad de diversidad sexual LGBTQIA que se expresan y defienden la equidad de género.

En Puerto Rico no  existen crímenes de odio, es una cita del presidente de PD, doctor César Vázquez, que lee otro de los carteles.

La portavoz de la campaña Aborto Libre en tono enérgico denunció que las voces antiderechos, a la vez que presentan proyectos de leyes misóginos, guardan  silencio y desinforman cuando se trata de la violencia machista que nos arropa; guardan silencio ante los feminicidios, la crisis de salud,  la crisis de vivienda, el aumento del precio de las viviendas y ante los más de 10 mil casos de violencia infantil.

No creo que Puerto Rico sea una sociedad machista, es otra cita, esta vez, del senador Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En un aparte, la portavoz de la Mesa de Trabajo del aborto libre, seguro y accesible, la joven Jomayra Pimentel, explicó que el trabajo de la mesa está dirigido a educar sobre el derecho al aborto, a su desmitificación dando a conocer que es un procedimiento de salud y a hacerle frente a los proyectos legislativos que buscan limitar el derecho al aborto. Comentó que de parte de la juventud han tenido una recepción bien positiva en los conversatorios que han efectuado en diversas comunidades.

La joven, con una maestría en Lingüística con concentración en Análisis del Discurso Político, no dudó en alertar sobre que una vez pasado el momento eleccionario vuelva a surgir el debate sobre el aborto en la Legislatura y surja la intención de que se apruebe algún tipo de proyecto dirigido a su prohibición.

“Lamentablemente, si Proyecto Dignidad  crece, hay muchísimas probabilidades de que el aborto siga siendo un tema de debate. Es muy lamentable, porque  tenemos muchísimos problemas que atender con urgencia, y el aborto no es uno de ellos”.

En todo caso, lo que hace falta en relación con el aborto es que haya más acceso, debido a que en Puerto Rico hay solo cuatro clínicas, y todas están en el Área Metro, lo que  representa una limitación a ese servicio de salud para las mujeres gestantes del resto de la isla, incluidas las islas municipios. “Para los legisladores y legisladoras del PD, que el aborto sea el tema que necesitemos resolver cuando hay muchísimas cosas más que resolver, nos parece muy lamentable. Y sí, pensamos que si ese empuje ultraconservador sigue creciendo en Puerto Rico, el aborto seguirá siendo un tema de debate”,  reiteró.

Por su parte la doctora Yarí Vale Moreno, quien ha sido objeto de persecución y ataques por parte de los grupos antiaborto,  dijo estar  segura de que pasado el año electoral el aborto vuelva a ser tema de discusión en la Legislatura. “Viendo como se está moviendo la cosa, si el PD tiene una fuerza que lleve más legisladores el próximo cuatrienio en ambas cámaras, podrá mover las fichas para que se pase alguna legislación contra el aborto”.

No obstante, la Dra. Vale Moreno, quien tiene una clínica donde se ofrece este procedimiento,   confirmó que aun a  raíz de toda la discusión que ha habido y pese a la desinformación por los proyectos que se han presentado,  no ha visto que los abortos  hayan disminuido. “Eso quiere decir que hay que reflexionar sobre por qué las mujeres deciden abortar en un país que está destruido y que no se ve esperanza de que mejora para  forjar una familia o que,  tal vez, no hay la seguridad económica que uno necesita para comenzar a criar”. Distinto a lo que presentan los antiabortos, de que son jóvenes adolescentes  las que acuden a las clínicas, indicó que la mayoría de las pacientes que acuden están entre los 20 a 29 años y ya son madres. “Ese dato está bien claro y siempre se ha mantenido de la misma manera”.

Por su parte, la veterana activista feminista, Nirvana González, de Taller Salud, destacó que aunque siempre el derecho al aborto ha estado amenazado, la actual discusión surgió a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos con la revocación del caso Roe vs. Wade, en que  las fuerzas retrógradas en  Puerto Rico lo que hacen es importar la discusión. “Eso ha tenido unos resultado doblemente negativos en el sentido de que una vez más nos tenemos que lanzar a la calle con los mismos reclamos. Pero por otro lado, ha despertado el que las nuevas generaciones se sumen se unan y se activen para defender lo ya logrado y ganado junto a las veteranas que siempre hemos querido mucho más porque aquí el aborto es legal, pero no es accesible para las mujeres pobres de bajos recursos porque el aborto nunca ha sido un problema para las mujeres ricas”.

Mientras, continúa la manifestación, sus estribillos y sus carteles: “¡No hay libertad política sin libertad sexual! ¡Iglesia y Estado, asunto separado!”

Especial para Claridad

Con cierto retraso por causas fuera de mi control expreso y divulgo la pesadumbre que me ha causado el reciente deceso de mi amiga y compañera de afanes Carmen Rivera Izcoa. Algún libro estaba incompleto por falta de una puntillosa referencia histórica, y Carmen se percató y tomó la intrépida decisión de corregir aquella omisión con su propio fallecimiento, ocurrido el pasado 28 de septiembre. Apenas dos meses antes había cumplido los 95 fructíferos años desde que vio la luz en Naranjito en agosto del 1928.

¿Por qué afirmo que tal vez Carmen ha partido a asegurar la escrupulosa corrección de algún libro que tuvo la venturosa dicha de caer en sus manos antes de llegar a imprenta? Porque si alguien se ocupó y preocupó por el enriquecimiento de la aportación cultural de muchos volúmenes y tomos que luego llegarían a los estantes de las librerías, ésa fue Carmen Rivera Izcoa.

Sé que no es de entero buen gusto citarse a uno mismo, pero lo haré con la condescendencia de mi querida amiga Carmen. Escribí en mi libro Sambumbia de plato principal, publicado en 2022, que a la altura de la publicación estaban sin haber sido reconocidas en todos sus méritos las dos instituciones culturales fundadas por Carmen Rivera Izcoa: Librería La Tertulia y Ediciones Huracán. Y apunté entonces que si aquel reconocimiento estaba pendiente, tanto o más lo estaba el correspondiente a la fundadora misma. Dice la cita respecto a esa carencia de una justivaloración del aporte cultural de las dos instituciones y de su abnegada fundadora:

«Mucho menos lo ha recibido ella [Carmen] que por derecho propio debe fulgurar entre la pléyade de mujeres ilustres, destacadas y consagradas a la divulgación y el florecimiento de la cultura nacional boricua, con énfasis en la devoción a la Historia y la Literatura».

Hoy, ante la partida física de esta extraordinaria amante de las letras y los libros, que nunca supo ni quiso medir los riesgos de sus iniciativas, que nunca se amilanó ante lo que parecieran derrotas previsibles, sino que proseguía adelante con quijotesco arrojo, hoy suscribo y reitero cada una de las palabras antes citadas, y lo hago en sentido homenaje y sonoro aplauso a la vida laboriosa, valiosa, ejemplar de Carmen Rivera Izcoa.

Está en orden señalar que ella jamás persiguió reconocimientos ni aplausos a su labor cultural y patriótica. Nadie en su tierra es profeta, nos apercibe el adagio. Pero profeta o no, a riesgo de incurrir en una indiscreción, sépase que Carmen fue al menos propuesta para ser distinguida con un grado doctoral honoris causa de la Universidad de Puerto Rico. Que ello no haya cuajado en hecho palpable no se debió a falta de atributos meritorios, sino a otras razones de esas que con frecuencia desvían o enderezan, según les parezca, la otorgación de grados honoríficos universitarios. A tiempo está la UPR para exaltar póstumamente a quien fue una gran educadora sin cátedra ni plaza ni ambiciones que no fueran esparcir el conocimiento mediante la publicación de buenos libros ajenos al abundante redil de textos y manuales de ármelo y úselo y olvídelo.

Como ya debo de haber pecado de indiscreto, seguiré en ese derrotero para subrayar el carácter patriótico y solidario de Carmen. Y digo que ella misma me contó que en cierta ocasión su casa sirvió de albegue protector de unos compañeros independentistas acusados y buscados por las autoridades policíacas del patio y del extranjero, ya sabemos con cuáles excusas. La policía no dio con el paradero de los perseguidos sino varios días después cuando ellos mismos decidieron abandonar el escondite que Carmen les había facilitado. Esto lo cuento para que se aprecie el sentido incondicional que Carmen adscribía a la solidaridad y a la amistad.

A ese sentido solidario apelo y recurro para expresar mi más calurosa felicitación a Yvette, hija de Carmen, a Cristina y Mario, sus nietos, a su hermano, cuyo nombre se me escapa, así como a sus amigos y amigas por la extraordinaria oportunidad de haber compartido por mucho tiempo la presencia y el amor de esta gran mujer y sensible ser humano.

Muchas, muchas veces me dijo Carmen que un buen libro se sostiene en pie por sí mismo, sin que precise de prólogo o preámbulo. Quizá sea cierto y haya prólogos prescindibles. Pero epílogos no. Éstos, todos son inescapables, como el que le tocó escribir a Carmen el pasado 28 de septiembre para cerrar su libro en este plano con un significativo pie de imprenta: «Esta edición de ‘‘Carmen’’ se imprimió en Naranjito en los talleres de la audacia en 1928 y consta de un único ejemplar irrepetible».

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Una camisa hecha a la medida fue lo que los inversionistas de la escuela chárter, Paradiso College (PC), en Río Piedras, le solicitaron a la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan,  (MSJ) en  la vista pública para continuar operando su negocio.

La vista se efectuó el pasado 27 de septiembre, a raíz de la orden de cierre inmediato emitida en agosto por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Fue el mismo MSJ quien acudió al tribunal a solicitar el cierre debido a que los proponentes sometieron información falsa sobre el uso del edificio.

Hay que señalar que la escuela chárter, Paradiso College Preparatory LLC, es una de las empresas del  inversionista de la Ley 22 (ahora Ley 60), Patrick Horsman, su socio, David Frontera, presidente, y  Robert Acosta, director ejecutivo. En una edición anterior, CLARIDAD publicó que la corporación Paradiso College Preparatory LLC está inscrita cuatro veces en el Departamento de Estado: una como escuela, otra como propietaria y administradora de escuelas, otras dos como negocio de bienes raíces. Las cuatro corporaciones, registradas a nombre de Robert Acosta,  están inscritas como entidades con fines de lucro.

La vista pública celebrada por la Oficina de Permisos se dio ante el oficial examinador, licenciado José Rullán Hernández. Por parte de Paradiso College estuvieron sus representantes legales, los licenciados David Ricardo Martínez Avilés y Gabriela Cruz, el ingeniero Camilo Almeida y Eduardo José Oliver Polanco, ingeniero proponente. También estuvieron presentes los interesados Robert Acosta, Patrick Horsman y David Frontera. Fue evidente que los proponentes se ocuparon de que estudiantes de nivel elemental e intermedio vestidos con sus uniformes coparan el salón en donde se celebró la vista pública. También presentaron a sus madres, abuelas y tías.

Al inicio, el oficial examinador Rullán Hernández explicó que la vista pública tenía el propósito de que los proponentes expusieran sus argumentos. Su función se limitaría a redactar un informe con sus recomendaciones, que luego sería referido a un comité de evaluación. Será el comité, según él, quien que tome la decisión y acepte o no la recomendación del examinador.

Las argumentaciones de PC iniciaron con una exposición del ingeniero Almeida sobre la historia del edificio, que data de 1924, antes de que existieran reglamentos, reclamó. Según alegó, la escuela —es decir, el edificio remodelado—alberga 162 estudiantes, lo que está muy por debajo de los que cabrían. Cada salón, dijo, puede acomodar a 18 estudiantes.

En sus argumentos reconoció que el proyecto no tiene patio, como tampoco ha tenido uso continuo. Tampoco tiene estacionamiento, para lo cual no hubo reglamento hasta el 1946, por lo que alegó que el edificio tiene derecho a seguir así. Sí reconoció que no fue hasta el 20 de septiembre que los proponentes publicaron un aviso de vista pública, después de que la escuela pretendiera abrir en agosto y luego de la orden de cierre del tribunal. En resumen, según él, el proyecto tenía recomendaciones favorables del Departamento de Bomberos, de Salud, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de LUMA Energy, de la Compañía de Turismo y del Programa de Patrimonio Edificado del Instituto de Cultura.

“Me parece que una escuela siempre debe ser bienvenida. Creo que este caso, que cumple con todas las consultas de ubicación, debe ser permitida”, alegó.

Intervino entonces el licenciado Martínez Avilés, quien cuestionó cuál era el parámetro reglamentario por el que una escuela no debía estar localizada en la esquina de la Avenida Ponce de León, frente al conocido edificio La Torre. Alegó que la clasificación de CT3 (comercial turístico intermedio) no es para prohibir escuelas, que allí no hay ningún impacto en la actividad turística y que los colindantes son librerías.

El ingeniero Oliver Polanco, igual hizo una defensa de la permanencia de la escuela, apeló a que su hija, maestra de Música en la Universidad Interamericana, renunció para ir a dar clases a PC. En tono algo arrogante presumió que antes de la remodelación, el lugar era uno abandonado, lleno de jeringuillas, de ratas y maloliente. Finalmente, dijo: “Vamos hacer todo lo que sea necesario para cumplir con este proceso”.

En reacción a las exposiciones de los proponentes, el oficial examinador les planteó una serie de preguntas sobre la cantidad de asistentes (165 estudiantes serían los permitidos), el memorial explicativo que prevalece ante  la Oficina de Permisos (si el sometido el 23 de septiembre o el que se sometió antes el 12 de agosto de 2022), sobre una certificación del CRIM  en que no estaba identificado quiénes eran los colindantes y sobre una escalera de escape que no da a un patio. El oficial les solicitó un mapa del casco urbano de Río Piedras y les concedió 10 días a los proponentes para entregar toda la información.

A la pregunta de si lo que estaban solicitando era un permiso de uso comercial intermedio o una variación de uso, el primero en contestar fue el ingeniero Almeida. Este argumentó que aprobar el uso sin cambiar la clasificación no representaba un problema, pues a su juicio, “no es la única escuela que está en un lugar turístico”, y que eso era cónsono con estar en el casco de Río Piedras. Mientras, el licenciado Martínez Avilés propuso sin ningún pudor que estaría bien que les hicieran una camisa a la medida.

Se expresa la comunidad de Río Piedras

 La comunidad de Río Piedras expresó su postura en torno al establecimiento de esa escuela. Allí expusieron el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, la Junta Comunitaria, la Junta Comunitaria # 7 de San Juan,  la organización El Otro Puerto Rico y el residente Rodolfo Vázquez Fuentes. Todos presentaron resistencia al establecimiento de la escuela.

Andrea Bauzá, miembro del Fideicomiso, acotó de entrada que no se oponía al desarrollo, pero que objeta que el proyecto de PC comenzara de manera ilegal. Entre otros argumentos, levantó bandera por la falta de un estudio estructural, ya que el edificio original era de dos pisos y ahora le añadieron dos; que se supone que la consulta de ubicación se hubiese dado antes de que se hiciera la construcción y que el permiso para la estructura fue para uso de oficinas y no para salones de clases. Bauzá solicitó que se corrobore si la edificación cuenta con salida de emergencia

José Coll Ruiz, vicepresidente de la Junta de la Comunidad #7, junta creada bajo la Ley de Municipios Autónomos,  les cuestionó a los proponentes si proyectaban seguir ocupando edificios en Río Piedras. Coll Ruiz, quien es comerciante de Río Piedras, narró que en conversación con el mismo Acosta,  este le comentó que tenían interés en otras propiedades, pero que hasta que no se acabara con el proceso de PC  no iniciaría otros proyectos, que eran proyectos independientes no relacionados a Paradiso.

Manuel Amador Torres, en representación de Jackie García, presidenta de la Junta Comunitaria de Río Piedras, expuso su fuerte oposición y cuestionamiento a Paradiso College. La Junta Comunitaria dio a conocer que Robert Acosta se les acercó para solicitar su endoso para establecer cuatro escuelas chárter en Río Piedras. Ante la petición, la JC llevó a cabo consultas en  las ocho comunidades y con los tres sectores de residentes, comerciantes y maestros. Luego del proceso, se decidió no dar el endoso a las escuelas. La comunidad de Río Piedras, representada por su JC, cuestionó el establecimiento de las escuelas chárter habido el hecho de que bajo el argumento de baja matrícula en el 2017 se cerró la escuela intermedia José Celso Barbosa y sus estudiantes fueron trasladados a la Vilá Mayo. Después, en el 2011, se cerró la escuela bilingüe del barrio Buen Consejo. Este puntualizó la incongruencia del cierre unas escuelas con la apertura de otras.

Por parte de los comerciantes y residentes, el director ejecutivo de la organización El Otro Puerto Rico, licenciado Alfonso Ortiz Menchaca, cuestionó el que PC estuviera solicitando que se le construyera “una camisa a la medida”, o que se le permitiera operar una escuela sin cambiar la zonificación. Subrayó que la actividad de una escuela no es compatible con la de los otros comercios de la zona, que su operación afectaría el horario de los comercios e implicaría que algunos tendrían que transformar sus negocios. Recordó que fue el mismo MSJ quien forzó el cierre de la escuela por hacer una representación falsa, por lo que recalcó que el reglamento y el estado de derecho no deben crear camisas a la medida.

Un experto conocedor de los procesos de permisos del MSJ y de los que exige la Junta de Planificación coincidió con la apreciación de CLARIDAD de que la vista fue una donde los proponentes de Paradiso College fueron a desahogarse. La vista no fue una vista de ubicación, ya que cuando se convoca a una vista de ubicación, esta tiene que especificarse.

En el caso de Paradiso College, explicó, estos solicitan una consulta de ubicación, pero ni en el letrero que exponen frente al edificio  ni en la información que aparece en la página de Solicitud de Permisos indican para qué es la solicitud. No se indica si es para una variación en uso o si es para un cambio de zonificación, lo cual son dos cosas distintas. La variación en uso significa que se queda la zonificación como está y que para ese uso particular que se está solicitando se hace un cambio de uso; pero no se cambia el distrito.

El cambio de zonificación significa que se cambia el distrito. Por ejemplo, de residencial turístico o de  alta densidad. Pero si el PC optara por un cambio de zonificación o de calificación, que es lo mismo, tiene que convocar a una vista pública. Son ellos  los que tienen que coordinar el proceso. Ese es un proceso que no se ha hecho ni ha sido la vista pública del jueves 27 de septiembre.

Así las cosas, el Municipio de San Juan tiene que aclarar si va a proceder con una variación en uso o si va a proceder con un cambio de zonificación. Apuntó que este caso es uno es inusual, ya que se supone que  quien haga esa petición sean los proponentes. Por el contrario, en la vista, básicamente  lo que dijo PC fue: Díganos, Municipio, ustedes, cómo nosotros acomodamos el proyecto.  En otras palabras, le pasaron la papa caliente a la Oficina de Permisos.