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Con un llamado al pueblo a que presente ante la jueza Laura Taylor Swain su oposición al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y advirtiendo del impacto nefasto que tendría el plan para el país, representantes de una amplia gama de organizaciones industriales, comerciales, de construcción, profesionales, académicas, comunitarias, sindicales y expertos en el tema de la energía presentaron en conferencia de prensa una carta abierta al presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel, en donde se oponen a nuevos aumentos y solicitan que se reduzca el pago de la deuda.
En la conferencia presentada en la sede del Centro Unido de Detallistas (CUD) participó una amplia representación de las organizaciones firmantes, entre ellos, la presidenta del CUD, Lourdes Aponte Rodríguez; Cecille Blondet, directora de la organización Espacios Abiertos (EA), y Manuel Reyes, presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos.
La directora ejecutiva de Espacios Abiertos, la licenciada Cecille Blondet, indicó que ante la inminente aprobación del PAD, distintos sectores de la sociedad y expertos en temas energéticos y financieros se unieron para realizar una expresión pública, inequívoca y contundente en oposición a los nuevos aumentos a la luz que contempla la propuesta que está ante la consideración del tribunal. “Nos pronunciamos en oposición a dicho plan toda vez que los cargos propuestos resultan ser insostenibles para el país. Solicitamos que se retire y se enmiende el plan a los efectos de reducir el pago propuesto a los bonistas a un nivel que permita a nuestro país recuperarse, desarrollarse y crecer”.
Blondet reconoció que llegar a un consenso en Puerto Rico no es fácil, por lo que en este pronunciamiento se puede ver la pluralidad de los sectores que han endosado dicha expresión. “En pocas ocasiones, muchos de nosotros nos sentamos en una misma mesa; sin embargo, hoy todos nos alzamos al unísono en un mismo reclamo, hemos llegado a una misma conclusión. Desde el sector productivo hasta el sector del consumidor, de lo colectivo al individual, del empresario al académico, a todos los que nos ilusiona la posibilidad de forjar un futuro en Puerto Rico para nuestras familias. Coincidimos en que no es posible costear el alza en las tarifas de la luz que propone el plan actual para la deuda de la AEE”.
En representación de los firmantes de la declaración (más de 40 organizaciones y más de una docena de profesionales en su carácter individual), Blondet expresó que coincidían de forma categórica en que la propuesta del plan obraría en detrimento para el desarrollo y sostenibilidad económica de la isla, por lo que solicitaban la acción por parte de la JCF y del gobernador como ejecutivo y como miembro del gobierno dentro de la JCF, así como de los demás funcionarios electos para que atiendan el reclamo. “Exhortamos también a los ciudadanos a sumarse, a participar, a expresarse más allá de las redes sociales a través de los mecanismos que existen que pueden llegar a los oídos de las personas que van a tomar esta decisión en las próximas semanas”.
En tanto, la presidenta del CUD, Lourdes Aponte, expuso que hace cinco años la JCF propuso como meta alcanzar una tarifa por debajo de 20 centavos por Kh. Ahora, en el 2023, propone imponer tres nuevos cargos por los próximos 35 años o más. Dicho plan provocará el cierre de más de 12 mil pequeñas empresas, despidos y emigración, arriesgando aun mas la recuperación económica de la isla, advirtió en tono enfático.
“Estamos unidos en una sola voz, y aquí damos muestras de los diferentes sectores presentes que nos hemos unido, para decirle no a esa situación que estamos atravesando como país, porque esta es una situación que nos afecta a todos”. Sobre el sector que representa al pequeño y mediano comerciante expresó: “No estamos de acuerdo ante esta nueva imposición por lo nefasto que va a representar al sector que representamos, que somos la columna, que somos el motor e impulso del desarrollo y crecimiento económico de nuestro país”.
Otra de las presentaciones fue de la Obispa de la Iglesia Metodista, Lizzette Gabriel Montalvo, quien se refirió a que Puerto Rico vive momentos críticos en el cual el sistema eléctrico no es confiable para nadie. En estas circunstancias, señaló, se presenta este plan de restructuración, aun cuando se ha dicho que la economía de Puerto Rico va a sufrir nuevamente una contracción a mediados del 2027 o del 2028, por lo que imponer un pago impagable como el que está propuesto en el PAD significa un severo golpe a la economía de nuestro país. “Nos tienen estrangulados como ciudadanos, ya este país no aguanta un aumento más. Quienes formamos esta expresión pública y la hemos enviado al presidente de la JCF proponemos que cualquier plan futuro de restructuración de la deuda de la AEE deba como mínimo priorizar y garantizar los recursos capitales operacionales. Este plan debe garantizar estabilidad, confiabilidad y resiliencia, que es lo que no tenemos en este momento”.
El presidente del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), licenciado Manuel Quilichini, informó sobre la manera en que todos los ciudadanos pueden hacer llegar su repudio al plan a la jueza Swain. Precisó que en Puerto Rico tenemos hasta este 12 de junio a las cinco de la tarde para presentar nuestro repudio. “No se puede presumir que la juez lo sabe. Queremos que haya cientos de miles de cartas de los ciudadanos dejándole saber al tribunal lo que está pasando y lo que le va a costar”.
Para presentar su objeción el CAPR junto a la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana hay un formulario que se puede acceder a través del correo electrónico, presidencia@capr.org. Las personas también se pueden comunicar con la Clínica de Asistencia Legal de la UIA para llenar el formulario, que además está disponible en Espacios Abiertos. El presidente del CAPR explicó que esas cartas entran al docket (expediente judicial) de la jueza y constan en el caso.
Otra de las participantes en la conferencia fue la gerente de desarrollo del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), licenciada Verónica Santiago. Esta recordó que una coalición de organizaciones similar a la de hoy logró derrotar el primer plan en el 2015. Aquel logro debe motivar a continuar los esfuerzos sectoriales a favor del interés público para un sistema eléctrico verdaderamente sostenible, exhortó.
El ICSE dijo que participa de manera activa en el proceso de quiebra de la AEE ante la jueza Swain, por lo que invitó a las organizaciones a que se unan. Indicó que el 12 de junio estarán presentando sus argumentos al tribunal. Los argumentos principales son: que el plan de ajuste propuesto no es económicamente viable y es en detrimento tanto para el bolsillo del consumidor como por los efectos macroeconómicos; segundo, va en contra de la política pública energética enmarcada en la ley 17 del 2019 debido a que establece tarifas discriminatorias no accesibles, atrasa el desarrollo de generación con energías renovables; y, por último, incide de manera directa con responsabilidades asignadas por ley al Negociado de Energía sobre el establecimiento de los cargos de tarifas. La representante del ICSE invitó a las organizaciones interesadas en una acción aliada con los planteamientos a comunicarse a inor@icse.org para continuar el movimiento en contra del PAD.
Efecto en el bolsillo del consumidor
El junte de organizaciones, por medio de sus portavoces, destacó el impacto que tendrán los cargos en la tarifa de la energía y cómo este, además de afectar la producción, afectará el bolsillo de los consumidores.
El economista José Alameda, también expuso que su estudio, como el del colega Ramón Cao, reflejan que el 54 % de la población vive bajo el nivel de pobreza; pero los que van a pagar el aumento representan el 70 % del consumo. Por lo tanto, los que no están pagando, que son los que están en el Plan Vital y los que están subsidiados, son pocos en términos del consumo. Eso significa que la mayoría del consumo energético va a estar en manos del 46 % de la población. Ese porciento, expresó, no solo puede caer en lo que se llama la pobreza energética (quiere decir que dedica la mayor parte de sus ingresos a pagar la factura), sino en la pobreza.
Alameda coincidió con Blondet en que cuando aumentan los precios a nivel comercial e industrial se afecta todo el sistema de vida. “Aquí el grave problema es que es un sistema tarifario totalmente injusto para un país relativamente pobre”.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Liza García Vélez, dio a conocer que esa entidad está preparando una comunicación específica para pedirle a la jueza Swain y a la JCF que de una manera ordenada y razonable verifique a cuánto se compraron esas herramientas financieras y cuántas veces se van repagar. Reparó en que esas herramientas financieras (bonos) no se compraron de manera uniforme y que los inversionistas saben que ese negocio tiene un riesgo. Lo que se quiere ver es cuánto es verdaderamente lo que vamos a pagar debido a que hay gente que compró a 95 centavos y otros que compraron a 20, así que es probable vamos a estar pagando mucho tiempo de manera onerosa, dijo.
En esa misma línea, la portavoz de la Comisión Ciudadana para el Crédito Público, licenciada Eva Prados, afirmó que hubo bonistas que compraron los bonos de la AEE en el 2019 y que la última emisión de la AEE fue en el 2014. “Lo que quiere decir que ni siquiera estamos hablando de gente que nos prestó ese dinero, estamos hablando de instrumentos que se han estado vendiendo y vendiendo en el mercado con unos descuentos increíbles y nos están pidiendo que paguemos el 100 % de esa deuda. Como se ha dicho aquí, no tenemos la capacidad para pagarlo, pero también es injusto insistir en pagar a estos acreedores cuando sabían el riesgo que estaban teniendo”.
Para el economista del CUD, Dr. Ramón Boquín, “aquí hay algo que quizás es antipático para la población, pero hay que hablarlo. El sector primario productivo entre la clase media y la clase trabajadora es este que está aquí, dijo señalando a los presentes, representado es el sector pujante de la economía de Puerto Rico. Y de alguna manera u otra aquí se sigue penalizando a ese sector productivo. Y nosotros pedimos también que sea más equitativa la política que se impulsa. Por ejemplo, se está exigiendo una gran cantidad de no solo de los que utilizan el sistema eléctrico sino que también se está diciendo usted está exento, usted no paga: pero todos nosotros estamos pagando. Entonces el Gobierno con una compañía pública que dejó de tener un propósito social, simplemente fue a la quiebra, y ahora en vez de todos pagarla, simplemente la está pagando un sector. En Puerto Rico tenemos que acostumbramos a dejar las políticas populistas porque es un solo pueblo y el sector productivo es este. Tan legítimo es los reclamos que tiene la clase trabajadora como la clase productiva y empresarial de Puerto Rico”.
