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Siete aumentos en la tarifa y continuos apagones en el servicio es para lo que  ha servido la privatización de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en manos de LUMA Energy & Quanta. El aumento de 34.4 centavos kilovatio hora (kvh) para todos los clientes fue aprobado el 30 de junio por el Negociado de Energía (NEPR), efectivo al día siguiente.

Como un aumento impagable lo calificó el presidente de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Ángel Figueroa Jaramillo. “Esto no es que digamos  inaceptable, eso es impagable. El país no lo puede pagar y esencialmente para los pequeños y medianos comerciantes esto es un golpe”.

El presidente de la UTIER, sindicato que ha combatido la privatización de la corporación pública Autoridad de Energía Eléctrica, expuso que, desde el momento de la propuesta hasta ahora, el contrato de LUMA le  ha costado al pueblo de Puerto Rico $1,300 millones. “Si ese contrato no se hubiese materializado, como se advirtió, al menos nos hubiésemos ahorrado ese dinero para poder amortiguar situaciones como esta, que están fuera del control del país, como es los costos de combustibles”.

Más aun, cuestionó el proceder del NEPR, que se supone vele por el desempeño de LUMA y protege los intereses de los clientes, que no le ha exigido a LUMA nada en ahorro y eficiencia que se pueda  utilizar para mitigar este aumento.

“Señalo esto porque en el pasado, cuando venían aumentos de combustibles, a lo mejor no tan significativos, el Negociado  le exigía a la AEE que tenía  que ser más eficiente. No s decía: ‘Tienes que  recortar gastos en esto, tienes en esto otro, para evitar este aumento’. Sin embargo  con LUMA no ha habido esa misma exigencia. Y en ese sentido, es muy sencillo decir el combustible subió y vamos a pasarlo al pueblo, que exigirle a  LUMA. ¿Cómo es posible que sus gastos operacionales sean más costosos que lo que había antes?”, denunció.

El presidente de la UTIER reprobó de manera enfática la alternativa que propone el gobernador, Pedro Pierluisi, de sangrar los fondos de la corporación del Fondo Seguro del Estado (CFSE) —que es dinero que se utiliza para rehabilitar a nuestra clase trabajadora lesionada— para amortiguar un aumento en el costo de energía, cuando hay otras alternativas.

“Se pretende sacar $145 millones del CFSE, y LUMA nos cuesta 140 millones. Una vez más LUMA se demuestra soberbia, los ejecutivos de LUMA no han demostrado empatía”. Además de señalar que los salarios de los ejecutivos de LUMA son de $1 millón al año, explicó que su presupuesto para operar es más alto que el que tenía la AEE. A la privatizadora se le pagan  $140 millones al año por operación.

Jaramillo comentó que los ejecutivos de LUMA muy bien podrían bajarse el sueldo. “Aunque técnicamente eso no hace mella, tú ves la intención, empatía; pero no, la alternativa de ellos a la necesidad es imponer un plan de pago a 8 % de interés”.

Este  indicó que aunque ese cargo también lo hacía la AEE, era la excepción para grandes sumas; pero ahora LUMA lo ha convertido en la regla. Incluso, pese a que eso está  en el reglamento, LUMA lo puede eliminar.

Sube el combustible

 En otra entrevista, el ingeniero eléctrico y exrepresentante de los consumidores en la Junta de Directores de la AEE, profesor Agustín Irizarry, reconoció que sí los precios de los combustibles han subido pero que “el Gobierno sea cómplice de LUMA es una tragedia”.

Señaló que los aumentos de LUMA se han dado cada tres meses y que, en efecto, el precio del combustible sigue subiendo. “Mientras nosotros estemos amarados a quemar combustible fósil que no tenemos para producir energía eléctrica, estamos a merced del precio que lo que ha hecho es crecer”.

Las razones para los aumentos comienzan desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania y los europeos decidieran  sancionar a Rusia con no comprarle petróleo y luego se mueven  a comprar menos gas, expuso. También los rusos han decidió cerrarle la llave a algunos países que no le pagan en  rublo. El gas y petróleo que los europeos no le están comprando ya a Rusia, que es el segundo exportador de petróleo en el mundo y el primero en la exportación de gas, ahora lo están comprando a Estados Unidos.
“Estados Unidos es quien gana muchas veces con la guerra en Ucrania”.

Así las cosas, los que venden gas en Estados Unidos se han puesto las botas vendiendo gas a precios más altos a los países de Europa. Eso ha tenido el resultado de que el precio del gas natural ha aumentado en EE. UU. El punto de referencia de venta de gas natural en EE. UU., que se llama Henry Hub, subió de  $3 a $8 el millón de BTu (unidad de medida calórica de energía). El profesor Irizarry dio a conocer que cuando el gas BTu está a $3 en Puerto Rico, New Fortres Energy (NFE) se lo vende a la AEE entre $11 y $12 dólares.

“Ahora que está a $8, en Europa lo está pagando multicaro. Por meses NFE no le entregó gas a la AEE y la planta de gas que está en el norte (en el puerto de San Juan) no está entregando gas porque lo están vendiendo en Europa”.

En efecto, el NEPR  le  ordenó a la AEE presentar, el 15 de cada mes, un informe detallado de los resultados de las acciones tomadas relacionadas a reclamaciones bajo los contratos entre la AEE y las empresas NFE y Naturgy, las cuales   no han cumplido  con  suplir gas natural. Esto obligó a la corporación pública a sustituir ese combustible con diesel, lo cual implica aún mayores costos de generación.

El resultado de no tener acceso al gas, de que tanto el gas como el petróleo estén  más caros,  aumenta el costo de combustible, y eso lo pasan completo a los abonados. “LUMA no paga un centavo por eso. LUMA tiene todas sus ganancias  sin gastar un centavo. Sus ganancias están aseguradas”.

El  reciente altercado público que se dio  entre LUMA y la AEE por el presupuesto, al cual LUMA se oponía,  responde al hecho de que sabe que con este aumento  34.ctv kvh la gente va a consumir menos electricidad y más gente se va a mover a poner placas solares. Eso va a bajar sus ventas y, como teme que bajen las ventas y no sobre dinero para sus comisiones y bonos, se opone a un aumento en presupuesto para que la AEE invierta en  las plantas de combustible fósil.

El experto en temas de energía eléctrica advirtió que si el esquema de la privatización de la AEE que está siguiendo el Gobierno es el mismo que el de LUMA, los resultados serán más aumentos.

“Los pronósticos de que no se va a poder bajar la factura es cierto. Va a haber la espiral de la muerte, va a seguir subiendo el costo de la energía y van a seguir  bajando los costos del material de los sistemas solares. La gente se va a seguir retirando de la red  o a consumir menos. Eso va a llegar a un punto en que mucha gente va a hacer préstamos; en lugar de comprar un carro, va instalar sistemas solares.  La tragedia es que luego quien va a pagar por el alumbrado público serán los  pobres que no tienen posibilidad de un sistema”.

Añadió  que los que viven en edificios van a tener que ser más creativos e instalar sistemas solares en los estacionamientos, además de que en los lugares donde hay mucha densidad poblacional y mucho edificio se debe  permitir sistemas fotovoltaicos más grandes para unirse a la red y poder distribuirla. Insistió en que el modelo de la red eléctrica debe ser uno del  siglo XXI, con energía solar distribuida.

Por el momento, ante el aumento, recomendó ahorrar energía. “La mejor opción es no consumirlo y, segundo, montar un sistema fotovoltaico de energía; pero lo primero que hay que hacer es empezar a ahorrar. La demanda por petróleo al salir Rusia de este mercado es significativa. Esto es a largo plazo porque el gas y el petróleo que ahora los rusos le van a vender a China y a India no va a volver a  occidente y va a ser un cambio permanente. A mediano plazo, el combustible se va a mantener caro”, recalcó.

Irizarry destacó que las economías que se pudieron haber hecho, de seguir toda la corporación pública, se han perdido con la privatización.

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A cinco años de los huracanes Irma y María, “desgraciadamente, apenas se ha comenzado a abordar las necesidades de vivienda en la isla”. La afirmación está contenida en el más reciente estudio del Centro para una Nueva Economía (CNE), La situación de la vivienda en Puerto Rico, cinco años después del huracán María.

Mientras más de 725,000 hogares reportaron daños a sus viviendas por los efectos de los huracanes, lo que representa cerca del 60 % de las unidades de vivienda ocupadas en la isla, los investigadores describen que la situación de la vivienda en Puerto Rico se ha hecho más precaria, en especial para las familias de bajos ingresos que buscan viviendas asequibles. Esto es debido al aumento de un 22 % en los precios de la vivienda desde el 2018 hasta el 2021.

Los investigadores Deepak Lamba-Nieves, director de investigación del CNE y Raúl Santiago Bartolomei, investigador del CNE y profesor asociado de la escuela de Planificación Graduada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, añaden el contraste de que en años pasados había un excedente de propiedades a precio de mercado que nadie compraba y un déficit de viviendas sociales y asequibles que nadie proveía. “Hoy en día, hay un exceso de propiedades que se compran a precios por encima de la tasación, y un déficit aun mayor de viviendas sociales y asequibles que nadie está proveyendo”.

A los daños ocasionados por las tormentas se sumaron otros como la falta de titularidad de la tierra y la falta sistemática en producir unidades de vivienda asequibles para una gran parte de la población.

Quiénes recibieron ayuda de FEMA

La investigación del CNE estuvo dirigida a examinar de manera detallada los daños a la vivienda y la propiedad personal y los beneficios recibidos a través del Programa de Asistencia Individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) después del huracán María. También se examinó si las necesidades de vivienda fueron atendidas de manera equitativa, poniendo atención particular a si los hogares pobres o aquellos ubicados en comunidades muy vulnerables con infraestructura inadecuada y condiciones socioeconómicas precarias, conocidas en Puerto Rico como Comunidades Especiales, fueron atendidos de manera desfavorable.

Aunque en general se encontró que los hogares pobres y los que están ubicados en Comunidades Especiales no estaban propensos a ser excluidos de recibir ayuda de emergencia, sí se encontró que los solicitantes con la clasificación de FEMA de “tenencia desconocida” se encuentran en mucho peor situación que los dueños de vivienda.

En entrevista, el director de investigaciones del CNE, Deepak-Lamba, expuso que luego de señalamientos tanto de la prensa como de otras entidades, FEMA aceptó utilizar un documento alterno para probar la tenencia de la propiedad del solicitante. Pero resulta interesante que a pesar de que se aprobó el uso de un documento denominado por FEMA como “tenencia desconocida”, la agencia no divulgó ni lo hizo accesible a la mayoría de las personas, por lo que fueron muchas las solicitudes denegadas por falta de documentación. Luego de una ola de rechazo, lo que hizo FEMA fue permitir que las personas apelaran el caso. Aunque hubo un número significativo y algunos de los cuales lograron recibir beneficios, no se tiene idea de cuántos fueron. Añadió que lo que sí sucedió fue que la gente recibía una carta de FEMA en donde le indicaban que no era elegible por esa razón u otras.

“En otras jurisdicciones había ya reclamos de que los procesos de FEMA eran pocos transparentes. Lo que nosotros (CNE) estamos observando de la base de datos que logramos acceder es que no nos dice si la persona apeló o no, si la persona presentó una solicitud y fue denegada por falta de titularidad.” Describió la base de datos como un zafacón gigante en donde FEMA echa todos los casos en que no puede probar que la persona es propietaria o que tenía algún nivel titularidad sobre la propiedad.

Deepak-Lamba trajo a la atención que es interesante conocer que este reclamo no es único de Puerto Rico. Ya en situaciones similares de desastres en Estados Unidos, FEMA tenía la misma postura y luego de años de lucha y de denuncias aceptó que se presentara documentación alterna. Esto ocurría particularmente en comunidades del sur, afroamericanas, donde hay muchas familias que heredan propiedades, pero no necesariamente tienen documentos a la mano. En el caso de Estados Unidos, para el cambio de procedimiento de documentación alterna para probar que las personas eran residentes bonafides hubo una comunicación oficial de parte de FEMA.

En términos de la ayuda recibida por los afectados en la isla, el CNE hizo un análisis a dos niveles. Primero para saber si los solicitantes que eran pobres o los solicitantes que vivían en comunidades especiales habían sido sistemáticamente desatendidos por el programa. “Ya sabíamos que había un número increíble de solicitudes que FEMA había determinado que no cualificaban para atención financiera”. Lo segundo fue ver si era un hogar pobre (según la clasificación del censo) cuánta probabilidad tenía de que FEMA te inspeccionara y proveyera asistencia.

No se encontró que hubiera una propensión alta a que si era pobre o vivía en una comunidad especial FEMA no le inspeccionara o no proveyera ayuda. Todo lo contrario, si era pobre, por diseño se supone que estas sean las familias que recibieran ayuda.

Lo que sí se encontró fue que los pobres y los de comunidades especiales no necesariamente fueron sistemáticamente excluidos de ayuda; pero cuando se miraron los niveles de daños o lo que FEMA estimó eran los niveles de daños de una casa, se ve entonces que la cantidad de dinero que FEMA otorgaba era menos dinero de la cantidad del daño estimado. Esto es lo que se conoce como la “necesidad de vivienda pendiente”. FEMA no da explicación para esta determinación.

“La cantidad de necesidad de vivienda pendiente encontramos que era más grande para las comunidades pobres que para los hogares no pobres. Esto es especialmente preocupante porque los hogares pobres tienen menos probabilidades de recibir otras formas de ayuda en el periodo inmediato después de la catástrofe, como los préstamos de la SBA, por lo que quedan suspendidos en un limbo y son susceptibles a ser desplazados hasta que entren en funcionamiento otros programas de reconstrucción”.

El investigador aclaró que las inspecciones de FEMA no son iguales a las que hace un ajustador y planteó su preocupación de que aunque FEMA tiene amplia discreción a la hora de determinar daños, esa determinación es una subjetiva. Su conclusión es que la realidad es mucho complicada para las familias pobres en Puerto Rico.