Especial para CLARIDAD

Para muchos era insospechado estar viviendo en esta época, experiencias que marcan una era oscurantista que viene desarrollándose en los últimos años, particularmente, en los Estados Unidos. Estos sucesos, como consecuencia de nuestra relación de subordinación política, desafortunadamente, nos afectan directamente.

En días recientes, en Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, el Tribunal Supremo de los EE. UU. revocó el caso de Roe v Wade, resuelto en el año 1973 y que garantizaba el derecho al aborto en ese país. Siendo tal decisión una emitida por el más alto foro judicial, la misma aplicaba a toda esa nación.  Por ser Puerto Rico colonia de los EE. UU., todas las decisiones de su Tribunal Supremo aplican a nuestro país, con toda fuerza y vigor y se consideran fuente primaria de derecho. Por tanto, nuestro estado de derecho debía regirse por los lineamientos de esa jurisprudencia. En Roe, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que el derecho a la intimidad, implícito en la 14ª enmienda de la Constitución de los EE. UU. que garantiza el derecho al debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes, era lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo, reglamentándolo a base de los trimestres de gestación. En ese momento, una gran cantidad de estados de los EEUU había decretado el aborto ilegal, salvo cuando el mismo se practicara para salvar la vida de la madre o en casos violación, incesto o anomalías que presentara el feto.  Posteriormente, en el año 1992, se resolvió Planned Parenthood vs Casey, que reglamentaba la inherencia del Estado en la decisión de terminar un embarazo antes de la viabilidad del feto.

Aun cuando estos casos normativos, se fundamentan en el derecho a la intimidad, derecho que no está contemplado en la Constitución de los EE. UU., el derecho de la mujer a decidir si opta por la terminación de su embarazo, se encontraba firmemente protegido, en virtud de los pronunciamientos del Tribunal Supremo de EE. UU, que lo convertían en un precedente sólido en el ordenamiento jurídico de ese país. De hecho, tres de los jueces nombrados por Donald Trump, Kavanaugh, Gorsuch y Coney Barret, en sus respectivas vistas de confirmación ante el Congreso, respaldaron el precedente de Roe v Wade como un precedente importante que formaba parte del “law of the land”. Curiosamente, estos jueces formaron parte de la mayoría que revocó dicho precedente.

En Puerto Rico, el derecho al aborto había sido objeto de decisión judicial, legislación y reglamentación administrativa. A pesar de que siempre ha encontrado sus detractores, el derecho al aborto en Puerto Rico se ha mantenido relativamente legalizado y accesible bajo métodos seguros y una rigurosa reglamentación del Departamento de Salud. Además, al redactar nuestra Constitución se tomó la previsión de incluir en su texto el derecho a la intimidad, del cual emana la protección de muchos otros derechos, entre ellos, poder divorciarse por acuerdo mutuo (ya reconocido por legislación) y el derecho a terminar un embarazo.

Y llegó Trump. Con la presidencia de este troglodita y su discurso nacionalista y racista, sectores muy conservadores en los Estados Unidos, que profesan la hegemonía del hombre blanco, anglosajón y protestante (WASP por sus siglas en ingles), comenzaron a dejarse sentir. No solo se desató una ola de abusos contra la comunidad negra, los inmigrantes y los miembros de la comunidad LGBTTQ sino que, derechos históricamente reconocidos y garantizados, que formaban parte de la “democracia estadounidense”, comenzaron a tambalearse ante la ofensiva de estos sectores alentados por el discurso de la supremacía blanca representado en la figura de Donald Trump.

La presidencia de Trump no solo le permitió promover un discurso abiertamente neoliberal, incendiario y divisivo en el país, sino colocar en la judicatura y otros puestos de envergadura, a personajes en extremo conservadores y reaccionarios que, con sus decisiones, validaban la visión de lo que EE. UU. debía aspirar a ser como país. Al son de “Make America Great Again”, todo aquello que amenazara esa visión debía ser erradicado, suprimido y suplantado por este nuevo orden de cosas. Para ello, el Tribunal Supremo de los EE. UU., que siempre ha sido ficha clave del partidismo político, jugaría un papel predominante. Conscientes de eso, las legislaturas de muchos estados controladas por partidarios de Trump, comenzaron a promover legislación para restringir derechos fundamentales como el derecho al voto y el derecho al aborto y a entorpecer iniciativas para proteger el ambiente y para imponer tributos a los sectores privilegiados del país.

Los rumores de que Roe vs. Wade sería revocado causaron enorme preocupación en los sectores liberales y progresistas de Estados Unidos, pero la filtración del borrador de opinión en el caso Dobbs vs. Jackson, estremecieron esa nación. Miles de personas se lanzaron a la calle reclamando la salvaguarda de un derecho ampliamente reconocido, que garantizaba la libertad de la mujer de decidir terminar un embarazo, así como la protección de su vida. La amenaza de la revocación de Roe se hizo realidad el pasado 24 de junio, lo que ha puesto de manifiesto la decadencia de su mal llamada democracia. Con ello se ponen en riesgo otros derechos alcanzados por la sociedad estadounidense, conquistados en virtud de la garantía al derecho al debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes que contempla la Enmienda 14ª de la Constitución de los EEUU, tales como el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a la relación sexual privada y consensual y el derecho a tener acceso a medios anticonceptivos, lo cual advirtió Clarence Thomas, el más troglodita de todos los jueces y considerándose en manos de quienes está el Tribunal Supremo de ese país. Esto no es sino un llamado más a la necesidad de alejarnos de un país que va en retroceso y que es presa del oscurantismo y la tiranía.

La autora es presidenta del Movimiento Unión Soberanista

Especial para CLARIDAD

He titulado esta columna con el nombre de la organización que trajo a la discusión pública en Puerto Rico una nueva propuesta para la instalación de plantas generatrices de electricidad que operan con energía nuclear. Esa organización (NAP), que reclama ser sin fines de lucro, hizo público en mayo de 2020 un informe sobre un estudio preliminar de viabilidad para la instalación de reactores modulares pequeños y de micro reactores para Puerto Rico. Cuando el País estaba abrumado por la cuarentena y el desasosiego que desde marzo del 2020 nos traía la pandemia de la COVID-19, esa NAP continuaba sus gestiones de cabildeo y promoción de nuevas instalaciones nucleares en nombre y representación de empresas multinacionales involucradas en el negocio y mercado de la energía nuclear. Recientemente esta agrupación de cabilderos de empresas foráneas de energía nuclear informó al País que en febrero del año en curso comenzaron un nuevo estudio para explorar la viabilidad técnica de ubicar una planta de reactores nucleares en el barrio Islote de Arecibo o en la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba. No sé cómo catalogar las propuestas de esta organización, si como un absurdo, como una jaibería, como una tomadura de pelo o como una distracción de la atención pública a los graves problemas de la situación financiera y la precariedad material que está generando al alto costo de los combustibles, de la energía eléctrica y del costo de vida en general. Como sea, esa propuesta es un disparate y debemos rechazarla categóricamente.

Permítanme, de entrada, plantear lo siguiente. Con la excepción de un reactor nuclear modular experimental que se alega comenzó a operar en diciembre de 2021 en China, hasta donde conozco y he estudiado, no existe un reactor nuclear modular ni un micro reactor en operación comercial en el Mundo. Independientemente de los méritos y capacidades, si las tuviera, esta tecnología no puede reclamar su alegada viabilidad pues no existe un solo operador comercial en ninguna parte del Mundo. Las empresas para las que trabajan o que representan los cabilderos organizados bajo el Nuclear Alternative Project (NAP), están buscando un espacio geográfico, un País, donde se pueda instalar un modelo de ese tipo de generador nuclear a modo de experimento demostrativo. Parece ser que estos cabilderos promotores quieren tomar ventaja de las circunstancias particulares que al presente abruman a nuestro Pueblo: la profundización de la subordinación colonial con la ley PROMESA y su JCF, la profundización de la recesión económica prevalente por más de 15 años (sin que se vislumbre un cambio de esta tendencia en la actividad económica), la crisis institucional y operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y del modelo de producción de energía a base de combustible fósil, la disponibilidad de miles de millones de dólares del gobierno federal para la rehabilitación de la atrofiada infraestructura eléctrica del País, la desesperanza que abruma al Pueblo por la inestabilidad y fallas recurrentes de servicio esencial de la electricidad y, finalmente, de las implicaciones y retos que nos trae el calentamiento global y el cambio en el clima. Dentro de todas estas circunstancias coyunturales y estructurales, las multinacionales de la energía nuclear, a través de sus cabilderos de NAP, tantean con una propuesta débil, especulativa y pobremente documentada, la posibilidad de que nos embarquemos en un nuevo proyecto nuclear para la generación de electricidad en Puerto Rico.

Los cabilderos del NAP han financiado total o sustancialmente sus operaciones con donativos solicitados y recibidos del Departamento de Energía federal. Para desarrollar el primer “estudio preliminar” consiguieron un donativo de $800mil que culminó en el informe del 11 de mayo de 2020 (Preliminary Feasibility Study for Small Modular Reactors and Microreactors for Puerto Rico, NUS; May 11, 2020). Para el “estudio de viabilidad” que indican comenzó este mes de febrero de 2022, cuentan con un donativo de la misma agencia federal por $1.6 millones. Pudiera resultar interesante investigar la apertura y acceso que logran estos cabilderos hacia esos fondos públicos. Pienso que lo que procedería es hacer un cuestionamiento ante la agencia que hace disponible los fondos pues la entidad federal sabe que la política energética vigente en Puerto Rico, desde hace décadas, es a los efectos de descartar la utilización de la fisión nuclear para generar electricidad. Parece ser que la representación formal que hacen los promotores cabilderos de la NAP es espuria pues no representan los intereses formales del Pueblo de Puerto Rico ni de la administración del gobierno colonial.

Estas entidades empresariales multinacionales no utilizan sus fondos propios para la gestión de cabildeo, sino que crean entes alegadamente independientes para que mediante una estrategia de propaganda y manipulación, promover sus intereses corporativos a pesar de que no poseen ni el conocimiento ni la experiencia práctica sobre los proyectos que mercadean. Si tuviera razón en lo que pienso, la nueva promoción de energía nuclear en Puerto Rico constituye un ejercicio de “busconería” o de “charlatanería” de unos individuos y entidades que no tienen vocación de servicio público, sino que más bien están movidos por una aspiración al lucro desmedido, enajenante y riesgoso para la seguridad de la salud pública y la salud ambiental de nuestro Pueblo.

Cuando se examina con algún detalle la información suplida por los cabilderos de la NAP resulta evidente que la argumentación suplida está matizada por insuficiencia de datos y de generalizaciones sin fundamento científico o técnico. En el documento publicado en mayo del 2020 indican en la página 11 que como parte de su estudio hicieron una encuesta de sobre 3,000 residentes de todas las edades y trasfondos educacionales alrededor de Puerto Rico. Alegan que el 94 por ciento de las personas supuestamente encuestados expresaron interés en que se continúe la exploración de la opción de la energía nuclear en Puerto Rico. En el documento los cabilderos no ofrecen información precisa sobre la metodología que siguieron para la selección de la muestra de la encuesta. Pienso que parten del supuesto de que los entrevistados poseen sensibilidad y un conocimiento mínimo o básico sobre los métodos de producción de electricidad, de las implicaciones diferenciadas de los distintos tipos de combustibles o de fuentes de energía y, en particular, sobre la producción de la energía con fuentes de fisión nuclear. Mi entendimiento es que la inmensa mayoría del ciudadano común no maneja cotidianamente estas consideraciones técnicas sobre la producción de la electricidad; como todos, generalmente somos simples consumidores del buen o mal servicio que pagamos a una gran cantidad de dinero del presupuesto personal y familiar. Por ejemplo, estoy convencido que, por experiencia, la inmensa mayoría del ciudadano común no sabe que las seis plantas de generación con combustible fósil (derivados de petróleo, carbón y gas natural) constituyen las fuentes primarias de contaminación atmosférica en el País las cuales generan millones de libras de materiales tóxicos que contaminan el ambiente y afectan la salud pública.

Por otro lado, indican los cabilderos, sin ofrecer la información que la valide, que los nuevos reactores nucleares que proponen “proveen una combinación que reducirían los costos de la electricidad” y que “supondrían una mínima dependencia a la importación de combustible, lo que ofrecería a un alto grado de seguridad y confianza en el sistema eléctrico” (página 12). Estas argumentaciones carecen de base objetiva para que puedan ser aceptadas como conclusiones razonadas. La información disponible en EE.UU. y otras partes del Mundo sostienen que el costo de generar electricidad con plantas nucleares es sustancialmente mayor que cualquiera otra fuente fósil y, al menos, tres veces mayor que la electricidad producida por fuentes de energía renovable. Los costos de operar y mantener un reactor nuclear han estado creciendo sostenidamente durante las últimas décadas, tendencia que se ha exacerbado después de cada accidente nuclear como el ocurrido en Fukushima en Japón en el 2011.

Los riesgos asociados a la operación de un reactor que pueda generar una situación catastrófica se exacerban no sólo por la expresión de eventos naturales (terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, sequías, incendios forestales, olas de frío, entre otros), por errores humanos o desperfectos en los componentes estructurales, por sabotaje o actos de terrorismo (recuérdese el ataque del 9/11 en EE.UU.), incluyendo, pero sin limitarse a ataques cibernéticos, de explosivos, de aviones comerciales o de naves no tripuladas (drons). Estas vulnerabilidades incrementan dramáticamente los costos de seguros y las gestiones de seguridad que puede incluir establecimiento de zonas de exclusión aérea y terrestre que son custodiadas por las fuerzas militares. Todos estos factores implican que la energía nuclear siempre será costosa y peligrosa independientemente de los avances en eficiencia tecnológica.

Los cabilderos de NAP tampoco hablan sobre los métodos y el costo de manejar y disponer de los residuos nucleares que, aún con la nueva tecnología, se van a producir. Después de 70 años de actividad de generación de electricidad mediante la energía nuclear, ni EE.UU. ni ningún otro país llamado desarrollado, cuenta con un sistema de disposición y resguardo de residuos nucleares los cuales pueden tener una media-vida del orden de millones de años. Se han generado millones de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos para los cuales no se cuenta con un método seguro de disposición (The Global Crisis of Nuclear Waste; Greenpeace France, January, 2019). Si Puerto Rico participara de ese negocio de la energía eléctrica nuclear, entramos directamente a ese “mercado” costoso y cuestionable de generación de residuos tóxicos y peligrosos radioactivos. (The Steep costs of Nuclear Waste in the US; Standford Earth Matters Magazine. Standford University, July 03, 2018). Recuérdese que desde el 1970 tenemos un “sepulcro” con material radioactivo en la clausurada instalación de BONUS en Rincón, cercana a una falla geológica y próximo inmediato al Canal de La Mona.

Desde el punto de vista administrativo e institucional hay que tener presente que la generación de electricidad a base de energía nuclear en el régimen colonial prevalente supone la intervención continua y permanente de la Comisión Regulatoria Nuclear del Departamento de Energía de los EE.UU.. Ese departamento y el gobierno que representa tiene control y reglamenta el uso y el manejo de los isótopos radioactivos derivados del uranio y otros elementos fisionables. Teniendo presente que Puerto Rico no produce uranio, cualquier proyecto relacionado con estos materiales radioactivos, están subordinados al control y autoridad del gobierno federal. De instalarse una planta generatriz nuclear en Puerto Rico, y de ocurrir cualquier problema operacional, la decisión de reactivar la operación estará sujeta a la autorización de un funcionario gubernamental federal que vendría a Puerto Rico a supervisar las intervenciones en cualquiera de esos escenarios. Así planteado, esto implica que el operador de la planta, sea público o privado, no tiene control absoluto de las decisiones operacionales de la instalación, sino que siempre va a estar bajo el mando superior de un funcionario del gobierno de los EE.UU.. Así mismo, en las circunstancias de un problema de escape sustancial de material radioactivo al ambiente, corresponderá a los agentes federales reguladores que no tienen residencia permanente en Puerto Rico, la toma de decisiones sobre lo que se haga o se deje de hacer. Dicho de esta forma, la gestión de producir y consumir electricidad a base de energía nuclear involucra a múltiples actores públicos y privados, sobre los que nuestro País tendría poco control.

El tono y el discurso público de los cabilderos de la NAP se asemeja al glamur con que se promueven viajes espaciales comerciales turísticos; como si fuera una aventura de la ciencia y tecnología a la dimensión de la ficción. Ese glamur de los viajes turísticos espaciales solo lo pueden acceder los países y persona que controlan la riqueza material acumulada por la injusticia del sistema capitalista neoliberal. Involucrarnos en un proyecto de energía nuclear en Puerto Rico no sólo no es viable ni deseable, sino que, en última instancia, constituiría un serio gravamen a la seguridad, al bienestar y la salud pública de la presente y las futuras generaciones de puertorriqueños. Ese “proyecto alterno nuclear” es el más costoso en términos monetarios y el de más riesgo comparado con las otras alternativas de generación de electricidad. Hay que tener claro que el estado del conocimiento científico y técnico que se sigue acumulando en nuestro acervo cultural valida en que la mejor opción en todos los órdenes de pensamiento es la energía renovable a base del sol y del viento, fuentes naturales que no hay que importar, que no contaminan el aire, suelo y cuerpos de agua, que no generan residuos o contaminantes peligroso y que la electricidad producida resulta más barata que cualquier otra alternativa de combustibles fósiles o nucleares. Rechacemos la propuesta de los cabilderos de la energía nuclear y aceleremos la adopción de la energía renovable como la alternativa lógica, segura y conveniente al interés público, al bienestar y al desarrollo sustentable de Puerto Rico.