CLARIDAD
Tanto el proyecto enviado por la primera ejecutiva como el presentado por el Presidente del Senado, sobre una supuesta reforma de permisos, tienen como resultado restarle poder al aparato gubernamental responsable de la planificación y los permisos. El proyecto favorece y otorga unas ventajas a quienes tienen dinero y capacidad económica sobre aquellos que no lo tienen, coincidieron por separado dos planificadores entrevistados.
En el caso de la medida de la Ejecutiva, el 90 % fue confeccionado con Inteligencia Artificial.
El planificador Pedro Cardona Roig, reconocido en las redes sociales como El Urbanista apuntó que en el caso del proyecto de la gobernadora, el PC 1213, titulado Código de Planificación y Permisos, pretende modificar la estructura completa del aparato gubernamental que maneja los asuntos relacionados con la planificación y permisos y transfiere a otras agencias facultades que están concedidas por las leyes habilitadoras y por la Constitución. En esa dirección, el proyecto de la gobernadora trastoca la ley orgánica de la Junta de Planificación (JP), del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP), la cual se convertiría en una “oficina central de permisos”. Principalmente, en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), las funciones del secretario ejecutivo pasarían a un ente administrativo, es decir, a un funcionario que sería designado por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Cardona Roig, denunció que en la práctica este cambio significa que no habría Departamento de Recursos Naturales, ya que no estaría interviniendo de manera directa en la decisión de emitir permisos.
El planificador y arquitecto describió el proyecto de La Fortaleza como uno bien abarcador, pero en términos generales parece ser incoherente debido a sus intenciones y propuestas, ya que hay una parte donde dice lo que se quiere hacer y otra parte que dice cómo lo van hacer, pero esos dos aspectos no están alineados. Dio de ejemplo que aunque se dice que se quiere hacer que el trámite de permisos sea ágil, eso no está en la estructura que se está creando, no hay un análisis de cuántos recursos se van a tener ni cómo se van a manejar, por lo que no es posible ver cómo van agilizar los procesos.
El exmiembro de la JP, destacó que le llama la atención el hecho de que el proyecto de la ejecutiva fue confeccionado por el mismo grupo que confeccionó la reforma del gobernador en 2009, Luis Fortuño, y que “aquí en la exposición de motivos, se habla de que el sistema es un desastre, de que no funciona, pero en lo práctico, ha recurrido aparentemente a las mismas personas para redactar el nuevo proyecto. ¿Cómo debemos nosotros entender que esto es mejor que lo anterior si es la misma gente?”
Agregó que le parece extraño que el proyecto de la gobernadora incorpora parte del código municipal, y, en particular lo que tiene que ver con lo que se utiliza para la clasificación de los distintos tipos de suelo, que surge de lo que era antes conocido como la Ley de Reforma Municipal o Código Municipal. Al eliminar las definiciones, ahora aquellos criterios que sirvieron de base para el Plan de Uso de Terrenos (PUT) desaparecen.
Al respecto resaltó que la eliminación de las clasificaciones del Plan de uso de terrenos es preocupante, ya que forman parte del Reglamento Conjunto y sería la primera vez en la historia que a través de una legislación se le dice a la agencia con pericia cómo es que va a crear los distritos en Puerto Rico. “Aquí en el proyecto lo que están diciendo es que hay una imposición desde la Legislatura de cuáles van a ser los distritos del país sin que haya un conocimiento de una acción de planificación, sin que se sepa que hubo participación de planificadores, sin que se hayan descrito las condiciones consideradas para la creación de esos distritos”.
Un ejemplo de lo anterior es que el bosque seco de Guánica no se puede tratar de la misma manera que el bosque húmedo del Yunque, como no todas las áreas urbanas tienen las mismas condiciones, y el proyecto PC 1213 las trata todas iguales. A su juicio, a nivel de planificación y de ordenación del territorio y a nivel de garantía de valores en Puerto Rico constituye un disparate garrafal.
El uso de la Inteligencia Artificial
Cardona Roig señaló que, examinó el proyecto de la gobernadora y detectó que el 90 % de su contenido fue producido por inteligencia artificial, lo que dijo es un por ciento muy alto. Aunque reconoció que dicho porciento puede ser producto de múltiples factores, debido a que cuando se produce un documento a través de esa plataforma se identifican cosas que aparecen en otros documentos parecidos que se basan en versiones previas de otros reglamentos. De todas maneras ese porciento hay que mirarlo con detenimiento. Hasta ahora, observó, no había visto leyes que tuviesen más de un 70 % de uso de IA y en este cuatrienio ha visto múltiples leyes que reflejan un número altísimo de su uso.
Ese alto uso de la IA resulta en una medida que es incoherente, que no parece que vaya a lograr sus objetivos, debido a que no tuvo la participación de peritos y expertos en procesos de planificación. Más aun, denunció que la medida está directamente vinculada al informe que rindió el Comité de Permisos que presentó la gobernadora el año pasado, el cual que tenía una serie de recomendaciones que ahora están recogidas en el proyecto de Rivera Schatz y de manera distinta en el proyecto de la gobernadora.
“Ese informe del Comité de permisos es un disparate. A quien único les pareció correcto fue a la Gobernadora, a los constructores de hogares, a los contratistas generales, al Centro Unido de Detallistas y a la Junta de Control Fiscal; pero para el pueblo de Puerto Rico y para aquellos que hemos estudiado estos asuntos en Puerto Rico y a nivel internacional, esto es un disparate”, manifestó.
El proyecto del Senado
Por otra parte en lo que respecta al proyecto del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó que al igual que el de la gobernadora, ambos lo que plantean es que si se paga a un profesional autorizado, ingeniero o arquitecto, este podrá certificar los planos; pero si la persona no tiene el dinero, y está tratando de abrir un negocio, una tienda de lo que sea y no tiene para pagar a ese profesional autorizado que certifique, la persona va a tener que pasar el mismo trámite que hoy.
A pesar de que el proyecto del Senado es menos agresivo, señaló que también tiene cosas muy alarmantes. Un ejemplo es que dispone que si en una parcela hubo un uso previo en un periodo de 10 años y luego se abandonó, ese uso puede reactivarse sin que medie ningún tipo de discusión.
El Urbanista hizo la observación de que en cualquier país del mundo los procesos de planificación se llevan a cabo a nivel local. En el caso de EE. UU., en 49 de los 50 estados no tienen un proceso centralizado, no se legislan a nivel central procesos de planificación. Todo es a nivel municipal, a nivel de condado a o nivel de ciudad. Nunca a nivel de estado.
Para el planificador David Carrasquillo Medrano, el proyecto de la gobernadora, así como el de Presidente del Senado (PS1183), en esencia son los mismos proyectos que tienen cláusulas que no se aprobaron en la reforma anterior. Un ejemplo es una disposición que se sometió en la versión del 2010 del Reglamento Conjunto y ahora la están poniendo en el proyecto que es la no notificación a los gestores profesionales en los casos de mala praxis. Indicó que esto es seguir el patrón de cuando en el 2023 se declaró nulo el RC. Esa sentencia se tomó a conciencia de que era la única decisión posible sin crear una crisis económica. Con ella se legalizó15 años de permisos sin tener procesos apelativos.
El director ejecutivo de la organización Planifiquemos criticó que la Reforma le sigue dando poder a esa figura del profesional autorizado, aun después de tener en estos 15 años el historial de que los casos contenciosos que se han llevado a la luz pública siempre han sido aprobados por un profesional autorizado, que no es otra persona que privada, que se le ofrece un contrato para que apruebe un permiso.
Carrasquillo Medrano también rechazó el que la JP este bajo el DDEC. “Eso es poner la carreta por encima de los bueyes. La planificación debe ser conducente a permiso, no se debe ver como un obstáculo para el permiso; así se está viendo aquí. Un permiso es la culminación de un proceso de evaluación y planificación en donde no solo se tiene el permiso, es lo que se toma en consideración, también elementos de sostenibilidad, participación y política pública”.
