El gobierno de Jenniffer Gonzalez se ha ideado otra estrategia para obstaculizar el acceso a la justicia a las organizaciones y comunidades que luchan por la justicia climática en el archipiélago puertorriqueño, denunció El Puente Puerto Rico. En comunicado de prensa, El Puente reveló que tras radicar el pasado mes de marzo una demanda contra la gobernadora y la Cámara de Representantes por la inacción ante el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC), el Gobierno argumentó ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) que la organización debe pagar una fianza de $5000 por tener base fuera de Puerto Rico.
“Esta es la tercera vez que vamos ante los tribunales para lograr que el PMARC se apruebe, un proyecto que surge de una ley aprobada por el mismo PNP (Partido Nuevo Progresista). En todas las instancias anteriores, los tribunales nos han dado la razón. Sin embargo, ahora que la demanda es contra la gobernadora, el Estado busca detenernos. Esto no es una casualidad, es un plan concertado», expresó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente.
La organización advirtió que este movimiento no es aislado, sino que forma parte de un patrón deliberado para descarrilar la participación ciudadana en asuntos ambientales.
Se trajo a la atención que este cuadro se completa con el Proyecto de la Cámara 310 (PC 310), que actualmente se encuentra en el escritorio de la gobernadora esperando su firma. Esta medida, aprobada en el Senado el 13 de abril, sin vista pública, requeriría una fianza equivalente al 10 % del costo de cualquier proyecto de construcción para poder radicar una querella legal o administrativa.
Además, eliminaría la facultad judicial de exonerar de ese pago a comunidades de escasos recursos y permitiría construir en suelo clasificado como Rústico Especialmente Protegido si el gobierno designa la obra como «proyecto estratégico». «Ambas cosas están relacionadas, porque el PMARCC presenta acciones que van en contra del desarrollismo que estamos viendo alrededor de las islas. No hay duda de que es un plan concertado para descarrilar a las organizaciones y comunidades que luchan por la justicia climática, para darle rienda suelta a los desarrolladores y permitir que se construya a costa de nuestros recursos y de nuestras comunidades. La táctica que han usado con nosotros en el caso del PMARCC es un anticipo de lo que viene si la gobernadora firma el PC 310», alertó Cintrón Moscoso.
Se advirtió que el PC 310 llega en medio de una oleada de desarrollos de lujo a gran escala en Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande, Vieques, Dorado, Naguabo y Loíza. Hace ya cuatro semanas que la Coalición Defiende a Cabo Rojo, respaldada por más de 350 personas y 56 organizaciones, solicitó una reunión urgente con la gobernadora para exigir su veto, pero no ha recibido respuesta.
La ironía del Plan de Mitigación
En cuanto al PMARCC, el Puente recalcó que el plan fue elaborado por una comisión de expertos nombrada bajo la administración del pasado gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi y aprobado por el Senado el 18 de noviembre de 2025. Sin embargo, la gobernadora y la Cámara de Representantes lo mantienen en el limbo. Ante esa inacción, la organización radicó un recurso de mandamus para exigir que se cumpla con lo dispuesto en la Ley de Cambio Climático (Ley 33-2019).
«Si para defender un plan que el propio Gobierno creó nos quieren imponer fianzas y trabas procesales, qué le espera a las comunidades que quieran defenderse de proyectos que amenazan sus hogares y su entorno. La gobernadora continúa gobernando para los intereses económicos que pretenden destruir nuestras costas y comunidades», señaló Cintrón Moscoso.
Debido a la importancia de este asunto, El Puente dijo que buscará pagar la fianza para que el caso continúe su curso en los tribunales. No obstante, reiteró su llamado a la gobernadora González Colón a que actúe sobre el PMARCC conforme a la ley y que vete el PC 310, cuya aprobación representaría un golpe devastador para el acceso a la justicia ambiental y climática en Puerto Rico.
