CLARIDAD
Cuatro organizaciones comunitarias y múltiples residentes de Cayey impugnaron, la semana pasada, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) municipal aprobado en marzo pasado, destacando incompatibilidad con otros reglamentos estatales, la falta de participación ciudadana y un impacto ambiental significativo.
Las colectividades Frente Comunitario en Defensa de Cayey, Cayey para el Mundo, la Comuna Cayey y la Comunidad Carrasquillo radicaron, junto a otros residentes, un pleito ante el Tribunal de Apelaciones, por entender que el nuevo POT es arbitrario, caprichoso y contrario al derecho.
“El plan permite la reclasificación de terrenos protegidos designados como Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP) a categorías urbanas, lo que viabilizaría desarrollos comerciales, industriales y residenciales en áreas de alto valor agrícola, ecológico y arqueológico. Estas tierras especialmente protegidas forman parte de las 600,000 cuerdas reservadas para la agricultura a perpetuidad en Puerto Rico”, denunciaron por escrito.
Desde la plaza pública del Cayey, las organizaciones advirtieron de la construcción del conector PR-52 encima de terrenos agrícolas y el río La Plata. Las comunidades Las Vegas, Farallón, Guavate y Cedros se opusieron por entender que sus comunidades sufrirían un impacto directo o indirecto con el nuevo ordenamiento territorial. El grupo también solicitó al alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, que rinda cuentas ante estas comunidades.
“Hace 11 años aproximadamente, ya el alcalde expropió parte de la comunidad Carrasquillo para crear un supuesto transporte público. Llevamos 11 años y allí, en esa área, no se ha hecho. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad? Tenemos que defender porque al lado de nosotros tenemos la historia. La mayoría de los residentes en Carrasquillo son personas envejecientes, son personas enfermas”, expresó, por su parte, Humberto Díaz miembro de esa comunidad.
Desde agosto del año pasado, Ortiz Velázquez ha afirmado múltiples veces que no expropiará a los residentes de la comunidad Carrasquillo o cualquier otra de Cayey. No obstante, el municipio mantiene vigente la ordenanza que permite este método de adquisición de propiedad. En conjunto con el POT, las tierras sobre las que viven estos residentes están a disposición del Estado.
“El Municipio de Cayey sigue tratando de ocultarnos las cosas. Que esto quede bien claro: no hay transparencia en este municipio. Este plan lo aprobaron sin ver ni tan siquiera para analizarlo… Ayer mismo (1 de mayo), después que estaban diciendo que no van a haber expropiaciones en Cayey, en nuestra comunidad Carrasquillo había agrimensores midiendo un aproximado de como seis propiedades. ¿Para qué estaban midiendo esas propiedades? ¿Qué uso les van a dar?”, agregó Díaz, no sin antes reconocer el saldo emocional de estos procesos en los residentes de la comunidad.
Las organizaciones también acusan al nuevo POT de responder a intereses particulares y de carecer de una base técnica, sin transparencia ni la opinión de agencias pertinentes como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Departamento de Agricultura. Los avisos públicos para discutir el plan, argumentan, fueron deficientes.
“Nosotros, que llevamos años residiendo en la comunidad Las Vega. El alto impacto de esos terrenos y el valor ecológico… son zonas de amortiguamiento, son zonas que recogen las lluvias y las aguas escorrentías de la montaña del Farallón. Son zonas inundables, son zonas que están rodeadas por el río La Plata y por el río Guavate. Van a haber inundaciones catastróficas, y ya lo vivimos”, puntualizan los residentes.
Algunos efectos adversos en Cayey de construcciones asentadas incluyen las inundaciones a raíz del huracán Fiona, que anegaron la comunidad detrás de la panadería La Cayeyana y provocaron la remoción de la impermeabilización de los terrenos aledaños a la catedral. El desarrollo sin fundamento, resumieron, representa un riesgo.
“Ante este escenario, la parte demandante solicita al tribunal que deje sin efecto las disposiciones impugnadas del POT, ordene la paralización inmediata de cualquier desarrollo basado en dichas clasificaciones y emita un interdicto para evitar daños irreparables a las comunidades y al ambiente”, concluyeron las organizaciones.
Además de unirse a la apelación, la comunidad Carrasquillo había radicado una resolución en el Senado a través del legislador Eliezer Molina Pérez. Empero, la situación territorial de Cayey permanece legalmente igual.
