CLARIDAD
A dos meses de concluir, en Mayagüez, la última huelga, seis organizaciones relacionadas con la Universidad de Puerto Rico (UPR) exigieron una mejor defensa del presupuesto institucional, más participación comunitaria en la designación de estos fondos y criticaron el desempeño de la actual presidenta, la Dra. Zayira Jordán Conde.
En una comunicación remitida a la expresidenta de Atlantic University, la Junta de Gobierno y su presidente, Ricardo Dalmau Santana, los seis gremios argumentaron que la administración actual adolece de información clara y oportuna con relación a las gestiones del presupuesto y, además, de una estrategia clara para atender el asunto.
“Un presupuesto insuficiente tendría consecuencias profundas e inmediatas para toda la comunidad universitaria. Afectaría las operaciones académicas y administrativas, limitaría la capacidad de atender las necesidades de nuestros estudiantes, comprometería acreditaciones, proyectos de investigación y servicio, pondría el riesgo el cumplimiento de obligaciones institucionales y convenios colectivos, y agravaría los retos que enfrenta la Universidad para atraer y retener el talento docente y no docente indispensable para ofrecer una educación pública de excelencia”, argumentaron.
La denuncia incluye a: la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Asociación de Supervisores y Gerenciales, la Federación Laborista Empleados Universitarios del RUM (FLEURUM), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Coordinadora Caucus Claustral ante la Junta Universitaria y el Sindicato de Trabajadores.
Del mismo modo, expresaron preocupación por las respuestas implementadas por la administración de Jordán Conde. La falta de transparencia, enfatizaron las organizaciones, deja a la comunidad al margen de la toma de decisiones y con la incertidumbre de cuáles son las medidas «oportunas y visibles». El grupo recordó que, según aprobó la Asamblea Legislativa en 1966, la UPR debe recibir, por ley, el 9.6 % del presupuesto estatal.
“La asignación presupuestaria reconocida por ley para la Universidad de Puerto Rico no constituye una aspiración política ni una concesión discrecional. Es un mandato legal cuya defensa requiere una gestión firme, estratégica y permanente ante todas las instancias gubernamentales pertinentes. Defender ese presupuesto no es una opción, es una obligación inherente a la responsabilidad institucional de la presidencia y de la Junta de Gobierno”, continuaron.
La denuncia, asimismo, incluyó a la Junta de Gobierno por cumplir deficientemente con su deber de «velar por la estabilidad institucional, la sana administración de los recursos públicos y la sostenibilidad financiera». Aseguraron, en ese sentido, que la situación fiscal actual compromete la estabilidad y debilita la confianza de la comunidad en sus organismos rectores. A modo de paliar la situación, el conjunto de gremios exigió que:
- Asuman como prioridad institucional absoluta la defensa del presupuesto que, por ley, corresponde a la Universidad de Puerto Rico.
- Informen, de manera periódica, completa y transparente, a la comunidad universitaria sobre todas las gestiones realizadas y por realizar para garantizar la asignación presupuestaria de la institución.
- Integren formalmente a los cuerpos de gobernanza y a los distintos sectores universitarios en los procesos de información, consulta y discusión relacionados con el presupuesto institucional.
- Agoten todos los recursos administrativos, legislativos y legales disponibles para defender el financiamiento que la ley reconoce a la Universidad de Puerto Rico.
Los reclamos multisectoriales aparecen luego de que salieran, en el recinto de Río Piedras, tres figuras docentes relacionadas con la administración, según reportó El Nuevo Día: Carmen Maldonado Vlaar, decana de Ciencias Naturales; José García Arrarás, director interino del Departamento de Biología, y la doctora Ingrid Montes, decana asociada de Asuntos Académicos. Entre sus razones, arguyen trabajos incompletos en la asignación presupuestaria.
“La Universidad de Puerto Rico necesita hoy, más que nunca, un liderazgo que inspire confianza, que actúe con responsabilidad y que coloque el bienestar institucional por encima de cualquier otra consideración. El momento exige acciones concretas, presencia activa y una defensa inequívoca de la Universidad pública”, concluyeron las organizaciones.
Retrasan comienzo de clases en Río Piedras
Luego de averiarse, por falta de agua, uno de los sistemas de enfriamiento del recinto de Río Piedras, la administración anunció un retraso en el comienzo de clases para el 17 de agosto, aplazando del mismo modo las fechas límites de pagos. Las clases habrían comenzado el 12 de agosto.
“La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha establecido un sistema de interrupciones programadas del servicio de agua potable que afecta directamente al sector de Río Piedras. Esta realidad representa un reto operacional extraordinario para nuestro recinto. La Planta de Enfriamiento de Agua Helada, de la cual dependen aproximadamente 25 edificios, requiere un suministro continuo de agua para su funcionamiento”, declaró el recinto por escrito.
Con 250,000 galones en capacidad para almacenar, la institución informó que no cuenta con métodos alternos de abastecimiento por «falta de recursos económicos» y porque el mercado no puede suplir continuamente el servicio. Para alinearse con la orden ejecutiva de la gobernadora, Jenniffer González Colón, el recinto de Río Piedras eliminará el consumo no esencial del agua, el lavado de vehículos y áreas exteriores, los lavados a presión y algunas labores de limpieza y mantenimiento. También, impondrá una inspección de fugas de agua y una distribución de cuáles baños pueden usarse.
