spot_img

¡Hasta la Victoria de la Idea!

Lo más leido

spot_img

NaciÓN

No hay agua para el proyecto Esencia

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Luego de dos días de vistas públicas, si algo quedó demostrado es que no hay el recurso de agua suficiente para suplir la demanda del pretendido megaproyecto turístico-residencial Esencia. Tampoco habría dónde depositar su basura.

En las vistas ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientodel Senado, presididas por Thomas Rivera Schatz, el primer día depusieron miembros de la Coalición Defiende Cabo Rojo, las agencias de gobierno Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras agencias públicas, pero la atención estuvo centrada en el recurso agua. En el segundo día de vistas fue interpelado Roberto Ruiz Vargas, representante autorizado del proyecto Cabo Rojo Land Acquisition, integrado por los inversionistas Reuben Brothers y Three Rules Capital.

En entrevista con CLARIDAD, el licenciado  Francisco Vargas Alcántara señaló sobre el resultado de las vistas, que por parte de la Coalición se tuvo la oportunidad de presentar las razones por las que se oponen al proyecto de manera bastante concisa en el tiempo que tuvieron y resaltando siempre el asunto del agua, lo cual fue reforzado por las misma ponencias de AEE y la AAA. Destacó como uno de los aspectos más importantes surgido en las vistas que, contrario a lo que dijeron los desarrolladores  de que no se conectarían a los servicios públicos de agua y luz, las agencias confirmaron que sí recibieron una solicitud de endoso para en su momento conectarse al sistema.

El licenciado en Derecho Ambiental describió como  demoledor para el proponente las admisiones de la AEE y AAA de que no tenían la capacidad para suplir agua al proyecto.  “Aunque siguen diciendo que hay suficiente agua, la verdad es que no la hay. La infraestructura no es capaz de transportar el agua que se requiere y esa agua tampoco existe”, aseguró.

Sobre la postura revelada por la Compañía de Turismo de que había levantado reservas para con el proyecto en relación con las llamadas  “residencias turísticas”, Vargas Alcántara denunció que  los proponentes utilizan ese término para tratar de cualificar para beneficios residenciales y turísticos. Turismo levantó bandera debido a que solo pueden dar beneficios contributivos para lo turístico, no para usos residenciales, y eso todavía los proponentes de Esencia no lo han podido aclarar.

El pretendido proyecto comprende 1,549 cuerdas de bosque en la zona suroeste de Puerto Rico —lo que equivale a tres isletas de San Juan, de Puerta de Tierra a El Morro— lo que sería de facto una ciudad privada de lujo para multimillonarios, con 1,132 residencias que se venderían por entre $2 y $20 millones de dólares y 520 unidades de hotel, además de una escuela desde preescolar hasta grado doce, un aeropuerto, y, por supuesto, sus campos de golf.

“Creo que el mayor éxito de la vistas  fue el hecho de que obligó a los proponentes a enseñar todas sus cartas y tuvieron que decir que sí están contemplando desalinizar el agua de mar, que es algo que no incluyeron en ninguna parte de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y que le sigue añadiendo al cuento”, expresó Vargas Alcántara.

Añadió que en un momento dado, los proponentes decían que se podían conectar al sistema, y cuando se les refutó, dijeron que podían utilizar agua de los acuíferos; cuando nuevamente se les refutó,  mencionaron usar agua de pozo. “Ahora dicen que pueden usar agua de mar de la bahía de Boquerón, bahía que está por catalogarse como un hábitat crítico para el manatí antillano y que alberga muchísimas especies, algunas de ellas calificadas en peligro de extinción a nivel federal.

Aun luego de las vistas, Vargas Alcántara anotó que a la  Legislatura —en este caso, al Senado— le resta todavía  seguir investigando el proyecto, en particular,  por qué la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) le otorgó una consulta de ubicación cuando los proponentes abiertamente expresaron que no saben cuánta agua hay en el acuífero,  no saben cómo sacarían  esa agua y, quizás más importante, no saben la capacidad de recarga del acuífero.

En entrevista por separado, el veterano experto  en Derecho Ambiental Pedro Sadeé Lloréns expresó que se llevó una impresión negativa de parte de los legisladores de mayoría, los cuales usaron las vistas como plataforma para hacer propaganda de apoyo al proyecto. “En lugar de hacer las preguntas pertinentes, hicieron expresiones generales de apoyo”.

Censuró la impresión que se da de que poner una serie de condiciones a la consulta de ubicación resuelve el problema del proyecto.  Denunció que eso no es cierto porque la aprobación del proyecto con todos los problemas que tiene es inadecuada. Puntualizó que primero era necesario atender y resolver los problemas que presenta el proyecto y luego decidir si  merecía o no tener la consulta de ubicación. “Yo digo eso porque la experiencia ha sido que, en la marcha, van moldeando y cambiando la consulta de ubicación para ajustarla a la conveniencia del proyecto. Pero aun así, quedó claro el problema profundo que hay con el tema del agua en términos de abastos”, declaró.

A juicio de Sadeé Lloréns, un asunto  que no se examinó lo suficiente es cómo la extracción de agua de los pozos podrá afectar a los vecinos. Tampoco se habló de las consecuencias ambientales de una planta de salinización  donde se depositan los desperdicios de esa extracción, ya que estos pueden afectar las aguas. “Son un listado de cosas que nos se abordaron”.

Agregó que el proyectista tampoco explicó las consecuencias que van a atener en las especies las obras de construcción donde se depositará la basura. Aun cuando su impresión es que las vistas conformaron una serie de aspectos de que el proyecto no le conviene a Puerto Rico, le parece que todavía hay que indagar con más profundidad con respecto a los problemas señalados y otros que tiene el proyecto.

El asunto del agua

 A preguntas de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago a Ruiz Vargas, quedó demostrado que no hay agua para Esencia. La senadora puntualizó que ni siquiera  por la vía de explotación de pozos subterráneos se puede obtener una ínfima parte del agua que se necesita para operar de 1.5 millones de galones diarios de agua potable y una cantidad superior para el riego de áreas comunes, como campos de golf.

Esto quedó constatado debido a que de los cinco barrenos que autorizó  el Departamento de Recursos Naturales,  tres de esos ellos ya tuvieron que ser clausurados y declarados como no productivos. De los otros dos, solo uno produce quizás  el 10 % del agua que el proponente anticipa que van a consumir.

En sus señalamientos, la senadora del PIP apuntó que el proponente hizo una extrapolación,  la cual ella calificó de irracional, de que todavía no han encontrado al agua, pero que hay unos mapas del 96 y extracciones en otros espacios de la zona oeste que les permiten decir que por ahí discurren 20 millones de agua que pudieran extraerse.

Sobre la actitud de los proponentes de que si no hay agua van a extraer agua del mar, advirtió que eso no está contemplado en la consulta de ubicación ni en la DIA y que es competencia del Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. , quien no ha sido consultado.

La basura de Esencia

 Ante preguntas del senador, también del PIP, Adrián González, se evidenció que en el área no hay las facilidades de vertederos para disponer de los desperdicios sólidos que generaría Esencia. El senador confrontó a Ruiz Vargas con los hechos de que el vertedero de Cabo Rojo estuvo cerrado después del huracán María y que el Municipio obtuvo un préstamo en el 2020 para abrir una nueva celda de una vida útil de solo 10 años. El vertedero de Peñuelas tiene un cierre previsto para el 2029, cuando aún la construcción de Esencia no habrá terminado.

Incluso el alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, reconoció que tiene que construir una nueva celda y expropiar terrenos aledaños para tener espacios futuros. Por parte del proponente se dijo que de no poder contar con vertederos municipales utilizarían “algunos operadores privados que hay en el  mercado”.