ESPECIAL PARA EN ROJO
Enseñar inglés a nuestros niños no constituye una amenaza contra Puerto Rico. Imponer obligatoriamente el inglés como vehículo de enseñanza a niños desde sus primeros meses de vida hasta los cinco años, en un país cultural y mayoritariamente hispanoparlante, sí constituye un atentado contra la identidad nacional de nuestra patria. Bien podríamos enseñarles inglés, francés, italiano, mandarín o cualquier otro idioma que amplíe sus capacidades lingüísticas y culturales; aprender una nueva lengua enriquece, no empobrece.
El problema comienza cuando una de ellas deja de enseñarse como lengua adicional y se impone como vehículo obligatorio para educar, desplazando el idioma en el que esos niños nacieron y se comunican con sus padres, abuelos, hermanos y comunidades. Sería una práctica opresora y modificatoria de nuestra realidad social y cultural, particularmente cuando la decisión no surge de las necesidades educativas identificadas por nuestras comunidades, sino de una política lingüística impulsada desde el gobierno federal.
El 1 de marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14224, mediante la cual declaró el inglés idioma oficial de Estados Unidos. Ese acto presidencial no estableció por sí solo que los centros Head Start debían ofrecer toda su educación en inglés. Sin embargo, forma parte del contexto político de una propuesta posterior de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal que pretende modificar las normas de Head Start para exigir que la educación ofrecida a los niños sea en inglés y que, cuando el menor no domine ese idioma, se priorice su enseñanza. Actualmente se trata de una propuesta reglamentaria publicada el 7 de agosto de 2026, cuyo periodo de comentarios públicos permanece abierto hasta el 6 de octubre.
La distinción procesal es importante, pero no disminuye la gravedad de lo propuesto. Al contrario: significa que Puerto Rico todavía está a tiempo para resistir antes de que la imposición se materialice. Y resistir no significa pedir permiso para defender nuestra lengua. Significa utilizar los mecanismos políticos, legislativos, administrativos y jurídicos que estén a nuestro alcance para establecer claramente que una política lingüística diseñada desde Washington no puede ignorar la realidad cultural del país.
Puerto Rico no tiene que decir que sí a todo lo que se imponga desde el poder federal. Nuestra Asamblea Legislativa puede legislar para expresar y defender la política lingüística del país, rechazar esta imposición y crear los mecanismos jurídicos que considere necesarios para confrontarla. Si posteriormente Washington pretende hacer prevalecer una regulación federal sobre esa legislación, corresponderá entonces dilucidar el conflicto en los foros correspondientes. Resistir una imposición y obligar al poder federal a defender jurídicamente su alcance también constituye una forma legítima de ejercer poder político.
De hecho, la resistencia ya comenzó dentro del propio Puerto Rico. El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, presentó una resolución para rechazar la propuesta federal y calificó de inaceptable que se imponga el inglés a niños de cero a cinco años en una jurisdicción cuyo idioma principal es el español. Su posición adquiere particular relevancia porque proviene de un legislador estadista y demuestra que defender nuestra realidad lingüística no debería reducirse a una disputa sobre estatus político.
El comisionado residente Pablo José Hernández también expresó esta semana que Head Start no puede operar en Puerto Rico solamente en inglés y señaló precisamente que el español es el idioma común del archipiélago. Mientras tanto, la propia PRFAA reconoce que la propuesta permitiría solicitar dispensas al requisito lingüístico, lo que constituye otra evidencia de que todavía existen espacios institucionales para combatir su aplicación en Puerto Rico.
Pero para comprender la dimensión real de esta propuesta hay que salir por un momento de Washington, del Capitolio y de las controversias jurídicas. Hay que entrar en nuestras casas.
Tengo una persona allegada que tiene cuatro hijos. Dos tienen seis años, uno nueve y otro doce. Los cuatro hablan inglés. Su madre, en cambio, no lo habla. Esa realidad, aparentemente sencilla, representa a miles de familias puertorriqueñas: hogares donde conviven distintas generaciones y distintos niveles de dominio del inglés sin que ello disminuya en absolutamente nada su capacidad de funcionar, educarse, trabajar, criar a sus hijos o formar parte de nuestra sociedad.
La propuesta tampoco ocurre en un vacío laboral. Los centros Head Start de Puerto Rico fueron construidos durante décadas para servir a comunidades puertorriqueñas. Sus trabajadores, maestros, asistentes, padres y familiares participan de una realidad social predominantemente en español. No todo el personal que actualmente trabaja en esos centros domina el inglés. Pretender transformar mediante reglamentación federal el idioma en que debe desarrollarse toda la educación significa alterar no solamente el salón de clases, sino también una estructura humana y laboral que actualmente sostiene 701 centros y más de 10,000 empleos en Puerto Rico. Durante el año fiscal 2025, Head Start recibió en la isla aproximadamente $320.3 millones para sostener 25,671 espacios financiados.
Por eso rechazo la idea de que oponerse a esta propuesta equivale a oponerse al inglés.
No. Nuestros niños deben tener acceso a aprender inglés y cuantos idiomas puedan enriquecer sus posibilidades futuras. Pero existe una diferencia fundamental entre enseñar inglés y obligar a que la educación de un niño puertorriqueño de cero a cinco años se desarrolle en inglés. Una cosa amplía sus herramientas; la otra pretende modificar el ambiente lingüístico dentro del cual comienza a comprender el mundo.
Puerto Rico ya conoce esa historia.
Durante las primeras décadas del siglo XX, las autoridades estadounidenses utilizaron el sistema educativo como instrumento para expandir el inglés como vehículo de enseñanza en Puerto Rico. Frente a aquellas políticas surgió resistencia entre maestros, intelectuales y organizaciones profesionales. Una de las figuras más extraordinarias de aquella resistencia fue Inés María Mendoza.
Mendoza no combatió aquella política porque desconociera el inglés. Había estudiado en Teachers College de Columbia University y había sido maestra de inglés en la Escuela Modelo de la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente enseñó español en la Escuela Superior Central de Santurce. Su dominio del inglés hace todavía más poderosa su resistencia: entendía perfectamente la diferencia entre aprender otro idioma y utilizar el sistema educativo para desplazar la lengua materna de un pueblo.
En 1937 compareció ante el Comité Hays, que investigaba violaciones de derechos civiles en Puerto Rico después de la Masacre de Ponce, y denunció la política lingüística educativa existente. Aquella posición tuvo consecuencias profesionales: no se renovó su contrato y su licencia docente fue suspendida. Su resistencia adquirió entonces una dimensión que trascendió el salón de clases. Defender el español significó enfrentarse directamente a una estructura de poder capaz de castigarla profesionalmente.
Casi noventa años después, Inés María Mendoza vuelve a tener algo que decirnos. No porque Puerto Rico de 2026 sea idéntico al Puerto Rico de 1937. No lo es. Tampoco porque la controversia jurídica actual sea exactamente la misma. Lo que permanece reconocible es una pregunta mucho más profunda: ¿quién debe decidir en qué lengua comenzamos a educar a nuestros niños?
Nuestros niños pueden aprender inglés, italiano o cualquier otro idioma, sin que Puerto Rico tenga que dejar de hablarles en español. Pueden crecer bilingües sin que el gobierno federal convierta una segunda lengua en una condición obligatoria para recibir educación temprana. Pueden adquirir nuevas herramientas sin que para ello tengamos que entregar aquello que somos.
Y si desde Washington pretenden obligarnos a hacerlo, entonces habrá llegado nuevamente el momento de resistir, como ya hicimos en el pasado.
Porque hay cosas que pueden negociarse.
La lengua con la que un pueblo comienza a enseñarles el mundo a sus niños no debería ser una de ellas.
El autor es periodista independiente y activista de derechos humanos.
